Innovación agrícola: Uruguay y Brasil refuerzan alianza científica
Los institutos INIA (Uruguay) y Embrapa (Brasil) lanzaron una unidad mixta para desarrollar ganadería sostenible, bioinsumos y agricultura digital con inteligencia artificial aplicada al análisis de datos de suelo, clima, satélites y pasturas.
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay y la estatal brasileña Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) acordaron la creación de una Unidad Mixta de Investigación e Innovación Internacional, un mecanismo institucional que busca elevar a un nuevo nivel la cooperación bilateral luego de 15 años de trabajo conjunto.
La alianza -anunciada durante la reunión del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (Procisur) que se realizó esta semana- apunta a generar soluciones tecnológicas adaptadas al bioma pampa, fortalecer la investigación regional y posicionar al Mercado Común del Sur (Mercosur) como un bloque productor de alimentos sostenibles e innovación agrícola.
El presidente del INIA, Miguel Sierra, explicó que la unidad mixta pretende “dar un salto en calidad” respecto a la colaboración previa: “Queremos salir de la lógica de proyectos de dos o tres años y construir una visión de mediano y largo plazo. La meta es identificar problemas y oportunidades relevantes, compartir infraestructuras, fortalecer la movilidad de investigadores y captar de manera coordinada fondos competitivos en la región y el mundo”.
El beneficio principal, según Sierra, será la creación de “soluciones tecnológicas adaptadas a los contextos productivos locales”. Señaló que las instituciones pondrán el foco en la producción sostenible de alimentos saludables, incluyendo el desarrollo de nuevas variedades vegetales adaptadas al cambio climático, vacunas ajustadas a los problemas sanitarios regionales, aplicaciones informáticas basadas en datos locales y sistemas de trazabilidad “del campo a la mesa” diseñados en la propia región.
Todo ello apunta a aumentar la sostenibilidad, agregar valor y garantizar información confiable a consumidores nacionales e internacionales. “Es importante para los productores y para la sociedad en su conjunto. Uruguay es un país exportador de alimentos; necesitamos sistemas confiables y basados en ciencia. Esta alianza nos posiciona internacionalmente”, afirmó.
Asimismo, Sierra consideró que la iniciativa “refuerza al Mercosur” y “marca un norte” para que se sigan construyendo unidades mixtas entre distintos actores y países. “Tenemos la visión de que el Mercosur tiene que ser no sólo un área abastecedora de alimentos, sino también generadora de soluciones tecnológicas adaptadas a nuestras realidades. Debemos agregar valor y retener talento, desarrollar tejidos empresariales y adecuar la normativa para cumplir con los mayores estándares del mundo”.
El presidente del INIA dijo que la unidad mixta “sin duda puede contribuir” a posicionar a la región en materia de producción agropecuaria sustentable e innovación ante el mundo.
Prioridades
La unidad funcionará a través de una comisión técnica integrada por dos referentes de cada institución. Los investigadores Álvaro Roel y Verónica Ciganda representarán a INIA. Este equipo será el encargado de definir la hoja de ruta y priorizar temáticas.
“Expresamos interés en los temas vinculados al bioma pampa. Ahora se inicia el año de los pastizales. Uruguay quedó definido por FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como líder mundial en la iniciativa global sobre pastizales. Hay una línea de trabajo en Río Grande do Sul y otras zonas de Brasil en este tema”, dijo Sierra.
El también ingeniero agrónomo señaló que ambas instituciones expresaron interés en el tema de bioinsumos debido a que Embrapa tiene una “larga experiencia” científica, tecnológica, empresarial en temas de registro y normativa.
Asimismo, señaló que durante el encuentro se habló sobre inteligencia artificial y digitalización. Ambas instituciones tienen experiencia en control biológico, bioestimulantes y biofertilizantes, y buscan avanzar en procesos científicos, tecnológicos, empresariales y regulatorios para reducir el uso de agroquímicos y desarrollar insumos adaptados a la región.
“Consideramos clave la gestión sostenible del campo natural: desde manuales de buenas prácticas y el monitoreo del estado de los pastizales con tecnologías satelitales e inteligencia artificial, hasta el desarrollo de bioinsumos que reduzcan el uso de agroquímicos. Hablamos de control biológico, bioestimulantes y biofertilizantes, que permitan prácticas más sostenibles y reduzcan la dependencia de productos importados”, resumió.
Digitalización e inteligencia artificial
Por otro lado, Sierra señaló que la IA será clave para procesar grandes volúmenes de datos de suelo, clima, imágenes satelitales y estado de las pasturas.
“Antes era muy difícil integrar toda esa información; ahora podemos generar modelos más potentes para apoyar decisiones. INIA ya presentó avances en ganadería sostenible usando IA, y varios de nuestros equipos colaboran con Embrapa”.
La alianza también permitirá aumentar los puntos de monitoreo en campo, robustecer los modelos predictivos y conformar equipos interdisciplinarios más densos, integrando agrónomos, economistas, sociólogos y científicos de datos.
Desafíos y próximos pasos
La alianza enfrenta desafíos importantes, especialmente la asimetría de escala. “Embrapa es un gigante, está entre los tres institutos de investigación agropecuaria más grandes del mundo”, remarcó Sierra.
Embrapa cuenta con más de 6.800 personas y más de 2.000 investigadores mientras que INIA tiene unas 700 personas y 150 investigadores, agregó. Esto obliga a diseñar relaciones “de mutuo beneficio”, dijo Sierra, remarcando que las temáticas, ritmos e inversiones deben ser acordes a las posibilidades de INIA.
