La investigación internacional ‘Exporting Abortion’ cuantifica, por primera vez, cómo, a pesar de los avances logrados en el reconocimiento de este derecho, miles de mujeres en toda Europa se ven obligadas a cruzar las fronteras del país en el que viven para acceder al aborto.
Carol McLoughlin, una mujer irlandesa, ya tenía dos hijos cuando volvió a quedarse embarazada en 2022. Quería volver a ser madre, pero las pruebas médicas pronto mostraron que algo no iba bien. Aún así, no fue hasta después de la semana 12 de embarazo —cuando en Irlanda termina el plazo legal para abortar voluntariamente— que le comunicaron que los órganos del feto no se estaban desarrollando. Debido al diagnóstico subyacente del feto —síndrome de Down—, le dijeron que tendría que esperar a que el corazón del bebé dejara de latir para poder abortar. «No podía soportar la angustia mental de esperar a que mi bebé muriera».
Por ello, Carol viajó a Londres (Reino Unido) para interrumpir el embarazo. Olga, una mujer polaca, lo tuvo claro desde el principio: no quería ser madre. Su país tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de toda la Unión Europea (Ue), así que cuando se quedó embarazada en 2019, no dudó en cruzar la frontera. Lo hizo un autobús, acompañada por una amiga, para abortar en una clínica en Ostrava (República Checa).
Con 30 años, Juliana*, una mujer brasileña residente en Portugal, no quería tener otro hijo. No tenía síntomas que indicaran que estaba embarazada, salvo algunos dolores de estómago. Pero en cierto momento comenzó a tener náuseas y fue entonces cuando descubrió que llevaba 13 semanas de gestación. En Portugal solo se puede abortar libremente hasta la semana 10, por lo que la opción más sencilla para ella fue cruzar la frontera hacia España, donde se permite hasta las 14 semanas.
Los datos muestran que España es uno de los países de Europa que recibe más mujeres que viajan para abortar. Aun así, hay ocasiones en las que son las propias mujeres españolas quienes deben desplazarse. Diana Dieste, de 38 años, fue una de ellas. Se quedó embarazada a mediados de 2023. Quería ser madre, pero tras un largo periodo de incertidumbre y falta de información, una prueba confirmó que el feto tenía una malformación grave e incurable.
La noticia llegó en la semana 30 de embarazo, cuando en España el aborto solo es legal si lo aprueba un comité clínico —un panel de médicos—. Ese no fue su caso. Recibió una llamada breve en la que se le informó de que el comité había rechazado su solicitud. Para interrumpir el embarazo, tuvo que viajar a Bruselas (Bélgica).
Las historias de Carol, Olga, Juliana* y Diana son también las historias de miles de mujeres europeas que aún hoy tienen que viajar a otros países del continente para abortar. Este fenómeno no se debe subestimar: cada año más de 5.000 mujeres cruzan las fronteras de sus países de origen debido a las dificultades que enfrentan para acceder a una interrupción del embarazo.
En 2023, esa cifra fue de al menos 5.860. Este dato se revela ahora por primera vez, como resultado de Exporting Abortion, una investigación periodística internacional coordinada por Público sobre el acceso al aborto en Europa, realizada por periodistas de todo el continente y publicada por 11 medios de comunicación.
El año más reciente con datos disponibles es 2023, ya que la mayoría de los países aún están cerrando las estadísticas de 2024. El patrón se repite año tras año: entre 2019 y 2023, las mujeres viajaron al menos en 27.238 ocasiones a otro país dentro de Europa para abortar, según Exporting Abortion. Es el equivalente a que toda la población de una ciudad como Segovia se desplazara.Y esa cifra es solo la punta del iceberg.
Los datos recogen únicamente los abortos realizados por residentes de países europeos que se vieron obligadas a viajar a Países Bajos, España, República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Francia, Bélgica, Suiza, Irlanda y Lituania —así como algunas mujeres polacas que fueron a Alemania y Austria—.
El porqué de estos viajes
Las razones por las que las mujeres europeas necesitan viajar a otro país para abortar son diversas. Muchas lo hacen porque la ley en el país donde viven no lo permite —ya sea porque el aborto está completamente prohibido, porque la legislación es extremadamente restrictiva o porque han superado el plazo legal para interrumpir el embarazo—. Otras viajan porque prefieren someterse a un método diferente al que se ofrece en su país.
Otra razón por la que las mujeres recurren al extranjero para abortar es la falta de instalaciones médicas o de profesionales que ofrezcan el procedimiento en su región. Esta problemática puede verse agravada por la objeción de conciencia. En casi todos los países de Europa el personal sanitario puede invocar este derecho —ya sea por motivos morales o religiosos— y negarse a participar en interrupciones del embarazo.
