Pagar el precio: dejar que las fuerzas del mercado acaben con la era de los combustibles fósiles

William S. Becker

Hay un viejo dicho sobre los mentirosos: Engáñanos una vez, vergüenza para ellos; engañarnos dos veces; la culpa es nuestra. Todos deberíamos avergonzarnos de dejar que la industria de la energía fósil nos engañe sobre el cambio climático global. El precio de esa estafa se ha vuelto inaceptablemente alto. He descrito la industria y sus patrocinadores en el Congreso como un cartel de carbono. Pero la política energética nacional también convierte al pueblo estadounidense en un socio involuntario en un trato fáustico entre el gobierno federal y las grandes petroleras.

Incluso el presidente Joe Biden, que ha hecho más por la energía limpia que cualquiera de sus predecesores, se ha visto envuelto en el cartel. Ha adoptado una estrategia energética igual a “todas las anteriores” que permite que el carbón, el petróleo y el gas natural permanezcan indefinidamente en la combinación energética de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere hacer su parte para mantener el calentamiento global en 1,5 grados centígrados o menos, debemos retirar de la economía los combustibles a base de carbono lo antes posible.

La investigación en 2021 estimó que la mayoría de las reservas probadas de energía fósil del mundo deben permanecer en el suelo por solo un 50 por ciento de posibilidades de mantener el cambio climático en niveles manejables para mediados de siglo. En los EU, dos tercios de las reservas de petróleo de Estados Unidos, la mitad de nuestro gas y el 97 por ciento de las reservas de carbón no se pueden extraer. Pero se debe dejar mucho más en el suelo porque una probabilidad de 50-50 es una apuesta demasiado grande en una amenaza existencial como el calentamiento global.

Estados Unidos debería eliminar los tres combustibles fósiles de la economía mucho antes de 2050. La política energética nacional debería definir claramente cuándo y cómo procederán esos retiros. En lugar de eso, el presidente Biden se anda con rodeos.

Dijo durante su campaña que la transición de la industria petrolera ocurriría “con el tiempo”. En 2021, dijo, «la idea de que vamos a poder pasar a la energía renovable de la noche a la mañana… simplemente no es racional «. En su discurso más reciente sobre el Estado de la Unión, el presidente dijo: “Vamos a necesitar petróleo durante al menos otra década … y más allá”. Pero la industria, sus accionistas, inversionistas, trabajadores y clientes necesitan mayor certeza para prepararse a la descarbonización.

En lugar de convertir el futuro de las grandes petroleras en un problema político, el Congreso debería dejar que las fuerzas del mercado determinen el destino de la industria. La industria no necesita ni merece subsidios de los contribuyentes. Además, sabemos desde hace tiempo que no podemos confiar en las grandes petroleras. Han engañado sistemáticamente al gobierno y al pueblo estadounidense sobre su responsabilidad en el calentamiento global.

Las investigaciones realizadas por Inside Climate News y Los Angeles Times desvelaron la tapadera de la industria en 2015 al revelar que los ejecutivos petroleros sabían ya en la década de 1960 que sus productos estaban causando el calentamiento global. Lo taparon. A partir de 1968, Exxon (ahora ExxonMobil) supuestamente entregó más de  31 millones de dólares a grupos que difunden información errónea sobre el cambio climático.

Las cinco compañías petroleras más grandes obtuvieron un récord de 200 mil millones de dólares en ganancias el año pasado, el doble que el año anterior. Pero en lugar de inversiones significativas en energía limpia, utilizaron las ganancias para pagar mayores dividendos a los accionistas y recomprar acciones para aumentar su valor. BP, Exxon y Shell se abstuvieron de reducir sus emisiones e invertir en energías renovables.

El presidente Biden debería seguir el ejemplo de Christiana Figueres, quien dirigió las negociaciones climáticas internacionales hasta 2016. En un reciente editorial de un periódico, admitió haber caído en las mentiras de Big Oil cuando prometió unirse a la lucha contra el cambio climático global. En 2015, instó a los críticos a dejar de “señalar con el dedo culpable a las empresas de combustibles fósiles” porque “traerlas con nosotros tiene más fuerza que demonizarlas”. Ahora admite que se equivocó. Ella reconoce que las compañías de petróleo y gas “no están haciendo ningún esfuerzo por estar en el lado correcto de la historia, y no tienen el derecho de determinar el futuro de todos en este planeta”.