La comisión técnica deberá presentar un plan de trabajo antes de marzo. La hoja de ruta incluirá: movilidad de investigadores entre ambos países, instalación temporal de científicos en los institutos asociados, definición de prioridades en bioinsumos, genética y digitalización agropecuaria y la búsqueda coordinada de fondos competitivos.
“Recién cuando los equipos de INIA y Embrapa definan prioridades y acuerden la hoja de ruta podremos precisar iniciativas concretas. Pero el norte está claro: profundizar, ordenar y hacer más ambiciosa la cooperación científica”, concluyó Sierra.
Chile: El cobre registra máximo histórico
El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico de 5,18 dólares por libra, elevando las expectativas respecto al panorama fiscal de 2026. Según especialistas, el precio del metal rojo podría entregar al próximo gobierno un inusual margen de holgura en sus cuentas públicas, gracias a mayores ingresos y un respiro en la presión sobre la deuda fiscal.
El cobre reluce más que nunca. Los precios de la materia prima en la Bolsa de Metales de Londres subieron 2,2% y tocaron máximos históricos en los 11.705 dólares la tonelada, rompiendo con los últimos récords.Registró un nuevo récord de 5 dólares con 18 centavos por libra, manteniendo su trayectoria ascendente en la Bolsa de Metales de Londres.
Desde la Comisión Chilena del Cobre señalaron que este aumento se explica por una mayor percepción de riesgo en la oferta, lo que ha llevado al mercado a anticipar un escenario de estrechez estructural.A ello se suma la expectativa de que las fundiciones chinas reduzcan su producción desde 2026, incrementando la presión sobre la disponibilidad del cobre.
Equilibrio de mercado frágil
Claudia Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, sostuvo que el precio actual del metal rojo evidencia una creciente fragilidad en el equilibrio del mercado, influida por inventarios reducidos y una oferta más limitada de concentrado. De esta forma, mantuvo para 2026 una proyección promedio de 4,55 dólares por libra, una cifra que, si bien es históricamente alta, resulta más moderada que las previsiones de la banca estadounidense. El favorable desempeño del cobre ha elevado las expectativas respecto del panorama fiscal para 2026, ante la opción de que ingresen mayores recursos al Estado.
Según el economista de PKF Chile, Héctor Osorio, esto podría abrir un margen adicional de maniobra para la próxima administración, que incluso podría disponer de hasta US$2.000 millones extra, siempre que las proyecciones de precio se mantengan. Pese a las coincidencias entre los especialistas, estos afirman que escenarios como un arancel al cobre refinado por parte de Donald Trump podría cambiar completamente las estimaciones.
Según Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, Citi proyecta un alza de 2,5% en el consumo durante 2026, en un contexto de tasas de interés más bajas, políticas fiscales expansivas en EEUU, el rearme europeo y la transición energética, modelos que son ampliamente demandantes de cobre.
“Según Citi, el cobre podría promediar US$13.000 en el segundo trimestre de 2026, en la medida en que el aumento de inventarios en EEUU genere déficits en otras regiones”, explicó el experto.A su vez, agregó que “los operadores también observan signos de posible escasez, provocada por una acelerada acumulación de inventarios en Estados Unidos, lo que alimenta las expectativas de un mercado más ajustado en otras regiones”.
Esta alza en los inventarios responde a que a mitad del próximo año, la Secretaría de Comercio presentará un informe a Donald Trump mediante el cual podría decidir implementar un arancel al cobre refinado, ya que la tarifa actual solo afecta a productos semiterminados de cobre.
Actualmente, el metal rojo -refinado- no está sujeto a un arancel específico ni a los aranceles “recíprocos” (que en nuestro caso es del 10%). Por ello, es que el cobre chileno entra con 0% de arancel a EEUU, al menos durante los próximos meses. Dentro de este contexto, Muñoz afirmó que la visión de Citigroup “coincide con la de Bloomberg, que proyecta que el mercado de cobre entrará en déficit estructural a partir del próximo año” por una fuerte demanda y limitaciones en la producción.
Bolivia: Fundamentos y propuestas económicas del nuevo gobierno
Germán Alarco
Es triste contrastar los avances que se observan en países vecinos como Bolivia y Chile, el retorno a la civilidad de EE.UU. respecto de lo que ocurre en el Perú; nuevamente estamos al filo del abismo. Las difíciles circunstancias sanitarias y económicas exigían una mayor responsabilidad de nuestros congresistas, pero desafortunadamente predominó la revancha y las ambiciones personales.
No exoneramos de partida al presidente M. Vizcarra, pero la oportunidad para investigarlo mediante un debido proceso, y en su caso juzgarlo, debía postergarse hasta el fin de su mandato. Esta lamentable situación demuestra claramente también la urgencia de modificar nuestra Constitución Política no solo en temas económicos, sino revisar el balance de poderes, la causal de vacancia, el orden político y la institucionalidad en general.
Mientras esto ocurre aquí en Bolivia se retorna a la democracia con un apoyo abrumador en primera vuelta del 55% de los electores. El domingo pasado asumió Luis Arce como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el excanciller David Choquehuanca como su vicepresidente. El discurso de toma de posesión fue de unidad y esperanza, no lo que señalan en el decano de la prensa nacional que lo califica como un duro mensaje. Luego, de los saludos correspondientes a los mandatarios extranjeros y de un repaso breve de las acciones fallidas del gobierno de facto se anotó que a partir del 8 de noviembre se iniciaría una nueva historia en dicho país. En esta nota se analizan tanto el discurso de toma de mando como las propuestas económicas que podrían ser relevantes para nuestro país.