En algunos casos, los profesionales alegan objeción de conciencia debido a la presión social ejercida por compañeros, superiores o incluso por otros sectores de la sociedad. Esto afecta a mujeres como Klaudia*, una eslovaca que, con cinco meses de embarazo, descubrió que su bebé nacería con tumores por todo el cuerpo. Aunque la gravedad de la condición fetal le daba derecho legal a abortar en su país, se topó con la objeción de conciencia de su médico
«El médico me dijo que entendía que necesitaba abortar, pero el director del hospital había impuesto la objeción de conciencia» «Fue una situación muy extraña. El médico me dijo que entendía que necesitaba abortar, que no tenía nada en contra de ello, pero que no podía firmar el documento porque el director del hospital había impuesto la objeción de conciencia a todos los médicos del centro. Y que no quería perder su trabajo», cuenta a Exporting Abortion.
Situaciones como esta provocan que equipos médicos enteros capacitados para realizar abortos se declaren objetores de conciencia, dejando a estos hospitales sin posibilidad de ofrecer el servicio a las mujeres que lo solicitan. Este fenómeno crea auténticos desiertos sanitarios en todo el continente. La antropóloga Silvia de Zordo, investigadora principal del proyecto European Abortion Access, advierte de que «una institución hospitalaria en su conjunto no puede acogerse a la objeción de conciencia», ya que se trata de «un derecho individual». Critica que el «abuso de la objeción de conciencia» en algunos países se debe a que no existen mecanismos de control ni sanciones para las instituciones que incumplen la ley.
Más allá de todos estos obstáculos, vivir en un país con leyes más permisivas no garantiza el acceso al aborto. En estos países, los problemas surgen, en la mayoría de los casos, cuando se detectan anomalías o malformaciones fetales en fases avanzadas del embarazo. En la mayoría de los países la decisión final recae en un comité clínico formado por dos o más médicos que evalúan el caso. Sin embargo, el resultado puede variar mucho dependiendo de la composición del comité. Un mismo caso es visto lo suficientemente grave como para abortar para algunos doctores mientras otros no lo consideran así y se niegan a realizar la interrupción.
Este es el caso de países como España. «El problema principal es el poder discrecional que tienen estos comités», explica Jordi Baroja, director adjunto de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya. Según el activista, el problema radica en cómo están redactadas muchas leyes, que permiten la aplicación de criterios subjetivos. «Es simplemente una cuestión de costumbre», añade, subrayando que negar ciertas interrupciones del embarazo es algo rutinario. «Hay diagnósticos que nunca se aprueban para abortos en países como España». De nuevo, en este tipo de casos, las mujeres se ven obligadas a buscar alternativas en el extranjero.
Las rutas
En resumen, allá donde la ley o el personal sanitario imponen límites al aborto, las mujeres se ven obligadas a viajar. Todos los expertos entrevistados llegan a la misma conclusión. «Prohibir el aborto no resuelve nada; solo provoca turismo abortivo y una pérdida de control por parte del Estado y de la sociedad», afirma el Dr. Jozef Záhumenský, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Bratislava-Ružinov.
El principal destino para las mujeres europeas es Países Bajos. Con la ley del aborto más garantista —permite la interrupción hasta la semana 24 de embarazo—, casi la mitad (48,15 %) de todos los abortos recopilados por Exporting Abortion tuvieron lugar allí. En los últimos cinco años, mujeres de otros países europeos han abortado en Países Bajos en 13.114 ocasiones. Esto a pesar de que los centros sanitarios neerlandeses solo registran datos de pacientes procedentes de Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda y Polonia. Los abortos realizados a mujeres de países como España, Portugal o Malta no quedan registrados.
Exporting Abortion ha analizado, no solo los destinos, sino los principales flujos de movimiento dentro de Europa —es decir, las rutas más frecuentes que recorren las mujeres que viajan al extranjero para abortar—. El más común es el la de las residentes en Alemania que viajan a Países Bajos. Cada año, más de 1.000 mujeres hacen este recorrido.
En Alemania, el aborto es legal hasta la semana 12 contabilizada desde la concepción —que equivale a la semana 14 desde la última regla, la forma de medir los plazos más habitual en los países europeos—. Algunas no descubren que están embarazadas hasta que ya es demasiado tarde, y otras no logran acceder a un aborto a tiempo debido a la normativa y a las desigualdades regionales en el acceso al aborto.
La doctora neerlandesa Gabie Raven, con 30 años de experiencia, abrió una consulta en Dortmund en 2022. Hace una comparación: mientras en Países Bajos la mayoría de abortos se realizan en clínicas especializadas, en Alemania son principalmente ginecólogos en consultas privadas quienes los practican. Por ello, según Raven, imponen sus propias reglas: «Algunos ofrecen solo abortos
farmacológicos, otros se limitan a atender a sus propias pacientes y algunos solo realizan el procedimiento hasta cierta semana de gestación».
La complejidad de la regulación y las lagunas en el sistema nacional de atención también hacen que muchas mujeres alemanas prefieran ir directamente a países vecinos dentro del plazo legal. «Muchas veces nos dicen que podrían haberlo hecho allí también. A veces aún están dentro de las 12 semanas. Pero la asesoría y el procedimiento son tan complicados que prefieren venir a nosotros desde el principio», explica Elles Garcia, doctora de la clínica Bloemenhove, un centro especializado en abortos en Países Bajos.
