Negocios legales e ilegales de la Europa fortaleza
El estruendo del discurso del miedo impide abordar el debate sobre la migración ordenada y regular.
Hay una percepción generalizada e interesada de que la migración se puede frenar. Pero cada euro que se invierte en dificultar un movimiento inevitable provoca consecuencias indeseables. La Europa Fortaleza no solo es un negocio colosal para las empresas, instituciones e ideólogos que conforman la industria del control migratorio, sino que sustenta a los grupos criminales que trafican con migrantes, cuyo negocio se incrementa a la misma velocidad que crece la inversión en el blindaje fronterizo.
Son dos caras de una misma realidad que se retroalimentan. Un sistema que atrapa a las sociedades de origen, destino y tránsito migratorio en una espiral reactiva en la que algunos ganan mucho y la mayoría perdemos.
Desde la franja del Sahel o la muralla del Sáhara, la frontera sur se despliega en sucesivos peajes o prefronteras, en cuyo tránsito el 90% de los migrantes utilizan los servicios de facilitación en alguna etapa de su ruta hacia Europa. En el contexto de la Covid-19 y tras meses sin apenas movilidad, las redes criminales de tráfico de migrantes, ávidas por recuperar el tiempo perdido, ofrecen travesías mortíferas reactivando rutas postergadas como Canarias o Portugal.
Cinco años después de la crisis de acogida de 2015, el negocio de fortificar y sortear fronteras es una industria consolidada. Según Naciones Unidas, en 2016 más de 2,5 millones de migrantes fueron traficados con unas ganancias para las mafias de 5.000 millones de euros, lo que la UE gastó en ayuda humanitaria ese año en todo el mundo.
El endurecimiento de las leyes y políticas de control fronterizo no solo supone más ganancias para los traficantes, sino que desencadena su proliferación. Los movimientos secundarios de inmigrantes, demandantes de asilo y apátridas que se desplazan irregularmente intramuros de Schengen son también un negocio redondo para los traficantes, que entran en contacto con ellos a través de sus diásporas, en los centros de detención o a través de las redes sociales.
Aunque los lazos étnicos y lingüísticos entre traficantes y migrantes son evidentes, esta coincidencia desaparece conforme se asciende en la cadena criminal. De 65.000 traficantes identificados en 2018, el 63% eran europeos. Tan sólo en 2017 y 2018, los traficantes se habrían embolsado 299 millones de euros explotando el Mediterráneo central y occidental.
Estas redes tienen una organización muy compleja que dificulta su persecución. Las transacciones en metálico o mediante sistemas informales de pago (hawala) basados en la confianza, dificultan las investigaciones judiciales y el rastreo de unas cantidades que no llegan a circular.
Según Europol, es un mercado criminal grande, rentable y sofisticado, comparable a los mercados europeos de drogas. Pero no todos los facilitadores son grandes grupos criminales organizados. Según Gabriella Sánchez, investigadora del European University Institute, existe una percepción dominante de la facilitación como una actividad exclusivamente explotadora, inherentemente criminal, violenta, masculina y no europea.
Esta percepción oculta una realidad mucho más compleja en la que esas interacciones con los migrantes en los corredores migratorios se convierten en modos de vida y sustento, sin apenas conexión con los grandes grupos criminales. La asimilación interesada de estas redes locales a las de las mafias del tráfico, serviría para justificar las políticas de blindaje fronterizo y criminalización de las migraciones.
Entre los ingentes recursos destinados a externalizar el control fronterizo, llama la atención el apoyo al régimen libio, donde el abuso sistemático de personas migrantes y solicitantes de asilo para disuadirles de su intención de llegar a Europa es financiado por la UE.
El lobo cuida de las ovejas e interactúa con grupos criminales que reclutan, violan, extorsionan y atropellan los derechos de futuras víctimas de trata. Cuando los fondos europeos alimentan los intereses locales y tribales de un país devastado, el resultado es la normalización de la barbarie bajo el sagrado mantra de la seguridad.
Un reciente informe de Naciones Unidas denuncia la comercialización y tecnificación de la gestión migratoria, causante del distanciamiento y deshumanización de las personas migrantes. La industrialización del control migratorio influye no solo en las rutas y en un mayor sufrimiento, sino que aboca a los migrantes a recurrir a los traficantes, aumentando el riesgo de caer en redes de trata.
Como señala Causa en su informe sobre la Industria del Control Migratorio 2020, se trata de un negocio legal que promociona otro criminal. Una simbiosis perfecta que se enriquece gracias a unas políticas en claro desajuste con la realidad y las necesidades de los ciudadanos.
El cuento de ruido y furia en que se ha convertido la narrativa de las migraciones tiene una alternativa: concentrar el esfuerzo político y financiero en materia de fronteras en las verdaderas amenazas para la sociedad como el terrorismo, la trata de seres humanos o el tráfico de armas y drogas. El estruendo del discurso del miedo y la antimigración impide abordar de una vez el verdadero y necesario debate acerca de una mejor gestión de la migración: el de la migración legal, ordenada y regular.
*Investigadora sénior en la Fundación por Causa. Publicado en El País de España