Unidad nacional
El presidente Arce anotó que esta nueva historia se trata de lograr con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Se busca en todo momento reconstruir la patria en unidad para vivir en paz. Se reitera que la democracia es un valor fundamental de los pueblos; es la que expresa de manera inequívoca la voluntad de la población y el eje ordenador de la institucionalidad y de la sociedad. Se rechaza la democracia excluyente, mutiladora de la plurinacionalidad, en la que no participen aquellas mayorías que con el esfuerzo de su trabajo hacen posible la Bolivia de todos los días.
Se asume el mandato de la población para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de la patria, y se compromete a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien. En las elecciones pasadas triunfó la democracia intercultural, triunfó la democracia que permite la deliberación y organización desde abajo y triunfó la democracia que traduce esa voluntad, esa fuerza creativa a través del voto, pero democracia es también materialización de los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado.
Democracia con derechos
Es inútil elegir autoridades si a la vez el pueblo al que se debe la democracia está privado de los derechos fundamentales, como los de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos y a la vivienda. La democracia es tener el derecho de disfrutar de la riqueza que es para todos y no para unos cuantos, y eso se va a profundizar en el Gobierno: la redistribución del ingreso, los bonos siempre irán de la mano de la política económica. Se trabajará entre todos para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de anterior destruyó, y esto se hará reduciendo la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Esos son los principios que guían el modelo económico social comunitario productivo (MESCP) que se retomará en Bolivia.
El presidente señala que se dará continuidad a la construcción de una economía plural y diversa que recupere, fortalezca y promueva todo el potencial, iniciativas y capacidades de Bolivia desde lo comunitario de los pueblos originarios y campesinos, lo estatal, privado, cooperativo y de la amplia diversidad y cultural. Se requiere esfuerzo y movilización sincronizada entre la sociedad civil y todos los órganos del Estado, entre el sector público y el sector privado; así, como entre las diferentes agrupaciones políticas. A pesar de las diferencias se procurará unidad, paz y certidumbre; un ambiente seguro y estable. Unidad y complementariedad entre oriente y occidente, entre el campo y la ciudad.
Estrategia económica 2006-2018
Según el programa de gobierno la transformación del país atravesó por tres fases: La primera fase permitió reordenar la sociedad, la política y la economía; se logró la nacionalización de las empresas estratégicas lo que permitió contar con mayores recursos económicos para la implementación del MESCP; la nueva Constitución Política brindó la oportunidad de contar con un marco legal que permitió desmontar el Estado colonial existente y, a su vez, generar un amplio proceso de inclusión y participación.
En la segunda fase se consolidó el modelo económico con la finalidad de profundizar la redistribución de la riqueza mediante el permanente aumento de los ingresos de los hogares, los bonos, las políticas de protección social, los programas para garantizar el acceso y la producción soberana de alimentos estratégicos, los fondos para los pequeños productores, las políticas de vivienda y servicios básicos, y el mayor acceso al financiamiento (vivienda social y créditos productivos).
Por último, la tercera fue la fase de arranque de la industrialización selectiva: Bolivia entró en la era satelital, se inició la industrialización de los hidrocarburos y del litio, y, además, se avanzó significativamente en la red de caminos. Con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico y Social en 2016 se decidió profundizar el proceso de industrialización y transformación de la matriz energética del país.
Se invirtió en grandes proyectos de generación de energía eléctrica y diversificar las fuentes de ingresos en el mediano y largo plazo. Se prosiguió con el proceso de industrialización selectiva a través del desarrollo del complejo del litio, que permitirá que el país cuente con recursos en el largo plazo y llevará a innovar en las formas de asociación para la explotación de los recursos naturales con soberanía, dando así sostenibilidad al Modelo Económico vigente.
Aporte constitucional
La Constitución Política elaborada por una Asamblea Constituyente ad hoc y ajustada por el Congreso nacional fue aprobada mediante un referéndum para luego ser promulgada por el presidente en 2009.
Esta estableció, según la propuesta de gobierno, cuatro orientaciones básicas: 1) La economía plural, que reconoce, en pie de igualdad, todas las formas de organización económica de Bolivia. 2) Las autonomías territoriales y las autonomías indígenas originario campesinas, que descentralizan los recursos y el poder político a los territorios. 3) La democracia intercultural, que garantiza no sólo la democracia representativa, sino también la democracia directa mediante el referéndum y la democracia comunitaria. 4) La presencia de las naciones y pueblos indígena en la estructura del poder estatal.
Agenda del Pueblo
Es el nombre de la propuesta de plan de gobierno que se presentó en la campaña electoral boliviana, con el añadido que se trata de una plataforma para el Bicentenario de la República. El documento tiene cinco secciones principales: los avances obtenidos durante el periodo 2006-2018; el nuevo contexto internacional (por cierto pobre en cuanto a su contenido); la participación como eje central; las cuatro áreas prioritarias y los trece pilares para continuar el camino.
Las cuatro prioridades del gobierno se observan en el gráfico 1, mismas que corresponden a la inclusión y bienestar para todos los bolivianos (fin último de la propuesta); oportunidades económicas y empleo digno (transformando las mejoras productivas en mejores fuentes de trabajo); y el Estado al servicio de la sociedad (más justicia y seguridad; menos corrupción y burocracia) y la agenda ambiental (desarrollo con respeto a la Madre Tierra).
