Los contextos complejos del mercado de drogas: desafío crucial y alternativas

Más allá de un problema observable estadísticamente, las epidemias de drogas revelan una compleja realidad sociocultural y psicológica como efecto de una crisis estructural que crea marginalidades y exclusión social, desafiando unas estrategias y una institucionalidad que siguen moviéndose entre un trato criminalizado de usuarios y productores y la obtención de beneficios privados y geopolíticos de sus diferentes ejecutores.

Cada 11 minutos hay una muerte por sobredosis con opioides en Estados Unidos (EU), una realidad que en verdad es una epidemia y que tiene la segunda mitad de la década del 90 como punto de arranque y cuyas víctimas se siguen contando por decenas de miles cada año. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, “entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún fármaco, ya sea ilegal o recetado por un médico” (1). Sólo en 2019, alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides, lo cual representa más del 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas.

La exorbitante mortalidad asociada a la epidemia por uso de drogas legales e ilegales en EU se relaciona con entornos socioculturales diversos, con una crisis social y económica profunda y en consecuencia, no puede explicarse simplemente desde el contacto de usuarios con sustancias psicoactivas de riesgo. La trampa en este último enfoque radica en la separación de ese problema de contextos complejos, asumidos casi siempre como un mecanismo reductible a una relación de oferta-demanda.

Hoy en día existen contribuciones conceptuales como las de Anne Case y Angus Deaton (2) que rompen con ese enfoque dominante desde el cual se ha observado el problema de las drogas y que ha llevado a la aparición de narrativas que limitan una comprensión compleja e integral del fenómeno. En el contexto problemático de lo que ha sido históricamente una epidemia de drogas, inscriben su análisis no en un reduccionismo sobre las motivaciones individuales sino en los efectos desastrosos del modelo económico y social del neoliberalismo.

En ese contexto la crisis se expresa en fenómenos como la falta de acceso a la educación; las características y costos de los sistemas de salud donde por ejemplo, en el caso de Estados Unidos (EU), se cataloga con argumentos como uno de los peores entre los países ricos; y obviamente, las implicaciones de la radicalización del modelo de libre mercado, pero que en realidad es agravado por procesos de tributación y de distribución que han producido el enriquecimiento de una franja estrecha de la élite a costa del empobrecimiento de un sector amplio de personas, en múltiples puntos de la geografía estadounidense.

Es justo ahí donde se crea una masa empobrecida y emocionalmente frustrada en medio de la cual emergen las condiciones que posibilitan una epidemia que a la postre desemboca en suicidios, alcoholismo y adicciones a las drogas, tanto legales como ilegales. Es un escenario de desespero que culmina trágicamente en ese tipo de respuestas. De allí que el esquema reiterado en los países del sur, en el sentido de construir narrativas bajo relaciones binarias que buscan justificar “responsabilidades” en el mercado de los psicoactivos del tipo: “tu consumes, luego yo produzco para satisfacer tu demanda”, o las que se crean en el norte con una situación de dominio geopolítico: “yo consumo dado que tú irresponsablemente inundas mi país de drogas”, vuelan en mil pedazos bajo esta nueva perspectiva.

Desde ésta narrativa pragmática de los autores mencionados, pueden interpelarse también los enfoques que magnifican las “balas de plata” solucionadoras del asunto como la legalización de las drogas, generalmente asumida como un dispositivo prometedor de un reordenamiento específico del manejo del problema, pero también frente al esquema dominante hoy de la represión y erradicación violenta para acabar con la oferta y por tanto con los problemas asociados a las drogas.

Lo que este escenario muestra es que somos presa de un funcionalismo estrecho en el análisis de la acción social. Damos por supuesto un moldeamiento de la sociedad a través de dispositivos dirigidos hacia el logro de conductas enmarcadas con la fe puesta en un sentido de progreso, donde prevalecen los análisis y propuestas con un enfoque normativo que parte de una fragmentación de la realidad, que busca alcanzar ese deber-ser impuesto (de arriba hacia abajo) manteniendo intacto el modelo socioeconómico, en nombre del logro de una buena sociedad y un sistema funcional (3).

