Otra mala nota para Colombia. Uribe sigue haciendo oídos sordos
Nuria Gonzalez Rouco*
Una vez más el Gobierno de Colombia es señalado por violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Primero, el llamado de atención lo realizó Amnistía Internacional, luego fue el turno de Human Rights Watch.
Los derechos humanos, aún en pleno siglo XXI, no están garantizados en su totalidad en ningún país del mundo. Los conflictos armados dentro de las fronteras, en donde el Estado está ausente o bien se enfrenta a alguno de los contendientes -directa o indirectamente-, es la principal causa de que los derechos de los civiles se dejen a un lado. Las Organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y protección de los Derechos Humanos tienen los ojos puestos en lo que sucede en Colombia y en las políticas de Uribe.
A fines de octubre, Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “Colombia: ¡Déjennos en paz!, la población civil víctima del conflicto interno”, donde la ONG asegura que el conflicto armado interno que se vive en Colombia se ha cobrado la vida de más de 70 mil civiles en las últimas 2 décadas. Además señala que 305 mil personas fueron desplazadas en el 2007 y que unas 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada.
Unas semanas después, El Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, presentó el informe anual titulado: “¿Rompiendo en control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia”, en donde acusa al gobierno de Álvaro Uribe de obstaculizar a la Justicia nacional
A lo largo del informe, realizado a partir de entrevistas con fiscales e investigadores colombianos, las autoridades de HRW resaltaron los avances que ha realizado la Justicia Colombiana en la investigación de la influencia de las mafias paramilitares.
Sin embargo, parece que la tarea de los jueces colombianos que se ocupan de estas causas no es para nada fácil. En el portal de Internet de HRW, Vivanco asegura que “el gobierno de Uribe continúa tomando acciones y medidas que podrían sabotear estas investigaciones”, entre las cuales se incluyen: una campaña para desacreditar a la Corte, proponer reformas constitucionales que retirarían las investigaciones sobre la denominada “parapolítica” de la competencia de la Corte Suprema; y objetar y trabar iniciativas significativas de reforma del Congreso dirigidas a poner fin a la influencia paramilitar en esa institución.
Además se debe sumar, la extradición a Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares, en el momento en que algunos de ellos estaban comenzando a hablar sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en violaciones de derechos humanos, donde se ha interrumpido investigaciones en curso en Colombia.
Por lo que entienden que puede llevar a que muchas víctimas no sepan la verdad o nunca obtengan justicia. (Ver: “¿Quieren silenciar el escándalo parapolìtico? APM 17/05/2008)
“Las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos deben buscar maneras que permitan incentivar significativamente la colaboración por parte de los extraditados para que hablen sobre otros delitos”, dijo Vivanco.
Asimismo, Human Rights Watch señaló que, ahora más que nunca, la presión internacional que se ejerza sobre Colombia es crucial para asegurar que la Corte Suprema colombiana y otras instituciones de justicia puedan continuar su tarea sin obstáculos.
Por su parte Vivanco afirmó que “sin el suficiente apoyo y presión de la comunidad internacional, podrían desperdiciarse fácilmente los enormes esfuerzos de la Corte Suprema y fiscales de Colombia por juzgar a los cómplices de los paramilitares”.
Para finalizar, Vivanco sentenció que en Colombia “se comenten al año tantas violaciones a los derechos humanos como todas las ocurridas durante toda la dictadura de Augusto Pinochet en Chile”.
Ante estas acusaciones el Presidente Álvaro Uribe, tal como lo hizo con Amnistía Internacional, descalificó el informe de HRW, manifestando que "antes de que el señor Vivanco, cómplice de las FARC, viniera aquí a criticar la política de seguridad democrática, nosotros estábamos sacando este país adelante".
Además agregó que "si hay daños de la fuerza pública se investiga, se repara, se indemniza y se condena a los culpables. El gobierno pide que se adelanten esas investigaciones con toda claridad. A mí no me va a enseñar el señor Vivanco derechos humanos".
El Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Carlos Franco, señaló que “el Gobierno y las instituciones tienen deficiencias y errores que nunca han ocultado, pero no tienen intenciones criminales”.
Ante el pedido de apoyo internacional por parte de Vivanco para evitar presiones a los magistrados, el Canciller Jaime Bermúdez manifestó la disposición de Colombia para entregar un informe detallado sobre el Estado a 2008 de los Derechos Humanos en el país que preparó la nombrada vicecanciller Clemencia Forero, quien aún no asume su cargo.
