Panamá, el país presa de las represas
Héctor Endara Hill.*
La siembra de represas e hidroeléctricas, sólo será capaz de cosechar violencia y destrucción. La ignorancia es atrevida… pero a pesar del atrevimiento y la ignorancia, es una realidad contundente que las represas para hidroeléctricas son estúpidas y destructivas. Gracias a la ayuda interesada de la gran mayoría de los medios masivos de comunicación y a sus relacionistas públicos que, se hacen llamar periodistas, mucha gente de la ciudad —también del campo— piensan que las represas para hidroeléctricas son de gran beneficio para el “desarrollo” del país y de las comunidades cercanas en donde se construyen represas e hidroeléctricas. Nada más falso y alevoso.
En otros países, con mayores niveles de conciencia y participación ciudadana, el tema de las represas, hidroeléctricas y minería metálica a cielo abierto, levantan “alergias”, alertas y gente, debido a la enorme capacidad de afectación y daños que causan en los ecosistemas y a las poblaciones.
Estas auténticas industrias de la muerte: hidroeléctricas y minería a cielo abierto, han sido potenciadas por un crecimiento basado en el absurdo y el consumismo. La ciudad de Panamá ha sido convertida en una ciudad de luces y apiñamiento de torres de cemento, arena y vidrios. Represas y minas están contribuyendo con la destrucción del planeta y la violencia que se ejerce en las comunidades indígenas y campesinas.
Los ríos son como las venas y arterias por donde circula el agua —la sangre de la tierra—. Si represamos los ríos, interrumpimos, de manera brutal, el recorrido natural, causando daños profundos, directos y colaterales, capases de acabar con cientos de especies vivas, entre ellas, los seres humanos.
A lo largo del recorrido de los ríos abunda la vida, cuando lo interrumpimos, abunda la muerte. Flora y fauna se ven afectados de manera significativa. El desplazamiento de comunidades es denominador común en la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas.
Algunas veces los medios masivos rompen la regla de la complicidad.
El diario La Prensa, en tres entregas sucesivas (24, 25 y 26 de mayo) nos devela parte del sucio y destructivo negociado que se esconde y maneja detrás de la construcción de represas para hidroeléctricas en Panamá. Con leyes, normas y reglamentos a su favor, empresarios nacionales y extranjeros se hacen de las concesiones de agua en los ríos de Panamá hasta agotarlos.
“Cinco empresas controlan 14 hidroeléctricas” en ellas destacan empresarios extranjeros como Carlos Slim y nacionales como González Revilla (hijo).
A propósito del "show" mediático de la cruzada por la paz, como bien dice el refrán: “no todo lo que brilla es oro”… y no todo el que pregona y utiliza el nombre de paz, busca la armonía y las relaciones de justicia entre los seres humanos y la naturaleza.
En lugares recónditos de las montañas indígenas en la Comarca Ngóbe-Buglé pululan miembros de los Cuerpos de Paz. Mucho se ha documentado sobre este tipo de espionaje “secreto”… se ha dicho que se trata de un organismo bajo la tutela del Departamento de Estado de los Estados Unidos haciendo labor comunitaria que incluye la elaboración de informes con documentación precisa de lugares y los tejidos sociales en la población indígena.
Los informes incluyen fotografías, lista de dirigentes sociales, políticos y comunitarios, y la señalización geográfica, con coordenadas incluidas, de lugares, haciendo una descripción de la topografía y muchos otros detalles. Conociendo el pedigrí de pacifistas de los gobiernos de EEUU, bien podríamos llamar a estos organismos “cuerpos de paz para la guerra”.
En Darién pululan también militares norteamericanos, supuestamente en retiro y supuestamente sacando muelas, haciendo caminos, construyendo y pintando aulas escolares y otras responsabilidades que le correspondería, en un país soberano, a las autoridades panameñas.
¿Nuevos Horizontes? En realidad son viejas y repetitivas tretas utilizadas para camuflar y preparar las constantes y consabidas agresiones militares a los pueblos, países y gobiernos, que USA, considera su patio trasero.
¿Cruzada por la paz? ¿Aplaudida y prácticamente dirigida por las autoridades nacionales responsables, en gran medida, de la violencia y la inseguridad ciudadana? Sin justicia social no habrá paz.
Sacarle “tarjeta roja” a la violencia dejando intacto el sistema de injusticia social que prevalece en el país no es más que un "show" mediático que trata de rebosar el poder y la continuidad del sistema de injusticia social que causa tanta violencia en el país.
¿Cuándo le sacaremos “tarjeta roja” y expulsaremos de manera definitiva a tantos empresarios corruptos —nacionales y extranjeros— que están sembrando de violencia o lo que es lo mismo, represas y mineras, el territorio panameño?
* Colectivo Panamá Profundo
en www.panamaprofundo.org
Lo publicado por La Prensa el 24 de mayo de 2010:
Hidroeléctricas, ríos de Chiriquí con 63 proyectos
Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.
Leonardo Flores.*
De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.
La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia —río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará— generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.
Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo —que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros— tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.
La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.
El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos
Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas
Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.
Poyecto Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo.
A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.
Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.
Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final. Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí —que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará—, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).
En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.
El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.
La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí—Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli —promotora del proyecto Los Planetas I— negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.
En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.
Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.
Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros .
La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.
En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.
El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.
Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.
El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.
Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam , Silvano Vergara, realizó —antes de asumir su cargo— estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.
Daño ecológico
Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.
Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.
La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró —con imágenes tomadas a lo largo de los años— cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.
“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.
El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.
Disputa legal
Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción , que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.
Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.
A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep , los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.
Un pueblo partido en dos
Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.
Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.
El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.
¿Plagio de EIA?
Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos. Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.
Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.
En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.
Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché. El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.
Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.
Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.
Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.
Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.
¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?
* De la Unidad de Investigación del diario La Prensa de Panamá.
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