Panorama Económico Latinoamericano

Perú: Irresponsabilidad fiscal de la mafia gubernamental

Rudecindo Vega Carreazo

El gobierno de la mafia congresal, experto en derroche e irresponsabilidad fiscal, después de haber aprobado el presupuesto del 2026, sin vergüenza ni remordimiento, mediante sus títeres en la presidencia y el MEF, en un evento repleto de ex ministros de economía, ha convocado a los poderes del estado, organismos constitucionales, sector privado y sociedad civil a un “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible” para garantizar el crecimiento, generación de empleo y reducción sostenida de la pobreza; sobre la base de 3 ejes: responsabilidad y sostenibilidad fiscal (respeto al principio constitucional de equilibrio presupuestal), eficiencia y calidad del gasto público y, ampliación de la base tributaria; en tres fases: Fase 1, presentación de aportes, enero y febrero 2026; Fase 2, definición de hoja de ruta, marzo abril 2026 y Fase 3, continuidad y argumento, desde mayo 2026.

 

Es una burla ridícula al país. Imposible creer y confiar en este gobierno con iniciativas que contradicen su real voluntad y deseo de despilfarro; que faltando medio año para que cumpla su mandato, en medio proceso electoral, engañe con propuestas que van más allá de su limitado periodo gubernamental. Este gobierno acaba de aprobar un desbalanceado presupuesto, ha generado un gigantesco forado vía exoneraciones tributarias a negocios empresariales que no lo necesitan, impulsa la informalidad y fortalecimiento de las economías criminales, ha autorizado discriminadamente beneficios para determinados sectores y no a otros, ha estancado el crecimiento económico y congelado la presión tributaria en la mitad del promedio latinoamericano.

Pretende mostrar responsabilidad para ocultar su monumental corrupción, angurria e irresponsabilidad; busca dar una imagen que no es la suya, como en la lucha contra el crimen, el presidente parlotea “su lucha”, no hace nada concreto para combatirlo y, por el contrario, incrementa las cifras de criminalidad. Ahora pretende dar imagen de responsabilidad fiscal luego de impulsar exoneraciones, promover la informalidad y economías criminales, mejoras para los policías y militares. Incapaz en la lucha contra el crimen, irresponsable en el manejo de la economía nacional.

La mentirosa actitud gubernamental de supuesta responsabilidad fiscal oculta varias cosas:

1.- La responsabilidad fiscal la concentran en el gasto público, los ingresos lo reducen a la “ampliación” de la base tributaria. El gobierno y el MEF evidencian que solo regulan gasto y tributos de la caja fiscal, reconociendo su incapacidad para regular y gestionar la economía nacional. El MEF y el Consejo Fiscal se han especializado en dimensionar el forado del despilfarro gubernamental, ocultan los ingresos que pudieran captarse eliminando las reducciones del impuesto a la renta, la evasión del IGV y las exenciones tributarias; a decir de Luis Valdivieso, estas 3 cosas, aportarían 8 puntos del PBI. El MEF, además, no aborda lo que se podría lograr integrando, adecuadamente, las economías informales e ilegales, por ejemplo, el caso de la minería ilegal, donde las grandes mineras y empresarios se benefician comprando y vendiendo el oro informal e ilegal; el Estado podría comprar y vender ese oro, mejorando ingresos y reservas al país. Nuestra desgracia es encargar la economía del país a funcionarios que gastan y no generan recursos para atender al país.

2.- El tema de las exoneraciones es otro perjuicio nacional, en la agro exportación se estimaron en cerca de 2000 millones de soles anuales concentradas en 7 grandes empresas y poco más de otras 500. Existen exoneraciones para peluquerías, restaurantes, hoteles aparentando beneficiar a Mypes. Hay muchas más. Existen estimaciones que alcanzarían más de 25,000 millones de soles y que podrían llegar a 50,000. Lo deplorable de esta situación es que son estimaciones genéricas, nada concreto, como si fuera algo clandestino, confirmando que al MEF esto no lo importa, salvo si afecta a los servicios públicos y remuneraciones. Terrible, patético.

3.- El acuerdo fiscal lo promueve un gobierno de transferencia más que de transición, sabe que nada o poco tendrá que hacer con el próximo gobierno, no porque el llamado a la responsabilidad fiscal no sea válido, sino porque es incompleta, parcializada, discriminatoria y lo realiza sin tener voluntad ni compromiso real con lo que propone. Hacerlo en media campaña electoral sabe a engaño más que a una visión de país, para aparentar una imagen de responsabilidad que no la tiene y para desviar la atención de sus propósitos mezquinos. El acuerdo fiscal del MEF y del gobierno parlamentario de la mafia es para “figuretear”, inoportuno e ineficiente.

4.- El acuerdo fiscal parece la búsqueda de respaldo conversado del MEF con varios de sus ex ministros, salvo Luis Valdivieso, todos han ido a ratificar lo que saben que este gobierno no podrá lograr, para la foto. Mejor hubiera sido que ellos, de manera independiente, hagan ese acuerdo con un informe equilibrado que vea gasto e ingresos, completo y no parcializado, justo y no discriminatorio. Su presencia, en lugar de auspiciar una real voluntad de responsabilidad fiscal, alerta una voluntad de continuar con el manejo económico de los últimos 30 años, del encausamiento económico al desbarrancamiento, donde cada uno ha puesto su grano de arena. Unos han sido verdaderas autoridades ante el congreso, otros asediados e incómodos, hasta los actuales que son apenas conserjes del mismo. El acuerdo fiscal parece reducirse a eso, a un respaldo de ex ministros del MEF a los amanuenses que el congreso tiene en el gobierno y el MEF. Penoso, vergonzoso.

Exigirle responsabilidad fiscal a la mafia gubernamental parlamentaria es pedirle peras al olmo, un imposible; creer que ello es factible en los próximos seis meses de gobierno es ingenuidad más que ilusión, avalar presencialmente un pedido irrealizable es “figuretismo” o representación de intereses nada buenos para el país. El acuerdo fiscal del gobierno es como los gestos del presidente en la lucha contra el crimen, nada concreto, pura foto, mientras el crimen crece; en este caso, es un falso llamado a la responsabilidad fiscal mientras es más irresponsable con la plata de todos para beneficio de pocos, más corrupción, perjuicio y daño al país. A los peruanos nos corresponde, no dejarnos engañar, mecer, ni por este ni el próximo gobierno.

