Muertes civiles en Afganistán: La delgada línea entre el error y el terror
Sebastián Pellegrino*
Según un informe de la organización Human Rigth Watch (HRW), el número de bajas civiles por ataques de la Alianza Atlántica se triplicó entre 2006 y 2007. Nuevas pruebas del bombardeo del 22 de agosto.
La gravedad de las estadísticas sociales y sanitarias en Afganistán ha llegado a límites únicos en el mundo, y obligan a reflexionar sobre la responsabilidad que cabe asignar al principal actor internacional que interviene en ese país bajo la consigna de la “Guerra global contra el terrorismo”, concretamente la Administración Bush.
Para graficar aquella afirmación basta considerar algunos datos de UNICEF que reflejan la situación de las víctimas indirectas de la crisis en el país de Medio Oriente: el 25 por ciento de los niños mueren antes de cumplir cinco años y todos los días mueren 50 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo. La gran mayoría de la población no tiene acceso al agua potable, ni a los servicios de saneamiento; dos millones de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria se encuentran desescolarizados; las minas terrestres y las municiones sin estallar atentan gravemente contra la seguridad de los niños.
Si a estas cifras se agrega las víctimas directas de la intervención militar liderada por Estados unidos y la OTAN en el país asiático (se cuentan por millones los desplazados internos y por miles las muertes de civiles desde el inicio de las acciones bélicas en 2001), se hace imprescindible recurrir a la claridad que permite la pregunta retórica:
¿Quién fija los límites a la lucha “contra el terrorismo”?, ¿Qué organismo del mundo se encarga de conceptualizar e identificar el terrorismo?, ¿Cómo se sancionan los “errores” de quienes se hacen cargo de la “noble empresa de expandir la libertad” aun a costa de más terror sobre los destinatarios afganos? Más terror, sea intencionado o involuntario.
En un informe publicado por Human Rigth Watch (HRW) el pasado 8 de octubre, denominado “Tropas en contacto”: Ataques aéreos y muertes de civiles en Afganistán, la organización estima que entre 2006 y 2007 las cifras de civiles muertos casi se han triplicado, y en los primeros meses de 2008 “al menos 119 civiles resultaron muertos por los ataques aéreos de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.
Asimismo el documento sostiene que “El excesivo uso de ataques aéreos se ha convertido en la doctrina dominante de la guerra de Estados Unidos en Afganistán”.
La cifra de HRW relativa a 2008 no recoge las víctimas del bombardeo del 22 de agosto, producido cerca del pueblo de Azizabad, distrito de Shindand, que dejó un total de 90 víctimas fatales (60 niños, 15 mujeres y 15 hombres según el informe de la Organización de Naciones Unidas -ONU-) y ha llevado incluso al gobierno afgano a pedir que se revisen las reglas que autorizan a la coalición internacional a combatir en el país.
Tal episodio volvió a la consideración mundial en los últimos días, tras el pedido del jefe militar de la OTAN en Afganistán, general David McKiernan, de reabrir la investigación a raíz de nuevas pruebas que contradicen la versión de la Casa Blanca (que sostiene que en aquél ataque murieron 5 personas) y ratifican la conclusión de la ONU y de líderes afganos.
En este sentido, un video de alrededor de ocho minutos, realizado por un médico con su teléfono móvil en el lugar del ataque aéreo, fue obtenido por el diario británico The Times y se convirtió en una evidencia clave para el esclarecimiento de lo que Estados Unidos intentaba negar.
En las imágenes aparecen filas de cuerpos, alrededor de 30, algunos con heridas graves y otros sin vida, entre los cuales hay niños, incluso bebes.
A pesar de no ser una prueba que confirme la cantidad de víctimas fatales, está claro que el bombardeo de agosto no se trató de una respuesta militar sobre algún comando talibán, como pretendían desde un comienzo las autoridades de la Casa Blanca y de las fuerzas que actúan en Afganistán (Ver: “El mundo post Beijing”. APM. 29/08/08).
Cabe mencionar que la gran mayoría de los fallecidos pertenecían a una misma familia que había acudido al distrito de Shindad con motivo de un entierro. La teoría de los militares de la operación se apoyó, desde un principio, en una “respuesta a disparos provenientes de las viviendas” donde se alojaban las víctimas. Con el video difundido en los últimos días quedó claro que esta coartada es tan poco veraz como las cifras e identidad de las víctimas que se planteó desde Washington.
Un intento de explicación de tal grave irresponsabilidad (que constituye una nueva violación de las normas generales del Derecho Internacional Público por parte de la Coalición Internacional), provino del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas españolas. La nueva hipótesis plantea un “error cometido por el espionaje” estadounidense.
Según el organismo español, los agentes estadounidenses habrían recibido información falsa, proveniente de una familia rival enfrentada con la de las víctimas, sobre un supuesto plan de conspiración Talibán, dato que sin embargo los militares de la Alianza Atlántica habrían tomado como cierto sin ninguna diligencia.
Dos cuestiones requieren atención: ¿Por qué esta nueva versión del bombardeo proviene semanas más tarde de la inteligencia española y no de los mismos protagonistas?, y ¿qué elemento nuevo aporta a favor de la operación militar sobre civiles, más que asegurar que se trató de un error evitable e implícitamente negar que se haya tratado de una respuesta a “algo” (un rumor)?
