Los impactos políticos del juicio a Trump y el empedrado camino de la justicia

Mirko C. Trudeau - CLAE

Donald Trump se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos que deberá sentarse ante un tribunal para enfrentar una acusación penal: un gran jurado de Nueva York decidió imputarlo por el pago de un soborno a Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a cambio de que la actriz pornográfica guardara silencio sobre un encuentro sexual que, según ella, sostuvieron en 2006.

Este affaire es objeto de una investigación judicial porque el pago de 130 mil dólares, efectuado en 2016 a través de su entonces abogado Michael Cohen, violó las normas de financiamiento de la campaña que llevó a Trump a la presidencia.

Muchos analistas coinciden en que la acusación actual, como las anteriores, son potencialmente positivas para el futuro político de Trump. Aun si es eventualmente condenado por los delitos en Nueva York, técnicamente no tendría consecuencias legales para su candidatura, ya que la Constitución no prohíbe ni descalifica a quienes tienen un historial criminal como aspirantes a la presidencia.

Todavía están por conocerse los cargos específicos por los que se lo enjuiciará, pero por el momento deben considerarse los posibles impactos políticos del asunto. Un escenario probable es que su inminente arresto y juicio se traduzca en la pérdida de ímpetu de un electorado conservador, que hasta ahora ha estado dispuesto a perdonarle e incluso celebrarle cualquiera de sus excesos y burlas a la ley.

Pero, con una bien aceitada manipulación mediática, el proceso penal podría también impulsar un cierre de filas en torno a su figura, bajo la percepción de que se le hace víctima de una persecución injusta, fundada en el deseo de apartarle de la puja electoral de 2024.

Trump termina sentándose en el banquillo por sucesos originados en un escándalo de alcoba y no por alguno de los grandes procesos que se le siguen, como instigar el mortal asalto al Capitolio en enero de 2021, por sustraer y ocultar documentos confidenciales cuando tuvo que dejar la Casa Blanca, por presionar al gobierno de Georgia para alterar los resultados electorales, por fraude fiscal, cargo del que ya fue declarada culpable The Trump Organization, su emporio familiar.

La mala fama da rédito político

¿La mala fama es buena en Estados Unidos? Trump –quien ha sido sujeto a dos procesos de impeachment (destitución) y que está bajo múltiples investigaciones criminales– sigue siendo por mucho el político republicano más importante y goza de una amplia ventaja en las encuestas entre posibles contendientes de ese partido para la presidencia.

Es este espectáculo el que Trump ha buscado utilizar en beneficio de su campaña –tanto para movilizar apoyo de sus bases como de recaudar fondos– como para su ataque contra sus contrincantes y nutrir a los promotores de conspiraciones políticas. Experto en responder a críticos, investigadores y contrincantes políticos –incluso fiscales y jueces– mediante contrataques, los acusa de ser izquierdistas radicales que odian a Estados Unidos.

Por ejemplo, sigue insistiendo en que los participantes en el intento de golpe de Estado, que él instigo después de la elección presidencial que perdió, son patriotas y que él es la voz de un movimiento para rescatar y restaurar el país, y por ello es perseguido en la cacería de brujas política más grande de la historia. Su hijo Don comenzó su podcast declarando que la acusación formal contra su padre es “mierda nivel comunista”.

Ya dos semanas atrás el expresidente había invitado a sus seguidores a protestar por lo que él decía era su inminente arresto, señalando que es víctima de la persecución de un fiscal distrital financiado por George Soros, promovido por la izquierda radical haciendo el trabajo de anarquistas y el Diablo, y que detonaría muerte y destrucción.

Lo que vendría

Una vez arrestado y procesado, la espera para un juicio puede extenderse por meses y hasta más de un año. Otras investigaciones judiciales contra Trump son más graves. En Georgia, una fiscal distrital está por decidir si presentar cargos criminales formales a partir de su investigación sobre interferencia electoral incluyendo presuntos intentos de Trump de robarse votos electorales en ese estado en los comicios de 2020.

En Washington, proceden dos investigaciones federales encabezadas por el fiscal Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia. Una, por su papel en torno al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021; y la otra sobre el manejo de documentos oficiales secretos del ex jefe de Estado en su mansión privada en Mar-a-Lago, Florida.

Según los protocolos, un acusado debe ser arrestado y en este caso los fiscales negociarán con los abogados del expresidente para determinar cómo se procederá. Es obligatorio que el acusado sea procesado por las autoridades, lo cual incluye la toma de huellas digitales y las famosas fotos que se toman de frente y perfil de un arrestado.

El siguiente paso es presentarse ante un juez en un acto en el cual se da lectura de los cargos, se pregunta si el acusado se declara culpable o inocente y se establecen las condiciones para el arrestado mientras espera su juicio y un calendario para el proceso.

Trump podría decidir no entregarse voluntariamente y permanecer en Florida, desafiando a las autoridades de Nueva York, quienes tendrían que solicitar su extradición (no es un caso federal, sino estatal). Y ayer el gobernador republicano –y posible candidato rival del acusado– declaró que Florida no asistirá a una solicitud de extradición, al considerar que el caso es políticamente motivado.

Hasta ahora la popularidad del magnate ha salido indemne de todos los cargos y evidencias de conducta ilícita presentados en el Congreso o en tribunales, el actual caso podría ser distinto. Será la primera vez que Trump aparezca ante los medios esposado y fichado. Asimismo, se ventilará de manera amplia una relación extramarital que ocurrió cuando su esposa Melania acababa de dar a luz a su hijo más joven, un tema que hiere la sensibilidad puritana de las bases de apoyo del ex mandatario.

Por ahora, todo indica que la contienda presidencial incluirá a un candidato que ha cuestionado la lealtad y el patriotismo de todos los que se atreven a criticar u oponerse a él –incluyendo periodistas– que buscará retornar a la Casa Blanca mientras enfrenta potencialmente múltiples cargos criminales en torno a actrices porno, el manejo de secretos de Estado, intentos para descarrilar el proceso electoral y hasta un golpe de Estado.

*Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)