 Argentina: crece producción de litio con inversión extranjera

La Argentina no ha declarado estratégica su producción, lo que muestra la carencia de un proyecto de desarrollo nacional y federal. La explotación deja escasos recursos tributarios en los territorios.

Mientras que el Índice de Producción Industrial Minero registró, en total, un aumento del 3,7% interanual en octubre (y un avance de 3,3% en los primeros diez meses del año), el litio creció mucho más que la media.

La “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos” (que incluye fundamentalmente carbonato y cloruro de litio) avanzó 41,8% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025, con un acumulado del 42% entre el primero y el décimo mes del año.

Argentina y el mundo

El llamado “oro blanco” es la clave de lo que se llama “transición energética” hacia variantes renovables. De 2023 a 2024 su consumo aumentó casi un 30%, mientras que, según el Departamento de Energía de EE UU, en los próximos 10 años el consumo mundial será entre tres y diez veces más grande que el actual. El 80% del consumo se explica en la producción de baterías. El precio internacional del carbonato de litio aumentó un 30% desde el bienio 2021/2022 y se estabilizó en aproximadamente U$S 10.000 la tonelada, con un boom especulativo en el medio.

En el “Triángulo del litio” que comparten Argentina, Bolivia y Chile, los dos primeros lideran con el 40% de los recursos identificados (23 millones de toneladas cada uno), mientras que en Chile está el 20% restante, equivalente a 11 millones de toneladas. No obstante, Chile lleva una ventaja: fue el segundo productor mundial, por detrás de Australia. En ese ranking, la Argentina ocupa el quinto puesto.

En el salar de Atacama, el gobierno chino viene de pedir prioridad absoluta en la actividad. Resulta imposible despegar al litio de la guerra comercial entre Washington y Beijing, sobre todo si se piensa en el acuerdo que se negocia entre la Argentina y EE UU. Juan Salvatierra, investigador del Centro de Estudios Argentina-China, indicó que “nuestro país se encuentra atravesado por una disputa geopolítica ante la creciente tensión entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial. El desarrollo de los hechos nos lleva a inferir que dicha disputa se profundizará en los próximos años. El litio, central en materia de transición energética, es uno de los tantos planos en los que se ve plasmada esa tensión que demanda una gran lucidez política para navegar”.

Extranjerización

Ningún gobierno en la Argentina, desde la primera explotación de litio, en 1997, hasta hoy, declaró el carácter estratégico de este mineral. Esto impide el avance tanto en los lineamientos y la planificación, como en las políticas públicas.

No es solo un error. Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) de octubre pasado marcó la precariedad del armado político que rodea al litio. “A diferencia de Chile y Bolivia, el Código de Minería argentino permite que cualquier agente privado, nacional o extranjero, adquiera yacimientos de litio mediante una simple concesión minera, sin condiciones y a perpetuidad. Una vez obtenidos, estos agentes pueden hipotecarlos, venderlos o explotarlos para producir y comercializar litio con la técnica, la escala y el destino que deseen”.

Los resultados están a la vista. Argentina en 2024 alcanzó su máximo histórico de producción en base a una estructura prácticamente extranjerizada. Hay seis proyectos y solamente Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) aparece con una participación menor en dos de ellos. En Cauchari-Olaroz tiene el 8,5%, mientras que la china Ganfeng Lithium posee el 46,7% y la canadiense Lithium Argentina AG, el 44,8 por ciento. Y en Sales de Jujuy también posee el 8,5%, mientras que la británica Rio Tinto tiene el 65% y la japonesa Toyota Tsusho, el 26,5% restante.

En los demás proyectos activos solo hay presencia extranjera: Rio Tinto en Fénix (Catamarca); la francesa Eramet en Centenario-Ratones (Salta); Posco, de Corea, en Sal de Oro (Salta); y Ganfeng Lithium en Mariana (Salta).

Candelaria Oviedo, economista y docente, una de las autoras del informe de la FDHI, le dijo a Tiempo: “El litio define el poder. Hoy, Argentina tiene una posición fuerte, pero también vulnerable. Porque, lógicamente, diferentes países presionan para asegurarse todos estos recursos que tenemos. Y ahí, lógicamente, nos quedamos con el riesgo de sólo quedar exportando naturaleza barata y después importar tecnología cara”.

Esa extranjerización no deja réditos tributarios. Las regalías provinciales son migajas mientras que la tributación nacional se encuentra limitada por la Ley de Inversiones Mineras de 1993, durante el menemismo. Oviedo observó que «el régimen tributario actual del litio, y ahora con el RIGI mucho más que antes, solamente está pensado para atraer inversión privada y no para planificar desarrollo, ni mucho menos para cuidar el territorio. Es decir, las provincias cobran regalías que son bajas. Siempre fue históricamente el 3% y ahora va a ser en algunos casos hasta el 5% con el RIGI. Pero se calcula sobre el valor en boca de mina, que suele subestimar bastante el valor real. Al estar en el esquema de las inversiones mineras, la explotación de litio recibe muchos beneficios, como exenciones en el impuesto a las ganancias, devolución del IVA por compras y demás”. Un informe de diciembre de 2025 de Fundar definió: “El régimen tributario para la minería del litio vigente en Argentina está caracterizado por su regresividad, inestabilidad y escasa articulación entre niveles de gobierno”.

¿Futuro?

Sobre el futuro, Oviedo consideró que “cuando se habla de industrializar el litio, en general, solo pensamos en baterías. Pero, por ejemplo, la electromovilidad en Argentina podría ser otro modo. Si se lo destina a los colectivos eléctricos tenés trabajo local y desarrollo tecnológico. Para que eso pase el Estado tendría que intervenir. Tiene que garantizar una parte del litio a precio referencial para la industria local, promover plantas industriales, articular con ciencia y producción, un sector hoy castigado. Si eso no pasa, veo muy lejos cualquier industrialización. Va a existir posibilidad cuando el recurso esté en manos del pueblo”.

