Los campesinos, la mercadería del agronegocio

¿Existe sólo una manera de promover la recuperación del campo en los países pobres? Para el Banco Mundial, la principal institución internacional multilateral que proporciona créditos para emprendimientos rurales, la respuesta es positiva, aún tratándose de realidades tan disímiles como grupos de casta de la India, tribus tailandesas y comunidades negras colombianas. Sin embargo, la adopción irrestricta de este modelo único encuentra una oposición lógica consistente.

«Es incomprensible que la responsabilidad de la formulación de políticas para el campo, incluyendo el uso y la ocupación del territorio, sea delegada a una institución financiera internacional. Los países deben tener políticas públicas compatibles con la complejidad de las demandas históricas, de las experiencias y las formulaciones de los movimientos sociales protagonistas de la lucha por la democratización de la tierra y por la soberanía», destaca la investigación El Banco Mundial y la Tierra – ofensiva y resistencia en América Latina, África y Asia, dada a conocer el jueves 28 de octubre en Brasil.

La obra -publicada por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos- estudia ocho programas sobre la tierra financiados por el Banco Mundial en dichas regiones del globo. En América Latina fueron estudiadas la situación campesina de países como Brasil, Colombia, Guatemala y México.

La principal constatación de la investigación es que las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, así como de las aguas y florestas. Esto simplemente va contra la forma como la población campesina de estos países concibe la tierra y la naturaleza, haciendo que los proyectos tengan resultados desastrosos en términos sociales, económicos y ambientales.

La reacción de los trabajadores rurales a esta política tiene lugar a través del movimiento internacional de oposición a la política denominada «reforma agraria de mercado».

En un entrevista con Adital, la coordinadora del libro, investigadora Mónica Dias Martins -profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Ceará- se refiere los daños que provoca de esta integración indiscriminada de los campesinos al agronegocio, así como el surgimiento de planes de reforma agraria alternativos en los países estudiados.

-El Banco Mundial ha colocado como única alternativa para los campesinos de América Latina, Asia y África el modelo del agronegocio. ¿Cuán perjudicial ha sido esta imposición para la población rural de estas regiones?
-Es perjudicial en la medida en que esa entrada en la economía de mercado se realiza a costa de la tierra, porque el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra pasará a ser pagada. Y es realizada también en base a un cierto desconocimiento, a una cierta desatención del Banco Mundial en relación con los diferentes problemas que cada comunidad enfrenta.

-Obras clásicas sobre la cuestión del campesinado, como Los Socios del Río Bonito del brasilero Antonio Cândido, muestran el drama enfrentado por los campesinos frente al paso violento de una forma particular de concebir la tierra y de relacionarse con los recursos naturales existentes en ésta, hacia las determinaciones subyacentes de la economía de mercado. ¿Cómo los proyectos agrarios del Banco Mundial promueven este tipo de cambio irreflexivo?
-La gran mayoría de las comunidades campesinas investigadas, tanto en Tailandia como en India, y en África del Sur, Colombia, Guatemala y Brasil, habían sido antiguamente propietarias no sólo de la tierra, sino de tierras, aguas y bosques. Los campesinos no consiguen disociar el problema de la tierra del problema de los bosques y del agua. Para ellos está todo vinculado, forma parte de una relación que poseen con la naturaleza, que es una relación intensa. Y de la cual estas comunidades son desenrraizadas desde hace muchos años por causa de la colonización, muy violenta en todos estos países.

«Hoy, en nombre de una pretendida reforma agraria, se dice que esta cuestión será resuelta. Sin embargo, esto no ocurre, porque lo que los campesinos quieren es que esta relación con la tierra sea respetada, o sea: no tener que pagar para tener la tierra, pagar para tener agua. Estas son relaciones de mercado que para ellos son muy difíciles de entender. La relación de mercado en el sentido de la venta del excedente de la producción agrícola sería un paso posible y razonable. Ahora, transformar la tierra, el agua y el bosque en una mercadería, para los campesinos, dentro de su cultura, de su lógica, es inaceptable».

-¿Qué experiencias de reforma agraria alternativas hechas por los propios campesinos están siendo desarrolladas en las regiones estudiadas?
-Esas posibilidades alternativas se realizan no sólo aquí en Brasil con el Movimiento Sin Tierra (MST), en el momento en que esa privatización de la tierra es cuestionada por la propia ocupación y por el establecimiento de formas de cooperación agrícola. Estas alternativas están extendidas.

Por ejemplo, África del Sur, Tailandia y Zimbabwe han buscado también este tipo de acción, de ocupar aquello que ya era suyo realmente. En fin, que les fue quitado y que ahora intentan recuperar. Entonces, para ellos, la ocupación no tiene el sentido de una invasión. No sienten que están violando la ley o invadiendo una propiedad ajena. Sienten mucho más como si estuvieran retomando una parte de aquello a lo que tienen derecho.
«Entonces una forma alternativa de insertarse en el mundo moderno tiene exactamente una base que es la tierra, el agua y el bosque, ellos no pueden disociar estos tres elementos. Después de conquistar esta base se pasa a desarrollar prácticas de cooperación entre los propios agricultores, en algunos lugares son tribus, en otros son comunidades de antiguos esclavos, como en Colombia.

