Montevideo, puerto del tráfico donde los narcos invierten para ganar poder

Luvis Hochimín Pareja - CLAE

Los últimos días han puesto de manifiesto la importancia que ha adquirido el puerto de Montevideo para el narcotráfico: fueron incautados más de 500 kilos de cocaína y el viernes una tonelada y media, ante la pasividad de las autoridades uruguayas.

Las cifras muestran que los muelles de la capital uruguaya se han convertido en una importante puerta de salida para la droga, rol que se viene robusteciendo indefectiblemente, pero también pueden significar que al menos allí la droga que baja desde otros puntos es detectada.

En el primer operativo de la Prefectura Nacional Naval se incautaron más de 500 kilos de cocaína escondidos en tarrinas y el fin de semana personal de la misma fuerza decomisó un cargamento de 1.474 kilos de cocaína en un buque con destino a Europa. Uruguay es utilizado por organizaciones de narcotraficantes como escala de la cocaína proveniente de países andinos y cuyo destino final es el continente europeo.

Según fuentes policiales en los últimos 10 años se intensificaron los cargamentos de cocaína incautados provenientes de Colombia con destino a Europa, al incrementarse los controles en el Caribe, lo que hizo que las bandas comenzaran a “bajar al sur” para poder sacar los cargamentos hacia Europa donde la cocaína obtiene valores impensables en América Latina.

Los puertos de “moda” son Zárate (Argentina), Río Grande, Santos y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo. En el área metropolitana, la cocaína es alijada en distintos puntos y cuando se llega a una cantidad “óptima” a juicio del traficante que la llevará a Europa, la carga es trasladada al puerto y colocada en un barco.

Un canal que recientemente ha cobrado importancia es la ruta del Cono Sur, que va desde Perú y Bolivia hacia el Río de la Plata, estuario en la costa atlántica entre Argentina o Uruguay, con frecuencia a través de Paraguay, y por lo general se basa en la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), a menudo utilizada en combinación con vuelos clandestinos.

Río arriba la vía fluvial puede ser de no más de 2,5 metros de profundidad, por lo tanto, la carga en estos lugares debe enviarse en barcazas propulsadas por remolcadores. Un tren de barcazas puede llevar hasta 36 unidades y transportar hasta 54.000 toneladas, “lo que simplifica la ocultación y dificulta la detección a través de la ruta de tránsito de la hidrovía. El curso de agua se ensancha río abajo y se profundiza a más de 12 metros cuando llega al estuario del Río de la Plata.

Narcos invierten en barrios para consolidar poder

Luis Alberto «Betito» Suárez empezó como un niño rapiñero, formó superbandas de asaltantes a fines de la década de 1990 y la puerta de la cárcel la hizo giratoria. Según El Observador, sigue siendo el zar del oeste de Montevideo,  que construyó junto con su familia un clan contra el que, hasta ahora, todos-policía y quienes se atreven a disputarle el control- han perdido. Él y su medio hermano Ricardito son los responsables de unas 42 bocas de drogas en el Cerro y todos los barrios aledaños.

Y fueron los nombres más potentes que manejó el ministro del Interior, Luis Heber, durante la media hora que habló a los legisladores sin cámaras ni registros durante su comparecencia en régimen de comisión general. Heber habló de seis grupos mayoritarios que se llevan la mayor parte del mercado en la capital aunque, si se cuentan las bandas más chicas el número sube a 45.

El poder de la banda  se mide en bocas de drogas, en sicarios –años atrás se contabilizaban más de 50 personas que habían matado para él por encargo– y en plata: el ministro del Interior anda ahora en un auto Audi Q5 con más de 140 mil kilómetros que le fue incautado al Betito, señala el diario monteviano.

Hay vecinos de Montevideo que “llegan a fin de mes” gracias a la paga de los narcos. Hay clubes de baby fútbol en Casavalle que practican con pelotas donadas por los narcos. Hay centros educativos que reciben útiles adquiridos por los narcos. Hay jóvenes de la capital que se ganan unos pesos haciendo “de campana” para los narcos. Hay narcos que compran el silencio.

