Luis Hernando Restrepo* 
Desde que el actual presidente de Colombia está en el poder, tanto él como sus fervientes seguidores, vienen tomando una serie de iniciativas políticas- en muchas ocasiones anticonstitucionales – para posesionar a Alvaro Uribe Vélez, primero en un segundo mandato consecutivo y ahora en la pretensión de un tercero.
En el año 2005, Colombia vivió un proceso de envergadura institucional para promover la reelección de Uribe Vélez, que sería conquistada en mayo de 2006. La Corte Constitucional, declaró exequible la reelección presidencial inmediata, ya que sobresalió la mayoría de votos a favor de la misma por encima de las múltiples demandas en contra, presentadas ante la misma Corte, y de los casos públicos de corrupción y clientelismo por la compra de sufragios.
En la actualidad, Colombia se encuentra apretujada entre los bullicios y los descomunales delirios que producen las noticias sobre las próximas elecciones para el Congreso y la Presidencia. Los medios de comunicación privados, luego de vivenciar un confuso y perdurable debate sobre la adjudicación de un tercer canal de televisión, tienden sobre las mesas de los colombianos un sinfín de datos manipulados e interesados a favor de quienes promulgan la reelección de del jefe de Estado y la extensión de sus planes para seguir brindándole a Colombia una “seguridad democrática”.
Una “seguridad democrática” que nació como alternativa de confianza de la población civil hacia las instituciones del Estado en la lucha contra los grupos armados pero que devino en blanco de certeras y contundentes críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
A pesar de las constantes críticas a su gobierno, Uribe continúa firme con su “seguridad democrática”, un eufemismo que encubre al posicionamiento militar de Estados Unidos en Colombia y en la región.
“Depende de Dios, de la Corte Constitucional y del pueblo colombiano” son las palabras de Uribe. Detrás de su llamada “prudencia” en torno a las propias opiniones presidenciales respecto de la nueva reelección, quedan en claro las contradicciones de los uribistas toda vez que acusan a los presidentes Rafael Correa, de Ecuador, y Hugo Chávez, de Venezuela, de ser líderes que buscan perpetuarse en el poder de forma dictatorial y considerar a Uribe como una opción verdaderamente democrática, sobre todo si se tiene en cuenta que Correa y Chávez ostentan sus gobiernos de forma legítima luego de ganar el mandato popular en elecciones.
Resulta evidente hoy en Colombia la profunda incertidumbre de no saber quien será elegido en mayo próximo como nuevo presidente. Si logra la aprobación legal para su segunda reelección consecutiva, Uribe parece contar con encuestas y mediciones de los grandes medios de comunicación que arrojan un 60 por ciento de aceptación en el electorado.
Por otra parte, los continuos cambios que se le aplican a la Constitución del ’91 generan malestar y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. El proceso de análisis de las firmas ciudadanas recopiladas por los simpatizantes de la reelección sobrepasaron los índices legales financieros establecidos y el Congreso de la República debe actuar como revisor, lo que hace más larga aun la espera para contar con un panorama político de mayor claridad.
No es saludable para la democracia una nueva reelección del uribismo. Su mediática popularidad no es sinónimo de grandeza ante el país y, más que dedicado a gobernar, está abocado a hacer campaña y sembrar incertidumbre entre la población.
¿Estarán ya sus seguidores pensando en una película Uribe IV, como las del Rocky Balboa? Colombia en un presente amargamente sombrío y un futuro absurdamente incierto.
* Estudiante de periodismo colombiano, desde la Agencia de Prensa del Mercosur
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