Noticias terrestres: Cinco escenarios de la semana que pasó
Leonardo Montero*
Acusan al gobierno de Uribe de sabotear a la justicia, Europa se endurece frente a la inmigración y más pruebas acerca de torturas por parte de la CIA, abarcan la agenda de los últimos días.
La información de cada semana muchas veces tiende a repetirse una y otra vez.Los mismos actores en acontecimientos similares, es la característica principal de esta nueva entrega semanal de APM.
Así parece reiterativo hablar del presidente de Colombia y su extraña susceptibilidad a las investigaciones sobre el paramilitarismo. O de la Unión Europea (UE) y su furia antiinmigración. Del mismo modo, ¿cuántas veces se han leído en una misma oración los vocablos: “Bush”, “CIA” y “tortura”? Tampoco es novedad que a algún hombre de la Junta Agraria argentina le despierte su nostalgia hacia el pasado dictatorial. Por supuesto, en las últimas semanas el tema recurrente y ocupa todos los espacios posibles es la crisis de los mercados financieros.
Cuando la justicia no conviene
“El Gobierno del presidente (de Colombia, Álvaro) Uribe continúa tomando acciones inéditas que podrían sabotear estas investigaciones”. Con esas palabras, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hacía referencia a las trabas impuestas en las causas contra los paramilitares colombianos.
De esta manera, Vivanco resumía parte de las conclusiones del informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia que la organización internacional realiza. En ese trabajo se denuncia que el gobierno colombiano se ha constituido en un obstáculo para el progreso de la justicia por sus frecuentes ataques a la Corte Suprema, encargada de investigar y juzgar a congresistas por nexos con los “paras”.
La justicia colombiana investiga a más de 60 congresistas (la mayoría de ellos aliados de Uribe) acusados de tener vínculos con los paramilitares. Por ello, Human Rights pidió a Uribe oponerse a “cualquier proyecto de ley que pueda permitir la reducción de penas o, directamente, la impunidad por colaborar con los paramilitares”.
Acerca de los inocultables lazos entre paramilitares y políticos, en uno de sus párrafos destacados, el informe de HRW indica que “hasta febrero de 2008, la Unidad Nacional de la Fiscalía para Justicia y Paz había brindado información a otros fiscales para iniciar investigaciones sobre el vicepresidente, un miembro del gabinete, once senadores, ocho congresistas, un ex congresista, cuatro gobernadores, veintisiete alcaldes, un concejal, un diputado, diez “líderes políticos”, diez funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, treinta y nueve miembros del Ejército, cincuenta y dos miembros de la Policía, cincuenta y seis civiles y dos miembros del Servicio de Inteligencia Colombiano”.
Como era de esperar, el Gobierno cuestionó el informe y aseguró que contiene informaciones que no son ciertas. En ese sentido, destacó las extradiciones en mayo de 2008 de 14 jefes paramilitares. (Ver: “¿Quieren silenciar el escándalo parapolítico?”. APM 17/05/2008) Para Human Rights, esas extradiciones se dieron en momentos en que los acusados comenzaban a confesar sus crímenes y sus relaciones con políticos, militares y empresarios. Por esa razón, la decisión de la administración Uribe, frustró las investigaciones y la posibilidad de un castigo.
Más trabas a la inmigración
La Unión Europea (UE) continúa su ofensiva antiinmigración. Es una constante la aplicación de políticas represivas, que no hacen más que alejar la solución real del problema. Lo fue la llamada “Directiva Retorno”, lo es ahora el “Pacto de Inmigración y Asilo”.
Durante la cumbre llevada a cabo en Bruselas, los 27 Estados miembros de la UE aprobaron de manera unánime el nuevo código, que pretende regular los flujos migratorios.Es decir, la nueva medida prevé reforzar los controles fronterizos y la expulsión de indocumentados.
De ahora en adelante, los países del bloque tendrán independencia para tratara el “problema”, podrán regularizar o expulsar a los inmigrantes según el caso. Según lo acordado, la UE establece que de preferencia, las expulsiones deberán hacerse “de común acuerdo con el afectado”, pero en caso de no ser así, la polémica Directiva Retorno faculta a las autoridades a hacerlo por la fuerza. Casi una broma.
Además, el Pacto estipula “repartir” entre los diferentes países a los solicitantes de asilo sobre “una base voluntaria y de forma coordinada”. Esta nueva medida fue ideada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, quienes sostienen una férrea postura de la necesidad de una “inmigración selectiva”.
Queda claro que la Unión Europea no sólo considera que las personas son legales o ilegales, sino también que las personas pueden ser repartidas como cualquier mercadería. Esto ya había quedado demostrado con la aprobación de la nefasta “Directiva Retorno”, que permite el arresto de inmigrantes sin papeles hasta por 18 meses y la prohibición de regresar al país receptor por cinco años. (Ver: “¿Se abrió la temporada para cazar inmigrantes?”. APM 27/06/2008)
La región frente a la crisis
La crisis de los mercados financieros es noticia en todos lados. Los derrumbes bursátiles, los planes de salvataje, las corridas bancarias, las disparadas del dólar, los especuladores de siempre, son parte de la carta informativa diaria en todo el planeta.
Mucho se ha dicho acerca de cómo repercutirá la crisis en Sudamérica y de cuáles deberían ser las alternativas que adopten los gobiernos para hacer frente a esa tormenta.
Hasta ahora, Brasil anunció que liberará el equivalente a 50.000 millones de dólares para garantizar la liquidez del mercado, con miras a recomponer el crédito bancario para el consumo y para las grandes empresas.