El pasado 9 de septiembre los familiares de los afganos muertos propusieron desenterrar a los fallecidos para demostrar a las autoridades de la Casa Blanca que hubo un gran número de víctimas civiles.
Gul Ahmad Jan, jefe de un pueblo afgano declaró: “Ustedes eligen la tumba, yo la cavaré y les mostraré. Juro delante de Dios que no hay talibanes entre los muertos; se trata de civiles inocentes, 75 de ellos de mi familia”.
Nuevos episodios de ataques sobre civiles ocurrieron desde fines de agosto, bajo la táctica del bombardeo aéreo. El miércoles 3 de septiembre, en el noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, fuerzas encabezadas por Estados Unidos bombardearon la región de Waziristán del Sur, parte de un cinturón tribal donde se sospecha que se esconden el líder de la organización Al Qaeda Osama Bin Laden y un cercano suyo, Ayman al-Zawari.
El gobernador de la provincia, Owais Ahmed Ghani, dijo que tres helicópteros artillados de la Coalición y comando armados realizaron ataques “indignantes” en un poblado, dejando un saldo de al menos 15 civiles muertos, entre ellos mujeres y niños. Ni Estados Unidos ni la OTAN dieron explicaciones.
Cinco días más tarde, un nuevo ataque con misiles realizado por aviones estadounidenses en una localidad de las zonas tribales de Pakistán, sospechadas de ser refugios de insurgentes afganos, produjo la muerte de 18 personas, de las cuales 7 eran civiles, según señaló un representante del Servicio de Inteligencia Paquistaní.
Importa destacar, que a pesar de las cercanas relaciones del Gobierno afgano con la Casa Blanca en torno a la lucha contra la insurgencia, los roces entre ambas administraciones han aumentado en las últimas semanas debido al alarmante índice de muertes ajenas a los combates.
En efecto, en los últimos días el Gobierno de Kabul pidió una revisión del estatus y de las normas de acción de las fuerzas de la Coalición Internacional desplegada en el país, para evitar operaciones como las reseñadas hasta aquí.
Retomando las consideraciones del informe de HRW, el aumento de víctimas civiles en los últimos meses, según la organización, se debe a “ataques aéreos (de Estados Unidos y la OTAN) no planificados, sobre todo para apoyar a tropas en contacto, o por ataques de respuesta rápida en persecución de fuerzas insurgentes que se retiran a aldeas pobladas (…) sin valoración de los daños colaterales y por aplicación incoherente de sus reglas de combate”.
El documento también señala la utilización de aldeas y hasta de los propios civiles, por parte de fuerzas insurgentes, como “escudos humanos”.
En medio de la polémica desatada por las imágenes de las víctimas del bombardeo, el martes 9 de septiembre el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció el envío de unos 4.500 hombres a Afganistán, lo que se concretará antes de enero de 2009. La decisión fue hecha pública durante su discurso en la National Defense University, institución de enseñanza militar.
“En noviembre, un batallón de Marines (de 4.500 hombres) que debía desplegarse en Irak lo hará en Afganistán. Será acompañado en enero por una brigada de combate del Ejército” señaló Bush, adelantando una reducción de efectivos estadounidenses en Irak para los próximos meses en vista de lo que calificó de “inimaginables progresos” (a secas) que hacen posible el regreso de tropas sin necesidad de ser reemplazadas.
Cabe decir que este anuncio, que implica un “legado” en Irak para el próximo candidato que acceda a la presidencia de Estados Unidos, pasará a formar parte de la contienda final por el sillón de la Casa Blanca.
En efecto, el candidato demócrata, Barak Obama, basó su campaña en el retiro progresivo y eventual cese de la intervención militar de Irak, ocupación que se ha tornado demasiado impopular en la ciudadanía estadounidense.
Respecto a las declaraciones del Presidente, Obama señaló que “Bush anunció hoy una muy modesta retirada de las tropas de Irak. Mientras tanto, seguiremos teniendo unos 140.000 hombres en Irak mientras nuestras fuerzas militares están saturadas”. Sobre el aumento de tropas en Afganistán, el criterio del demócrata es muy cercano al del actual Presidente.
Por su parte, el pujante candidato republicano John McCain ha dado claras señales de continuidad en cuanto a la intervención en Irak, más allá del tibio anuncio del retiro de tropas por parte de su correligionario George W. Bush.
En vista de los últimos acontecimientos, el crítico escenario afgano lejos de estabilizarse parece conducir a un callejón sin salida. Aumento de actividad conspirativa de los insurgentes, ataques de gran escala por parte de la Coalición Internacional, muerte de civiles, aumento de tropas extranjeras y un círculo violento que no para de crecer y retroalimentarse, ante la impotente mirada de los organismos mundiales que velan por la seguridad de los habitantes.
Aun se busca a un tal Bin Laden, líder de la “mayor organización terrorista” y a su vez sospechado de ser parte de grandes negocios en el país que intenta acorralarlo.
Todavía el mundo recibe las disculpas pertinentes por los “errores militares” que se producen permanentemente en Afganistán, y que intencional o involuntariamente siembran el terror en la población civil.
Tal la realidad cotidiana del país asiático más golpeado por la pobreza extrema, las enfermedades incurables (sólo por falta de insumos médicos) y la violencia. Tal la delgada línea entre el error y el terror.
*Publicado en APM