Prioridades de la Agenda del Pueblo para el Bicentenario
Los trece pilares del programa consisten en erradicar la pobreza extrema; universalización de los servicios básicos (agua, alcantarillado y saneamiento básico, telecomunicaciones, electricidad, transporte, vivienda, conexiones de gas domiciliario); salud, educación y deportes; soberanía científica y tecnológica; soberanía comunitaria y financiera; soberanía productiva con diversificación; empleo para una vida digna; y soberanía sobre nuestros recursos naturales (hidrocarburos, minería, energía).
Asimismo, se plantea la soberanía alimentaria (alimentación, nutrición y producción de alimentos); soberanía ambiental con desarrollo integral (preservación de la diversidad natural y manejo integral de los residuos sólidos); integración complementaria de los pueblos con soberanía; soberanía y transparencia en la gestión pública (transparencia, lucha contra la corrupción, justicia, seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, régimen penitenciario y defensa); disfrute y felicidad (la estrategia para alcanzar una sociedad solidaria y respetuosa y para promover el uso de prácticas comunitarias. Por último, el reencuentro soberano con la alegría, felicidad, prosperidad y el mar (ver gráficos 2 y 3).
Visión de Futuro
Se señala que se quiere una Bolivia en la que las nuevas generaciones, todos los hombres y las mujeres jóvenes que crecieron junto al proceso de cambio, encuentren un lugar en su patria, que puedan acceder a un empleo digno y a oportunidades económicas, que cuenten con formación de calidad y que gocen progresivamente de servicios universales.
El futuro es la diversificación económica, la modernización del aparato productivo, la generación de empleo y el afianzamiento de los derechos ciudadanos. Se consolidarán los procesos de industrialización iniciados e incursionarán en nuevos rubros, priorizando el desarrollo de las ramas más modernas de la economía. Se proporcionará apoyo a los jóvenes en sus esfuerzos por integrarse a la industria del software y la economía digital, explorando las posibilidades de la inteligencia artificial y la energía nuclear con fines pacíficos, sin descuidar a los actores tradicionales de nuestra economía plural, como los pequeños productores del área urbana y rural.
Diversificación e industrialización
A la par de garantizar y aumentar los logros sociales se plantea que es necesario acelerar el proceso de industrialización de las materias primas, impulsando los proyectos de cambio de la matriz energética, industrialización de los recursos evaporíticos (asociados al litio) e hidrocarburíferos, para conformar una industria básica en el país: química, siderúrgica, petroquímica; además, se necesita una política de sustitución de importaciones, de diversificación e incremento de los volúmenes de exportación, con la intención de fortalecer la generación de divisas.
Se propone avanzar en la modernización y ampliación del aparato productivo, con el propósito de seguir generando el excedente que será la base para cumplir con las tareas que se plantean en las cuatro áreas estratégicas de la agenda del Bicentenario. El aprovechamiento de la reserva de litio, la más grande del mundo, es una realidad palpable. La meta es especializarse e insertarse en los primeros eslabones de la industrialización de baterías, en un mundo que tiene el reto de abandonar los combustibles fósiles.
Se profundizará la diversificación de la matriz energética, un proceso que va de la mano de la transformación de la economía. Este año se iniciaría con la exportación de energía eléctrica a la Argentina. Se debe multiplicar esta iniciativa para convertir la energía en el tercer ramo de exportación. El proceso de sustitución de importaciones ya se inició con la producción de etanol y continuará con la producción de biocombustibles (biodiésel), la ampliación de la producción de trigo, frutas, legumbres y otros alimentos, para garantizar la seguridad con soberanía alimentaria.
La visión estratégica también incluye la transformación del país en un centro de transporte de la región. Las iniciativas del tren bioceánico, un hub aéreo y el desarrollo de hidrovías internas, son los ejemplos más importantes en este campo; gracias a estas iniciativas, se incursionará en nuevas actividades de servicios, logística y transporte. Asimismo, se incrementará las intervenciones de apoyo a los pequeños y medianos productores de todo el país, con programas de articulación entre los ámbitos productivos urbanos y rurales.
Algo más
Son innegables los avances que tuvo Bolivia entre 2006 y 2019. También nos alegra que el nuevo gobierno tenga una visión clara de lo que se debe hacer hacia adelante y que enfrenten con sabiduría los nuevos retos. Ojalá tuviéramos en el Perú mayor claridad, consensos y rumbo.
Gráfico 2. Tasa de crecimiento PBI real y PBI per cápita Bolivia 1960-2019 (%)
Gráfico 3. Evolución del Indice de Desarrollo Humano Bolivia y grupos 1980-2019
*Profesor de la Universidad del Pacífico
Colombia: Crecen exportaciones no minero-energéticas a EEUU
Las exportaciones no minero energéticas a EE.UU. mantuvieron hasta octubre su tendencia alcista, con un crecimiento en lo corrido del año de 14%, frente a los mismos 10 meses del año anterior.
Este sector se estaría posicionando como el jalonador de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos, registrando ventas de US$8.053 millones vs US$7.073 registrados en los mismos meses de 2024, según datos del Dane.
