Con algunos cambios, el gobierno libertario de Javier Milei busca profundizar un modelo primario apoyado fuertemente en minería, petróleo y agro. El país afronta vencimientos de deuda externa por casi el 50% de las reservas brutas, mientras el gobierno se olvida de los trabajadores, que se preguntan qué va a pasar con salarios y jubilaciones. El mapa de la economía de Milei en 2026 muestra a muchos que pierden y muy pocos que ganan.
El peligro es pasar de un año para el olvido a otro que será difícil pasar por alto, ya que el gobierno se enfoca en un paquete de reformas que hacen temblar a los analistas. “Me exigen un plan y un proyecto de país, pero yo no voy a elegir ganadores y perdedores, eso lo hace el mercado”, aseguró Javier Milei. Más allá de lo que afirme el Presidente, resulta sencillo distinguir entre ganadores y perdedores de su política económica.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, exaltó a los argentinos que vacacionan en el exterior: «Son los héroes de la producción». Aseguró que la salida de dólares por viajes «le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios».
La foto del comercio exterior en 2025 mostró fuertes cambios ante una política deliberada de apertura rápida, tras años de cepo y distorsiones. Pero cuando se trata de importaciones el impacto en la actividad productiva tiene varias aristas. Al comparar con la región, el porcentaje es menor al de otros países, pero puertas adentro de las fábricas hay una mutación en el ADN industrial: el crecimiento exponencial de los bienes de consumo y vehículos terminados empezó a desplazar a la producción local, apalancado por un atraso cambiario que funciona, en la práctica, como un subsidio a las compras al exterior, señala Perfil.
El anuncio oficial de que será cerrada la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -donde se verificaron coimas y sobornos por parte de altos funcionarios, entre ellos la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, y que sus funciones pasarán a ser ejercidas por el Ministerio de Salud vuelve a exhibir ciertos hábitos del Gobierno en la administración del Estado. En nombre de la motosierra del ajuste estatal y del equilibrio en las cuentas fiscales, el mileísmo ha preferido recortar sin sintonía fina en áreas nacionales sensibles.
En Argentina se registraron 629 conflictos y cierres de empresas entre 2024 y 2025, según un relevamiento federal realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA),donde se exponen despidos, suspensiones, cierres, quiebras y crisis productivas en distintas provincias del país, con impacto directo en sectores industriales, comerciales y de servicios, y con trabajadores afectados en todo el territorio nacional, con situaciones que van desde la reducción de personal hasta el cierre definitivo de establecimientos, configurando un cuadro de tensión sostenida en el mercado de trabajo.
El acuerdo Argentina-FMI anticipa que, además de la devaluación, se imponen recortes en jubilaciones, flexibilidad laboral, menos recursos a provincias, y recorte en subsidios. Y quedan expuestas las limitaciones de un programa de ajuste y pobreza, la incertidumbre sobre de dónde van a salir los dólares del repago de la deuda y la amenaza de otra fuga masiva de capitales.
La falta de dólares, la desconfianza del capital concentrado y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) convirtieron al pago de deuda pautado para el 9 enero en una fuente de problemas para el oficialismo. Con las reservas en rojo, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, priorizan a los acreedores y profundizan un ajuste que golpea a las mayorías trabajadoras. Un dato para tener en cuenta: desde que asumió Milei se perdieron 242.000 puestos de trabajo formales.
Es que el próximo 9 de enero vence un pago de deuda externa por 
4.200 millones de dólares, un monto elevado que vuelve a poner en primer plano las fragilidades estructurales y las contradicciones del programa económico del dúo Milei-Caputo, que se enfrentan a un escenario complejo, dada la escasez de dólares, la desconfianza del capital concentrado y las exigencias del FMI que hicieron que la incertidumbre para las siguientes semanas se agudice.
El Tesoro contaba sólo con alrededor de 1.800 millones de dólares para hacer frente al pago y la ausencia de certezas sobre cómo lo realizará impulsó a los especuladores a aumentar la demanda de dólares el lunes último. Para contener el precio de la divisa el ministerio de Economía volvió a intervenir en el mercado quemando una parte de los dólares que tenía reservados, mientras las tasas de interés de muy corto plazo mostraron fuertes saltos, reflejando un clima de nerviosismo y de apuesta por una suba de la cotización oficial del dólar.
El FMI no dio ninguna señal de emitir pronto el waiver (perdón) necesario para aprobar la última revisión de metas y así liberar el próximo desembolso que no llegaría antes de marzo. Por el contrario, publicó un documento en el que estiman que el Estado tomará nueva deuda para pagar los vencimientos del 2026. Estados Unidos, por su parte, no habilita, por ahora, que parte del swap otorgado por Scott Bessent, secretario del tesoro estadounidense, se use para el pago de deuda.
