El secuestrado expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresaron este jueves a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia tras su secuestro en enero, un proceso marcado por la denuncia de la defensa de un «bloqueo ilegal» de sus fondos para pagar abogados.
Maduro, que permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn -cárcel que ha albergado a figuras como el rapero Sean ‘Diddy’ Combs o el narcotraficante expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (indultado por el presidente Donald Trump)-, comparecerá ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años.
El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, aseguró esta semana que su padre «está muy bien», con «mucho ánimo» y «fuerza»., «delgado, atleta, está haciendo ejercicio todos los días», señaló en un vídeo publicado en X . El diputado dijo queCilia Flores, quien también fue secuestrada en enero pasado, está «firme y alerta».
Maduro está acusado por el gobierno de EEUU de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra», tras haber sido secuestrado en Caracas a principios de año por fuerzas especiales estadounidenses.
Por su parte, esta semana, la Fiscalía ha solicitado al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; el hijo del mandatario, Maduro Guerra; y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’ y supuesto líder de la presunta organización criminal Tren de Aragua.
El Gobierno estadounidense argumenta que existe un»riesgo real de violencia», olvidando quizá que fueron secuestrados tras un ataque militar y bombardeo de Caracas, y que el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.
Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron recientemente un documento solicitando la desestimación de los cargos. Alegan que el Gobierno de EEUU, a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de «error administrativo» La defensa sostiene que esto vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU y que la oferta de asignarles defensores de oficio no es válida, pues les priva del derecho a elegir a sus representantes.
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