 

 Perú: Estabilidad de precios…pero la economía real no se mueve

Alejandro Narváez Liceras (*)

En el debate público peruano se repite una idea que suena tranquilizadora: “al menos tenemos estabilidad de precios”. Y es cierto: la inflación se ha reducido de forma importante. Pero esa “victoria” convive con otra realidad igual de contundente: el crecimiento sigue siendo frágil, la inversión avanza con timidez, y el empleo formal no se crea al ritmo que exige un país con profundas brechas sociales. La pregunta incómoda es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad de precios si la economía real no se mueve?

La inflación vuelve al rango, y ¿qué?

A noviembre de 2025, el BCR reportó inflación anual de 1.37% y una inflación subyacente (sin alimentos y energía) de 1.77%. Es decir, precios contenidos y dentro del rango meta (1% -3%), con señales de normalización.

Sin embargo, lo decisivo no es solo la inflación, sino el pulso de la actividad económica: el INEI (2025) informó que el PBI creció 3.4% interanual en el tercer trimestre de 2025. Es crecimiento, sí; pero también es una cifra que se parece demasiado al “piloto automático” de una economía que ronda su potencial sin resolver cuellos de botella. Y cuando una economía se limita a crecer “cerca del potencial” mientras arrastra informalidad masiva, el resultado social suele ser el mismo: se estabiliza el precio del pan, pero no mejora la calidad del empleo que compra ese pan.

El mercado laboral revela la verdad

Aquí nuestro país es brutalmente transparente. La Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) muestra que, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de empleo informal fue 70.6% (y el empleo formal 29.4%). Además, el propio INEI reporta que el empleo adecuado alcanzó 52,4% de la PEA, mientras el subempleo o trabajo parcial – sin derecho a nada 42.5%.

¿Qué nos dice esto? Que el Perú no está frente a un simple problema de “crecer un poco más”. Está frente a una estructura productiva que convierte el crecimiento moderado en ocupación de baja productividad. Por eso la frase “la economía no se mueve” no significa “no hay PBI”, sino que no hay movilidad social, no hay escalera de formalización, no hay salto de productividad.

El “precio del dinero”:  el freno silencioso

Aquí aparece un factor clave: el “precio del dinero” o tasa de interés. En la práctica, en el Perú la tasa de interés que un banco cobra por prestar dinero (tasa activa) a una MYPE (Micro y Pequeñas Empresas) es muy cara, y estas representan el 99% del tejido empresarial, vitales para el empleo y la economía.

Lo que realmente importa para tomar decisiones de inversión y generar empleo no es la tasa de referencia del BCR de 4.25% actual – que tanto de propalan-, sino el costo efectivo del crédito productivo. Y allí la economía real se da de bruces con una pared. La SBS (2025) muestra que, al 16 de diciembre de 2025, la tasa promedio para créditos a la microempresa en moneda nacional fue 56.81% anual. Es decir, de cada 100 soles de sus ingresos, 57 soles van al prestamista solo por concepto de intereses, fuera de la amortización del principal.

Con ese costo, pedir “más inversión privada” suena irónico, burla para los jóvenes que aspiran a emprender negocios y para los miles de empresarios que sobreviven a duras penas. El crédito caro no solo frena el capital de trabajo e inversión, también empuja a la informalidad, porque formalizarse con financiamiento prohibitivo hace que el negocio sea simplemente inviable. Esta es la economía que “no se mueve” y la que mantiene una inflación baja.

El Perú no es una economía “normal” desde el lado laboral

Según el BCR (2025), en octubre, el empleo formal total a nivel nacional aumentó en 3.4% interanual. No obstante, si comparamos esta cifra con lo de marzo de este mismo año que fue de 7.8% la caída es preocupante, por un lado, y por otro, la tendencia es decreciente en los últimos 6 meses (véase la Nota Semanal del BCR, diciembre 2025).

Desafortunadamente, esta cifra convive con un problema estructural: el Perú sigue siendo un país donde 7 de cada 10 ocupados son informales. Cuando la informalidad domina, el desempleo abierto deja de ser el termómetro de “holgura” real del mercado laboral. En economías con alto subempleo e informalidad, el dilema tradicional de la curva de Phillips (menos inflación a cambio de más desempleo, o viceversa) actúa de forma distinta, y desplazan el centro de gravedad de la política económica hacia la productividad, inversión, competencia y formalización efectiva.

¿Qué hacer?

En política económica la estabilidad de precios es un piso, un noble objetivo a corto plazo, no un techo. Esta idea es de manual. Si el piso se convierte en objetivo final, la economía se vuelve conservadora, y el país termina administrando el estancamiento con inflación reducida. Aquí algunas ideas:

1. Estado eficiente y que ejecute:macroeconomía robusta pierde legitimidad cuando el ciudadano observa servicios públicos de pésima calidad e inmóviles.
2. Acelerar inversión y destrabar proyectos (públicos y privados) con metas verificables, reducción de trámites y mejoras reales en permisos.
3. Política monetaria y crediticia con foco productivo: más competencia financiera y mejores esquemas de garantías focalizadas para MYPEs. Con tasas de interés leoninas no hay transición a la formalidad.
4. Productividad e institucionalidad:sin reformas micro (competencia, simplificación regulatoria, calidad del gasto), la economía seguirá con crecimiento “corto”.
5. Empleo formal como objetivo explícito: políticas de capacitación, formalización viable y reducción de costos no salariales que castigan la contratación.

Apunte final

La estabilidad de precios es un logro macroeconómico valioso, pero no es un proyecto de país. Cuando la economía no se mueve, la estabilidad se vuelve una tarea incompleta: orden sin progreso. Obviamente, el Perú necesita controlar la inflación y, al mismo tiempo, atacar el núcleo del estancamiento: inversión débil, productividad baja, trabas institucionales y un mercado laboral que no convierte crecimiento en bienestar.

La pregunta final no es si queremos inflación baja, eso es obvio. La pregunta es: ¿queremos una economía estable que apenas respira, o una economía estable que genere empleo, productividad y futuro?

