Horacio Rovelli
El presupuesto es el plan anual de un gobierno. La actual administración ha adoptado como quiere la ley 27.701, que es la norma de 2023, a través de sendos decretos para 2024 y 2025. Esto es para que estuviera vigente en esos años, sin control de ningún tipo, incumpliendo con su plan trienal de inversiones y sin respetar la Ley 24.156 de Administración Financiera. Lo hicieron para realizar un sideral recorte del gasto público (incluida la disminución de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad), sin otro fin que el de reducir las erogaciones para tener saldos financieros para pagar los intereses de la deuda (que a su vez aumenta por no cobrar impuestos).
La deuda es de tal magnitud que el país no puede cancelar la totalidad de los intereses que esta devenga y debe capitalizar los réditos. Eso a su vez hace acrecentar la deuda pública.
Al 31 de octubre de 2025, el total de la deuda bruta de la Administración nacional era de 442.196 millones de dólares. Dentro de ella, la cifra en pesos (son títulos en pesos que, para contabilizarlos, la Secretaría de Finanzas convierte en dólares) asciende a 148.139 millones de esta última divisa. Además, dentro de esa deuda en pesos están capitalizados intereses desde enero 2024 a octubre 2025 (22 meses) en un BONCAP (Bono de Capitalización) por 41.757 millones de dólares.
En promedio mensual, el total del gasto de la Administración nacional es de 10,8 billones de pesos; convertido a dólar a 1.500 pesos, serían 7.200 millones de dólares por mes. Eso es lo que gasta el gobierno nacional en personal, en bienes, en servicios, en subsidio, en salud, en educación, en asistencia social, en seguridad, en las fuerzas armadas, en las pocas obras públicas que hace y/o financia, etc.
Si no capitalizaran intereses (con la anuencia de los acreedores que saben que van a convertir esa deuda impagable en patrimonio nacional), no podrían pagar las jubilaciones y pensiones, los haberes a los empleados públicos, las Fuerzas Armadas y de seguridad y prestarían peor servicio público del que brindan.
En el Congreso de la Nación se está discutiendo el proyecto de presupuesto de la Administración nacional de 2026 que remitió el Poder Ejecutivo nacional. En su artículo 1 afirma que “al cierre del ejercicio fiscal deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos y a libre ejecución del Poder Ejecutivo”.
Además, junto con el Mensaje 104/25 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el Mensaje 29 del proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el mismo propósito de otorgar al gobierno poderes legislativos.
Por ende, si los acreedores quieren cobrar todos los intereses (y no aceptan su capitalización), colapsa el Estado nacional.
En dicho Mensaje 104/25 de Presupuesto 2026, el gobierno nacional propone:
- Modificar la Ley de Administración Financiera para hacer un nuevo canje de deuda y no cumplir con la exigencia de al menos dos de los tres indicadores: reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés. El Plan Canje de deuda que propone el JP Morgan está postergado por ahora. Sin embargo, necesitan la norma y anular el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera.
- Modificar la ley de Educación que obliga a destinar del total del gasto público consolidado (nación, provincias y municipios) el 6% del PIB para su financiamiento.
- Deroga los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N.º 27.160, por lo que elimina la movilidad automática para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, otorgando así al Poder Ejecutivo la facultad de ajustar las prestaciones de forma discrecional en lugar de hacerlo automáticamente por IPC del INDEC.
Ingresos fiscales
Desde el punto de vista de los ingresos al fisco, se redujeron por la política expresa de este gobierno que, por el Decreto 353/25, publicado en el Boletín Oficial del 23 de mayo de 2025, con el pretexto de simplificar y desregular los trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes, y un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias permite que no informen más al ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero):
- Las administradoras de tarjetas de crédito no informan sobre las compras que hace una persona usando ese medio de pago.
- Cesa el llamado “Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes”; los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales.
- Los concesionarios de autos usados no deberán reportar ninguna operación que supere cierta suma de
dinero. - Las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas que superen cierta suma de dinero.
- Los prestadores de servicios públicos y telefonía no deberán reportar sobre los consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.
- Las entidades financieras no solicitarán las Declaraciones Juradas de impuestos nacionales.
Todas medidas que promueven la ya de por sí elevada evasión y elusión de impuestos, que el mismo titular de ARCA, Juan Pazo, justificó explicando que la prioridad de su gestión es «cambiar el enfoque tributario en la Argentina para dejar de tener una matriz persecutoria». En ese sentido, admitió que la evasión tributaria por IVA en el 2024 fue mayor al 37% («un nivel de evasión similar a la postcrisis del 2001») y que se registra un 40% de informalidad en el mercado laboral.
