La líder de la ultraderecha francesa ha abandonado la moderación que en años recientes había intentado proyectar y ha retomado una retórica de confrontación, ahora contra el sistema judicial tras el veredicto del Tribunal Penal de Parìs del lunes (31 de marzo) de condenar a la líder ultraderechista Marien Le Pen, que ha desencadenado un debate político en Francia, que va mucho más allá de este caso específico.
Le Pen, del partido nacionalista de ultraderecha Asamblea Nacional (RN, por sus siglas en francés), fue condenada a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo, dos de ellos con tobillera electrónica y otros dos en libertad condicional.
El presidente del tribunal hizo referencia a la gravedad del delito (más de cuatro millones de euros en daños), su carácter organizado, el riesgo de repetición y el interés público en la protección del orden. Otro tribunal podría haber decidido de manera diferente en las mismas circunstancias. La malversación de fondos públicos es un problema recurrente en la política francesa: numerosos políticos importantes ya han sido condenados por ello.
El debate se centra en otra medida: la retirada inmediata de su derecho a presentarse como candidata durante cinco años. De ser así, la diputada y abogada, que actualmente lidera todas las encuestas, no podría participar en las elecciones presidenciales previstas para la primavera europea de 2027.
La lideresa de la extrema derecha gala se encuentra en el epicentro del terremoto polìtico tras su condena. que le impone cuatro años de cárcel y una inhabitación de cinco años (de aplicación in mediata), que la deja fuera de la carrera presidencial, salvo que prospere su apelación.
El fallo ha generado debate en la política francesa. Mientras RN lo denuncia como un atentado contra la democracia, desde el Gobierno y otros sectores se insiste en que la justicia actuó conforme a la ley. La legislación vigente, aprobada en 2016 tras un escándalo de corrupción muy mediático, permite la inhabilitación inmediata en casos graves de malversación.
En este contexto, el primer ministro François Bayrou ha señalado que, aunque apoya el fallo, considera que la inelegibilidad inmediata es debatible y podría requerir cambios legislativos. Esta postura es importante dado que su Gobierno depende, en parte, de la actitud de RN en el Parlamento.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, había advertido contra un poder judicial con motivaciones políticas: «No se puede derrotar a Le Pen en los tribunales; hay que luchar contra ella en las elecciones». Jean-Luc Mélenchon, fundador del partido de izquierda Francia Insumisa y antiguo opositor de Le Pen, también critica el veredicto. Él está siendo investigado actualmente por malversación de fondos de la Ue.
Mientras tanto, Jordan Bardella, considerado el posible sucesor de Le Pen, ha adquirido también cierto protagonismo, liderando la respuesta de RN con llamamientos a la movilización popular. «Los franceses deben indignarse», afirmó.
Una encuesta de Elabe para BFM TV ha mostrado que el 57% de los franceses consideran la sentencia justa, mientras que el 42% la perciben como una maniobra política.
El endurecimiento de la legislación bajo el mandato del anterior presidente, Hollande impulsó el número de condenas por malversación de fondos en Francia. «En 2018, se retiró el derecho al voto en 440 casos; en 2022, la cifra ya ascendía a 8.857”, declaró el presidente del Senado, Gérald Larcher, al periódico Le Figaro.
Sin embargo, el foco del debate sobre la reforma es probablemente la «ejecución provisoria» (exécution provisoire), que excluye a los políticos de las elecciones antes de que se llegue a un veredicto final. Se limitaría la inelegibilidad inmediata a los casos en que existe una amenaza al orden público (por ejemplo, en caso de corrupción activa).
«La condena es una bomba nuclear» lanzada por el establecimiento para evitar su llegada al poder, señaló. Le Pen abandonó la moderación que intentó proyectar por años y retomó la retórica de la confrontación, ahora contra el poder judicial.
Las opciones de Le Pen dependen de cómo avance su apelación. Si los jueces revierten la sentencia, podría presentarse sin obstáculos a los comicios. Si se confirma la condena mantendría la inhabilitación y quedaría fuera de la contienda presidencial. Si la condena es sin inhabilitación inmediata, podría recurrir al Supremo Tribunal y seguir en carrera.
Si la pena se reduce a uno o dos años, podría cunmplirla antes de 2027. Pero si el actual presidente Emmanuel Macron anticipa las elecciones y la inhabilitación sigue vigente, Marine Le Pen queda fuera de juego. De todas formas, la justucia francesa prevé decidir sobre el recurso de Le Pen el año próximo, antes de las presidenciales.
* Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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