Un entorno sano es precondición para disfrutar los demás derechos humanos, por lo que los Estados firmantes de tratados internacionales —y las empresas nacionales de esos países— deben detener la crisis climática. El fallo no es vinculante, pero tiene peso a nivel mundial.
Victoria histórica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El tribunal de las Naciones Unidas ha emitido su primer fallo en materia de emergencia climática y en este declara que las medidas gubernamentales que impulsan el cambio climático son ilegales y que los Estados deben ser considerados legalmente responsables de sus emisiones. Así lo ha considerado el tribunal al emitir la opinión consultiva —no vinculante, pero que establecerá bases legales— la tarde de este miércoles.
“El hecho de que un Estado no adopte las medidas adecuadas para proteger el sistema climático de las emisiones de GEI [gases de efecto invernadero], en particular mediante la producción de combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias de exploración de combustibles fósiles o la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles, puede constituir un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese Estado”, ha explicado Iwasawa Yuji, juez presidente del tribunal de la CIJ, en unas declaraciones que dejan poco margen a la imaginación.
En el fallo de casi 150 páginas al que ha accedido El Salto, el tribunal hace responsable a los Estados y, por extensión, a las empresas de detener la emergencia climática y compensar a las naciones y comunidades vulnerables por el daño causado. “El tribunal presenta este dictamen con la esperanza de que sus conclusiones permitan que la ley informe y oriente la acción social y política para resolver la crisis climática actual”, ha declarado Yuji.
Los 15 jueces que han participado en el proceso se han pronunciado por unanimidad: sin un medio ambiente sano no se pueden disfrutar los demás derechos humanos —“la protección del entorno es una precondición para proteger los derechos humanos”, ha sentenciado Yuji—, por lo que su defensa es obligatoria para todos los países que forman parte de tratados internacionales, como el fundacional de las propias Naciones Unidas. La inacción climática es contraria al derecho internacional.
Las organizaciones impulsoras del proceso judicial afirman que, aunque no vinculante, la decisión de la Corte “desencadenará una reacción en cadena que acelerará los litigios climáticos a escala mundial”. “Es probable que los tribunales de todo el mundo hagan referencia a esta sentencia en sus próximas decisiones”, dicen las entidades ecologistas, que creen que la opinión consultiva “reforzará” los argumentos jurídicos en los procesos judiciales relacionados con el clima presentes y futuros, “especialmente los dirigidos contra empresas demandadas como las de combustibles fósiles”.
La campaña que culmina este miércoles en sentencia favorable la inició un grupo de estudiantes de la Universidad del Pacífico Sur, en Vanuato. En 2019 y en colaboración con el Gobierno del archipiélago vanuatense, el grupo Pacific Island Students Fighting Climate Change [Estudiantes de las islas del Pacífico en lucha contra el cambio climático] y World’s Youth for Climate Justice [Juventud mundial por la justicia climática] contribuyeron a obtener un voto unánime en las Naciones Unidas para solicitar la opinión consultiva. Han contado con el apoyo de más de 1.500 organizaciones.
El director del grupo estudiantil que inició la lucha judicial, Vishal Prasad, afirma que “los países más pequeños del mundo han hecho historia”. “La decisión de la CIJ nos acerca a un mundo donde los Gobiernos ya no podrán lavarse las manos con sus responsabilidades legales. Afirma la verdad sencilla de la justicia climática: aquellos que menos daño han causado en esta crisis se merecen protección, reparaciones y un futuro. La sentencia es un salvavidas para las comunidades del Pacífico que están en primera línea de los efectos del cambio climático”, defiende el activista.
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