Minoridad, un debate candente en Argentina: Los condenaditos del sistema

En esta ocasión, las discusiones giran en torno a la inseguridad y a la edad de imputabilidad de los menores. Como si los chicos fuesen los responsables de todos los delitos que suceden en el país, olvidando que detrás de cada menor que delinque hay adultos “responsables” que los empujan a cometer estos hechos.

Casi en su mayoría, los medios de comunicación se han encargado, en los últimos meses, de repetir hasta el hartazgo que en el país se está viviendo una situación incontrolable con respecto a la inseguridad. Todos los cañones y las culpas parecen apuntar directamente a un sector vulnerado de la sociedad, los más chicos.

Han sido tantos los crímenes y robos repetidos en la pantalla chica, los diarios y las radios, que el miedo se ha instalado dentro de la sociedad, volviéndose denominador común de todos los ciudadanos. Sobre todo en las grandes ciudades.

El sociólogo Gabriel Kessler, en una entrevista realizada por la revista Veintitrés, sostiene que el temor sigue centrándose en las “figuras más clásicamente discriminadas y estigmatizadas”, es decir jóvenes varones de sectores populares.

El entrevistado agrega que esta idea constante de verse amenazado por el otro, tiene consecuencias nocivas en la sociedad, porque entre otras cosas promueve el armamentismo personal y la justicia por mano propia.

Afirma además que en Argentina los delitos tienen más cobertura mediática que en otros países de América latina. Tanto se habla de inseguridad y delincuencia, que hoy se piensa a Buenos Aires como una ciudad sumamente peligrosa. Pero ese sentimiento de inseguridad no refleja exactamente el nivel de delitos.

Si bien las amenazas y agresiones existen y los ciudadanos conviven a diario con ellas, el promedio de homicidios en la ciudad porteña ronda los 5 por cien mil habitantes, cifras muy inferiores a las de Miami, San Pablo o Río de Janeiro por mencionar algunas.

Retomando el tema de los menores, los últimos acontecimientos difundidos sobre delitos llevados a cabo por chicos, despertaron la ira de una parte de la sociedad, que exige modificar la ley , bajar la edad de imputabilidad e implementar mano dura.

En la actualidad rige el Régimen Penal de Minoridad nº 22.278, promulgado en plena dictadura militar (el 25 de agosto de 1980). El mismo establece dos categorías: por un lado los mayores de 16 años y menores de 18, a los que se los llama relativamente imputables; y por otro, los menores de 16, llamados totalmente inimputables y no punibles.

En el caso de los totalmente inimputables, cuando se comprueba que tienen menos de 16 años y se les atribuye un delito, se les cierra el expediente penal, y no son sometidos a proceso. Razón por la cual no tienen abogados que los defiendan.

Al respecto Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios de Políticas Criminales y Derechos Humanos, explicó a APM que según la ley vigente, si a un adolescente que no es punible se le imputa un delito y “el juez entiende que está en una situación de riesgo, de abandono o tiene problemas graves de conducta, puede disponer del chico y encerrarlo en un instituto o designarle algún tratamiento”.

Es decir, utilizando las palabras del diputado por Solidaridad e Identidad (SI), Emilio García Méndez, al acusado “se lo priva de libertad, para ser ‘protegidos’ en lugares que son cárceles para menores”.

En el caso de los mayores de 16 –menor relativamente imputable-, cuando comete un delito se lo somete a un tratamiento tutelar hasta cumplir los 18 años, luego son imputados y una vez sometidos a un juicio, el tribunal puede aplicarle la misma pena que se le correspondería a un adulto.

Esta realidad lamentable derivó en una discusión necesaria, modificar otra ley de la dictadura que sigue vigente en un país democrático. Por el momento los 11 proyectos están siendo discutidos en la Cámara de Diputados, solo resta esperar.

Lo cierto es que a la hora de dictar sentencias, una norma que debería ser tomada en cuenta es la Ley nº 26061 de Protección Integral del derecho de niños, niñas y adolescentes. La misma establece que para los chicos no punibles que estén en alguna situación de riesgo, hay que tomar medidas de protección, nunca de encierro, para restituirle su derecho vulnerado.

Pero esta medida prácticamente no se aplica, a pesar de haber sido dictada por el parlamento en el 2005.

El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zafaronni, semanas atrás aseguró que ”el sometimiento a un proceso penal es una exigencia de la Constitución, de modo que habría que bajar a los 14 años” la edad de imputabilidad.

Esta declaración trajo inmediatamente cola, porque por otra parte existe la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional, que sostiene que la pena de prisión debe ser aplicada como último recurso y por el período más breve.

El debate ya se ha instalado en toda la sociedad. De un lado se posiciona un amplio sector social que opina y propone bajar la edad de imputabilidad como mejor recurso para disuadir las conductas delictivas. Y en las antípodas están aquellos que consideran -de manera acertada- que aplicando “mano dura”, solo se reproduce la desigualdad y se fomenta más la violencia.