Este gobierno llevó adelante un blanqueo de capitales, modificó la ley penal tributaria, se redujeron los impuestos internos a los autos de gama media y alta (alcanza solo a autos y excluye a los que pueden ser considerados como bienes de capital, las camionetas 4×4 que no pagan, así como también los camiones y las maquinarias).
Redujo la alícuota al 0,45% anual en el Impuesto a los Bienes Personales para los que le anticiparon el año 2024 la recaudación de cinco periodos fiscales.
En aranceles a la importación, se redujo alícuotas para 89 productos, como el caso de neumáticos y pequeños electrodomésticos, del 35% al 20%. En este caso, se trata de productos a los que el gobierno anterior les había subido la tarifa de importación, por un acuerdo del Mercosur, y por ello, lo que se hizo fue volverla al nivel fijado por el nomenclador común.
Amplió el límite de compras al exterior de 1.000 a 3.000 dólares y se exceptuó del pago de aranceles a la importación a compras de hasta 400 dólares (solo se abona el IVA). Esto último es la franquicia habitual para los que viajan al exterior.
Eliminó para el corriente año 2025 el Impuesto PAIS, que es a la compra de dólares billetes, y que significó en el año 2024 una recaudación de 1,6% del PIB (equivalente a unos 8.000 millones de dólares).
Primero, por el Decreto 38/2025 redujo por seis meses las retenciones del poroto de soja de 33 a 26%, aceite y 
pellet de soja de 31 a 24,5%. Trigo y maíz de 13 a 9,5%, y fijo en 0% la alícuota para las economías regionales. Pero en septiembre de 2025 y con un cupo de hasta 7.000 millones de dólares, eliminó las retenciones a los granos y derivados, cediéndole a los grandes acopiadores y comercializadores no pagar el gravamen por el equivalente a unos 1.500 millones de dólares.
Los derechos de exportación, que por el Decreto 682 del 22 de septiembre de 2025 fueron fijados en 0% para las exportaciones de carnes, se restablecieron al 5% desde el 1 de noviembre de 2025.
Toda esa reducción de ingreso tributario debió ser compensada con mayor deuda pública, que crece sin cesar.
El largo y sinuoso camino de la deuda
En deuda en divisas, la actual administración debe colocar nuevos títulos para financiar los vencimientos hasta el 31/01/2026 que ascienden a 8.100 millones de dólares. De los cuales 3.800 millones corresponden a los bonos Globales y Bonares en divisas; 1.200 millones de dólares de los Bopreal (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, instrumentos emitidos por el BCRA para permitir a los importadores cancelar sus deudas en dólares con proveedores); y 3.100 millones de dólares a organismos multilaterales (incluido el pago de vencimientos al FMI)
A su vez, el total de la deuda (capital e intereses) que vence en divisas en el año 2026 es por 19.400 millones de dólares, y en el 2027 por 14.800 millones; suman para los dos años 34.200 millones de dólares.
La deuda en pesos en el mercado local tiene vencimientos de 85 billones de pesos (equivalentes a 56.700 millones de dólares) desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.
En pesos, los bancos, demás entidades financieras, los agentes bursátiles, las compañías de seguros y otros trataban, antes del 26 de octubre de 2025, de salir de títulos de deuda en moneda nacional. Ahora apuestan a que el gobierno, realizando una irracional reducción del gasto, genere los fondos para pagar parte de los intereses y se siga capitalizando el resto, como hicieron, en forma desigual y desordenada, hasta ahora.
La primera licitación de Alejandro Lew, ex JP Morgan y nuevo Secretario de Finanzas, fue el miércoles 26 de noviembre. En esa fecha vencían títulos por 14 billones de pesos. Lograron colocar bonos en pesos por 13,99 billones, con un nivel de renovación del 96,48% respecto de los vencimientos, a una tasa promedio del 35% anual (2,5% mensual).
De esa renovación, 8,76 billones de pesos (el 62,6%) se colocó en letras y bonos capitalizables (Lecap y Boncap), inclusive en un plazo hasta el 30 de abril de 2027; por ende, confían en que el precio del dólar va a crecer a una tasa menor (carry trade).