 

* Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.

https://otramirada.pe/estabilidad-de-precios-s%C3%AD-pero-la-econom%C3%ADa-real-no-se-mueve

Chile: Reducción de cuota de merluza común, fracaso de la gestión

La empresa pesquera PacificBlu expresó su “profunda preocupación” ante la nueva reducción consecutiva de un 15% de la cuota global de captura de merluza común para la temporada 2026, pasando esta vez de 35.020 a 29.703 toneladas. Además, calificaron la noticia como “un golpe inesperado y de alto impacto” y que, a su juicio, afectará gravemente al sector merlucero en su conjunto, tanto a la pesca industrial como a la pesca artesanal.

Según explicaron desde la compañía, esta reducción se suma al 5% de cuota histórica perdida tras los cambios en el fraccionamiento aprobados durante este año, configurando un escenario complejo e incierto para 2026, al no contar con el volumen de cuota necesario para darle continuidad a la operación y asegurar su viabilidad económica.

El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, afirmó que “lo ocurrido con la merluza común confirma el fracaso total de la gestión pesquera del Gobierno. El Ejecutivo mantuvo al sector pesquero por casi tres años enfrascado en discusiones regulatorias y políticas, abandonando lo esencial: la recuperación efectiva de la merluza común, particularmente el control de la pesca ilegal, que el propio Comité Científico estima en torno a 20 mil toneladas, sobre una cuota que ahora será de solo 30 mil toneladas”.

Moenne agregó que “no existe una fiscalización adecuada ni medidas contundentes para combatir la pesca ilegal, la verdadera responsable del estado crítico que arrastra la merluza común hace más de una década. Este abandono es lamentable y hoy sus consecuencias prácticas son que la cuota global de captura se ha reducido en dos años consecutivos en un 15%, cada vez, pasando de 41.172 toneladas el año 2024 a solo 29.703 para 2026″.

Sumado a aquello, la compañía advirtió del incumplimiento de un compromiso asumido por el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, en el marco de la discusión de la ley de fraccionamiento.

“En la Comisión Mixta, el Ejecutivo se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que los organismos pertinentes revisaran el estado actual y no repusieran la veda de la pesquería del besugo, como una medida complementaria orientada a mitigar el impacto productivo y laboral derivado de la reducción del fraccionamiento industrial de merluza común. Sin embargo, faltando pocos días para el término del año, ese compromiso no se materializó“, acusaron.

En esa línea, agregaron que la Subsecretaría de Pesca, “no cumplió con generar las acciones necesarias para que el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) revisara la información histórica de la pesquería y utilizara un modelo de evaluación apropiado para una pesquería que lleva 15 años en veda”.

“El Subsecretario de Pesca, Julio Salas, ya nos comunicó que repondrá la veda del besugo que terminaba este año, a pesar de que el Gobierno dispone de las facultades legales para abrir la pesquería y así poder contar con información científica que muestre con datos actualizados el real estado de recuperación del recurso. Nuestros capitanes ven año tras año cómo la pesquería se ha recuperado, pero según nos manifestó el Subsecretario Salas no ha existido ningún nivel de recuperación en este recurso, esto es muy poco probable después de haber estado 15 años en veda y sin existir investigación científica en todo este tiempo que lo avale“, sostuvo Moenne.

Desde PacificBlu repararon en que esta decisión de reponer una veda sin información científica actualizada profundiza la incertidumbre para 2026, elimina alternativas de diversificación productiva y hace prácticamente imposible lograr la necesaria continuidad operacional.

Finalmente, la empresa informó que continuará evaluando el impacto de estas medidas sobre su operación para la temporada 2026, reiterando que “el panorama es extremadamente complejo, estamos bajo la línea de flotación, pero, por otro lado, no queremos tomar decisiones apresuradas sin antes conocer los lineamientos que tendrá el Gobierno entrante para el sector pesquero”.

Los uruguayos rechazan prospecciones sísmicas de petróleo

Organizaciones ambientalistas denuncian las consecuencias de la autorización ambiental para la prospección sísmica a cuatro empresas petroleras. Uruguay es un país que tiene más mar que tierra. La costa uruguaya es conocida por ser lugar de rutas migratorias de fauna marina, siendo lugar de avistamiento de ballenas. También tiene una fuerte actividad pesquera. Por esto y mucho más, la posibilidad de realizar prospecciones sísmicas en busca de petróleo en el océano ha levantado al pueblo uruguayo.

El lunes 15 de diciembre, la organización Mar libre de petroleras convocó numerosas concentraciones en distintas localidades uruguayas como Montevideo, Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia para entregar las más de 20 mil firmas recogidas hasta el momento en rechazo a los proyectos de exploración sísmica para la extracción de petróleo en el mar uruguayo. Para la organización, estas convocatorias han supuesto la evidencia de “un rechazo amplio y transversal a la exploración sísmica aprobada por el Ministerio de Ambiente el pasado 5 de diciembre”.

El Ministerio de Ambiente ha autorizado que cuatro empresas realicen exploración sísmica en aguas uruguayas: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.

El Ministerio de Ambiente uruguayo ha otorgado la autorización para que cuatro empresas extranjeras realicen exploración sísmica en aguas uruguayas en busca de petróleo. Los estudios sísmicos en océanos buscan yacimientos de petróleo y gas, lugares potenciales de almacenamiento de petróleo y de instalación de plataformas petroleras. Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS ya habían firmado un contrato con Ancap, empresa pública uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que les habilitaba a realizar la prospección en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay.

Cada una de estas empresas tiene asignada una serie de km² de exploración (Searcher Geodata, 16.450 km²; CGG Services, 12.900 km²; APA Exploration, 15.876 km², y PGS, 13.873 km²). Para realizar las exploraciones se usan cañones de aire comprimido que emiten impulsos sonoros bajo el agua para obtener imágenes de las capas geológicas que posteriormente perforar y detectar dónde podrían almacenarse hidrocarburos.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declaró en el periódico la diaria, que “por los beneficios económicos y sociales que generaría su descubrimiento para el país, la búsqueda de petróleo con sísmica no es lo nuevo, viene comprometida de muy atrás”. Alejandro Stipanicic, expresidente de Ancap que inició los contratos hace dos legislaturas, defiende que se cuenta con grandes garantías de protección.

