Milicos chilenos: – NO TIENEN REMEDIO. PERO EL SISTEMA TAMPOCO

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Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Eduardo Iturriaga Neumann (abajo a la derecha en versión reo) rechazó el fallo judicial que lo condenó a cinco años y un día de prisión por el secuestro de un militante del MIR –Luis San Martín Vergara– en 1974. Dice «rebelarse» ante el fallo judicial que lo condenó y calificándolo de «inconstitucional y antijurídica condena». No para allí. Defiende a otros militares, como él retirados, que participaron de los organismos de represión de la dictadura y que han sido procesados o investigados por las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar-cívica que encabezó Pinochet.

«Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena, ¡No la acepto!», escribió Iturriaga. «Se me ha condenado por el delito de secuestro, delito no acreditado en el proceso. Pedí concretamente al ministro Alejandro Solís, que sentenció en primera instancia, que investigara el secuestro, no lo hizo».

«Si el ministro me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista Luis Dagoberto San Martin Vergara está vivo y secuestrado por mí. El tiene el peso de la prueba, no era yo el que debía demostrar mi inocencia» (…) Fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las FF.AA. y de Orden, de los cuales ya hay varios condenado por la misma razón, ante la mirada complaciente del gobierno e instituciones que no funcionan para defender los derechos que tenemos y que justamente reclamamos», dice. Pero lo más divertido viene a continuación:

«Muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han trasgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes de mi patria».

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Y sigue: Afirma haber soportado «detenciones, interminables declaraciones, careos con falsos testigos, humillaciones, doble estándar, parcialidad, exámenes psicológicos, sufrimientos de mi familia y mis amigos, pérdida de trabajo, caos financiero personal, persecución política judicializada, etc».

Su familia dice no saber donde se encuentra y presentó una denuncia por su desaparición ante una comisaría de la policía de Santiago.

El prófugo también está procesado por el asesinato del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en la jefatura del ejército chileno, que murió en Buenos Aires, junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al estallar una bomba colocada en su automóvil, el 30 de septiembre de 1974.

Buenos amigos

La agrupación de ex-comandos del ejército y el Centro de generales en retiro entregaron en la tarde del miércoles 13 de junio de 2007 tade sendas declaraciones solidarias con Iturriaga. Afirman los ex comandos que «a través de los medios de comunicación nacional (conocieron) la actitud asumida» por el prófugo. Y «Junto con lamentar el doloroso trance que afecta a nuestro dilecto camarada de armas, expresamos nuestro respeto por la decisión asumida y nuestra solidaridad ante la injusticia por él denunciada y que afecta a tantos de nuestros camaradas».

El cinismo queda al desnudo cuando hacen votos para que «a la brevedad la cordura, ecuanimidad e imparcial justicia se asienten definitivamente en nuestra comunidad nacional y así podamos todos, entregar nuestro aporte inteligente (sic) en pro del futuro de nuestra patria, sin odiosidades, rencores y mañidas revanchas».

Los generales en retiro no son menos claros: «vemos con honda preocupación la actitud asumida por nuestro camarada de armas, el general en retiro Eduardo Iturriaga Neumann, en el sentido de pasar a la clandestinidad (sic), situación que comprendemos debe significar una angustia indecible para su entorno familiar y círculo de amistades a quienes hacemos llegar nuestra más sentida solidaridad».

Y sigue:

«Todo lo anterior es producto de la sentencia en materia de DDHH que lo condenó por presunciones y por la ficción jurídica del secuestro permanente, tal como lo señala el propio general (r) Iturriaga en su declaración. Más aún, al comprobarse que a pesar de haber transcurrido más de 30 años de los hechos, no se le aplica la prescripción, mientras que sí se ha aplicado recientemente para procesos de 5 años, lo que comprueba la existencia de un doble estándar jurídico-político en estas materias».

Y luego el corazoncito se exhibe: «En todos los países en que se ha sufrido por conflictos suscitados con los gobiernos marxistas, incluyendo a Alemania con la caída del muro de Berlín y a España con la guerra civil que costó más de un millón de muertos, se logró una reconciliación nacional y el término de todos los procesos judiciales».

Y más adelante demandan «una solución política que resuelva definitivamente la dramática situación jurídica y personal que afrontan centenares de respetados (sic) ex uniformados y civiles de nuestro Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, los que han llegado a una situación límite junto a su entorno familiar.

«Declaramos ante la opinión pública que no están solos y que no escatimaremos esfuerzos hasta que se les apliquen las leyes vigentes en nuestro país tales como: la amnistía, la prescripción, el debido proceso, la cosa juzgada, etc., instancias todas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, pero que han sido vulneradas constantemente, como lo avalan distinguidos y versados juristas nacionales».

Habría que golpearlos en el lugar que más les duele: quitar sus grados inmerecidos, no pagarles –con impuestos de todos– sus mal habidas pensiones de jubilación. Pero, claro, no lo intentarán. Se desquitarán con los estudiantes, que ellos sí son subversivos. Con los provincianos que reclaman la depredación de sus regiones, que ellos sí subvierten. Con los trabajadores, ¿qué se creen con sus demandas?

La república entró en el tobogán de la vergüenza, y lo del tal Iturriaga no hace más que (volver a) ponerlo en evidencia: ¿cuánto es lo que recibiran los esforzados empresarios del Transantiago?

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