Y en dólar linked (devaluación de dólar oficial) solo se colocaron 0,45 billones de pesos (3,2% del total) y a un plazo corto (30 de abril de 2026), cuando antes de las elecciones del 26 de octubre era mayoritariamente demandado.
El capital financiero (local e internacional) está confiado en el modelo y apuesta a seguir ganando la diferencial de tasas (carry trade) que paga el Estado argentino, y que reconoce y legitima deuda en las licitaciones.
Lo que no puede es colocar títulos de deuda en el mercado internacional y depende sobremanera de los grandes bancos estadounidenses, encabezados por el JP Morgan, que juega como “el gato con el mísero ratón” con nuestras finanzas públicas, máxime que son sus empleados los principales operadores.
Tontos pero no tanto
Redujeron partidas presupuestarias sin ton ni son, y sin contemplar la necesidad de la población, por ejemplo, en los haberes previsionales, condenando a la pobreza y hasta la indigencia a la mayoría de los jubilados y pensionados, obligándolos a elegir entre comer o medicarse. Y a la vez redujeron subsidios en servicios de luz y gas, en educación, en salud, etc. La negligencia intencional de no distribuir alimentos o frazadas para que no se hiciera por los medios del gobierno anterior y sí se lo procurara por los equipos de la nueva gestión.
El gobierno de Milei se jacta de disminuir la dotación de la Administración Pública nacional, que pasó de 220.922 trabajadores en noviembre de 2023 a 194.934 en septiembre de 2025, una caída superior al 11%; más la baja de las remuneraciones y la de no dar tareas específicas, y desmantelar la función, etc., provoca el marco para que se generen más renuncias.
Sin embargo, disminuyendo las funciones estatales, en ser el “topo” que viene a destruir al Estado, que es su prédica y objetivo, al comenzar la gestión de este gobierno, y con el fin de priorizar la atención de los niños en situación de mayor vulnerabilidad, se duplicaron los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE). Desde entonces, y en virtud de los aumentos otorgados por movilidad (se ajusta por el IPC del INDEC), mantiene cierto valor (que, de aprobarse el proyecto de presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo podría dejar de ajustar los montos por el INDEC); total, las nuevas elecciones son dentro de dos años.
Según el proyecto de presupuesto nacional 2026, en el año 2025 los beneficiados por la AUH alcanzan a 4.113.370 niños, y por AUE a 92.412 madres. La asignación mensual para el mes de noviembre de 2025 es de 120.066 pesos para la AUH y, para la AUE, de 95.737 pesos por mes.
Además, continuaron con el Plan 1000 Días (Ley 27.611 del año 2020 creada como apoyo en la lucha contra el COVID), que beneficia a casi 700.000 personas. Se trata de apoyo alimentario que garantiza a los titulares de la 
Asignación por Embarazo y Universal por Hijo la provisión de leche y otros alimentos, para asegurar la nutrición de las personas gestantes y el crecimiento de sus hijos hasta los tres años de edad. Con el fin de fortalecer esa política, en 2024 se aplicó un incremento extraordinario del 500% con respecto a la partida de diciembre de 2023.
Continuaron con la prestación Alimentar, que es una asignación dineraria mensual que se implementa a través de la tarjeta alimentaria y está dirigida a madres o padres con hijos de hasta 17 años que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a embarazadas a partir de los tres meses que perciben la Asignación por Embarazo.
No disolvieron los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, iniciativas que buscan garantizar la continuidad en el mercado de trabajo, que alcanzaron en julio de 2025 más de 952.000 y 207.000 beneficiarios, respectivamente.
Por lo tanto, la política social es regresiva en su conjunto, pero mantiene a los sectores más vulnerables de la sociedad con una red mínima de contención. Esta debe haber “pesado” en el momento de decidir el voto, como es el caso de cierta estabilidad de precios a costa de un endeudamiento cada vez mayor.
En síntesis
El gobierno está financieramente quebrado, las reservas internacionales del BCRA son negativas por 16.000 millones de dólares, como lo acaba de reconocer el FMI (y El Cohete a la Luna lo ha publicado muchas veces); depende de los acreedores y estos saben que van a seguir ganando plata con el carry trade hasta donde puedan. Luego vendrá la devaluación y la imposibilidad de pagar deuda en divisas recaudando pesos.
Y a cambio de ello se quedarán con nuestros recursos naturales y nuestras principales empresas.
Una colonia es más digna que la Argentina de Milei.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE
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