Miles de manifestantes participaron el último sábado en otra serie de protestas en más de 463 pueblos y ciudades en los 50 estados del país, que desde febrero se realizan en todo Estados Unidos contra las políticas del gobierno de Donald Trump, mientras continuaron las expresiones de repudio y resistencia desde centros académicos. Miles de manifestantes estadounidenses se sumaron el sábado a los millones de personas que alzan la voz contra una forma de gobierno que se vuelve indistinguible del fascismo.
Fueron actos de todos los tamaños para denunciar las medidas antimigrantes, los recortes a los programas de asistencia social, las políticas antiambientales, las represiones de disidentes a la complicidad del gobierno con el régimen israelí en el genocidio en Gaza, los atropellos a la libertad de cátedra, entre otros rasgos ilegales y antidemocráticos de la administración republicana.
La actual oleada de protestas resalta porque en ella participan no sólo los ámbitos tradicionales del progresismo, sino también individuos e instituciones que por décadas han formado parte de la clase dominante y que por primera vez se ven en la necesidad de acudir a las calles para oponerse a los abusos del poder.
Las perspectivas de Estados Unidos para restablecer una democracia medianamente funcional residen en la ampliación de la disidencia por el nivel de arbitrariedad y agresividad alcanzados por el trumpismo en esta nueva etapa, así como en la organización de los descontentos bajo un programa que rebase lo coyuntural.
En pueblos y ciudades en California, Oregon, Colorado, Oklahoma, Wisconsin, Iowa y Kansas, Tenesí, Georgia, Nuevo Hampshire o Florida, los organizadores registraron 463 actos de protesta en todo el país, en las cuales se denunciaron desde las medidas antimigrantes hasta los recortes a programas de asistencia social, así como las políticas antiambientales, las represiones de disidentes a la complicidad del gobierno estadounidense con el régimen israelí en el genocidio en Gaza, entre otras.
La red descentralizada de 50501 (50 protestas, 50 estados, un movimiento) es una de varias iniciativas y organizaciones que han convocado las actividades que, en total han movilizado a millones en más de ocho días de acción nacional, realizadas desde principios de febrero en respuesta a lo que califican de las medidas antidemocráticas e ilegales del gobierno de Trump y sus aliados plutócratas.
Rage against the regime (Rabia contra el régimen) fue la consigna de grandes y pequeñas manifestaciones y actos de protesta no violentos que marcan la continuación de una ola de protestas en las calles, frente a centros de detención de migrantes, en universidades y hasta en parques nacionales. «Despierten, el gobierno es corrupto», se 
podía leer en una pancarta en Oklahoma City. “Saquen a ICE de nuestras comunidades”, era una leyenda repetida en varios carteles.
«Ningún ser humano es ilegal. No reyes, no fascistas, no nazis, , no mentirosos, no Trump», decía otra en Topeka, Kansas. No al odio, no al temor, los inmigrantes son bienvenidos aquí, corearon en Denver.
En junio, cientos de miles participaron en más de dos mil ciudades y pueblos bajo la consigna «No queremos reyes». En julio se realizaron protestas en más de mil 600 ciudades y pueblos. También a diario se registran protestas en todo el país, por organizaciones de defensa de derechos y libertades civiles, organizaciones inmigrantes y sus defensores, pero también varias expresiones individuales de figuras reconocidas, entre ellos artistas, músicos e intelectuales.
La capitulación de la Universidad de Columbia
La Universidad de Columbia aceptó un acuerdo con el gobierno de Trump por el que no sólo le pagará 200 millones de dólares, sino que permitirá que un monitor evalúe su programa de estudios sobre Medio Oriente entre otras medidas, cediendo ante demandas del gobierno para ejercer mayor control sobre esa y varias otras universidades.
La capitulación de Columbia ha transformado a una universidad que era antes un sitio de libre investigación y aprendizaje, en una sombra de lo que fue, en una anti-universidad, un lugar de temor y aversión, donde la facultad y los estudiantes son instruidos desde las alturas qué pueden decir y enseñar, bajo pena de sanciones severas, concluyó la carta del académico al denunciar el acuerdo con el gobierno..jpg/300px-Columbia_University_(52009406881).jpg)
La ultraderecha estadunidense no ha logrado que toda la sociedad se resigne ante el catastrófico retroceso en los derechos humanos. Trump y la oligarquía que representa pueden haber segado los espacios para la libertad de expresión, convertido los medios y las redes sociales en aparatos ideológicos que acallan el pensamiento crítico, reducido a la Suprema Corte y a la Oficina Oval y criminalizando la protesta hasta extremos que hermanan a EU con los peores autoritarismos.
No más radios públicas
La Corporación de Radiodifusión Pública de Estados Unidos (CPB) anunció el cierre gradual de sus operaciones como consecuencia de los fecortes presupuestarios implementados por la Administración de Donald Trump. Por primera vez en casi seis décadas, el país ha eliminado los fondos destinados a este organismo. La CPB financia a la radio NPR y la televisión PBS, ambas criticadas por Trump tras acusarlas de tener un sesgo izquierdista. En un comunicado, la corporación ha subrayado que durante casi 60 años ha cumplido su misión de «construir y mantener un sistema de medios públicos confiable que informe, eduque y sirva a las comunidades de todo el país».
«Los medios públicos han sido una de las instituciones más confiables en la vida estadounidense, brindando oportunidades educativas, alertas de emergencia, diálogo cívico y conexión cultural a cada rincón del país», ha 
afirmado su presidenta y directora ejecutiva, Patricia Harrison.
La CPB es una organización sin ánimo de lucro autorizada por el Congreso en 1967 y encargada de administrar la inversión del Gobierno estadounidense en la radiodifusión pública. La corporación respaldaba las operaciones de más de 1.500 cadenas de radio y televisión operadas localmente en todo el país. Según Harrison, quienes notarán un mayor impacto por la falta de financiación, pudiendo verse obligados a cerrar, son las cadenas en localidades con poca población, zonas rurales y comunidades indígenas.
* Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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