“Mientras las exportaciones de Colombia al mundo, a octubre, crecen a un ritmo del 2%, a Estados Unidos doblan ese crecimiento con un alza de 4%, en donde el sector no minero-energético es el principal renglón de la comercialización. La relación comercial con Estados Unidos representa alrededor de cinco millones de empleos e ingresos para los colombianos”, declaró María Claudia Lacouture, presidente ejecutiva de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia.
Los subsectores que más crecen
Entre los subsectores que más crecieron a octubre se encuentra el café, té y especias, que pasaron de US$1.066,9 millones a US$ 1.849,1 millones, lo que significó un crecimiento de 73,3%. Las frutas se crecieron 37,8%, con ingresos por S$ 497,4 millones. Los alimentos, bebidas y tabaco, se alzaron en 33% por valor de US$ 777,8 millones.
Entre otros subsectores que crecieron fueron el papel y sus manufacturas, en 27,4% con ingresos por US$56,5 millones; la maquinaria eléctrica creció 18,4%; productos químicos, 13,9%; azúcares y confites, 11,4%; cueros y sus productos, 9,6%; vegetales, 7,6%; metales y sus manufacturas, 5,8%; materias plásticas, 2%; pescados y sus productos, 2% y entre otros.
“Es importante reforzar este potencial comercial buscando eliminar el arancel reciproco de10% para los productos que aún tienen esta tarifa y seguir profundizando en la diversificación de las exportaciones para tener una ventaja estratégica que impulse al tejido empresarial. Hoy, tras las decisiones de la administración Trump, 72% de la canasta exportadora de Colombia está sin aranceles hacia Estados Unidos”, anotó Lacouture.
En conclusión, en lo corrido de 2025 hasta octubre, Estados Unidos fue el principal destino comercial de Colombia, con ventas por US$12.411 millones, representando 30% del total de las exportaciones del país.
Venezuela ahorró divisas al reducir importaciones en 2025
La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, puntualizó ante la Asamblea Nacional que Venezuela logró reducir durante el 2025 las importaciones en un 9,5%, lo que permitió el ahorro en divisas. Añadió que La protección a la industria nacional permitió que se lograra la sustitución de importaciones en rubros estratégicos
Tal señalamiento lo hizo ante la Asamblea Nacional, al acudir este jueves a fin de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto y Endeudamiento para el año 2026.
«Cayeron las importaciones en un 9,5%, porque estuvieron acompañadas de un plan de sustitución estratégico de importaciones, donde ustedes vieron, que este crecimiento productivo en la agroindustria y en los sectores productivos, permitió la sustitución de importaciones y el ahorro de divisas», subrayó Rodríguez ante el parlamento.
Acotó que la política que se lleva a cabo es muy clara, es la protección de la industria nacional. «Venimos se una tasa de protección efectiva de la industria, que tiene 14 puntos, cuando veníamos de 3 puntos. ¿Pero qué es lo qué más protegemos? Bueno, en donde nosotros tenemos más aranceles es en los productos terminados, para acompañar los procesos productivos de la industria nacional y que podamos tener mayor soltura en materias primas, insumos directos esenciales que permitan el impulso productivo», enfatizó la vicepresidenta.
Rodríguez describió que la sustitución de importaciones estratégicas se realizó en el arroz, en el maíz, en el azúcar, en las pastas, medicamentos, aceites, entre otros.«Hay una política muy clara, de cuidar las divisas, frente a una política criminal de agresión contra nuestra Patria», subrayó.
Petróleo: sube la sobreoferta, bajan los precios
El exceso de petróleo provocado tanto por el bombeo de los nuevos productores y la agresiva política extractiva que desarrolla el gobierno de Donald Trump, dentro y fuera de Estados Unidos, está derribando los precios del barril, causando el despido de trabajadores y debilitando las acciones de la Opep para alcanzar un equilibrio que favorezca a todos los actores del mercado.
La agencia Bloomberg revela que los bombeos de Brasil, Guyana y Argentina, como nuevos oferentes del mercado petrolero, desafían a la Opep en medio de un mercado rebosante de inventarios y dominado por una oferta que supera a la demanda presente y esperada.
“En un entorno donde la demanda crece lentamente y los inventarios ya están en niveles históricamente altos, los barriles latinoamericanos se convertirán en una fuerte presión hacia la baja de los precios del barril”, dice.
El análisis de la agencia se basa en un informe de la firma de inversiones JP Morgan, el cual indica que Brasil, Guyana y Argentina aportarán volúmenes significativos al crecimiento global de la oferta de los productores no miembros de la Opep, con incrementos combinados que podrían rondar entre 750.000 y un millón de barriles diarios.
“Este escenario se convierte en un desafío directo para la estabilidad del mercado, especialmente si no hay recortes de producción adicionales por parte de la Opep”, afirma JP Morgan. “Esto podría empujar los precios del petróleo Brent hacia la zona de los 50 dólares por barril”.
JP Morgan vaticina que la producción de los países no Opep superará a los de la Opep en 2026 y que EEUU, Canadá, Guyana, Argentina y Noruega aportarán 1,44 millones de barriles diarios el próximo año.
Para el banco, el problema es que la demanda crece lentamente frente a una oferta que avanza a mayor velocidad. Prevé que mientras la primera demandará 0,9 millones de barriles diarios, la segunda ofrecerá 1,3 millones, un desbalance que derriba precios y favorece el crecimiento de inventarios, sobre todo los de EEUU y China.
La otra variable que altera el mercado y genera despidos de trabajadores y afectaciones ambientales es la agresiva política de Trump para producir más petróleo.