La segunda ruta más común es la de las mujeres que viven en Portugal y viajan a España. Más de 500 mujeres al año realizan este trayecto. Como ocurre con la mayoría de estos flujos, la explicación radica en las diferencias legislativas y en el acceso desigual entre países. Mientras que Portugal permite el aborto voluntario hasta la semana 10 de embarazo, en España el límite se extiende hasta la semana 14. Exporting Abortion ha obtenido registros detallados de las mujeres que abortaron en dos regiones españolas: Andalucía y Catalunya. En la primera, el 68,33 % de las mujeres portuguesas que abortaron superaban las 10 semanas de gestación. En la segunda, el porcentaje sube al 70,59 %.
Las rutas acostumbran a causarse por las leyes sobre el aborto de cada país —y, obviamente, también por la proximidad geográfica—. Estos dos factores explican las rutas de Alemania a Países Bajos y de Portugal a España. Lo mismo ocurre con la tercera y la quinta rutas más frecuentes. Ambas implican a mujeres francesas: una media de 526 viajan cada año a Países Bajos para abortar y otras 454 lo hacen a España. En total, más de 2.000 mujeres francesas han tomado cada ruta en los últimos cinco años.
El cambio legislativo ha reducido el número de francesas teniendo que abortar en Países Bajos y España. Aún así, 383 abortaron en Países Bajos en 2023 y 344, en España. En Países Bajos pueden abortar libremente hasta la semana 24 de gestación y, aunque la ley española recoge el aborto libre hasta la semana 14 también indica un segundo periodo hasta la semana 22, en el que en algunas zonas de nuestro país, como Catalunya, se puede abortar con relativa flexibilidad. «Lo que queremos es dejar de obligar a las mujeres a viajar al extranjero», dice Sarah Durocher, presidenta de la ONG francesa Planning Familial. Con ese objetivo, la asociación defiende eliminar el límite legal de tiempo «o, al menos, autorizar el aborto hasta un mínimo de 22 semanas»
La única excepción entre las 10 rutas más frecuentes que no involucra a países vecinos es la de las mujeres polacas que viajan a Países Bajos. Cada año, una media de 479 mujeres se desplazan desde uno de los países más restrictivos de la UE hasta el más garantista, pese a la distancia entre ambos. Desde la capital polaca, Varsovia, hasta la neerlandesa, Ámsterdam, hay un vuelo de dos horas. En línea recta, las separan algo más de 1.000 kilómetros, con Alemania de por medio —una distancia similar a la que hay entre Madrid y París o entre Barcelona y Bruselas—.
También está el caso de Irlanda y el Reino Unido. Cada año alrededor de 240 mujeres irlandesas cruzan al país vecino para acceder a servicios de aborto. Pero no cruzan a Irlanda del Norte, donde el acceso al aborto no está tan desarrollado. La ruta lleva hasta Inglaterra —normalmente, Londres—. Inglaterra e Irlanda no comparten frontera terrestre, pero Gran Bretaña es el territorio más cercano a la isla de Irlanda. El número de mujeres que viajan ha disminuido desde que Irlanda aprobó un legislación más garantista en 2018, pero muchas siguen viéndose obligadas a viajar debido a las restricciones temporales. «Son las más vulnerables las que siguen teniendo que viajar para poder abortar», afirma Ciara McHugh, coordinadora de la línea de ayuda a mujeres de Abortion Support Network (ASN) en Irlanda.
Todos estos flujos han sido verificados por Exporting Abortion tras recopilar datos oficiales y estadísticas de 10 países. Países Bajos, España, Reino Unido, República Checa o Eslovenia recogen información sobre el país de residencia de las mujeres que abortan en sus clínicas y hospitales. Pero otros flujos comunes son imposibles de cuantificar —al menos con datos completos y oficiales— porque los países receptores no recopilan esa información y, por tanto, no tienen registros del fenómeno. Otros países sí recogen los datos, pero simplemente no acceden a hacerlos públicos.
Esta situación impide conocer más sobre los viajes de algunas mujeres como las polacas. Muchas optan por abortar en la vecina Alemania o en Austria, pero estos dos países no registran cuántas mujeres de Polonia —ni de otros Estados— abortan en sus clínicas. Para reflejar esta realidad, Exporting Abortion también ha contabilizado datos de Ciocia Basia y Ciocia Wienia, dos colectivos feministas que ayudan a mujeres polacas a viajar para acceder a servicios de aborto en Alemania y Austria, respectivamente. Son las principales organizaciones que apoyan a las mujeres polacas que eligen estos dos destinos.
Cada año, alrededor de 120 mujeres hacen el viaje de Polonia a Alemania con la ayuda de Ciocia Basia, y otras 85 viajan a Austria con el respaldo de Ciocia Wienia. Si se dispusiera de datos oficiales completos para estos dos flujos, probablemente estarían entre las principales rutas. De hecho, los datos recogidos por Exporting Abortion muestran que las mujeres polacas buscan abortar en todos y cada uno de los países donde se han recopilado datos. Este patrón solo se produce en su caso y en el de las mujeres alemanas.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.