Por su parte, Chile lanzará un paquete de 1.550 millones de dólares para apoyar a las pequeñas empresas y para aumentar la liquidez de los bancos privados.
Argentina, por su lado, confirmó que prepara medidas para proteger la industria ante una posible oleada de productos extranjeros.
En principio, la idea es consensuarlas con socios del Mercado Común del Sur (Mercosur). La secretaría de Industria prepara controles para los productos provenientes de Brasil y China, mediante aumento de los valores de referencia y licencias de importación no automáticas.
Al parecer estas medidas, sumadas a una propuesta para aumentar el Arancel Externo Común, provocan diferencias entre los socios mayores del Mercosur.
El próximo 27 de octubre se llevará a cabo una reunión del Consejo del Mercado Común que integran los ministros de Economía y Relaciones Exteriores. En esa oportunidad, se espera la adopción de una postura común frente a la crisis, que sería definida por los Jefes de Estado del bloque durante la Cumbre Iberoamericana, que se realizará el 30 y 31 en El Salvador.
En la cita de El Salvador, también se verán las caras los líderes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), lo cual representa una propicia oportunidad para que las acciones a adoptar no se reduzcan al Mercosur y adopten un cariz más abarcador.
En palabras de Emir Sader, frente a la debacle internacional, “no hay otra actitud posible que no sea la de profundizar los procesos de integración para disminuir la fragilidad y los riesgos de la región ante la crisis”.
“Ahora se trata de dar nuevos pasos hacia adelante, para no ser víctimas pasivas de la crisis internacional”, reflexiona el analista en un artículo publicado por Carta Mayor. Para Sader, la construcción del Banco del Sur, con reservas propias, moneda única y Banco Central único, son las alternativas más viables para el desarrollo conjunto de la región. De nada serviría volver a confiar en la banca internacional o en los organismos multilaterales de crédito. América Latina, ahora más que nunca, debe confiar en sus propias recetas.
Torturas: Esa maldita costumbre
Esta no es una noticia repetida. El lector no está frente a una información que fue dada a conocer varias veces. Simplemente, el hecho noticioso es una costumbre (casi sistemática) de un gobierno que se cansa de hablar acerca de los derechos humanos pero a la hora de respetarlos, falla una y otra vez.
Según informó el diario The Washington Post, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a torturar a sospechosos, según se desprende de dos memorandos secretos emitidos en 2003 y 2004. La autorización fue solicitada por el entonces director de la CIA, George J. Tenet, a quien le “preocupaba que la Casa Blanca nunca hubiera aprobado el programa por escrito”.
La preocupación radicaba en que las torturas llevaban más de un año sin el burocrático trámite correspondiente. Nada que Bush no pudiera solucionar. De esta forma, la Casa Blanca dio su consentimiento para aplicar el método de asfixia conocido como “waterboarding” o “submarino”.
Los torturados eran sospechosos (cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario) de pertenecer a la red Al Qaeda. Según el informe de The Washington Post, la CIA presionó reiteradamente la aprobación de las torturas ya que sospechaban que el gobierno estadounidense podría distanciarse de ese accionar. Nunca tan alejados de la realidad.
Por último, vale aclarar que la Casa Blanca no reconoció hasta ahora haber estado al tanto de la utilización sistemática de la tortura. No obstante, dijo que la técnica ya no es usada en los interrogatorios, aunque no descartó volver a hacerlo en el futuro.
El pez por la boca muere
El último escenario remite, como semanas anteriores, a los hombres de la Junta Agraria argentina. En esta oportunidad, el actor en cuestión es Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las cuatro entidades que integran la autodenominada “Mesa de Enlace” El mencionado Roulet no hizo más que abrir la boca… y hablar. “Mi maestra de Historia decía que tres instituciones hicieron grande a la Argentina: la Iglesia, el Ejército y el campo. Ojalá que de nuevo activemos esto (sic)”, así de sincero resultó el vicepresidente de CRA.
Roulet no hizo más que darle entidad a un sentimiento que tiene gran parte de la sociedad argentina: muchos de los hombres que defienden la causa ruralista tienen un pasado (y un presente) de simpatía hacia los tiempos más oscuros de la historia Argentina.
La tríada “Iglesia-Ejército-oligarquía terrateniente” mantuvo una muy buena relación durante la última dictadura militar que tomo por asalto el Estado en 1976.
Una imagen recordada es la del dictador Jorge Rafael Videla siendo ovacionado en la Exposición Anual de la Sociedad Rural. Para Roulet, esas tres instituciones pueden construir “un país grande”.
Siguiendo con su espíritu democrático, el vicepresidente de CRA tuvo tiempo para amenazar a diputados y senadores. “Aquel que levante la mano para apoyar el Presupuesto nacional tiene que ser considerado traidor a la patria, le tenemos que hacer una cruz”, sentenció Roulet con un llamativo respeto a las libertades de opinión.
“No sé a qué se refiere este hombre, salvo que lo hayan beneficiado mucho personalmente”, comentó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en alusión a los históricos favores obtenidos por la oligarquía terrateniente de parte de diferentes gobiernos de facto.
En definitiva, no es novedosa la revelación de Roulet si se tiene en cuenta que alguno de los líderes agrarios pidió “disolver el Congreso” si este no actuaba de acuerdo a los intereses de las corporaciones. Tampoco lo es si se considera que afamados defensores de la dictadura se pasearon por los diferentes actos que organizó la Junta Agraria.
*Publicado en APM