La autorización se firma hoy, pero es resultado de una política de estado sostenida por distintos gobiernos. Ya en 2023, Ancap firmó acuerdos de exploración con YPF, Shell y APA Corporation, asignando áreas específicas en la plataforma marina uruguaya para la búsqueda de crudo y gas. Aunque estos acuerdos pueden remontarse dos legislaturas atrás, la autorización actual no inaugura la exploración sino que la habilita formalmente.

La prospección se hará a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa y a una profundidad de entre 50 y 5.000 metros. En un inicio se había planteado una prospección de siete bloques offshore y finalmente se autorizó la explotación en los bloques uno y cuatro. Los ”siete bloques offshore“ se refieren a las siete áreas de exploración de petróleo y gas adjudicadas por Uruguay a empresas internacionales (YPF, Shell, APA y Challenger Energy) en su plataforma continental, bajo la iniciativa Ronda Uruguay Abierta, para buscar hidrocarburos.

Los proyectos de prospección sísmica están catalogados en la categoría “C” lo que obliga a tener un informe del impacto ambiental completo ya que se tratan de “actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Y es que parte de las áreas autorizadas son áreas prioritarias para la conservación marina como el “Talud Continental” y el “Área de Cría Permanente de Merluza” (Acpm).

Javier Sánchez Tellechea, biólogo especializado en bioacústica e investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad de la República, escribió en la diaria los efectos de las prospecciones sísmicas en los ecosistemas marinos. Las prospecciones sísmicas usan ondas sonoras de alta intensidad y baja frecuencia (entre 10 y 300 Hz) que producen niveles de ruido bajo el agua de alrededor de 230 decibeles. La baja frecuencia en el agua puede propagarse grandes distancias por los canales naturales, como el canal Sofar. Sánchez Tellechea explica que el canal Sofar o de sonido profundo es “una capa del océano con unos niveles de temperatura, presión y salinidad ideales para la propagación de sonidos”, razón por la que las ballenas, entre otros cetáceos, usan este canal para su comunicación.

Concretamente la costa uruguaya es zona de avistamiento de la ballena franca austral (Eubalaena australis), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), ballena minke antártica (Balaenoptera bonaerensis), ballena de aleta (Balaenoptera physalus) y la ballena azul (Balaenoptera musculus).

También afectaría a otros animales marinos como los odontocetos (delfines y cachalotes) a pesar de que usen frecuencias más altas para comunicarse, sobretodo en el caso del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus gephyreus), la franciscana (Pontoporia blainvillei), el cachalote (Physeter macrocephalus), los calderones (Globicephala melas), el delfín común (Delphinus delphis), el delfín de Risso (Grampus griseus) y las especies de cachalotes pigmeo y enano (Kogia breviceps y Kogia sima).

Impacto en ecosistemas enteros

No se trata solamente de especies marinas concretas, sino de ecosistemas enteros que se verían afectados como “la franja costera de Rocha, Maldonado y Canelones, el talud continental frente a Punta del Este, La Paloma y Cabo Polonio y el Río de la Plata exterior”, en palabras de Sánchez Tellechea. Además, también se verían afectados los peces, especialmente los de importancia comercial como recursos pesqueros del país como la merluza (Merluccius hubbsi), la pescadilla (Cynoscion guatucupa) y la corvina (Micropogonias furnieri). Según Sánchez Tellechea, los grandes olvidados que también se verían afectados son los invertebrados marinos, que suponen el 90% de la biodiversidad oceánica. Por todo esto, Sánchez Tellechea defiende que se debe “investigar las áreas de nuestro mar, comprender su dinámica y su biodiversidad, y sólo entonces decidir si vale la pena intervenir”.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso”.

Otros investigadores, como Andrés Milessi, biólogo marino y doctor en oceanografía, confirman estas consecuencias. “Vamos a hacer pelota nuestro ecosistema marino y quizás no haya petróleo”, denuncia Milessi. El Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO) está investigando los ecosistemas, el clima y las visiones alternativas de desarrollo, en conjunto con las organizaciones sociales, frente a las exploraciones de petróleo, la construcción sobre la costa y proyectos como Neptuno.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando, informando y movilizando a la población frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso” por ello recolectan firmas, impulsan concentraciones en todo el país, se articulan con investigadoras e investigadores y denuncian públicamente “la inconsistencia entre el discurso oficial de transición energética y la persistencia de una matriz extractivista”.

La agrupación Amigos del Océano, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y Mar Libre de Petroleras son algunas de las organizaciones que están recogiendo firmas contrarias a las prospecciones y organizando concentraciones y manifestaciones en todo el país para que las autoridades “dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y las comunidades”. Mar libre de petroleras se define como “una organización nacida desde el pueblo uruguayo que una vez más dice no a las prospecciones sísmicas, no a las petroleras en Uruguay”. Esta es una de las organizaciones que denuncia que el Ministerio está siendo un “garante del extractivismo petrolero” así como señalan la incoherencia entre los planes de transición energética y la búsqueda de hidrocarburos que “reinstala la lógica fósil”. En su manifiesto, la organización Mar libre de Petroleras afirma que los contratos son “son nulos de pleno derecho por vulnerar el artículo 47 de la Constitución, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley 19.128 que declara la Zona Económica Exclusiva como Santuario de Ballenas y Delfines, y principios del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación pública”.

“Aunque no haya perforación aún en esta etapa, el daño acústico ya es significativo para toda la fauna, trayendo graves problemas para el ecosistema de Uruguay, afectando no solo a los animales sino también a los trabajadores que se dedican a la pesca”, declaró una manifestante tras la recogida de firmas del pasado lunes 15 de diciembre, además de afirmar que “la acción colectiva no se detiene en la protesta, también construye conocimiento, alternativas y defensa activa de los bienes comunes”.