En relación con la evidencia histórica sobre aspectos estructurales que contribuyen al agravamiento del problema y que reclaman un tratamiento integral, se argumenta que los dos últimos momentos epidémicos vividos en materia de drogas en EU han tenido una asociación, entre otros, con la pérdida de empleos:

1. La del crack, que asoló sobre todo a los negros en las ciudades del norte durante la década de los setenta y que se relaciona con la pérdida prolongada de empleos de la clase trabajadora.
2. La de los opiáceos y que viene golpeando principalmente a los blancos con menos estudios en el período más reciente.

“Con la globalización, la tecnología cambiante, los crecientes costos sanitarios de los empleados y el paso de la manufactura a los servicios, las empresas despidieron a la mano de obra menos formada, primero a los negros y después a los blancos con menos estudios. En ambas epidemias había drogas disponibles que podían atenuar el dolor psicológico o físico a un precio (podría decirse) asequible para poblaciones que deseaban la huida que proporcionaban. Durante la epidemia del crack, el centro de la ciudad ofrecía pocos caminos legítimos hacia el progreso. En la crisis de los opioides, son los blancos con menos formación, muchos de los cuales no ven un futuro económico prometedor, o en cualquier otro aspecto de sus vidas, quienes están siendo víctimas de las drogas, el alcohol y el suicidio”. (4)

La creación de narrativas alrededor del tema y que en realidad favorecen más intereses asociados al logro de posiciones de dominio geopolítico en términos de seguridad o al enriquecimiento económico, contribuyen a desviar el foco de atención satisfaciendo esas agendas más que incidir seria y sosteniblemente sobre el núcleo del problema. Así se observa por ejemplo, en la narrativa que promueve la DEA o políticos de derecha en el interior de EU y de Colombia para justificar una relación de seguridad bilateral que ofrece múltiples negocios asociados: el incremento de la siembra de coca en Colombia, argumentan, es la responsable o tiene una alta responsabilidad en la crisis de salud por consumo de psicoativos en el mercado de EU.

Para Case y Deaton, en la epidemia de opioides –que es la verdadera tragedia hoy en EU por consumo problemático de SPA–, los agentes propiciadores no fueron los virus o las bacterias, como en la epidemia de gripe de 1918-1919 o la actual del Covid-19, sino las compañías farmacéuticas que fabricaban los medicamentos y promovían agresivamente su venta; los miembros del Congreso que impidieron que la DEA persiguiera una prescripción excesiva de recetas y con pleno conocimiento.

La DEA que accedió a las peticiones de los lobistas y no eliminó el atajo legal que permitía la importación de materias primas de las granjas de amapola de Tasmania que se habían plantado para mantener la epidemia; la Food and Drug Administration (FDA) que aprobó los medicamentos sin tener en cuenta las amplias consecuencias sociales al hacerlo, cediendo a las peticiones del productor para que aprobara cambios en el etiquetado que aumentaron enormemente el consumo y los beneficios; los profesionales médicos que irresponsablemente recetaron en exceso y los traficantes de droga principalmente de México y China que ocuparon el lugar de la profesión médica cuando ésta empezó a dar marcha atrás.

Recordemos que en estos dos países se asientan estructuras criminales que dominan hoy la producción y/o distribución ilegal del fentanilo que amplió su mercado cuando se logró un mayor control de los médicos y empresas alrededor de los opiáceos recetados a sus pacientes. También controlan el gran mercado de anfetaminas y México es potencia en el suministro de heroína principalmente hacia EU.

Esta es una muestra del entramado de intereses políticos, económicos y de seguridad en la historia reciente del suministro de opioides y que convierte a la gente en adicta u ocasiona su muerte y en la que se consiguen inmensos beneficios, mientras que el poder político protege a los perpetradores (5).
Entre tanto, en el 2020 –en el marco de la pandemia– las muertes por sobredosis de opiáceos marcaron un hito histórico alcanzando 93.331 decesos y mostrando un incremento del 30 por ciento frente a 2019 (6). (Véase gráfico).