Inclusive, Bermúdez resaltó que Colombia tiene listo el informe y los argumentos para demostrar la importancia del Gobierno Nacional le da a esta problemática.
Por eso, Franco concluyó que “la sociedad y las instituciones colombianas han tomado dos decisiones: garantizar los derechos de las víctimas y combatir y juzgar a todos los grupos armados ilegales”. En ese sentido, preocupa al Estado colombiano que el informe (de HRW) reduzca el problema al juzgamiento de unos cuantos y olvide todos los derechos de las víctimas.
Sin embargo, si se tiene en cuenta los hechos que siguieron a las denuncias de las principales organizaciones internacionales, Uribe no cuenta con un fuerte sustento para seguir manteniendo su política militar en relación a las presiones ejercidas contra la Justicia nacional.
Justamente, fue el Fiscal General Mario Iguarán quien alertó que en lo que va del año su oficina ya recibió más de mil denuncias de civiles que fueron ejecutados sin razón por militares. Por lo que el informe de HRW no estaba tan errado en cuanto a su análisis sobre la violación de derechos humanos por parte del Estado.
Frente a estas reiteradas denuncias, tanto de las organizaciones internacionales como de la misma justicia colombiana, el Jefe del Ejército Mario Montoya se vio obligado a presentar su renuncia, y ahora se estaría analizando la posibilidad de un juicio político en contra del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Montoya fue el principal ejecutor de la “política de seguridad democrática” de Uribe y tuvo a cargo operaciones iniciales del Plan Colombia contra el narcotráfico y grupos armados ilegales en las selvas del sur.
Un día antes de su renuncia el diario estadounidense The Washington Post lo había acusado de entregar armas a los paramilitares que tomaron a sangre y fuego un pequeño pueblo del Chocó en mayo de 2002. Cinco meses después, según un documento desclasificado de la CIA, Montoya apoyó una ofensiva paramilitar para desplazar a las guerrillas de los suburbios más pobres de Medellín.
En los enfrentamientos, catorce civiles murieron y decenas desaparecieron. Los familiares de las víctimas siguen pidiendo que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad en la masacre.
En los últimos tiempos, el General “preferido” de Uribe, se vio beneficiado por los reiterados “golpes” que sufrió las FARC, como el bombardeo al campamento donde murió Raúl Reyes y la liberación de Ingrid Betancourt junto a 15 rehenes más. Hace unos días volvió aparecer cuando uno de los últimos políticos cautivos, Oscar Tulio Lizcano, logró escaparse.
La semana pasada estuvo junto a Uribe cuando éste anunció la mayor purga militar de su gestión. El mandatario ordenó el paso a retiro a 27 oficiales de su arma, entre ellos a tres generales por la ejecución de once jóvenes bogotanos.
Según la investigación oficial, las víctimas fueron secuestradas por los militares en enero pasado. No se sabe cuándo ni cómo los mataron, pero hace un mes el ejército informó que habían muerto en combate en el norte de Santander, un departamento a 800 kilómetros de sus casas, en las afueras de Bogotá.
El martes, Montoya presentó su renuncia al presidente afirmando que “a partir de este momento, como general en retiro, seguiré con las mismas convicciones de fe y de amor por mi Ejército y por mi patria”.
¿Qué habrá querido decir? ¿Qué ahora puede matar a civiles más tranquilo porque tiene que dar menos explicaciones que antes?
El presidente, ni lento ni perezoso en cuanto a “seguridad militar” se refiere, ya anunció su reemplazo. Se trata del General Oscar Rodríguez, actual comandante de la región norte, fronteriza con Venezuela y sede de los nuevos grupos paramilitares.
Aunque Uribe intente negarlo, sus fuerzas armadas claramente están involucradas en una constante violación de los Derechos Humanos y utilizan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como un escudo para culparlos de sus asesinatos.
Sin dudas, el presidente colombiano se ampara en su gran amigo del norte que lo ayuda, económica y militarmente, a cambio de ser su principal base de operaciones en América del Sur. Pero parecería que las reiteradas denuncias, ya innegables, por violación a los Derechos Humanos por parte de militares, y el nuevo gobierno de Barack Obama, harían peligrar la continuación de las buenas relaciones entre ambos países.
Por el momento Uribe decidió no presentarse a las elecciones del 2010 pero manifestó su deseo de volver al poder en el 2014.
¿Aprovechará para dialogar las nuevas condiciones de las relaciones bilaterales con Obama?
*Publicado en APM.