La web swissinfo.ch recoge la declaración del mandatario durante su toma de posesión, en la cual expresa: “Vamos a perforar. We will drill, baby, drill (Perforar, cariño, perforar). Volveremos a ser una nación rica, y es ese oro líquido bajo nuestros pies el que nos ayudará a conseguirlo”.
La web afirma que EEUU es ya el principal productor de petróleo del mundo y el presidente espera “aumentar la producción para llenar las reservas estratégicas y exportar petróleo estadounidense a todo el mundo”.
La Agencia Internacional de Energía prevé que EEUU producirá 13,5 millones de barriles diarios en 2025, empujado por la producción del petróleo esquisto, la cual se siente amenazada por los bajos precios del barril frente a sus mayores costos de producción, en medio de una sobreoferta que dibuja un escenario preocupante para las grandes industrias del hidrocarburo.
De hecho, hacia los adentros de las industrias, ante la debilidad de los precios del petróleo han optado por la búsqueda de ganancias a través la reducción de costos, reacomodos estructurales y fusiones, cuyas evidencias más palpables son los despidos de trabajadores.
El portal World Energy relata que en los últimos meses, las grandes petroleras estadounidenses y europeas, así como los productores independientes, los actores más pequeños y principales proveedores de servicios del mundo, han anunciado – ya sea públicamente o mediante memorandos internos – que inician procesos para eliminar puestos de trabajo basados en oficinas y el número de contratistas.
Denuncia que Chevron, Exxon Mobil, Conoco Phillips, BP, Shell, Equinor, Harbour Energy, APA Corp, OMV, la filial canadiense de Exxon Imperial Oil, Halliburton y SLB han comenzado despidos en ciertas regiones y mercados, de acuerdo con una instantánea de los recortes de empleo en el sector del petróleo y el gas compilada por Reuters.
“Los esfuerzos para recortar costos en medio de precios más bajos y reajustes de estrategia, como es el caso de la británica BP, para enfocarse en el negocio central de petróleo y gas, también están impulsando a las compañías a reducir los números de fuerza laboral”.
En datos, la Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips y BP han anunciado miles de recortes de empleos, con algunas de estas empresas planeando reducir su fuerza laboral hasta en 25% para fines de 2027.
BP ya ha reducido el número de contratistas en 3.200, y espera que otros 1.200 contratistas salgan para fines de 2025, dijo la directora financiera, Kate Thomson, en la llamada de resultados del segundo trimestre en agosto.
Además, BP espera que su transformación organizacional en curso vea 6.200 roles impactados para fines de 2025, de una fuerza laboral basada en oficina de 40.000 empleados.
Relata que Chevron, tras haber comprado Hess Corporation por 53.000 millones de dólares, ha dicho que reduciría su fuerza laboral en 20% para fines de 2026 como parte de amplios recortes de costos. Esto incluye 800 empleos en el Pérmico.
Conoco Phillips, que adquirió Marathon Oil Corporation el año pasado, planea reducir los números de fuerza laboral hasta en 25% en todas las funciones y geografías para simplificar la organización y reducir costos.
La firma de servicios petroleros SLB está reduciendo el número de empleos en una reorganización más amplia, mientras que Halliburton también está recortando puestos en las últimas semanas, después de despedir a casi 300 empleados en Argentina a principios de este año.
El contexto petrolero mundial muestra que la agresiva política de búsqueda y extracción de petróleo en cualquier lugar del planeta, desarrollada por Trump, eleva la tasa de despidos, atenta contra la Opep y causa daños ambientales.
La caída de precios está afectando el barril venezolano. Tras haber cerrado 2024 en 64,7 dólares, el pasado 27 de septiembre la cesta de crudos se ubicaba en 54,60 dólares y el precio promedio de 2025 en 55,41 dólares. El pasado viernes 5 de diciembre cerró la semana en 47,3 dólares y el promedio bajó a 54.
Panorama internacional
La disputa por la tierra y el mar en torno a la geopolítica de los datos
Marcio Pochmann *
La geopolítica clásica parte de la hipótesis de que el mundo se configura mediante luchas de poder entre las naciones que buscan controlar el territorio y las que dominan los océanos, lo que genera una dinámica de conflicto y cooperación a lo largo del tiempo. Esto se debe a que, durante siglos, la lucha por la hegemonía global ha estado intrínsecamente ligada a la geografía y a las civilizaciones que han prosperado en ella. El nuevo mapa del poder no está en los continentes ni en los océanos, sino en los cables submarinos y las nubes de datos que están remodelando la soberanía en las sombras
Esta visión de la oposición entre potencias continentales y marítimas ha sido dominante en un mundo donde la logística, el comercio y la estrategia militar dependían fundamentalmente de la geografía física. Si bien sigue siendo sumamente relevante, cabe destacar que hoy en día la emergencia de la dimensión digital ha impuesto una transformación significativa en la lucha por el poder global.
Con la transición a la era digital, el control de datos, las infraestructuras digitales, el ciberespacio y el espacio exterior constituyen nuevos elementos interconectados que definen la capacidad de una nación o entidad para influir en la configuración del poder global. El dominio digital proyecta el dominio tecnológico mediante la recopilación y gestión de información estratégica e incluso el liderazgo en conflictos bajo nuevas formas, como la guerra cibernética y la guerra de la información.