Además de la recogida de firmas, a lo largo de 2025 han habido instancias previas de movilización como audiencias públicas y manifestaciones donde no se recibieron respuestas del gobierno. Todavía quedan pasos por dar. Las empresas que realizarán las prospecciones deben presentar un plan de gestión ambiental y este plan debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

Las próximas acciones de las organizaciones sociales, ecologistas y ambientalistas “buscan fortalecer la articulación entre organizaciones, ciencia y ciudadanía, exigiendo participación real, transparencia y el respeto a la vida marina, a las comunidades costeras ya los compromisos ambientales del país, continuando la lucha para que este suceso no manche el país de petróleo”.

Colombia: importaciones al alza y exportaciones rezagadas

Las importaciones se aceleran con un salto de 14,9 % frente al año anterior, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El país volvió a acelerar las importaciones, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El déficit comercial, reticente a ceder, profundiza aún más la distancia frente al anhelado superávit.

Según el más reciente informe del DANE, en octubre el país importó USD$6.583 millones CIF (costo, seguro y flete), un 14,9 % más que en el mismo mes de 2024. El déficit comercial de Colombia se profundizó en el último corte del año, como resultado del acelerado crecimiento de las importaciones, que superaron ampliamente el ritmo de las exportaciones nacionales, según datos económicos actualizados que ubican al país ante un desafío creciente en su balanza comercial.

De acuerdo con el más reciente informe del DANE, las importaciones durante octubre alcanzaron  6.583 millones de dólares CIF, lo que representa un aumento del 14,9 % frente al mismo mes de 2024, mientras que las exportaciones no lograron mantener un ritmo equivalente de crecimiento. Este desequilibrio ha ampliado la brecha comercial, ampliando la distancia entre lo que Colombia compra en el exterior y lo que vende al mundo.

La dinámica comercial

El incremento de compras externas refleja la mayor demanda interna de bienes importados, especialmente en sectores que dependen de maquinaria, insumos y productos manufacturados extranjeros. En contraste, las exportaciones han enfrent dificultades para escalar al mismo ritmo, afectadas por factores como la caída de precios internacionales de algunos commodities y la lenta recuperación de ciertos mercados externos para productos tradicionales de exportación.

Este comportamiento se suma a otros retos de la economía colombiana, como la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno para enfrentar un déficit fiscal que amenaza la ejecución del presupuesto de 2026 tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso.

El profundo déficit comercial tiene varias consecuencias:

• Presión sobre la demanda de divisas, lo cual influye en la estabilidad cambiaria y puede afectar la posición del peso frente al dólar, aunque la divisa ha mostrado estabilidad cercana al cierre del año.
• Impacto en la producción local, ya que una demanda sostenida por productos importados puede reducir la participación de industrias nacionales en ciertos segmentos del mercado.
• Mayor vulnerabilidad a choques externos, dado que un desequilibrio prolongado en la balanza comercial puede limitar la capacidad de respuesta ante fluctuaciones globales de precios o demanda internacional.

Este escenario plantea un dilema estructural para la economía colombiana: mientras se observa un crecimiento interno de la demanda que impulsa las importaciones, el rezago de las exportaciones sugiere la necesidad de fortalecer la competitividad internacional y diversificar los mercados externos. En un año en que se esperan tensiones fiscales y ajustes presupuestales, el sector productivo y las políticas públicas deberán trabajar de la mano para equilibrar la balanza y generar oportunidades para sectores exportadores.

 

Panorama internacional

1.Pese a los reveses, la deuda verde alcanza un récord mundial

Luis Mauro Filho

La emisión global de bonos y préstamos verdes alcanzó un máximo histórico el viernes (26), alcanzando los 947 000 millones de dólares en lo que va de año, un avance que contrasta con el reciente debilitamiento de las políticas ambientales en las principales economías. Este avance se debe principalmente a la mayor demanda de infraestructura energética vinculada a la inteligencia artificial, la electrificación y la modernización de las redes eléctricas.

Este desempeño se está produciendo incluso en un contexto político adverso. En Estados Unidos, el actual presidente, Donald Trump, ha reforzado el apoyo a los combustibles fósiles y ha desmantelado los subsidios y los marcos regulatorios destinados a las energías limpias. En Europa, los gobiernos también han flexibilizado las normas ambientales ante las preocupaciones sobre el crecimiento económico y la competitividad industrial.Play Video

Sin embargo, los inversores siguen dirigiendo sus recursos hacia activos sostenibles, impulsados ​​por señales más claras de demanda estructural. La expectativa de un crecimiento cercano al 4% en el consumo mundial de electricidad, sumada a la expansión de los centros de datos, los sistemas de refrigeración y la electrificación de los sectores productivos, ha reforzado el optimismo del mercado.

“Las inversiones verdes se consideran cada vez más como inversiones esenciales en infraestructura e industria, y no solo como operaciones ESG de nicho”, afirmó Melissa Cheok, directora asociada de investigación de inversiones ESG en Sustainable Fitch. Según ella, “es probable que el capital fluya hacia áreas con una clara visibilidad de ingresos, apoyo político y demanda estructural, como la modernización de la red eléctrica y la energía renovable vinculada a la electrificación”.

La región Asia-Pacífico lideró la captación de fondos, con empresas y emisores vinculados a gobiernos que captaron 261 000 millones de dólares en deuda verde, un aumento interanual de aproximadamente el 20 %. China e India fueron los principales impulsores de este crecimiento, impulsando la expansión de proyectos de energías renovables. China, en particular, registró una cifra récord de 138 000 millones de dólares en emisiones de bonos verdes, lideradas por sus principales bancos, además de lanzar una oferta soberana en Londres a principios de año.

En la región, el llamado greenium (menor costo de financiamiento asociado a los bonos verdes) es más pronunciado. En noviembre, algunos emisores lograron obtener descuentos superiores a 14 puntos básicos utilizando la etiqueta verde, según BloombergNEF. Estos instrumentos se siguen utilizando para financiar la transición energética y proyectos de transporte con bajas emisiones de carbono.

Entre los mayores emisores globales de bonos verdes en 2025 se encuentran BNP Paribas SA y Crédit Agricole SA. Los datos de Bloomberg muestran que el stock de estos bonos ha crecido a una tasa anual promedio del 30 % en los últimos cinco años, representando actualmente alrededor del 4,3 % del total mundial, según una encuesta reciente realizada por investigadores del LSE Group.

