Nuevamente el ejército del inglés Joe Lewis impide el acceso al Lago Escondido
El pasado domingo, 22 activistas realizaban la sexta marcha «Soberanía al Lago Escondido», cuando 50 hombres armados, a pie como a caballo, les cortaron el camino. Los guardias, que custodian las tierras de Joe Lewis, un magnate inglés propietario de casi 12 mil hectáreas en la zona patagónica de frontera que rodea el Lago, los amenazaron para que pusieran fin a la actividad.
El ejército privado del magnate les cortó el camino, les impidió llegar al Lago y retuvo a 22 personas, entre los que está el médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid, quien sufrió una descompensación y se teme por su vida. Lewis es dueño de 12.000 hectáreas que rodean el lago Escondido, completamente.
Lewis es dueño de la sexta fortuna más grande de Inglaterra según la revista Forbes, con un patrimonio neto real de casi 5 mil millones de dólares. Por ejemplo, a través de ENIC Group, es el propietario mayoritario del Tottenham Hotspur, uno de los clubes de fútbol más importantes de la Premier League. Además, posee empresas de inversión, hoteles y restaurantes de lujo y una empresa australiana dedicada al agro.
El magnate construyó en sus tierras lindantes al Lago Escondido, cuya compra está plagada de irregularidades, una lujosa mansión con catarata artificial, obras de arte (entre ellas cuatro Picasso) valuadas en millones de dólares, hipódromo, pista de karting profesional y hasta un zoológico, discoteca y “quincho” selvático, entre otras excentricidades.
El lunes por la tarde, el abogado Sergio Cuestas, miembro del grupo de manifestantes, bajó solo denunciando que los agresores les pincharon un kayak de un machetazo. El grupo quedó aislado y amenazado con que «nos los vamos a comer en un asado», mientras se tocaban el poncho como señalando que tenían pistolas. Al frente de los agresores estaba un administrador de Joe Lewis, Nicolás Van Dickmar.
Llegar al camino bloqueado por Lewis implicó una travesía de tres días por la montaña hasta el espejo de agua y fue reconocido tanto por el británico como por su amigo personal y ex presidente Mauricio Macri, como un acceso válido a las costas del Lago Escondido.
El conflicto por las tierras lindantes el Lago Escondido es de larga data, pero cabe destacar que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aseguraron que el camino que transitaban los activistas que realizaban la marcha por la «Soberanía al Lago Escondido» está autorizado por la Justicia, pues es un espacio público.
El 4 de febrero comenzó el reclamo con dos grupos de manifestantes que comenzaron a caminar por los dos caminos que el fallo judicial 64/2009 determinó como las formas legales de acceso al lago para cualquier persona. Los guardianes de las tierras de Lewis siguen cerrando el paso y no quitan las tranqueras sino que las refuerzan con rejas y alambre de púa.
«La nuestra es una movilización pacífica y estamos ante la posibilidad de una agresión de parte de personas armadas. Hemos presentado un habeas corpus para que les envíen protección a la montaña, que fue rechazado por el juez civil de Bariloche Mariano Castro. Nuestra prioridad es cuidar la seguridad de los compañeros y entablar un diálogo que resuelva la situación”, señaló el exguardiamarina Julio César Urién, uno de los organizadores.
Según Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, «la causa judicial contra Joe Lewis y su empresa Hidden Lake S.A. comenzó en 2005 con un amparo colectivo para el cumplimiento del artículo 73 de la Constitución Provincial que garantiza el libre acceso a todos los espejos de agua.
“En 2009 se obtuvo sentencia ordenando que se abra al público el camino Tacuifí que nace en la localidad El Foyel, algo que Lewis nunca cumplió porque dicha vía pasa cerca de sus mansiones: lo mantienen cerrado con un portón, alambre de púa y cámaras de vigilancia ocultas en los árboles», añadió.
¿Cómo compró las tierras?
Lewis compró las 12.000 hectáreas de Lago Escondido en los años ’90, a un precio irrisorio de 12 millones de dólares, en una operación que estaría prohibida en cualquier lugar del mundo porque no se permite semejante extranjerización de tierras. Pero, además, esa compra también fue de legalidad más que dudosa, porque aún en esos tiempos había un veto a la extranjerización de tierras cercanas a las fronteras y debió expedirse -y no lo hizo- a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo un intento de impugnar aquella compra, pero la administración del presidente neoliberal sofocó la movida de inmediato. Ante cualquier reclamo como la marcha por el acceso a Lago Escondido, el megamillonario recurre a ese ejército privado mercenario de gauchos disfrazados, que enfrenta a los que pelean por el derecho esencial a transitar hacia una maravilla de la naturaleza que es de todos.
El historiador Alejandro Olmos ha denunciado que la compra de las tierras patagónicas por Lewis fue ilegal. En 1996 Lisandro Allende, presidente de H.R. Properties Buenos Aires S.A., pidió autorización para la compra a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, aprobada por tratarse «una persona jurídica argentina con un presidente argentino».
Poco después, esa empresa pasó a llamarse Hidden Lake S.A., parte de la sociedad Lago Corp. representada por Lewis. Y fue esta sociedad la que realizó la escritura de la propiedad en una zona de seguridad de fronteras: se autorizó a una sociedad pero se la inscribió a nombre de otra, en infracción con las disposiciones del decreto Ley 15.385/44 porque la estancia está dentro de una zona de valor estratégico para la defensa del territorio nacional y no se podía vender a un extranjero.
La mano de Mauricio Macri
Carlos Balbín, el procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, intentó que se invalidara esa venta y fue apartado del cargo, lo cual está sospechosamente conectado con la amistad entre el expresidente y el magnate inglés quien lo ha invitado varias veces a su estancia, llevándolo en su helicóptero privado mientras su invitado era el jefe de Estado.
El reemplazante del procurador fue Bernardo Saravia Frías, otro amigo personal de Macri quien según Olmos frenó la iniciativa de su antecesor. El historiador presentó al actual procurador Carlos Zannini antecedentes del caso para que la causa sea retomada por la justicia.
En 2016 Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros: amplió del 25 al 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras y cambió el máximo de 1.000 hectáreas que un titular extranjero podía adquirir.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)