La presión converge para que el gobierno de Milei y Caputo aumente el peso de la deuda externa, ya sea vía préstamos con bancos norteamericanos y/o emitiendo bonos, sometiendo al país a más tasas usurarias e impagables. Y las opciones del “mejor ministro de Economía de todos los tiempos” (Milei dixit) parecen ser pocas.
Con acceso restringido a los mercados internacionales (la última emisión de bonos apenas logró 910 millones de dólares a una tasa del 9,47% anual, con dificultades para firmar un nuevo crédito REPO por la desconfianza de los bancos internacionales, y con las reservas netas del Banco Central en cifras negativas pocas veces vistas, el pago de enero aparece como una carrera difícil sin final claro.
Un modelo inviable
El problema de la deuda externa no es nuevo en Argentina y quizá en todo el antes llamado Tercer Mundo: es el mayor síntoma de las contradicciones irresueltas de la economía. En Argentina, desde la dictadura militar (1976-1983), la deuda fue utilizada para fugar capitales, enriquecer a los grandes empresarios y financiar el saqueo del país. Todos los gobiernos constitucionales desde entonces, lejos de investigar y rechazar el origen ilícito y fraudulento de la deuda, la convalidaron, ampliaron y pagaron religiosamente, hipotecando el futuro de generaciones enteras.
Milei y Caputo vienen repitiendo el mecanismo de tomar nueva deuda a tasas impagables para pagar vencimientos
anteriores, profundizando el círculo vicioso que termina llevando al precipicio de un estallido financiero. En su caso agravan la situación al aplicar un ajuste acelerado del presupuesto público para pagar la deuda a corto plazo, pero acumulando mayores problemas para el futuro y deteriorando las condiciones de vida del pueblo trabajador.
El ajuste fiscal que acompaña cada pago de deuda es brutal, porque significa menos recursos para salud, educación, salarios y jubilaciones, mientras los especuladores y el FMI se quedan con lo producido por los trabajadores. El gobierno presenta esta política como una muestra de “responsabilidad” y “seriedad”, pero en realidad no hace más que profundizar la dependencia y el atraso.
El FMI reclama más ajuste, deuda superior a la capacidad de pago y el riesgo de una mayor fuga de capitales. Prepara el camino para una dependencia total del capital financiero internacional. Y la realidad es que a pesar de la intervención de Donald Trump y Bessent, el dólar subió más que la inflación en 2025.
Los medios locales a veces recuerdan que la deuda externa argentina es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Nació durante la dictadura, a fuerza de negociados, estatización de deudas privadas y fuga de capitales, y fue convalidada por todos los gobiernos posteriores. Es un mecanismo de saqueo y sometimiento al servicio de los grandes bancos y grupos económicos, locales y extranjeros, que se enriquecen a costa de las mayorías populares.
Para la izquierda, en este contexto, la única salida realista y en defensa de los intereses populares es el desconocimiento soberano de la deuda externa. No se trata de una consigna vacía, sino de una necesidad elemental para terminar con el saqueo y la dependencia, ya que no se vislumbra futuro posible mientras se mantenga este mecanismo de usura y sumisión. El país necesita romper con el FMI y los especuladores internacionales, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, y destinar todos los recursos del Estado a la producción, el trabajo y el bienestar de las mayorías.
Más ajuste en el 2026
El 2026 inicia con varios cambios en el programa económico. Entre ellos se destaca el nuevo esquema cambiario de las bandas de flotación, el pago de vencimientos por más de 4.000 millones de dólares (le faltan 4.255 millones de dólares del primer pago pautado para el 9 de enero próximo) y el cambio en el sistema de subsidios energético.
El año también empieza con un nuevo recorte a los subsidios energéticos, con lo cual se estima que unos siete millones de familias verán cambios sustanciales en la tarifas de luz y gas Javier Milei pide «ajustarse los cinturones», pero los argentinos siguen golpeados en el consumo. Los últimos datos de la Cámara Argentina de Comercio mostraron un retroceso del tres por ciento interanual en noviembre, y de 1,3% intermensual. Por el lado de la actividad económica, los indicadores siguen mostrando fuertes disparidades en función de los sectores.
Para este 2026, la discusión ya no gira en torno a si la economía argentina crecerá en 2026: las proyecciones más conservadoras ubican la expansión entre 2,5% y 3%, mientras que los escenarios optimistas hablan de un rebote cercano al 5%, apalancado en la estabilización macro y la baja de la inflación.
* Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.