Las perspectivas para el próximo año también son positivas. La flexibilización de los tipos de interés en Estados Unidos y las necesidades de refinanciación podrían impulsar las ventas globales de bonos verdes hasta 1,6 billones de dólares. «Las condiciones financieras y la demanda de capital deberían impulsar un nuevo ciclo de emisiones», evaluó Crystal Geng, responsable de investigación ESG para Asia en BNP Paribas Asset Management.

En el mercado de valores, las empresas de energía verde lideraron las ganancias en 2025. Los índices de energía limpia de S&P Dow Jones Indices y WilderShares subieron un 45% y un 60%, respectivamente, superando fácilmente al S&P 500, aunque todavía por debajo de los picos registrados en 2021. Las empresas estadounidenses de energía solar y almacenamiento de baterías, como SolarEdge Technologies Inc., estuvieron entre las más destacadas, mientras que los fabricantes de turbinas eólicas impulsaron las ganancias en China y Alemania.

India también se ha consolidado como un importante centro de ofertas públicas iniciales (OPI) en el sector de las energías renovables, con 11 OPI que recaudaron más de 1000 millones de dólares este año. Otras seis empresas buscan recaudar más de 3000 millones de dólares. Para 2024, 14 empresas del sector habían recaudado 2400 millones de dólares en OPI.

Sin embargo, no todos los mercados siguieron esta tendencia. En Estados Unidos, la emisión de deuda verde cayó un 7%, hasta los 163 000 millones de dólares, mientras que las ventas de bonos supranacionales disminuyeron en una cantidad similar. En Alemania, la captación de fondos se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 79 000 millones de dólares.

En India, a pesar de un volumen récord de 7000 millones de dólares en préstamos verdes, la fuerte competencia entre los bancos extranjeros ha reducido los márgenes de financiación. «El aumento de la competencia ha reducido los márgenes entre un 5 % y un 10 % en proyectos de energías renovables y otros sectores», declaró Jeanne Soh, directora de finanzas estructuradas para Asia de Sumitomo Mitsui Banking Corp.

En contraste, las ventas de bonos vinculados a la sostenibilidad cayeron aproximadamente un 50% durante el año, hasta los 165.000 millones de dólares, en medio de la preocupación por el lavado de imagen verde. La emisión de bonos de transición, dirigidos a sectores difíciles de descarbonizar, también se redujo en más de la mitad, totalizando 10.900 millones de dólares.

Según Xuan Sheng Ou Yong, gestor de cartera de inversiones sostenibles de Robeco en Singapur, es probable que este panorama cambie. Cree que, en los próximos dos años, los cambios en la normativa de los fondos europeos deberían ampliar la definición de inversión sostenible, abriendo espacio para proyectos que reduzcan las emisiones en los sectores más contaminantes.

En general, el volumen global de deuda sostenible alcanzó aproximadamente US$1,6 billones en 2025, una disminución de más del 8% en comparación con 2024. En otro segmento, se vendieron más de US$500 mil millones en bonos sociales en Estados Unidos, en su mayoría vinculados a la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (Ginnie Mae), que garantiza el capital y los intereses de los títulos respaldados por hipotecas.

2. La maldición del petróleo

Ariela Ruiz Caro*

El tono megalómano, imperativo y colonialista de las amenazas y sanciones de Donald Trump a Venezuela, en un mensaje en su red Truth Social, en el que dice que el país “está completamente rodeado por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur” y que “esta fuerza seguirá creciendo, y la conmoción para ellos será como nada que hayan visto antes hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”, ha generado una cohesión interna entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición que sienten una agresión inadmisible a su soberanía.

 

En su desopilante mensaje, Trump develó el principal motivo de su ofensiva sobre Venezuela: derrocar al gobierno de Nicolás Maduro para tomar el control del territorio venezolano, ya sea vía un títere como María Corina Machado o por medio de algún otro candidato funcional a su gobierno. Además de exigir que le devuelvan el petróleo, las tierras y activos que los venezolanos “les han robado”, Trump humilló, en ese mensaje, a los miles de venezolanos de buena fe que emigraron a Estados Unidos —fundamentalmente como resultado ex profeso de la política de sanciones a Venezuela— al acusarlos de “inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden”.

Trump siempre critica a su antecesor. Al inicio de su campaña electoral, en junio de 2023, lo hizo duramente al señalar que, cuando dejó la presidencia, “Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo (…). Ahora se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico”.

Escándalo sin precedentes

Mientras tanto, los fuegos artificiales que proyectaba María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz, solo fueron flor de un día. Nadie habla del señor Edmundo ni de María Corina en Venezuela. Políticos opositores a Maduro no la respaldan por incitar y avalar una invasión militar a su país y comportarse como embajadora ad hoc de Estados Unidos al señalar que “Maduro tiene las horas contadas en el gobierno y se irá por las buenas o por las malas”. Tampoco cayó bien que dijera, sin ningún sustento estadístico, que en Venezuela “los carteles de la droga han tomado el control del 60%” de la población y que “no sólo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución (…) Venezuela se ha convertido en el centro criminal de las Américas”. Estas mismas palabras utilizó Trump en su abominable mensaje al señalar que Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados (a Estados Unidos) para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Esas fueron las razones utilizadas para designar al régimen venezolano como “organización terrorista extranjera” y ordenar “un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela”.

En la historia reciente no se registra un relato tan grotesco y escandaloso para justificar el derrocamiento de un gobierno. En una entrevista con Vanity Fair, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha confirmado las pretensiones de despojo de Venezuela y ha dicho que Trump quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano “se rinda”. Desde fines de agosto a la fecha, se ha segado la vida de más de 100 ciudadanos a bordo de 28 embarcaciones, acudados de ser narcotraficantes sin que medie prueba alguna y sin el más mínimo respeto a los derechos que tiene el más avezado delincuente a su defensa.