De lejos los opioides y los opioides sintéticos excluyendo la metadona superan al resto de sustancias en muertes por sobredosis. La tendencia que se observa en el primer trimestre de 2020 se confirma y se supera hacia el resto de ese año.

Es decir, nada ha cambiado aún para contener un fenómeno que no soporta un dispositivo de manejo, siendo necesarias políticas integrales de gran alcance dirigidas a sortear los efectos de un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza en pocas familias, y que sigue arrojando entre los sectores blancos con escasos estudios, empobrecidos y desempleados, la mayor cantidad de muertes por sobredosis en EU.

Esta experiencia e incluso la caótica y perversa búsqueda de enriquecimiento de muchos agentes envueltos por acción o por omisión en la distribución de medicamentos como el OxyContin que profundizaron la dependencia y las muertes por sobredosis, interpela incluso a los proponentes de la legalización que pasan de largo frente a la complejidad sociocultural, económica, política e institucional (el sistema de salud por ejemplo) que está detrás de la responsabilidad de estos fenómenos, limitándose cómodamente a proclamar una “legalización” sin más.

Es decir, un dispositivo que permita simplemente el acceso en condiciones de salud pública a los psicoativos de alto riesgo. Pero allí las preguntas son muchas: ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién controla a los médicos que recetan? ¿Quién controla el mercado? ¿Con qué tipo de institucionalidad? ¿Se usará el sistema de salud tal como existe hoy? (por ejemplo, en el caso colombiano, ¿con la vigencia de la Ley 100 de salud?) Y así múltiples preguntas que no se resuelven con la sola mención de la rimbombante palabra “legalización”.

La cocaína: un escenario transnacional incontrolable

En el caso de la cocaína su auge mundial está fuera de control y muestra con evidencia la bancarrota internacional de la actual estrategia prohibicionista. A pesar de la diferencia de cifras entre la Oficina de Drogas de la casa Blanca (Ondcp por sus siglas en inglés) y Unodc (por sus siglas en inglés) ambas muestran un incremento exponencial del potencial productivo de cocaína alcanzando en cifras de EU, más de 2.000 toneladas al año (Véase cuadro).

El aporte colombiano en ese volumen global de cocaína se puede observar con más claridad y consistencia en las cifras de Unodc. A pesar de que el ente multilateral carece del dato regional del potencial productivo, se sabe que bordea alrededor de las 1.800 toneladas, contexto en el cual Colombia estaría aportando el 70 por ciento de esa producción.

En el crecimiento de áreas y potencial productivo de cocaína, los volúmenes de incautación operan como un motor de impulso que produce un círculo vicioso descomunal. Suponiendo ciertas las cifras oficiales, Unodc habla de 1.436 toneladas incautadas en 2019. Comparado con el potencial productivo (digamos para ese mismo año) se estaría incautando un equivalente al 80 por ciento de lo producido, lo cual es inverosímil pues haría tambalear el volumen global de oferta lo cual, de acuerdo con los datos sobre tráfico de esa misma fuente, no está ocurriendo.

De cualquier manera, a mayor cantidad de incautaciones, mayor presión sobre la oferta de materia prima y de cocaína para los países productores. A cambio de un impacto en el volumen transable a nivel internacional, lo que se observa es un auge sin antecedentes de cocaína en los mercados diferentes a EU: Europa occidental, Suramérica, Oceanía, Asia y África.

Asistimos a una revolución del mercado global de la cocaína. Se están innovando las estructuras organizativas de criminalidad y sus redes, las rutas, los sistemas de refinación, el acceso a materia prima para procesar, los precios, la pureza. Mencionemos algunos ejemplos: el auge sin antecedentes de la refinación de cocaína en países distintos a los que producen la hoja de coca y la Pasta Básica de Cocaína (PBC). El número de países involucrados en procesamiento (reportes de actividad de refinación de HCL) creció de 12 entre 2010/2014 a 19 entre 2015/2019.

