Martín Vizcarra salió airoso de su juicio político en el Congreso peruano
Mariana Álvarez Orellana - CLAE
El proyecto para destituir al presidente peruano Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente no alcanzó los 87 votos necesarios en el Congreso y la propuesta fue rechazada con 78 votos en contra y 15 abstenciones.
El Jefe de Estado, zafó del intento del Congreso por destituirlo en un juicio político exprés, armado y resuelto en una semana, en base a unos audios y sin investigación previa. Varios congresistas expresaron que censuraban a Vizcarra, pero votarían en contra de su destitución. Es una victoria de Vizcarra en su guerra con el Congreso, pero sale golpeado. El resultado fue 78 votos en contra de la destitución del jefe de estado, 32 votos a favor y 15 abstenciones.
El analista Víctor Caballero Martín habla de una conjura maquiavélica y señala que “torpes en su afán de vacar a Vizcarra y recuperar el poder Ejecutivo, trabajaron por organizar una conjura contra él y poner como presidente al titular del Congreso, Manuel Merino. Hicieron todo mal; desconocieron todo lo que un buen manual de conjura establece para vacar o asesinar un presidente”.
Vizcarra, quien sustituyó al presidente Pedro Pablo Kuczynski, imputado de corrupción, fue acusado de incapacidad moral permanente por supuestamente haber mentido y orientado los testimonios de sus colaboradores ante la fiscalía y una comisión parlamentaria para ocultar información sobre las visitas a Palacio de Gobierno de un casi desconocido cantante contratado irregularmente por el Ministerio de Cultura.
El caso se basó en unas grabaciones de diálogos del presidente coordinando los testimonios de dos secretarias que formaban su círculo cercano, ahora separadas de sus cargos, una de las cuales, Karem Roca, quien admitió haber grabado en secreto esos diálogos.
Vizcarra concurrió al Congreso para hablar escasos 13 minutos en su defensa pese a que no estaba obligado, y se fue sin oir los duros cuestionamientos de los congresistas. Pidió disculpas, pero no por alguna falta que él haya cometido, sino porque fue su secretaria quien grabó y filtró los audios que han gatillado esta crisis.
En respuesta a la defensa de Vizcarra, varios legisladores –incluso muchos de ellos que cargan con denuncias de corrupción pero que gozan de inmunidad por ser congresistas- aseguraron que su destitución era una decisión política y no necesitaban pruebas de un delito para aprobarla. Como carece de bancada propia, no tuvo quien lo defienda.
Este es el segundo proceso de destitución de un presidente en menos de tres años. En diciembre de 2017 se abrió juicio político a Kuczynski por cargos de recibir sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht años atrás, cuando era ministro. También fue acusado de incapacidad moral permanente. La destitución no alcanzó los votos suficientes, pero en marzo de 2018, Kuczynski renunció acosado por esas acusaciones y asumió la presidencia Martín Vizcarra, que era el vicepresidente.
Vizcarra se ha salvado de ser destituido, pero no de una investigación judicial que podría terminar en un proceso penal. Ser procesados por corrupción parece el destino de los últimos presidentes peruanos.
Hay audios que comprometen al mandatario en una posible obstrucción a la justicia y algún otro posible delito, pero el descrédito de sus acusadores y su apuro por sacarlo del cargo sin investigar jugaron a su favor ante la opinión pública. Este gobierno ha estado marcado por su guerra con el Congreso. Primero contra el Legislativo que dominaba el fujimorismo y ahora contra este Congreso, que entró en funciones en marzo último.
En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso fujimorista, empeñado en una política obstruccionista y en blindar a políticos y magistrados acusados de corrupción, luego que el Parlamento le negara el voto de confianza por segunda vez a un gabinete ministerial, algo establecido en la Constitución peruana.
Según la encuesta de Ipsos, ocho de cada 10 peruanos quieren que Vizcarra continúe y, aunque 41 por ciento considera incorrecta su conducta, no estima que sea grave. Si hubiera sido cesado el jefe del Congreso se convertiría en el tercer presidente que tiene Perú desde 2018, un reflejo de la debilidad institucional que ha caracterizado al antiguo virreinato español desde su independencia en 1821, según analistas.
En tanto, el Poder Judicial ordenó ayer el arresto domiciliario por 24 meses de Nadine Heredia, esposa del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), en el marco de la investigación que se le sigue por delitos de corrupción en el caso Odebrecht. La medida remplaza a una solicitud de prisión preventiva pedida por el equipo fiscal Lava Jato, encargado del conocido escándalo de corrupción.
Heredia es investigada por favorecer a la constructora brasileña Odebrecht para obtener, durante el gobierno de su esposo, la concesión de la obra Gasoducto del Sur Peruano. La ex primera dama también es investigada junto a Humala por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña a la presidencia en 2011.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)