Gracias a la crucial infraestructura de datos, computación en la nube, cables submarinos, plataformas digitales, algoritmos e inteligencia artificial, la dialéctica entre tierra y mar está interconectada y entrelazada. Por lo tanto, la geopolítica clásica no se vuelve obsoleta, aunque se reconfigura ante nuevas formas de disputa entre potencias de la información territoriales, marítimas y, ahora cada vez más, transnacionales.
En el contexto de los flujos de datos centrados en la esfera privada de las grandes empresas tecnológicas transnacionales que dominan la infraestructura material (nubes, cables, plataformas) y operan prácticamente sin regulación, la soberanía nacional sufre impactos previamente desconocidos. La era digital hace que la lucha por el poder sea más compleja y multidimensional, donde el dominio de la tecnología asume una condición crítica y desafiante en la capacidad de multiplicar la fuerza.
En Brasil, este acuerdo ha generado crecientes tensiones entre la soberanía territorial del Estado y sus instituciones, como el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), la infraestructura física que cruza océanos y costas con cables submarinos y centros de datos , y las plataformas privadas que almacenan, procesan y monetizan datos. El resultado ha sido un debilitamiento relativo de la soberanía digital, que requiere políticas públicas integradas (regulatorias, de infraestructura y de desarrollo de capacidades).
De lo contrario, las empresas y plataformas extranjeras que poseen inteligencia artificial, procesamiento a gran escala y capacidades de red de las que carecen los estados y las empresas locales tenderán a seguir consolidando su poder interno de influencia política y económica. Al mismo tiempo, seguirán moldeando la opinión pública, captando ingresos digitales y profundizando la dependencia externa de los servicios esenciales.
En el segundo cuarto del siglo XXI, la política del ciberespacio para el control soberano del flujo de datos, la supremacía de las tierras raras y el dominio de la revolución digital redefinen los límites del ejercicio de la hegemonía. Todo esto trasciende las formas y dominios tradicionales de la dialéctica geopolítica de la tierra y el mar.
Disputas en la era industrial
A finales del siglo XIX, a medida que las naciones del Norte Global consolidaban sus sociedades urbanas e industriales, el poder marítimo se volvió fundamental para controlar las rutas marítimas, garantizando la seguridad y la prosperidad de los países occidentales. Así, el control de los mares, más estrechamente vinculado al ámbito militar, se volvió estratégico para el desarrollo económico y el liderazgo en la política global durante la Era Industrial (Mahan, 1987).
En contraposición a esta visión de dominio marítimo, a principios del siglo XX surgió la suposición de que el control de vastas extensiones continentales sería la clave para el dominio y el desarrollo global. La teoría sobre la importancia estratégica de vastos territorios ricos en recursos naturales estratégicos, protegidos de posibles ataques navales y con potencial logístico, podría abarcar tanto el Heartland (la región central de Europa), en las áreas europeas de la Rusia agrícola y las llanuras siberianas (Mackinder, 2020), como el Rimland (la región del borde), que abarcaba Europa Occidental con Oriente Medio, India, el Sudeste Asiático y China (Spykman, 2020).
El auge del poder informativo
En este primer cuarto del siglo XXI, la geopolítica digital ha introducido un nuevo tipo de poder informativo que ya no parece depender de las fronteras físicas. Mediante flujos de información, redes, datos personales e infraestructura invisible, grandes empresas tecnológicas oligopólicas, apoyadas por muy pocos Estados-nación, establecen nuevas dependencias tecnológicas estructurales en el mundo.
En cierto modo, la era digital cuestiona el sistema internacional moderno fundado en el Tratado de Westfalia de 1648, cuando el Estado-nación emergió con autoridad suprema y exclusiva dentro de sus límites geográficos (soberanía territorial). Con nuevos dominios y actores que trascienden las fronteras físicas, el poder informativo transforma y desafía los principios centrales de la geopolítica global, especialmente la soberanía territorial exclusiva y la no intervención en los asuntos internos.
Si bien el advenimiento de la soberanía del Estado-nación sigue vigente en las relaciones internacionales y se aplica al ciberespacio, es evidente que su uso se ha reconfigurado y cuestionado por la naturaleza global y sin fronteras de la era digital. En el marco de la gobernanza digital y la ciberresiliencia, la soberanía de la información debe replantearse de forma híbrida y combinarse con la autoridad territorial nacional sobre nuevas bases.
Las grandes empresas tecnológicas ( Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Alibaba, Tencent) ejercen capacidades que antes eran monopolio de los estados-nación: recopilan y procesan datos de poblaciones enteras, controlan infraestructuras críticas (la nube, cables submarinos, satélites, sistemas operativos), definen estándares técnicos globales, regulan el flujo de información e influyen en las elecciones, la opinión pública y la seguridad nacional. Esto representa un nuevo tipo de megainfraestructura planetaria que trasciende la soberanía de los estados y reorganiza el panorama político global.
Erosión de la soberanía nacional
El concepto de soberanía digital se está fragmentando, pasando de los Estados a plataformas privadas globales. En países con un desarrollo intermedio y un Estado tradicional basado en el territorio y la soberanía física, como Brasil, la dependencia de plataformas digitales extranjeras para la comunicación, el comercio, la seguridad, la educación y los servicios públicos ha ido en aumento.
Esto se debe a que la soberanía digital exige la capacidad de almacenar datos nacionales en nubes que no sean extranjeras, así como superar la toma de decisiones cruciales basada en algoritmos privados y flujos económicos que dependen de infraestructuras ajenas al control estatal y de la gobernanza de la información privatizada. De lo contrario, prevalece una situación de subordinación informativa, comparable, con la debida proporción, a las antiguas relaciones coloniales que actualmente se basan en la asimetría tecnológica.
