Sep 4 2004
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Sociedad

Los juristas de la ONU y los DDHH en Chile

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Durante el sexag√©simo per√≠odo de sesiones de la Comisi√≥n de Derechos Humanos se present√≥ el informe del Relator Especial, se√Īor Rodolfo Estavenhagen (E/CN.S/2004/80/Add.3), que describe ampliamente la lamentable situaci√≥n de los derechos humanos de las poblaciones ind√≠genas y que contiene importantes recomendaciones y conclusiones orientadas a mejorar la situaci√≥n de los derechos humanos de los pueblos originarios en Chile.

En la reciente reuni√≥n del Grupo de Trabajo Sobre Poblaciones Ind√≠genas¬†que abord√≥ el tema de la Resoluci√≥n de Conflictos,¬†el Documento elaborado por el se√Īor Miguel Alfonso Mart√≠nez, presidente del Grupo, destaca varios temas: como el reconocimiento de las tierras y recursos ancestrales (p√°rrafos 14-24), el reconocimiento y la aplicaci√≥n de los tratados entre Estados nacionales y pueblos ind√≠genas (p√°rrafos 34-45) y, sobre todo, el ejercicio del derecho a la libre determinaci√≥n (p√°rrafo 25-33) establecido en varias cartas, pactos, tratados y acuerdos internacionales.

El documento concluye destacando la necesidad de encontrar mecanismos de resolución de conflictos. En ese sentido, el caso de la nación mapuche-pehuenche está mencionado como ejemplo de frustración ante los mecanismos nacionales de resolución de conflictos, observada por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas (párrafo 82, nota al píe de página).

Incumplimiento de los gobiernos chilenos

fotoEl Estado chileno sigue demostrando su falta de voluntad pol√≠tica para mejorar la situaci√≥n mencionada y poco ha hecho para avanzar en materia de reconocimiento de los pueblos ind√≠genas y sobre todo en sus derechos. La d√©bil respuesta del Gobierno al informe del Relator Especial, el incumplimiento al acuerdo firmado ante la Comisi√≥n de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) con la comunidades pehuenches de Alto B√≠o B√≠o, con motivo del desarrollo del Proyecto Central Hidroel√©ctrica Ralco, la negativa del Congreso chileno a ratificar el Tratado 169 de la OIT, la carencia de un proyecto de ley para una reforma constitucional, en com√ļn acuerdo con los pueblos originarios, entre otras cosas, ratifican esta afirmaci√≥n.

Durante el primer gobierno asumido después de la caída de la dictadura de Pinochet, altamente represiva con el pueblo mapuche y el pueblo chileno, existieron ciertos esfuerzos por el reconocimiento del los pueblos originarios, que fueron plasmadas en la Ley Indígena en 1993, que más que demostrar el interés del Estado chileno por avanzar, respondió al momento histórico de clamor y recuperación de libertad que se vivía en el país.

 

No llegaron a ser más que buenas intenciones. Los dos gobiernos que le sucedieron sólo han contribuido a acrecentar el conflicto al promover la continuidad del modelo económico de la dictadura, basado en privilegiar la inversión del capital extranjero, en detrimento de los derechos de los pueblos.

El Estado chileno, en el contexto de la globalizaci√≥n, ha favorecido la ejecuci√≥n de grandes proyectos de inversi√≥n en tierras de propiedad o reclamadas por los pueblos ind√≠genas. En los √ļltimos a√Īos han proliferado las inversiones en grandes proyectos mineros en el territorio de los pueblos aimara, atacame√Īo o kunza, quechua y colla en el norte del pa√≠s, as√≠ como proyectos forestales, carreteras, acuicultura e hidroel√©ctricos en territorio mapuche.

Mapuche: una nación agredida

Entre1881 y principios del siglo XX al pueblo mapuche le fue usurpado el 95 por ciento de su territorio hist√≥rico, perdiendo cerca de 9.500.000 hect√°reas. Sin embargo el saqueo a√ļn no se ha detenido y las compa√Ī√≠as forestales extranjeras y nacionales contin√ļan expandiendo sus √°reas de cultivos en territorios ancestrales mapuche, degradando notablemente el ambiente a trav√©s de la presi√≥n sobre los recursos naturales, la implantaci√≥n de cultivos ex√≥ticos no apropiados a la zona y el uso de agroqu√≠micos.