La revista Time informa que los combustibles fósiles han llevado al mundo a un “ territorio desconocido”. La Tierra está más caliente de lo que ha estado durante 125.000 años, y el clima se está volviendo mortal más rápido de lo que los humanos y muchas otras especies pueden adaptarse. Estamos «rehaciendo nuestro planeta en uno en el que grandes franjas pueden volverse inhóspitas para la vida humana», informa Time.

Mientras tanto, la administración Biden vuelve a arrendar tierras públicas para el desarrollo de petróleo y gas. El presidente apoyó una concesión de permisos más rápida para la infraestructura de petróleo y gas a pesar de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió en 2011 que el mundo no debería invertir más dinero en combustibles fósiles. Biden también aprobó permisos para el controvertido proyecto petrolero Willow de ConocoPhillip en Alaska.

Un ejecutivo de la industria petrolera respondió alegremente: “Todo el mundo se está moviendo hacia el medio” en la política energética. Pero la incesante contaminación por combustibles fósiles ha dejado al mundo sin tiempo para un cambio transaccional en la economía energética. Necesitamos una base de tiempo de guerra para una transformación energética.

Entonces, ¿qué deberían hacer el presidente y el Congreso? Biden puede comenzar reconociendo el cambio climático por lo que es: una amenaza para la seguridad económica y nacional. Puede declarar una emergencia climática , lo que le otorga autoridad adicional para hacer frente a la crisis. En segundo lugar, puede restablecer la moratoria sobre la producción de petróleo y gas en tierras públicas.

Luego, él y el Congreso pueden adoptar el principio conservador de que los mercados, no el gobierno, deben elegir a los ganadores en la economía energética. El gobierno puede detener todos los subsidios públicos a los combustibles fósiles. Dada la madurez de la industria petrolera y sus enormes ganancias, no necesita ni puede justificar el apoyo de los contribuyentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que esto generaría 35 mil millones de dólares en nuevos ingresos federales en EU. El dinero podría ayudar a los trabajadores y comunidades de energía fósil en la transición hacia la energía limpia.

En cuarto lugar, el Congreso puede dar rienda suelta a las fuerzas del mercado con un proyecto de ley de fijación de precios del carbono limpio para que los precios de los combustibles fósiles reflejen con mayor precisión sus costos reales para la sociedad. El FMI estimó que esos costos en los Estados Unidos superaron con creces los 600 mil millones de dólares en 2020. Según el FMI, la contaminación por dióxido de carbono caería un 36 por ciento para 2025 si los precios de la energía fósil en todo el mundo igualaran sus costos sociales y ambientales reales.

El Congreso puede aprender de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero fundada por los estados del Noreste y del Atlántico Medio en 2009. Según se informa, ha reducido la contaminación por carbono a más de la mitad, ha ahorrado a los consumidores más de mil millones de dólares en costos de energía, ha creado miles de empleos y ha agregado 4 mil millones de dólares a la economía de la región.

Para decirlo claramente, la política energética nacional actual no solo es insostenible; también es moralmente incorrecta. Convierte al pueblo estadounidense en miembros involuntarios del cartel del carbono y facilitadores de la codicia de las grandes petroleras. Parafraseando a Figueres, la industria de los combustibles fósiles impulsó el desarrollo humano en el siglo XX y lo está destruyendo en el XXI. Ni nosotros ni nuestro gobierno deberíamos ser parte de ese trato.

*Director ejecutivo del Proyecto Presidencial de Acción Climática, una iniciativa no partidista que trabaja con líderes de pensamiento nacionales para desarrollar recomendaciones sobre políticas nacionales de energía y clima. El proyecto no está afiliado a la Casa Blanca. Es ex director regional central del Departamento de Energía de EU y asistente especial del subsecretario de eficiencia energética y energía renovable. Publicado en The Hill