Así mismo, la presencia de laboratorios en países distintos a la región andina cocalera pasó de 64 reportes entre 2011/2014 a 93 en el período 2015/2019. Estos sitios han crecido en reportes con origen en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela en Suramérica, así como El Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica, pero también en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía (7). Este traslado de la infraestructura procesadora está revolucionando las rutas de suministro mundial, haciendo incontrolable la diversificación y las técnicas para mover la mercancía.

La pérdida de importancia de EU en este nuevo escenario es elocuente. Si se utilizan los datos de incautaciones para tener alguna idea de las rutas y nivel de involucramiento de los diferentes países bien como demanda o lugar de trasiego, EU presenta un decrecimiento como mercado al pasar de un 49 por ciento de todo lo incautado 1989 a 36 por ciento en 1999 y sólo el 18 por ciento en 2019 (8). Mientras tanto esa dinámica se incrementa en Centroamérica (144 toneladas incautadas en 2019); el Caribe que vuelve a crecer (14 toneladas) mostrando la rehabilitación de esta histórica ruta; Europa alcanza una cifra sin antecedentes de 213 toneladas.

Lo incautado en Asia se quintuplicó entre 2018 y 2019, en África –principalmente occidental y central– se cuadruplicó entre 2018 y 2019 y finalmente en Oceanía que si bien decrece en años recientes, ofrece un crecimiento comparando con lo incautado hacia 2009 (9). Si bien hemos señalado la pérdida de importancia como mercado de uso de EU, hay evidencia que lo muestra como lugar importante de reexportación hacia Europa, Asia y Oceanía. Este dato es novedoso y da muestras de un giro en el posicionamiento dominante políticamente como consumidor y pasa a ser una zona que debería responder ante el mundo como lugar de reexportación de cocaína.

Su pérdida de importancia frente al consumo de cocaína contrasta fuertemente con unas relaciones bilaterales narcotizadas con Colombia alrededor del tema y cuya modificación no se observa hasta ahora bajo la administración Biden, seguramente buscando prolongar los beneficios de los procesos de militarización en nombre del combate al narcotráfico.

Las innovaciones transnacionales y el auge de la economía ilegal de la coca/cocaína se acompañan de procesos de corrupción o de involucramiento interesado de grupos sociales emergentes que controlan el poder político y la seguridad estatal, lo que da garantías de éxito a los consorcios criminales. Sin participación del Estado es imposible la sostenibilidad de las estructuras criminales. Mientras tanto, la guerra contra las drogas es hoy en día un mecanismo de empoderamiento de múltiples intereses públicos y privados (geopolíticos, económicos, de ejercicio del control territorial y de lavado de activos) donde el control de psicoactivos se configura como carta de presentación o franquicia para legitimar políticamente decisiones que finamente salvaguardan esos intereses.

En conclusión, aquí opera una doble ganancia: mantener la prohibición fortalece el poder de las élites emergentes que posibilitan la protección, la financiación de sus campañas electorales y el lavado de activos que abarca la misma contratación del Estado. De otro, desarrollar la guerra contra las drogas fortalece alineamientos internacionales en materia de seguridad, facilita contratos multimillonarios envueltos en un blindaje de “seguridad” sobre los cuales la guerra misma mata también la transparencia del manejo de esos recursos y su uso contribuye a afianzar el poder de la concentración de la propiedad agraria como punta de lanza del poder de las élites emergentes.

Por dar un solo ejemplo: Un informe de junio de 2020 estima que el gobierno colombiano gastó cerca de la mitad de su presupuesto de defensa en personal, instalaciones y operaciones en zonas rurales totalizando US $2.600 millones de dólares en ese proceso ($9 billones de pesos de entonces). Así se han construido cinco nuevas bases rurales de la Policía en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Guaviare y se construirán otras cinco más en el 2021 en zonas golpeadas por el narcotráfico y la violencia (9). La injerencia de Washington en ese alineamiento colombiano (y de tolerancia frente a lo que sabe del papel y negocios de las élites emergentes) es de tal magnitud que se arroga el “acompañamiento” en la preparación de una venta masiva de activos (bulk asset sale) de 5.000 propiedades incautadas para extinción de dominio y cuyos dineros van a un fondo para futuras operaciones antinarcóticos (10).