Así lo comprueba la investigación “En las grietas del Estado: gobernanza criminal en Montevideo”, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República (Udelar). Porque el ejercicio del poder -en especial en los barrios ubicados al centro y en la periferia de la ciudad- va más allá de la violencia explícita, de los asesinatos o los mensajes subliminales detrás de los descuartizados que ocupan titulares de informativos.

“Cuando una banda controla el territorio no usa el método violento, el que suele emplearse con más frecuencia cuando está en competencia, sino que despliega medidas más ‘benevolentes’ asociadas al poder y la compra del silencio: ofrecen viviendas a los vecinos, les ayudan a pagar la luz, donan camisetas o pelotas, comida y emplean a los varones jóvenes en el mercado de las drogas -como repartidores, para vigilar una zona o para conseguir un dato-”, explica Verónica Pérez Bentancur,

Bentancur, doctora en Ciencia Política y una de las responsables de la investigación, señala que esas prácticas -que parecen salidas de El Padrino o del modus operandi del colombiano Pablo Escobar-  están extendidas desde hace años.

“Si bien en Uruguay las bandas criminales tienen escasos niveles de organización”, ni se ven a encapuchados armados hasta los dientes que circulan en 4×4 impidiendo el ingreso del Estado como en México, y  no hay matanzas a políticos, periodistas y fiscales como en Centroamérica, “manejan determinado dinero que les permite nuclear colaboradores y en el territorio de influencia” que en la capital uruguaya comprende al menos 24 barrios.

Según datos de la Policía, al menos 49 bandas criminales están activas en Montevideo y el área metropolitana. Cada uno de estos grupos maneja un mínimo de tres bocas de venta de drogas. Y algunos de ellos -por lo general clanes familiares- tienen funcionando unas 25 bocas.

El estudio de la Universidad de la República, que maneja una metodología de investigación diferente a la del Ministerio del Interior, revela que “el fenómeno de la gobernanza criminal es relevante en Montevideo” y que una cifra significativa de los pobladores (a veces superior al 20%) ha visto a bandas hacer donaciones, ofrecer trabajo, desalojar vecinos o amenazarlos.

El Observador señala que los métodos violentos suelen darse cuando un territorio económico entra en disputa, o cuando hay una escisión forzada de una banda, o cuando existe una traición o la faltante de dinero o armas. La violencia es eso a lo que acuden las bandas para mantener el mercado funcionando, ante la imposibilidad -por ser ilegal- de recurrir a la Justicia o métodos de negociación regulados.

En definitiva se trata de un negocio. La boca de drogas es solo la punta del iceberg donde se distribuye la oferta. Las bandas tienen que pagar por seguridad, abonar a quien guarda la droga, al que cuida la plata (en un lugar distinto a la droga), al que vela por las armas (en un sitio diferente a los dos anteriores), y al que hace inteligencia.

Según la politóloga Pérez Bentancur, “el microtráfico de drogas acaba siendo el negocio de delincuentes que se reciclan de otro delito (rapiñeros, robo de celulares, contrabando…)”. Y el dinero en juego no es poco.

Al norte de la selva peruana, el kilo de pasta base (con residuos de la cocaína) cuesta entre 800 y mil dólares. Más al sur empieza a encarecerse. En Uruguay las bandas criminales las suelen comprar a unos 4.500 dólares, pero de la venta del kilo obtienen unos 19 mil dólares por kilo (de un kilo se obtienen 10 mil dosis).

La irrupción de la pasta base en los 2000 y la crisis económica de 2002 cambió el mercado. La pasta base empezó a venderse en bocas fijas que requerían una seguridad, una vigilancia, un arreglo con el barrio, que no circulara la información.

“Empezamos a ver que se hacían más frecuente colaboraciones con los clubes de fútbol, con los talleres educativos de los barrios y con los vecinos, al punto que el microtráfico adquirió un volumen que empezó a ser percibido por la población como inseguridad y que terminó afectando, directa o indirectamente, a complejos habitacionales enteros”, recordó Mario Layera, el último director nacional de Policía bajo la administración del centroizquierdista Frente Amplio.

La investigación de la Universidad de la República concluye que “el despliegue de políticas sociales es clave para evitar el afianzamiento de los grupos criminales a nivel local”. Por su parte, “la alta presencia del Estado no previene el surgimiento de organizaciones criminales, pero sí las contiene y evita que se expandan”.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)