Feb 1 2008
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Economía

País Vasco. – IMPUNIDAD, LA OTRA CARA DE LA TORTURA

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

El comienzo de este nuevo año ha estado marcado por una nueva evidencia de que el Estado español aplica de forma sistemática la tortura. Dos jóvenes vascos fueron detenidos por la guardia civil el día 6 de enero acusados de pertenecer a ETA. 15 horas más tarde uno de ellos tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

En esta ocasión, y de forma excepcional, la opinión pública tuvo conocimiento del parte médico: el joven presentaba un cuadro grave que recomendó su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. La auscultación médica apreció fractura de costilla, perforación pulmonar y marcas de golpes violentos por todo el cuerpo.

Simultáneamente se iban filtrando datos de que el otro joven, que no llegó a ser hospitalizado, presentaba múltiples marcas de malos tratos por todo su cuerpo. Días más tarde, la opinión pública conoció el texto integro de su declaración ante el juez y una fotografía de su estado físico. El documento no era de gran calidad ya que tuvo que realizarse de forma apresurada y clandestina, pero dejaba constancia de la crueldad con que había sido maltratado durante los días de detención incomunicada.

La reacción ante esta nueva evidencia de torturas fue desigual: los sectores populares cercanos al entorno social de ambos jóvenes denunciaron con rabia e indignación lo ocurrido. Las fuerzas autonomistas vascas denunciaron lo ocurrido sin demasiada indignación y con bastante oportunismo; un mes antes había hecho defensa pública del Estado y de sus servidores. Algunas voces del Estado español –pocas en número y ejemplares en su coherencia– denunciaron una práctica que les parece reprobable. Todo el españolismo cerró filas para encubrir a los torturadores: el Ministro de Interior español compareció de urgencia para dar una versión que no se sostenía y en la que respaldaba plenamente a la guardia civil.

El Presidente Zapatero hacía suya la declaración del ministro. Los medios de comunicación optaron unas veces por silenciar lo ocurrido y otras por justificarlo; tenían que desvirtuar el parte médico, la evidencia de la fotografía, la declaración de los torturados y el testimonio de un testigo presencial de la detención que, por propia iniciativa, declaró ante el juez desautorizando la declaración oficial. Una vez más, la sociedad española, desde sus distintas instancias, garantizaba la impunidad a los torturadores.

Cobertura previa a los torturadores

El enjuiciamiento de la tortura se convierte en una carrera de obstáculos. El primer obstáculo, es la resistencia de la propia persona sometida a tortura; en unos casos, se resiste a relatar lo soportado para no revivirlo; en otros casos, pesa sobre ella la amenaza formulada durante las sesiones de tormento, en el sentido de que volverán a torturarla a ella o a alguno de sus familiares si cuenta lo ocurrido durante el periodo de incomunicación.

De un tiempo a esta parte se ha añadido un nuevo impedimento: las querellas por difamación presentadas por el propio gobierno contra los que denuncian torturas

En el supuesto de que formule denuncia, hay toda una serie de mecanismos para dificultar el enjuiciamiento del hecho denunciado: imposibilidad de identificar a quienes participaron en las sesiones de tortura (suelen aportar largas listas de potenciales torturadores para que no se localice a los que participaron), falta de investigadores independientes ya que la investigación recae sobre el mismo cuerpo policial acusado, ausencia de colaboración por parte de las fuerzas implicadas, dilación en los procedimientos.

Según un informe de Amnistía Internacional «las mayores dilaciones se dan en el marco de la investigación por delitos de terrorismo, puede alargarse hasta los 15 y 20 años».

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Esta demora en los procedimientos es una de las estratagemas para invalidar el resultado del proceso judicial. En muchos casos, los torturadores quedan eximidos de responsabilidad ya que el delito ha prescrito. En el caso de que sean condenados, su condena queda rebajada utilizando como atenuante «la dilación indebida del caso».

Cobertura social mediante las versiones gubernamentales

El Estado que practica la tortura hace todo lo posible para no dejar rastros de lo que sucede. Este cuidado se ha extremado en los últimos años (utilización de objetos que produzcan dolor pero que reduzcan el riesgo de señales, encapuchar a los torturados para que nunca puedan identificar a sus torturadores, actuar también éstos encapuchados) así y todo, hay casos en los que la crueldad se hace evidente. En estos casos, es el propio Estado, por boca de sus gobernantes de turno quien hace la defensa de los torturadores.

En el caso referido, el Ministro de Interior español justificó las lesiones como violencia en el momento de la detención provocada por la resistencia de los jóvenes. Este tipo de explicaciones es socorrido. El 13 de febrero de 1981 moría en el hospital de la cárcel el militante vasco Joseba Arregi tras nueve días de detención. Todo su cuerpo es un mapa de lesiones y quemaduras; el entonces Ministro de Interior dio la versión de que había sufrido un «mareo»; las lesiones «eran consecuencia del proceso callejero de su detención».

En 1992, Kepa Urra sufre graves torturas que se resuelven con condena a los torturadores; según la versión oficial «no hubo golpes, tuvieron que forcejear para reducirlo»; el forense atribuye las marcas a «cascotes, cristales y astillas procedentes de la voladura de la puerta». José Mari Olarra relata que pedía la muerte durante su detención; la versión oficial de las marcas que presenta es que «se cayó estando en la ducha».

La complicidad de los forenses

Amnistía Internacional ha puesto en duda la aptitud y la actitud de los forenses. Denuncia también que los exámenes de los forenses se realicen en presencia de la policía que investigó y que va a seguir investigando al detenido: «tal situación es contraria a las normas internacionales ya que intimida a la víctima».

El Journal of forensic Science cuestiona los informes redactados por los forenses españoles en el caso de los detenidos por presuntos delitos de terrorismo: «en la mayoría de ellos falta información significativa en la historia del maltrato. 10 conclusiones son inaceptables, en otras 16, las premisas son insuficientes» por lo que concluye «debilidad en los informes forenses y reclama mejora en el trabajo».

Torturadores indultados o promovidos

Según un informe de Amnistía Internacional del 2004, entre 1980 y al año del informe, 220 agentes fueron condenados por torturas. De entre ellos, no llegaban a 40 los que están implicados en detenciones de independentistas. De los 40, 27 fueron indultados.

Hay constancia de que varios de los que estaban judicialmente inhabilitados, siguieron ejerciendo su trabajo en otro puesto o habían sido ascendidos. Hay algunos agentes que han sido condenados dos veces y ambas indultados. En general las penas impuestas son muy bajas. Y, cuando la pena es elevada, se les concede el paso al tercer grado para que estén en la calle (caso del general de la guardia civil Rodríguez Galindo).

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* www.askapena.org.

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