El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que es “lamentable que un diputado brasileño, hijo de un expresidente, esté en Estados Unidos y convoque a ese país a meterse en la política interna de Brasil”. Para Lula resulta inaceptable que Eduardo Bolsonaro promueva sanciones estadounidenses contra autoridades brasileñas.
Lula agregó que “por ahora sólo tenemos la palabra de algunas personas” acerca de las supuestas sanciones, pero si llegaran a aplicarse, “Brasil defenderá a sus magistrados y a todo el Supremo Tribunal Federal”. “Eso es grave”, dijo. “Eso es una práctica terrorista. Renuncia a su mandato, pide licencia del mandato para ir a intentar lamer las botas de Trump y de un asesor de Trump pidiendo una intervención en la política brasileña. No es posible aceptar esto”, manifestó.
Mientras, el Departamento de Estado estadounidense amenazó con retirar el visado al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, mientras que una empresa de Trump inició una demanda en su contra.
El Departamento de Estado le comunicó a Brasil en febrero que empresas privadas estadounidenses impulsaban una demanda contra decisiones del Supremo Tribunal Federal. La cancillería brasileña manifestó su sorpresa, defendió la separación de poderes y rechazó “cualquier intento de politizar las decisiones judiciales”. Señaló además, que las decisiones de la Justicia brasileña se aplican sólo dentro del país, como ocurrió con la medida de bloquear X.
El viernes último la empresa Trump Media, del presidente estadounidense Donald Trump, y la plataforma Rumble presentaron una acción judicial contra De Moraes en la Justicia de Estados Unidos, en la que acusan al juez de “censurar a ciudadanos y compañías estadounidenses”, informó la revista Carta Capital.
El bloqueo de X en Brasil fue ordenado por la justicia por no cumplir con el requisito legal de tener un representante en el país al que las autoridades brasileñas pudieran dirigirse. Uno de los motivos por los que se consideró necesario ese interlocutor fue para investigar las campañas masivas de desinformación lanzadas por la extrema derecha en esa red.
Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, pidió 122 días de licencia en su cargo de diputado y se instaló en marzo en Estados Unidos, tras afirmar que Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal a cargo del proceso contra su padre por liderar una trama golpista, es un “psicópata” que “sueña con meter en prisión a Jair Bolsonaro”.
Afirmó que no volvería a Brasil hasta que el magistrado fuera “debidamente castigado por sus crímenes y abuso de autoridad”. A partir de entonces buscó apoyo para conseguir sanciones del gobierno de Donald Trump contra el juez.
El mes pasado, Agência Pública informó que Eduardo Bolsonaro y el influencer y comentarista Paulo Figueiredo Filho, que es otro de los acusados por la trama golpista, habían visitado la Casa Blanca dos veces ese mes, a buscar “subsidios para que los congresistas brasileños reaccionen frente al Supremo Tribunal Federal”. También varios parlamentarios derechistas brasileños viajaron a Washington, y fueron recibidos por representantes del Departamento de Estado.
Bolsonaro, Figueiredo y el diputado brasileño Filipe Barros se reunieron con los legisladores republicanos Cory Mills y Brian Mast, quien en 2024 había reclamado al Departamento de Estado que actuara contra la decisión “autoritaria” de De Moraes de bloquear la red social X en Brasil.
Al grupo de parlamentarios que decidieron emigrar a EU escapando de las investigaciones de la justicia de Brasil se sumaron la exjueza Ludmila Lins Grilo, destituida en 2022 por difundir desinformación sobre las elecciones. También se sumó la exdiputada Cristiane Brasil, que hace consultorías para migrantes de derecha que quieran vivir en EU, a quienes les dice que no crean que el gobierno de Trump “va a deportar a todos”, que eso es sólo “una estrategia comunista para quitarles la paz y la tranquilidad”.
Más amenazas
El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó a fines de mayo que Estados Unidos podría restringir los visados a autoridades extranjeras, entre ellas funcionarios que “han tomado medidas de censura flagrantes contra empresas tecnológicas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses sin tener autoridad para hacerlo”.
Rubio había dicho ante el Congreso de su país que era probable que De Moraes fuera sancionado. Cory Mills dijo en esa sesión legislativa que en Brasil se vive “una censura generalizada y persecución política dirigida contra toda la oposición”, y en particular contra Jair Bolsonaro, acusado de planear diversas acciones para impedir que Lula asumiera la presidencia.
Entre ellas el plan en 2022 para el asesinato del entonces presidente electo, de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y del propio juez De Moraes. Se lo acusa también de promover un golpe de Estado una vez que dejó el cargo, con movimientos como el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, mientras el gobierno de Brasilia, que era su aliado, no desplegó un dispositivo de seguridad acorde a la situación.
La amenaza de Rubio de retirar visados llegó dos días después de que De Moraes abriera una investigación contra el diputado Eduardo Bolsonaro por los delitos de coacción durante un proceso judicial en curso, obstrucción de la investigación y atentado contra la soberanía de Brasil. La investigación fue solicitada por el fiscal general, Paulo Gonet.
El fiscal consideró que el diputado está recurriendo a amenazas hacia fiscales, jueces y policías al publicar mensajes con “un manifiesto tono intimidatorio” contra “agentes públicos, de investigación y de acusación, así como para los jueces del proceso penal” contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Para Lula “es inadmisible” que un gobierno opine sobre la decisión de la Justicia de otro país. “Creo que Estados Unidos tiene que comprender que el respeto a la integridad de las instituciones de otros países es muy importante”, dijo el presidente.
De Moraes decidió permitir que Eduardo Bolsonaro declare desde Estados Unidos, pero el jueves la Policía Federal
interrogó a Jair Bolsonaro por esta causa abierta contra su hijo. El expresidente negó que el diputado esté haciendo “lobby” para que el gobierno de Trump sancione “a quien quiera que sea en Brasil”, y agregó que su hijo sólo está enfocado en “hechos que atentan contra los derechos humanos y la libertad de expresión”.
Por otra parte, el expresidente declaró que depositó en la cuenta de su hijo el equivalente en reales a unos 364.000 dólares, lo que confirmó que es él quien financia la estadía del diputado en Estados Unidos. “Es bastante dinero, pero es dinero limpio, legal”, dijo Bolsonaro a periodistas.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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