Conocidas las posturas, es importante resaltar que bajando la edad de imputabilidad, aunque se apliquen penas menores y diferentes a las del mundo de los mayores (como proponen los proyectos que se discuten en Diputados), la solución no va a llegar. Porque hacen falta medidas responsables y no manotazos de ahogados para solucionar parcialmente la situación.

Claudia Cesaroni agrega que criminalizar a los menores es ir contra el eslabón más débil, cuando en realidad lo que hace falta es desarmar a las empresas criminales.

Por su parte la procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, considera que aprobar un Régimen Penal Juvenil que contemple penas de prisión para adolescentes desde los 14 años “no sirve para modificar un estado de inseguridad", lo que hace falta es "prevención, medidas y políticas de Estado”.

Un programa integral de seguridad y justicia, y sobre todo “educación ciudadana, planes de alfabetización popular en derechos y obligaciones, con exaltación del valor de la ley y el respeto del otro”, son las claves para evitar la convivencia salvaje, agrega Abel Fleming, presidente de la Federación de Magistrados de la Argentina.

En la mayoría de los países de América Latina existe un régimen especial para los jóvenes de entre 12 y los 18 años. Dichos códigos plantean medidas socio-educativas, que favorezcan a la reinserción del joven.

Según un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Universidad “3 de Febrero”, en Argentina hay aproximadamente 1.700 chicos que no cuentan con 18 años y sin embargo permanecen encarcelados.

Estas cifras convierten al país en uno de los que mayor cantidad de menores de 16 años privados de la libertad tiene en toda América Latina.

Como señaló Cesaroni, la solución no va a llegar si se vuelve a caer en lo que fue el caso Blumberg porque las medidas de aquel momento, sancionadas para solucionar la inseguridad, no corrigieron nada, ni evitaron delitos futuros.

Lo que necesita Argentina es reemplazar el “deposito” de menores por una intensa actividad asistencial que favorezca a la inserción.

En otras palabras, es indispensable un sistema que realmente respete los Derechos del Niño y sobre todo que ponga un tope a las penas, porque como señaló la entrevistada, es una ”aberración jurídica” que haya menores condenados a prisión perpetua.

Lo peor de esta situación es que haya gente que realmente exija “penas ejemplares” para los menores, ignorando que el encierro no va a cambiar sustancialmente nada. Al contrario, se generarían nuevos problemas,

Vale recordar que si los menores de 14 años comienzan a ser judicializados colapsarían los institutos de menores y todo el sistema judicial.

Lo que si es fundamental, es que los chicos que históricamente han visto vulnerados sus derechos, comiencen a beneficiarse de alguna manera, y privarlos de la libertad como castigo lejos está de ser lo adecuado.

El 80 por ciento de la población está “presa” de la sensación de inseguridad, y ese porcentaje se ha ido incrementándose porque los medios de comunicación se encargaron de sobredimensionar el tema.

Para hacer más efectivo ese golpe mediático, no dudaron en recurrir a personalidades públicas capaces de contagiar opiniones, que pidieron castigos severos y medidas represivas para aquellos que cometan delitos (disparo que golpeó directamente a los menores).

Gabriel Kessler señala que “cuando el tema del delito se instala durante un tiempo largo con intensidad alta y con picos de tensión, es un contexto favorable para las reacciones autoritarias”. Basta recordar las marchas que pedían pena de muerte.

Por otro lado, el diputado por el SI, al referirse al tema de la inseguridad aseguró que ”hay un pensamiento mágico, muchas veces alimentado por los medios de comunicación, de que los problemas complejos se resuelven con mucha simplicidad, haciendo algo que parezca útil e interesante. Pedir el aumento de las penas, la baja de edad de imputabilidad, aparece como una solución mágica”.

Otra cosa importante que no hay que olvidar, es que la oposición -medios incluidos- se ha “agarrado” de la inseguridad para disparar contra el gobierno, reforzando, a través de sus noticias, el miedo, los prejuicios y el odio.

Como era lógico suponer, la presidenta Cristina Fernández se refirió al tema en cuestión y reclamó que no se utilice políticamente "la muerte y el dolor" de las víctimas de la inseguridad.

Pero hay una realidad, las elecciones legislativas se aproximan y todo lo que pueda servir para debilitar al oponente será utilizado. Incluso la libertad de los pibes.

Hay que hacer a un lado el egoísmo y recapacitar, la responsabilidad de un niño no recae sólo en él, hay que mirar a su alrededor, poner la vista en los adultos, la educación, la familia y la sociedad.

Pero lamentablemente, mientras importe más la opinión de clase que la realidad palpable de los menores, éstos seguirán saliendo a robar para buscar comida, después de todo no tienen nada para perder. La inoperancia política y judicial ya se encargó de quitarles hasta la ilusión de vivir en libertad.