La era digital no elimina la geopolítica clásica, ya que la Tierra sigue siendo relevante para el control territorial, la extracción de recursos físicos y la vigilancia estatal, al igual que el mar sigue siendo crucial, ya que los cables submarinos y las rutas marítimas constituyen el sistema circulatorio de internet. Los datos emergen como el nuevo espacio estratégico, capaz de superar la soberanía estatal y crear formas de poder sin precedentes.
En resumen, el mundo contemporáneo, cada vez más marcado por la disputa tripartita entre la tierra (Estados continentales), el mar (Infraestructuras globales/Big Techs marítimas) y la nube/plataformas (Poder informativo transnacional), se basa en la geopolítica digital como una extensión de la disputa convencional impulsada por los datos, la inteligencia artificial, las plataformas globales y las infraestructuras invisibles. Una oportunidad sin precedentes para el protagonismo de países del Sur Global, como Brasil.
* Profesor titular de Economía de la Unicamp, es el actual presidente del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Autor, entre otros libros, de Novos horizontes do Brasil na quarta transformação estrutural (Prensa Unicamp)
La economía circular emplea ya a más de 120 millones de personas
Entre 121 y 142 millones de personas en todo el mundo trabajan en sectores que contribuyen a la economía circular, como la reparación, el reciclaje, el comercio de segunda mano y la gestión de residuos, de acuerdo con un informe divulgado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esa cifra representa entre cinco y 5,8 por ciento del empleo mundial total (excluida la agricultura), según el estudio conjunto de la OIT, la fundación Circle Economy, el Banco Mundial y la Alianza de las Naciones Unidas para la Acción sobre una Economía Verde.
El estudio, primer análisis global sobre empleo en la economía circular, muestra que la mayoría de las actividades del sector se concentran en el Sur Global.
Las regiones de América y Asia-Pacífico registran las mayores proporciones de empleo circular, con 6,4 y 5,8 %, respectivamente.
Más de la mitad de todos los trabajadores de la economía circular -más de 74 millones de personas- están empleados en la economía informal, donde los empleos no están regulados ni cuentan con protección estatal.
Eso es particularmente frecuente en el Sur Global, dejando a muchos de los trabajadores que impulsan el desarrollo sostenible y cuidan el planeta entre los más desfavorecidos. A menudo enfrentan condiciones laborales precarias, ingresos inestables y bajos salarios.
Casper Edmonds, jefe de la unidad de Extractivas, Energía y Manufactura de la OIT, dijo que “con este informe arrojamos nueva luz sobre las empresas y trabajadores que, cada día, en todos los países y sectores de nuestras economías, brindan servicios esenciales para nuestras sociedades y nuestro planeta”.
“Algunos están a la vanguardia de la innovación. Pero para muchos, la circularidad no es una elección, sino una forma de subsistir. Si combinamos inversiones en circularidad con medidas para promover el trabajo decente, aceleramos una transición justa y rica en empleos hacia la economía circular”, planteó Edmonds.
Una selección de sectores domina el empleo en la economía circular. La reparación y el mantenimiento representan casi la mitad (46 %), seguidos por la manufactura (24,5 %) y la gestión de residuos (8 %).
En contraste, industrias cruciales para avanzar en la transición circular -como la construcción y la minería- tienen una participación muy baja en el empleo circular.
El informe subraya la necesidad de políticas específicas para “ecologizar” los empleos en estos sectores y acelerar su transición hacia una economía circular.
En particular, insta a los responsables de políticas a integrar los derechos de los trabajadores y la protección social en las estrategias de economía circular.
Con demasiada frecuencia -observa el informe-, la legislación ambiental prioriza los objetivos climáticos mientras descuida la dimensión social y a las personas que impulsan la transición.
“Los empleos en la economía circular son altamente intensivos en mano de obra y representan una verdadera oportunidad para crear empleo local, particularmente en los países en desarrollo donde estas prácticas ya forman parte de la vida cotidiana”, dijo por su parte Namita Datta, del grupo del Banco Mundial.
Responsable de un área de Género e Inclusión, Datta indicó que “la pregunta clave es cómo hacer que estas oportunidades sean inclusivas, asegurando que las mujeres -que constituyen 26 % de los trabajadores de la economía circular- se beneficien plenamente”.
“Con inversiones y políticas intencionales, podemos crear no solo empleos verdes, sino empleos verdes de mejor calidad vinculados a cadenas de valor productivas para mujeres y trabajadores informales”, sostuvo Datta.
Para garantizar una transición justa hacia la economía circular, el informe recomienda, en primer lugar, promover la circularidad mediante la contratación pública y la inversión en sectores de alto potencial, como la manufactura y la construcción.
Igualmente, apoyar a las empresas sostenibles mediante acceso a financiamiento, servicios de desarrollo empresarial y programas de fortalecimiento de capacidades, y desarrollar programas educativos inclusivos con enfoque en jóvenes, trabajadores informales y mujeres.
Otro deber es hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, extender la protección social a los trabajadores informales y defender los derechos laborales fundamentales.
Asimismo, fortalecer los ecosistemas de datos a nivel local, nacional e internacional para monitorear y evaluar las actividades de la economía circular y las tendencias de empleo relacionadas.
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