Un liderazgo necesario

La campaña de la guerra contra las drogas está hoy en su peor momento y su vigencia solo puede explicarse por la compleja gama de actores e intereses que se benefician cuando la guerra no es sobre las drogas sino sobre la extracción de ganancias de diferente orden en nombre de esa cruzada. Esta es una guerra que oculta las responsabilidades de la institucionalidad en el agravamiento de la situación y que hemos observado tanto en las emergencias hospitalarias como en las muertes por sobredosis en EU.

Desde una perspectiva transnacional y dada la complejización del mercado de cocaína en el mundo, las respuestas bilaterales a la manera como lo entiende Washington y Bogotá sobre las drogas principalmente cocaína, son totalmente obsoletas. Salvo que se observen como fuente de ganancias diversas tal como se ha analizado, pero que en materia de drogas no se corresponde con la realidad del fenómeno hoy. En el marco de una política razonable, se demanda con urgencia una mirada multilateral dado que Europa y Suramérica empiezan a experimentar serios problemas en sus sistemas de salud, desafíos a sus políticas de atención y prevención por la magnitud de las sobredosis de cocaína fumable y cocaína que se liga letalmente con opiáceos, fentanilo o heroína.

En ese sentido, resulta incoherente el manejo informativo que hace la DEA, al propagar la falsa idea de que una sustancia psicoactiva se mantiene en sus características cuando se liga con otra. La combinación se torna sencillamente en otro psicoactivo distinto. A pesar de esto, aún se siguen presentando de manera incorrecta las muertes por sobredosis de cocaína en EU al no diferenciar las particularidades de su combinación con opiáceos sintéticos o con heroína. Un problema que debe ser tratado con buenas políticas preventivas. No obstante, dadas las demandas legales que han instaurado las víctimas contra las grandes empresas farmacéuticas, sabemos más ahora sobre la gama amplia de responsables detrás de esa tragedia.

Desde la perspectiva colombiana y en la búsqueda de un replanteamiento del manejo del problema, se demanda una estrategia diplomática que posicione el problema de cocaína a nivel internacional buscando intercambios rigurosamente diseñados y razonablemente conducidos, respaldados por investigación de alta calidad en el tema.

La estrategia de manejo debe moverse con eficacia enriqueciendo el intercambio de experiencias y el saber acumulado para el logro de acuerdos con otros países, sin permitir que el tema se siga contaminando con los intereses de las grandes transnacionales de la industria militar, del mercenarismo, de los intereses geopolíticos y sobre todo del poder de las mafias que hoy controlan el poder político en diversos estados sobre todo en Latinoamérica. Un descomunal desafío.

Notas

1. Véase Pierina Pighi Bel, “Los peores años de la crisis de opioides en EU no han pasado”: Anna Lembke, psiquiatra estadounidense experta en adicciones, BBC News Mundo, junio 21 de 2021.
2. Case Anne y Angus Deaton, Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Ariel, 2020.
3. En el caso de las drogas, los cuestionamientos a la prohibición como expresión notablemente irracional en su manejo internacional, generalmente se enmarca en la búsqueda de un dispositivo que se denomina legalización asumido con una generalidad inusitada y una pobreza de contenidos.
4. Case Anne y Angus Deaton, op. cit.
5. Case Anne y Angus Deaton, ibíd., p. 177.
6. BBC News World “US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic”, 15-07-21.
7. Unodc World Drug Report 2021 Vol. 2 Global Overview: Drug Demand and Drug Supply.
8. Unodc, ibíd., p. 24.
9. US Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations MEMORANDUM OF JUSTIFICATION TO ACCOMPANY CERTIFICATION UNDER SECTION 7045(b)(2)(A) OF THE DEPARTMENT OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED PROGRAMS APPROPIATIONS ACT, 2020 (Div. G, P.L. 116-94)
10. Ibidem.

* Investigador Asociado al Transnational Institute TNI y miembro de la Corporación Viso Mutop.