La construcción de la Represa Hidroeléctrica en el alto Bío Bío, con una inversión de US$ 570 millones de dólares, ha inundado un territorio de más de 3.500 hectáreas, lo cual afecta negativamente la biodiversidad de la zona, ha sepultado lugares sagrados y el cementerio ancestral de los pehuenches y ha terminando con la división y reasentamiento de las comunidades que habitaban la zona.

La Ley de Pesca, tramitada desde marzo 2004, es un tema que afecta a las comunidades lafkenche (mapuches de la costa) y atenta contra su identidad cultural y sobrevivencia como pueblo.

El 70 por ciento de los vertederos de basura de la IX Región de Chile, están ubicados en comunidades mapuche y el resto en sectores campesinos pobres, lo que demuestra la discriminación del sistema hacia los grupos en peores condiciones económico-sociales. Tales proyectos son vistos como amenazas a su supervivencia cultural y material y han generado una importante resistencia en el movimiento indígena, que ha se ha movilizado en defensa de lo que consideran les pertenece.

La violencia del Estado

fotoEn Chile el recurso de la violencia, para controlar cualquier forma de disidencia o reivindicación política o social de los pueblos indígenas, se usa de manera permanente y sistemática, amparada en la legitimación de la seguridad nacional justificando la militarización para luchar contra los que el poder denomina subversivos, utilizando la máscara antiterrorista para atacar las libertades fundamentales.

En este contexto la lucha del pueblo mapuche por sus leg√≠timos derechos, la defensa de su cultura y la lucha por una vida mas justa, ha sido el objetivo de una constante represi√≥n y agresi√≥n por parte del Estado, las transnacionales y las empresas y latifundistas nacionales. Asesinatos, torturas, prisi√≥n, detenciones arbitrarias, secuestros, desalojos forzados, allanamientos de moradas, quema de viviendas, atentados contra abogados defensores, falsificaci√≥n de documentos, pago a testigos falsos, uso de ¬ętestigos sin rostro¬Ľ y un sinn√ļmero de otro tipo de vej√°menes, son frecuentes en territorio mapuche.

Durante el actual gobierno (2000-2006) se han interpuesto, hasta julio de 2003, 22 denuncias y 66 querellas contra mapuches, entre otros, por delitos a los cuales se les aplica la ley antiterrorista.

Entre diciembre de 2000 y octubre de 2003 m√°s de 200 mapuche fueron objeto de investigaci√≥n judicial por su posible participaci√≥n en delitos relacionados con conflictos entre ind√≠genas y empresas privadas. En la actualidad hay cinco presos pol√≠ticos mapuche ( Aniceto Norin, Pascual Pichum, Victor Ancalaf, Jos√© Nain y Jos√© Llanca). A dos de ellos se los condena por delitos de amenaza de ¬ęincendio terrorista¬Ľ. M√°s de 50 mapuches se encuentran bajo arresto domiciliario u otra medida cautelar y sobre 40 personas deben vivir en la clandestinidad por haber reclamado la devoluci√≥n de las tierras ancestrales y reconocimiento de sus derechos como pueblo.

Los derechos de los pueblos deben prevalecer sobre los ¬ęderechos del capital¬Ľ impulsados por las econom√≠as de los Estados y las compa√Ī√≠as transnacionales. Las actuales relaciones de comercio que se promueven no pueden seguir estableci√©ndose a espalda de la gente y de los pueblos.

Las economías que impulsan los Estados con la promoción de una mundialización del libre mercado, la estandarización productiva y la homologación de precios mundiales en economías desiguales y con desarrollo y tecnologías asimétricas, hace que vastos sectores sociales -como el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general- sean vulnerables a una economía avasalladora a favor del dominio corporativo, el saqueo transnacional, el desastre ambiental y social. Ese no es el mandato que los Pueblos le han encomendado a sus gobernantes, no es el futuro que la gente espera y del cual aquellos son responsables.

Se√Īor Presidente:

La Asociación Americana de Juristas solicita a la Subcomisión y al Grupo de Trabajo que tome nota de la deplorable situación de los pueblos indígenas en Chile y en otras regiones del planeta, donde dicha situación tampoco es mejor y también tiende a empeorar, pese a los estudios y trabajos que se realizan y a la celebración de decenios y días internacionales de las poblaciones indígenas, y que comunique esta constatación a los otros organismos pertinentes.

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* Autor de la denuncia. Publicado en: www.portaldelpluralismo.cl.

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