Neoliberalismo o progresismo, una cuestión de Estado
Al analizar los contenidos del neoliberalismo hacemos énfasis en que es mucho más que una política económica: es una estrategia global del sistema capitalista en su etapa actual de desarrollo. Global por su composición, ya que es un todo que abarca elementos económicos, sociales, políticos, ideológicos, culturales y militares. Y global también dada su aplicación sistemática en todo el mundo capitalista.
Su partida de nacimiento
Muchos consideran erróneamente que los pioneros en aplicar esta estrategia fueron Margareth Thatcher y Ronald Reagan, que gobernaron desde 1979 a 1990 y de 1981 a 1989 respectivamente. Si bien lo fueron en sus países y en su posterior propagación urbi et orbi, lo hicieron luego de que el “modelo” se ensayara en un “laboratorio de prueba” primero en Chile –que transitaba por “la vía chilena al socialismo” en el gobierno de Salvador Allende- y luego en Uruguay y Argentina.
Para llevar a cabo el “trabajo de campo” en óptimas condiciones se propiciaron los golpes de estado para instaurar dictaduras cívico-militares de corte fascista. La acción sistemática del terrorismo de estado, tuvo el claro objetivo de descabezar y desarticular tanto el movimiento sindical y otras organizaciones sociales, como el sistema de partidos políticos para barrer toda resistencia a la aplicación de la estrategia neoliberal.
Nuestros pueblos fueron las cobayas del nefasto experimento con su altísimo costo de miles y miles de seres humanos presos, torturados, asesinados, desaparecidos, exiliados y perseguidos dentro de fronteras.
Sus señas de indentidad
Recoge el viejo dogma liberal en cuanto reafirma que la mano invisible del mercado regulará la economía mediante un círculo virtuoso entre la oferta y la demanda. En materia de comercio internacional es aperturista y partidario de los TLC firmados en forma bilateral, “libremente” sin tener en cuenta los posibles tamaños desiguales entre los países firmantes.
Consecuentemente, más allá de algún discurso formal sobre la integración, no incentiva la conformación de bloques económicos regionales que negocien en forma conjunta o puedan limitar las importanciones mediante la aplicación de aranceles comunes.
Favorece con incentivos económicos a los sectores dominantes de la economía (en el caso de Uruguay el agronegocio exportador) planteando que su consolidación y crecimiento reactivarán la economía del país; y en un posterior “efecto derrame”, la riqueza se expandirá a todos los sectores de la sociedad.
En las décadas en que se viene aplicando el neoliberalismo, el tan proclamado efecto derrame nunca sucedió y sí se aceleró el proceso de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos y por consiguiente y en forma simultánea, la creciente exclusión social de la gran mayoría de la población.
En el aspecto político, en muchos casos asistimos al decaimiento y progresiva sustitución de los políticos (representantes de la clase dominante) por “outsiders” del mundo político, tales como empresarios, banqueros o tecnócratas. Este proceso fue evidente a fines de los años 60 del siglo pasado en Uruguay, bajo el gobierno autoritario de Pacheco Areco, antesala de la dictadura instaurada en 1973.
El papel del Estado
Este es un elemento sustancial que hace a la antítesis entre una concepción neoliberal y una de carácter progresista y que nos interesa remarcar y luego ejemplificar. En la estrategia neoliberal, el Estado debe reducirse a sus mínimas funciones. Siguiendo la tradición liberal, el mismo debería limitarse a ser “juez y gendarme” es decir, administrador de justicia y vigilante de los derechos y libertades individuales.
Desde una visión progresista, por el contrario el Estado –en aras de la disminución de la desigualdad social mediante el crecimiento con distribución- debe ser un activo dinamizador de la economía, con fuertes empresas estatales en sectores claves tales como las comunicaciones, combustibles, agua corriente o energía eléctrica.
Asimismo debe invertir fuertemente en áreas como la educación o salud en todos sus niveles y en políticas públicas activas que operen tanto sobre la distribución primaria de los ingresos -es decir los salarios respecto al capital- fomentando la negociación colectiva (tripartita) de los mismos y de las condiciones de trabajo en general, y la secundaria compuesta por el gasto público y la política impositiva.
Uruguay y Bolivia: paradigmas de esta antítesis
En Uruguay, el Frente Amplio gobernó durante tres períodos consecutivos desde el 1/3/2005 al 1/3/2020. Apostó al crecimiento con mejor distribución. Entre los años 2005 y 2017 el salario real de los trabajadores creció un 55%. Desde el año 2020 gobierna una coalición de partidos de derecha liderada por el Partido Nacional, que aplica a rajatabla la doctrina neoliberal.
En sólo dos años de gobierno, cayó el poder adquisitivo de los salarios. El índice de precios al consumo (IPC) subió en los últimos 12 meses a marzo un 9,38%; mientras el salario en el mismo período creció un 6,96%. La pérdida salarial desde que asumió este gobierno, hace dos años, es del 4,4%.
Contradiciendo el anuncio gubernamental de que en este año comenzaría la recuperación salarial, el estudio sobre salarios correspondiente al primer trimestre del 2022 del Instituto Cuesta Duarte de la central única de los trabajadores PIT-CNT nos dice que “Podemos afirmar que el proceso de recuperación de salario real, que el gobierno aseguraba que comenzaría este año 2022, se ve fuertemente amenazado por la aceleración inflacionaria reciente”.
