Los sindicatos, más necesarios que nunca
Juan Torres López*
La implantación de las políticas neoliberales desde hace ahora casi justo treinta años ha estado vinculada muy directamente con la continua disminución del poder sindical y se ha basado en gran medida en provocar la máxima desconfianza de los trabajadores hacia los sindicatos.
En las dictaduras que sirvieron como campo de experimentación para las políticas liberales se recurrió para ello a la pura eliminación física de miles de sindicalistas. Una práctica, por cierto, que aún no ha desaparecido: en 2008 fueron asesinados 76 sindicalistas en todo el mundo y 49 de ellos sólo en Colombia a manos de paramilitares de extrema derecha o fuerzas del Estado que han asesinado a 2500 en los últimos 20 años.
La revolución conservadora de Reagan y Tatcher se enfrentó sin contemplaciones con los sindicatos pero su estrategia demasiado contundente estuvo a punto de producir un peligroso efecto rebote contra la propia patronal. Así, y al igual que la retórica revolucionaria en política económica se reconvirtió más tarde en el más tecnocratizado y neutro "ajuste estructural", el enfrentamiento directo con los sindicatos se sustituyó por una forma más suave y sibilina de socavar su influencia y su poder de negociación.
En lugar de combatirlos fieramente, en primer lugar se puso a su disposición una parte pequeña en términos relativos pero sustancialmente grande de recursos materiales y financieros procedentes del sector público (lo que de paso también permitía fortalecer a las organizaciones patronales). Con ellos se ha generado y alimentado en muchos países una burocracia sindical más preocupada de gestionar la provisión de bienes y servicios (turísticos, inmobiliarios, financieros,…) y de autoreproducirse que de movilizar a los trabajadores en defensa de sus intereses. Entre otras cosas, porque la "paz social" y la desmovilización es el precio explícito que hay que pagar para que se sigan sosteniendo las organizaciones que, al amparo de esta "generosa" política gubernamental, se han convertido en empresas tan costosas que no pueden autofinanciarse con las solas cotizaciones de sus afiliados.
En segundo lugar, se han ido estableciendo paralelamente regímenes cada vez más descentralizados de negociación y de establecimiento de las condiciones laborales. Bien de modo directo, en muchos casos y como aspira a conseguir la patronal española, o indirecto a través de la flexibilización, de la expansión del empleo temporal, de la desarticulación y desmembramiento de las grandes empresas y, por supuesto, de la disminución de la capacidad de resistencia de los trabajadores gracias a las políticas deflacionistas que han generado deliberadamente el desempleo que desarma y desmoviliza a los trabajadores.
Finalmente, el debilitamiento de los sindicatos ha sido la inevitable consecuencia de la cultura del individualismo que ha promovido el neoliberalismo, de la material destrucción de lazos e infraestructuras para la interrelación y el encuentro social, y de una bien estudiada estrategia comunicativa orientada a difundir constantemente la idea de que las organizaciones sindicales son simplemente estructuras corruptas, inútiles, que solo defienden a sus afiliados (como si eso, por cierto, fuese malo), y dominadas por dictadores y haraganes de las que deben huir los trabajadores que de verdad quieran conseguir mejores condiciones de trabajo.
Esta continua presión de los poderes para dificultar la actuación de los sindicatos en defensa de los trabajadores y para desnaturalizar su función ha tenido éxito: muchos líderes y sindicalistas se han derechizado al amparo de los privilegios que tienen a su alcance y la desconfianza fundada o no que se ha generado ha dado lugar a una casi general disminución en las tasas de afiliación sindical en los últimos años.
En España este proceso ha sido quizá más agudo. Principalmente, como consecuencia de la debilidad intrínseca de un sindicalismo que provenía de la dictadura y del contexto más difícil en que han debido actuar los sindicatos cuando la consolidación de los derechos sociales que ha traído la democracia y el retardado Estado del Bienestar han estado constantemente amenazados y limitados por el impacto de las políticas neoliberales que al mismo tiempo se han aplicado.
La consecuencia ha sido que nuestra tasa de afiliación (15%) es de las más bajas de la OCDE (detrás de la de Estados Unidos y Francia, aunque por razones y en condiciones muy distintas) y que haya bajado en más de diez puntos desde el inicio de la democracia. Y no creo que se pueda considerar como un simple fruto de la casualidad que nuestra baja afiliación sindical (y la más alta afiliación de las empresas españolas a las organizaciones patronales, 72%) haya ido paralela en estos últimos años con una peor evolución del empleo (más precario), del paro (más numeroso), de los salarios reales (más bajos) o del mayor número de trabajadores pobres.
El sentido común más elemental indica que cuanto más poder de negociación tienen los sindicatos y más trabajadores afiliados haya, mejores serán las condiciones de trabajo que podrán conseguirse. Si no fuera así, no se entendería el constante combate que los empleadores y la patronal mantienen con las organizaciones sindicales, el descrédito que permanentemente tratan de sembrar y las dificultades de todo tipo que las empresas más poderosas imponen para impedir que sus trabajadores se afilien a los sindicatos.
Si los sindicatos no fueran en realidad un arma fundamental para que los trabajadores defiendan mejor sus posiciones frente a la patronal, las dictaduras al servicios de los grandes capitales no perseguirían a los sindicalistas, ni prohibirían la actividad sindical, y las patronales de nuestras democracias pedirían que se favoreciera la presencia de todos los sindicatos en sus empresas, la extensión de la negociación colectiva, o la mayor afiliación posible,… es decir, justamente lo contrario de lo que hacen.
Pero no sólo lo dice el sentido común. Las investigaciones científicas (que lógicamente no gozan de gran audiencia en los medios que controlan la patronal y las grandes empresas) muestran claramente que el conjunto de los trabajadores disfruta de mejores condiciones laborales y de mayores ingresos allí donde hay negociación colectiva de la mano de los sindicatos. Y que donde no la hay, los trabajadores sindicados reciben indemnizaciones más elevadas que los que no pertenecen a sindicatos, o disfrutan de más derechos laborales como vacaciones o asistencia sanitaria pagada por la empresa. Como también se ha demostrado que la menor tasa de afiliación sindical y el menor poder de negociación de las organizaciones sindicales ha contribuido al aumento de la desigualdad y de brecha sindical que se ha producido en los últimos años. Incluso un informe sobre relaciones industriales de la Comisión Europea de este mismo año estimaba que un incremento del 10% de la tasa de sindicación reduce las desigualdades salariales un 2% y que un incremento del 10% en la cobertura de las negociaciones colectivas conlleva una bajada del 0,5% de la pobreza en el trabajo.
No hay duda. Las patronales y sus representantes saben perfectamente lo que significa que en un país haya sindicatos fuertes, libres e independientes y por eso los debilitan, los condicionan y los hacen dependientes del dinero público.
Cuando eso se consigue, la reacción de una gran parte de la izquierda y de millones de trabajadores es el desafecto hacia las organizaciones sindicales "entregadas", produciéndose así un círculo vicioso dramático que solo concluye con el deterioro progresivo de las condiciones laborales.
La existencia de sindicatos fuertes y comprometidos con los intereses de los trabajadores es hoy día es más trascendental que nunca. Y por eso es tan importante apoyarlos. En lugar de limitarse a lamentar las consecuencias que haya podido tener su rendición o impotencia ante las estrategias neoliberales lo inteligente sería evitarlas, empoderarlos y darles la fuerza que les permita hacerse fuertes frente a una patronal que se fortalece continuamente pero que es cada vez más irracional y egoísta.
* Economista, docente, miembro del Consejo Científico de ATTAC España