Maquinaciones para lintentar un estallido social en Venezuela

Néstor Francia.*
   
La Ley Habilitante de Costos y Precios Justos, tal como era de esperarse, ha levantado polvareda entre los defensores del “libre mercado”, donde realmente son libres solo quienes detentan los grandes capitales, mientras el resto de la población permanece presa de las ambiciones de esa minoría y de su desmedido afán de ganancias.  Las prioridades para beneficiar al pueblo son claras, eso se evidencia cuando vemos los rubros y sectores que serán controlados por la Ley: alimentos, salud, construcción, educación, textiles, calzados y útiles escolares, todos bienes de primera necesidad, y que suelen ser los más afectados por las prácticas oligárquicas de acaparamiento, desabastecimiento y especulación. 

El recientemente electo presidente de Fedecámaras, Jorge Botti (abajo, izq.), ya chilló y espetó un comentario realmente revelador, y que se refiere al papel que jugarían las organizaciones del Poder Popular en la aplicación del nuevo instrumento legal:
“Darle poder a un consumidor no es darle la posibilidad de intervenir un pequeño negocio para tomar control o estipular los precios. La soberanía verdadera del consumidor se da cuando tiene la posibilidad de elegir sus actores, organizarse y exigir al gobierno que ponga en cintura variables como la inflación”.

Es decir, según este redomado burgués, el único poder que tendría el consumidor es el de comprar con los precios y condiciones que la oligarquía económica imponga, perdonarle sus trapisondas y culpar al gobierno por las alzas de precios y otras calamidades. Pero a la burguesía, ni con el pétalo de una rosa. Y esto ocurre en un país donde, según la revista Forbes de abril pasado, dentro del ranking de millonarios del mundo están los empresarios venezolanos Gustavo Cisneros y Lorenzo Mendoza por encima del tan nombrado y reconocido Donald Trump, quien se encuentra varios puestos por debajo de estos dos ricachones del patio

¡Pobre burguesía! Como se sabe, Mendoza es el principal productor privado de alimentos y bebidas en Venezuela, a través de las empresas Polar ¿De dónde ha sacado su gran fortuna que se calcula en más de ¡3.4 billones de dólares!? Pues del bolsillo de los pobres de Venezuela, donde hay que incluir a buena parte, la más baja y mayoritaria, de la clase media.

Sí bien se debe percibir como natural esta reacción de Fedecámaras, uno podría sorprenderse de que una supuesta organización de defensa de los consumidores, Anauco (Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores) asuma la misma posición del gremio empresarial. Pero no nos sorprende, pues es bien conocido que este mamotreto es un instrumento de la burguesía para disfrazar la defensa de sus intereses y oponerse a las políticas del Gobierno bolivariano. Es una más de esas ONG’s inventadas por los agentes imperiales para actuar en nombre de una entelequia llamada “sociedad civil”.

A través de un comunicado, Anauco dejó ver la cola de su paradoja y, al rechazar la Ley que supuestamente deberían defender, dejó en claro cuál es su verdadero carácter:
“La mayoría de países que de manera eficaz han podido estabilizar los precios y erradicar la especulación, han adoptado como columna vertebral el sistema de competencia económica, de esta manera acompañados de un marco de seguridad jurídica adecuada estos países han logrado promover la participación privada y con ello aumentar la oferta mediante producción local.

"Ello no significa que el Estado no deba actuar, al contrario, según la constitución y las leyes debe promover la participación privada, fomentar la competencia y luchar contra el monopolio, la posición de dominio y la especulación, pero respetando los principios de libertad económica, propiedad y debido proceso…

"Esta ley, por sus características represivas y discrecionales (fijar precios, controlar las ganancias de los productores, carácter punitivo y sancionatorio), podría aumentar la percepción de riesgos por parte del sector privado y con ello nuestro aparato productivo nacional podría verse más afectado, cada vez somos más dependientes de las importaciones y de los mercados internacionales, cuyo efecto ya estamos viendo en el país (alta inflación e intermitentes desabastecimientos de productos esenciales)…

"Al limitar la ganancia se le establece al empresario un control de precio velado sin solucionar el problema fundamental de la economía nacional, es decir, el crecimiento constante de la inflación”

¡Vaya defensa de los “usuarios y consumidores”! Aquí hay que repetir una vez más la frase tan apreciada por Chávez: ¡Por más que se tongonean, siempre se les ve el bojote!

Por nuestra parte, el vicepresidente Jaua (apertura) da en el clavo en cuanto a la consideración histórica de lo que ha sido el tema de los costos y los precios en Venezuela:
“Aquí la política es clara y el pueblo lo sabe, la política de desabastecimiento, escasez y acaparamiento ha sido un instrumento de guerra de la oligarquía comercial y de los monopolios económicos productivos para imponer su hegemonía política al pueblo venezolano. Eso ha sido histórico…

"En primer lugar recordemos cuál fue uno de los detonantes del 27 de febrero 1989, fue efectivamente el acaparamiento y el desabastecimiento inducido por las cúpulas de Fedecámaras para esperar las medidas que le había impuesto al gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Fondo Monetario Internacional y sectores monopólicos para volver a clavarle los colmillos de guerra al pueblo venezolano”;

y también:
 “Gracias a Dios y a nuestra revolución, las políticas emprendidas por el Ejecutivo reflejan resultados positivos en indicadores como nutrición, por lo que se evidencia un incremento de la talla y el peso de nuestros niños, disminución de la mortalidad infantil por desnutrición, así como la recuperación de la prolongación de vida de los venezolanos”.

Más claro no canta un gallo.

Es de verdad un caso para el estudio como la contrarrevolución en Venezuela combina distintas acciones, no solo la mediática, para generar una realidad virtual. Es lo que ocurre con el tema de las “protestas”. Como hemos dicho más de una vez aquí, uno de los puntales principales del conspirador Plan 2012 es generar en el país un clima artificial de conflictividad social que alimente la matriz de que vivimos en un caos y que el pueblo está sumido en mil penurias y a punto de estallar. Para ello se privilegian en la calle dos vías.

Una es el de utilizar a los gremios controlados por la derecha y a organizaciones ad hoc monitoreadas por la CIA, como JAVU, para montar constantes “protestas” minoritarias pero de impacto mediático: huelgas de hambre, paros, trancas de calles y autopistas. Otra es la de infiltrarse en acciones legítimas y puntuales de protesta popular para desnaturalizarlas y convertirlas en eventos del plan desestabilizador (por ejemplo, la situación penitenciaria).

Pero además, se ha montado una batería de organizaciones “civiles” y de “derechos humanos” para sacar las cuentas de estos focos y presentarlas como prueba de que en Venezuela se está cayendo el cielo sobre la cabeza de la gente. Verbigracia, el “Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales” registró en el mes de junio, al menos 456 protestas, lo que significa la bicoca de más de 15 protestas diarias ¿Refleja esto la realidad de Venezuela? ¿Hay en este país ese grado de conflictividad social?

Si fuese así, estaríamos a las puertas de una insurrección popular, cosa que por supuesto no tiene nada que ver con la real situación. Claro, en esa suma siniestra están todos los miniparos de médicos en cada región donde el gremio es manejado por adecos de uña como Douglas León Natera, cada huelguita de “hambre” aislada de los “estudiantes”, cada tranca que grupetes ensayados realizan a cada rato. Cada vez que cuatro gatos escuálidos se tiran un pedo, crece la cuenta de la “conflictividad”. Mentira pura, degenerada manipulación inspirada en el Imperio.

* Periodista.