Son otros patrones de relaciones agrícolas, comerciales y educacionales con la sociedad, que no se basan solamente en el mercado. En Colombia hay una experiencia interesante de reforma agraria que son las llamadas reservas, obtenidas por ley para las comunidades negras, similar a la obtenida por tribus autóctonas en Tailandia.

Políticas destructivas

del Banco Mundial en Brasil

El geólogo Marcelo Resende¹, también en la agencia de informaciones Adital, pone en evidencia el enorme daño que causan en el Brasil rural las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial, que estimulan «la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y las selvas», como parte de un proyecto estratégico que persigue «garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo».
Señala Resende que, de acuerdo con esta concepción, el Estado estimula el control del territorio agrario por parte de grandes empresas. En los países del Tercer Mundo la intervención del BM en beneficio de las grandes corporaciones significa un «contingente estimado de 4.8 mil millones de personas, en su mayoría desempleados, subempleados o en el sector informal».
«La llamada «reforma agraria de mercado» -denominación criticada por los movimientos sociales, por considerar que tal modelo no hace justicia al término «reforma agraria»- tiene como base el fomento de la venta de tierras por parte de los latifundistas a los trabajadores con poca o sin tierra (dando lugar a) un proceso de endeudamiento que somete a los campesinos a la desilusión y expulsión de las tierras adquiridas.

 A continuación el texto de Marcelo Resende.

Desde 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, estos programas han alcanzado a 70.000 familias y utilizado cerca de 500 millones de dólares. De acuerdo con los estudios realizados por académicos y organizaciones sociales, estos programas presentaron los siguientes problemas:

– Aumento del valor de la tierra y pago al contado, como forma de premiar el latifundio (la existencia del un Fondo de Tierras inflacionó el mercado).
 
– Inviabilidad económica, imposibilidad de pago de los préstamos y endeudamiento de los trabajadores rurales. Las áreas adquiridas, muchas de mala calidad, no reunieron las condiciones de permitir la generación de renta suficiente para el pago de la deuda.

-Adquisición de tierras sin registro e improductivas, por lo tanto aptas para el programa de reforma agraria.

-La compra de la tierra se hace por medio de asociaciones de trabajadores, sin autonomía a la hora de la elección de las áreas. Dichas asociaciones son, muchas veces, organizadas por los mismos latifundistas y políticos locales.

-Condiciones precarias de supervivencia y abandono de áreas. En vez de aliviar la pobreza, la situación financiera de los participantes del programa se agravó.

-Denuncias de corrupción involucrando a administraciones municipales, políticos y sindicatos, que habrían sido favorecidos en las transacciones de compra y venta de tierras.
 
-Destrucción ambiental: en muchos proyectos, se ha constatado la explotación de recursos naturales, la producción de carbón como medio de supervivencia y la explotación de reservas forestales, como las de carnaúba en el Nordeste.

 
Con el inicio del gobierno Lula, el conjunto de los actores sociales del campo depositaron sus esperanzas en la reversión de este proceso. La expectativa era que la reforma agraria estaría en el centro de la agenda política, como una forma importante de generación de empleos, de garantía de la soberanía alimentaria y como base de un nuevo modelo de desarrollo.

 
Al contrario de eso, asistimos a la continuidad de las políticas del Banco Mundial para el medio rural. En noviembre de 2003, el Ministerio de Desarrollo Agrario anunció la continuación del programa de Crédito Agrario de Combate a la Pobreza Rural, con la meta de alcanzar a 130.000 familias.

 
Otra política del Banco Mundial en Brasil, que apunta a facilitar la implementación del «mercado de tierras», es el registro y georeferenciamiento del territorio nacional, con la regularización de 2,2 millones de inmuebles rurales y la titulación de 500.000 «posseiros» -ocupantes sin documentación legal-. Este programa acaba con el concepto de tierras públicas y comunitarias y puede contribuir al aumento de la concentración de la propiedad de la tierra.

La venta de áreas tituladas puede beneficiar a latifundistas y a los llamados «grileiros» -individuos que se apoderan de tierra ajena mediante falsificación de escrituras de propiedad-, además de fortalecer a los gobiernos de los estados en la concesión de tierras públicas y devueltas a madereros y grandes empresas agrícolas. En la región amazónica y del cerrado ya se verifica la expansión del monocultivo de soja, que puede ser facilitado por la privatización de las áreas georeferenciadas. El proyecto permite también que el Banco Mundial tenga acceso a datos estratégicos sobre el tejido agrario brasileño.