Es importante destacar que ,el 18 de diciembre, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó una denuncia penal en contra de 30 personas vinculadas con la Fundación Nobel por cometer delitos graves, entre los que se encuentran los supuestos delitos de apropiación indebida de fondos, crímenes de lesa humanidad y el financiamiento del crimen de agresión. Según Assange, el testamento del creador del premio que lleva su nombre establece que «la dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra, pues indica que el premio de la paz se dé a la persona que durante el año anterior ‘otorgó el mayor beneficio a la humanidad’, al realizar ‘el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, en favor de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y en favor de la celebración y promoción de congresos de paz’”. Así, Assange argumenta que «cualquier desembolso que contradiga este mandato constituye una apropiación indebida de la dotación». A su juicio, las acciones previas y en curso excluyen categóricamente a Machado de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel.

Reacciones en la región

Salvo el respaldo de los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y San Cristóbal y Nieves) y los presidentes de Brasil, Colombia y México, el resto de los líderes de nuestra región, así como la OEA, parecen embalsamados frente a la creciente tensión y amenazas de Trump a Venezuela. Mudos.

La más coherente ha sido la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien instó a la Organización de Naciones Unidas a que actúe frente a las agresiones del presidente Donald Trump en contra de Venezuela. Contundente, exigió que “asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”. Sheinbaum reiteró la posición de México, acorde con la Constitución, de no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Ello, independientemente de las diversas opiniones sobre el régimen venezolano y la presidencia de Maduro. Es bajo esta mirada que Sheinbaum reconoció el resultado de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, a diferencia de Gustavo Petro y Lula. Este último vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS en la Cumbre de Kazán, Rusia, en octubre de 2024.

Durante la Cumbre del Mercosur frente a un Javier Milei que ensalzó la amenaza militar estadounidense, el presidente Lula dijo que nuestra región no es una zona de guerra y sí una región de paz y que está dispuesto a mediar entre Venezuela y Estados Unidos. Durante su intervención Lula dijo que una intervención armada en Venezuela se convertiría en una catástrofe humanitaria para el hemisferio y en un precedente peligroso para todo el mundo. Y agregó que “más de cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a verse amenazado por la presencia militar de una potencia extra-regional y que “se están testeando los límites del derecho internacional”.

Gustavo Petro ha sido firme en rechazar la injerencia estadounidense en ese país. Ha señalado reiteradamente que a Trump no le interesa la lucha contra el narcotráfico, sino el petróleo y las riquezas de Venezuela; ha evocado a Bolívar y a la Gran Colombia y ha expresado su solidaridad con Maduro y el pueblo venezolano. Sin embargo, en medio del enfrentamiento con Estados Unidos, también ha dicho que Venezuela necesita una “revolución democrática” y no “represiones ineficientes”, al comentar sobre la retención y anulación del pasaporte que sufrió el 10 de diciembre el cardenal Baltazar Porras.

Fuera de la región

Nicolas Maduro sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, ante quien calificó las acciones estadounidenses como parte de una “diplomacia de la barbarie ajena a la convivencia internacional”. Guterres se comprometió a abordar el tema en el Consejo de Seguridad, que tuvo lugar el 23 de diciembre .

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha señalado que su país apoya los esfuerzos de Venezuela por proteger su soberanía nacional en medio del bloqueo naval de Estados Unidos y se opone a cualquier forma de presión unilateral. Dijo también que China y Venezuela son socios estratégicos, y que la confianza y el apoyo mutuos son una tradición en las relaciones chino-venezolanas.

Rusia ha invocado a la administración Trump a «no cometer un error fatal» y abstenerse de seguir deslizándose hacia una situación que entraña consecuencias imprevisibles para todo el hemisferio occidental. “Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a Venezuela, país amigo para nosotros. Especial inquietud provoca el carácter unilateral de las decisiones que crean una amenaza para la navegación marítima internacional», señaló la Cancillería rusa en un comunicado. «Siguen manteniendo plena vigencia las palabras del ilustre hijo de América Latina, Simón Bolívar: Cada pueblo tiene derecho a elegir por sí mismo a sus gobernantes, y los demás países deben respetar esa elección'» se señaló.

El gobierno de Alemania también ha expresado su preocupación ante la orden del presidente Trump de bloquear a los petroleros sancionados que ingresan y salen de Venezuela, y advirtió sobre los riesgos que una medida de ese tipo podría representar para la paz y la estabilidad regional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, Martin Giesesel, advirtió que que un bloqueo naval es violatorio del derecho internacional y puede ser considerado un acto de guerra”.

Estados Unidos tiene a casi todos los países de la región en su redil, pero no le será fácil sumar a Venezuela. Todos sus intentos fracasaron durante su primer gobierno  a pesar de la trilogía Mauricio Claver-Carone, Marco Rubio y Elliot Abrahams, además de John Bolton –ex asesor de seguridad nacional de Trump–  y el inefable presidente interino Juan Guaidó (2019-2023). Hace 25 semanas que Venezuela enfrenta un hostigamiento en todos los frentes, pero cuanto más la agreden, mayor es la resistencia que se genera. La recompensa por los 50 millones de dólares no ha logrado dividir a las Fuerzas Armadas para capturar a Maduro. Los grupos de la CIA infiltrados en Venezuela pueden ser siempre un peligro para la realización de operaciones encubiertas, pero no se puede desconocer que el de Venezuela es un gobierno cívico-militar bien organizado.

Todo parece indicar que Estados Unidos no se animará a invadir Venezuela. Trump cuenta con un nivel de aprobación de 39%, según una encuesta de la CNN, y 70% de la población rechaza la invasión, en un escenario en el que dentro de once meses habrá elecciones de medio término. Lo más probable es que los venezolanos deban enfrentar un acecho de larga duración en varios frentes, con presión ahora desde Chile y la Argentina, y quizás el próximo año desde Colombia y quién sabe si también Brasil, aunque hoy las encuestas favorecen a las fuerzas políticas de ambos mandatarios. Presión y desestabilización serán probablemente parte del juego.

Mientras la administración estadounidense intensifica su presión sobre Venezuela, políticos, ciudadanos y activistas en Estados Unidos advierten que una guerra en el Caribe no solo sería ilegal, sino políticamente costosa y moralmente indefendible. Además, afectaría a la región y a los propios intereses del pueblo estadounidense.

*Asesora de la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Montevideo; investigadora del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), consultora de la Comisión Económica para América Latina yel Caribe, Naciones Unidas (CEPAL), Santiago de Chile.