Luis Hernández Navarro*
Brotes de descontento contra la minería a cielo abierto han aflorado por todo el territorio nacional en años recientes. Habitantes urbanos, ejidatarios y comuneros indígenas han bloqueado los caminos de entrada a las minas para protestar contra la devastación ambiental, los daños a la salud y los contratos desventajosos de las grandes compañías trasnacionales extractoras de minerales. Con frecuencia, el gobierno ha reprimido a los inconformes.
El malestar es grande. Entre abril y mayo de este año, 300 pobladores de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo, en Zacatecas, bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la empresa canadiense Gold Corp. no cumplió su compromiso de firmar un convenio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón. El descontento se ha extendido como reguero de pólvora por muchos estados. Los ciudadanos de San Luis Potosí se oponen a la explotación de oro y plata en la mina San Javier en Cerro de San Pedro. En Chihuahua, donde se ubican las mayores concesiones a las trasnacionales mineras, la resistencia campesina ha denunciado grandes abusos corporativos.
Alrededor de 3 mil personas de varios municipios de la sierra de Chiapas realizaron el pasado 14 de abril una marcha silenciosa en Motozintla para exigir la cancelación de 56 permisos de explotación minera en la región, porque “sólo traen destrucción y muerte”. Las concesiones favorecen a la canadiense Black and Fire y a la estadunidense Liner Gold Corp. La protesta concluyó con una misa. En una carta, las siete parroquias de la zona expresaron la oposición de la Iglesia católica al desarrollo que fomenta desigualdades y atropella y excluye a personas.
El pasado 21 de abril, la policía oaxaqueña y la Federal reprimieron salvajemente a los habitantes de San José del Progreso, Oaxaca, que desde el 16 de marzo habían bloqueado el acceso de la mina La Trinidad, de San José del Progreso, propiedad de Fortuna Silver.
El presidente de Bienes Comunales de Huehuetlán El Grande (pueblo localizado en la parte central del estado de Puebla), Pedro Enrique Viveros, denunció que la Secretaría de Gobernación estatal los presiona para que Australian Minerals Group lleve a cabo un proyecto minero para extraer manganeso en la localidad, a pesar de que los pobladores ya lo rechazaron en varias ocasiones.
Muchas de esas empresas son canadienses. No sólo están en nuestro país. Tienen el control de 51 por ciento del capital minero del planeta. Otras son estadunidenses, australianas, de Islas Vírgenes, argentinas, italianas, y también hay mexicanas.
El primer encuentro de la Rema concluyó con la Declaración de Tamacapulín, la cual manifiesta: “contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos 25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas. 200 mil kilómetros cuadrados, es decir, el 9 por ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado como concesiones mineras”.El rechazo ciudadano a la minería a cielo abierto es, simultáneamente, expresión de la lucha por la liberación nacional desde el campo popular y combate por un modelo de desarrollo diferente, que pone en el centro el bienestar de las personas y la defensa del medio ambiente.
*Periodista y escritor mexicano, coordinador de Opinión de La Jornada
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