 
En diferentes países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras indígenas, de afro descendientes y de otras comunidades rurales, además de la privatización del agua y de las selvas, aumentado las desigualdades sociales. La creación de mercados de tierras se plantea en este contexto más amplio.

El caso de Colombia es ejemplar. En 1950, el Banco Mundial recomendaba la migración incentivada de los campesinos y la formación de un sector agropecuario concentrado en la expansión del rebaño bovino para abastecer al mercado norteamericano de proteína animal.

El principal obstáculo al crecimiento del país, de acuerdo con el Banco, era el número excesivo de campesinos, y sugería dos formas de resolver la situación: atraer a los campesinos a las ciudades o expulsarlos mediante un «shock». Según el economista Héctor Mondragón, «no hay desplazados en Colombia porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados».

 
Con el fracaso de las políticas de mercado de tierras, en el 2002, el Banco Mundial inició el programa de «Asociaciones Productivas» en Colombia, con el objetivo de subordinar a los campesinos a las grandes corporaciones. El programa convertía a los campesinos en «socios» de los grandes propietarios, proporcionando mano de obra para las empresas transnacionales y eliminando las obligaciones laborales.

 
En México las políticas del Banco incentivaron la destrucción de los ejidos – comunidades de reforma agraria, en las que no era permitida la venta de la tierra y los campesinos mantenían los derechos adquiridos desde la Revolución Mexicana de 1917. En 1991, el presidente Carlos Salinas anunció la enmienda del Artículo 27 de la Constitución, permitiendo la división de los ejidos en propiedades privadas. Esta medida seguía la lógica del «mercado de tierras» y preparaba al país para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En Guatemala el mercado de tierras fue implementado en 1994, a través de un Fondo de Tierras con financiamiento del Banco Mundial. El objetivo era la privatización de las tierras públicas y la venta negociada de los latifundios para evitar las ocupaciones y vaciar las demandas de los movimientos sociales.

En India, en 1975, el Informe de Política de Reforma Agraria del Banco Mundial indicaba a la articulación y el registro de tierras como los principales problemas para el establecimiento de un próspero «mercado de tierras». Para ello, ofrecieron un «paquete» que incluía la titulación, el relevamiento catastral y el registro para permitir las transacciones de venta de tierras de los productores «menos eficientes» para los «más eficientes», que en la terminología del Banco Mundial significa «generar lucros máximos».

 
En Tailandia el acceso seguro a la tierra fue el argumento para la intervención del Banco Mundial en la política agraria. Sin embargo, una evaluación interna hecha por el propio Banco confirma que la posesión de la tierra en el país era «relativamente segura e igualitaria», basada en sólidas tradiciones sociales y culturales, y de esta forma no se justificaba la prioridad de un proyecto de regularización de la propiedad de la tierra.

 
En Sudáfrica, orientado por el Banco Mundial, el gobierno dio inicio a un complejo paquete de medidas para la implementación del mercado de tierras, apuntando a aumentar los niveles de producción y mejorar la «confianza de los inversores». Los programas del Banco se destinaron a una elite de agricultores considerados «eficientes», con mayor poder adquisitivo. Esto eliminó la participación de los campesinos de baja renta, que siguieron siendo dependientes de los salarios en las haciendas y de relaciones sociales paternalistas. Este modelo impidió la realización de una amplia reforma agraria que tuviera poder de transformación social.

 
En Zimbabwe, entre 1980 y 1996, el gobierno les compraba tierras a los blancos y se la distribuía a los negros, constituyendo asentamientos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimulaban a la Unión de los Hacendados Blancos a no vender las tierras porque se oponían a la constitución de asentamientos. En los años 90, el Banco Mundial invirtió recursos para operar en el mercado de tierras, según el modelo de producción individual de la agricultura familiar. Sin embargo, la agencia decidió suspender esos recursos y, a partir de 1997, el gobierno pasó a realizar la adquisición compulsiva de tierras, con indemnización tan sólo de las mejoras.

La gran semejanza entre las fórmulas aplicadas por el Banco Mundial y sus impactos negativos en diversos países generó un movimiento internacional de oposición a la política de «reforma agraria de mercado». Muchas organizaciones sociales -como la Vía Campesina, la Red de acción e Investigación sobre la Tierra (LRAN- iniciaron un trabajo de articulación, con el objetivo de sistematizar y divulgar tanto las denuncias sobre los proyectos del Banco Mundial como las propuestas construidas a través de las experiencias de trabajadores rurales.

 
Como podemos observar, los proyectos del Banco Mundial se contraponen a las luchas históricas de los movimientos sociales. Es incomprensible que la responsabilidad de la formulación de políticas para el campo, incluyendo el uso y la ocupación del territorio, sea delegada a una institución financiera internacional como el Banco Mundial. Es necesario que cada país posea políticas públicas compatibles con la complejidad de las demandas históricas, de las experiencias y de las formulaciones de los movimientos sociales que luchan por la democratización de la tierra y por la soberanía.

——————————-
¹ Artículo completo en: www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=14254