Añade el estudio que “Esto es aún más problemático si tomamos en cuenta que cuando se habla de 
recuperación se hace referencia al retorno de los niveles salariales al nivel anterior en términos reales, pero que en términos estrictos el salario perdido no se recupera. Por lo que, cuanto más se postergue el inicio de la “recuperación salarial”, los trabajadores perderán más salario y habrán visto deterioradas sus condiciones de vida por más tiempo”.
Si nos focalizamos en lo sucedido entre enero y marzo de 2022 se puede apreciar que el IMS tuvo una leve aceleración, pero, dado que en igual período, la inflación medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un incremento aún más rápido, el poder de compra del salario medio aceleró su proceso de deterioro.
Los datos indican que por tercer año consecutivo tendremos un nivel de salario real medio inferior al de 2019 y aun considerando las medidas que tendrán efecto a partir del segundo semestre, este año el salario real medio no tendrá un crecimiento económicamente relevante, quedando el inicio del proceso de “recuperación” postergado hasta 2023, deja en claro el informe de la Costa Duarte.
Los índices de medición de la pobreza también aumentaron. Comparemos los índices de los años 2019 y 2021, dejando afuera el 2020 afectado por la pandemia: Personas en situación de pobreza (% de la población total): 2019 = 8,8% 2021=10,6%. Hogares en situación de pobreza 5,9% y 7,5% respectivamente. En definitiva, 66.000 uruguayos más cayeron bajo la línea de pobreza en el período.
En Bolivia tenemos la otra cara de la moneda. El proceso de cambios iniciado por el gobierno de Evo 
Morales en 2006 (interrumpido por el golpe de estado de noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020) y actualmente conducido por el gobierno de Luis Arce, ha reivindicado la soberanía del país, su condición de estado plurinacional, y le ha dado un sustancial protagonismo al estado y al pueblo organizado.
Hoy Bolivia presenta los mejores indicadores económicos del continente. La nacionalización de los hidrocarburos fue clave en la obtención de los genuinos recursos económicos, saqueados desde siempre por las empresas trasnacionales.
Este resurgimiento económico no hubiera sido posible sin la creación e inversión realizada en las empresas estatales, las cuales concentran hoy aproximadamente el 34% del presupuesto público. El ministro de economía Marcelo Montenegro informó que las utilidades de las empresas públicas fueron positivas desde 2006 hasta 2021, a excepción del 2020.
Precisó que el año pasado las ganancias netas del conjunto de estas empresas alcanzaron los Bs 2.873 millones (más de 412 millones de dólares). En 2020, por el contrario, este sector registró pérdidas por Bs 757 millones (casi 109 millones de dólares), dado que el gobierno de facto de Jeanine Áñez buscó beneficiar al sector privado en desmedro de las empresas estatales.
A su vez, el incremento de la producción agropecuaria y de fertilizantes han contribuido a fortalecer la moneda y por ende la confianza de los agentes económicos en ella.
En el primer cuatrimestre del presente año, las ventas de la nueva planta de urea a Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay alcanzaron los 100 millones de dólares.
El fortalecimiento de su moneda, el boliviano, le permite tener un tipo de cambio fijo frente al dólar desde hace más de 10 años (1 USD = 6,96 bolivianos). En la coyuntura actual caracterizada por el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos en los mercados internacionales, una moneda fuerte resulta especialmente ventajosa para su importación.
Al presente, la inflación está absolutamente bajo control. Hoy es por lejos la más baja del continente con un guarismo interanual al mes de marzo del 0,77%, comparada con países como Brasil (11,3%), Chile (9,4%), Colombia (8,5%), México (7,4%) o Uruguay (9,4%). Ni que hablar de Argentina (55%) o Venezuela (284,4%).
Pero existen además otras medidas proactivas del gobierno que explican el control de la inflación y el aumento del poder adquisitivo de los salarios.
Mientras en la región el costo de los alimentos y la energía se dispararon en forma descontrolada, en Bolivia llegaron a bajar un 0,1% en el período de febrero a marzo.
Esto se explica por una adecuada política de subsidios y compras estatales. Mientras el precio de los combustibles aumentaron en todos los países, en Bolivia está subsidiado y de esta forma YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) que tiene el monopolio de su distribución, mantiene su precio incambiado; lo que incide directamente en el mantenimiento de los costos de producción en el sector agropecuario.
El país también cuenta con mecanismos que ayudan a contener la inflación en el rubro alimentario, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), una compañía estatal que brinda apoyo financiero a los productores agropecuarios, y el Fondo Rotatorio de Seguridad Alimentaria, que importa alimentos con cargo a las cuentas públicas y los distribuye en el mercado para mantener los precios.
En una de sus últimas acciones, el Fondo inyectó 10.000 toneladas de harina de trigo en el mercado para evitar una subida del precio del pan. Otro instrumento implantado por el gobierno para prevenir el alza de los precios son los certificados de exportación que se exigen a todos los productos que se venden en el exterior.
Cuando su abastecimiento en Bolivia a un precio que las autoridades consideran justo no está garantizado, pueden negar el certificado para exportar, forzando así un aumento de la oferta en el mercado interno como forma de aliviar las presiones inflacionarias.
En síntesis, la alternativa entre progresismo y neoliberalismo pasará en gran parte por el carácter que adopte el estado y a qué intereses sirva. Será el escudo de los pobres o la espada de los poderosos.
*Ex miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Ex Embajador de Uruguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)