Panorama Económico Latinoamericano – Del 13 al 20 de setiembre de 2023
Para CEPAL, por impacto de la sequía, la economía caerá 3% este año
Por impacto de la sequía, la actividad económica argentina se contraerá este año un 3%, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Las proyecciones del organismo anticipan una leve recuperación el año que viene, aunque se mantendría un caída de 1,6 por ciento.
La Cepal dio a conocer su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2023, denominado “El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático”, en el cual prevé que “las economías de la región mantendrán este año y el próximo bajos niveles de crecimiento, afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo”.
La CEPAL estimó que la región crecerá este año 1,7%, en promedio, y para 2024 se proyecta una leve desaceleración, por lo que ascenderá 1,5% en un contexto internacional “negativo y muy complejo”, donde el impacto del cambio climático se sentirá con fuerza. De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, la dinámica de la economía mundial se mantiene en una senda de bajo crecimiento económico y del comercio global.
“A pesar de las caídas en la tasa de inflación probablemente los países desarrollados seguirán con sus políticas monetarias contractivas, por lo que no cabe esperar una baja significativa en las tasas de interés externas durante este año, y los costos de financiamiento para nuestros países seguirán altos”, de acuerdo con un comunicado difundido este lunes por la entidad.
“El bajo crecimiento de América Latina y el Caribe se puede ver agravado por los efectos negativos de una agudización de los choques climáticos, si no se realizan las inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático que requieren los países”, señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. En este contexto, la Cepal advirtió que los impactos macroeconómicos del cambio climático podrían ser muy significativos para los países de la región.
“Las estimaciones que se presentan en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023 indican que, en 2050, el PIB de un grupo de seis países podría ser entre un 9% y un 12% menor que el correspondiente a un escenario de crecimiento tendencial, si no se hacen las inversiones para compensar los choques climáticos”, señaló el informe. En consecuencia, “el volumen de inversión adicional requerido es excepcionalmente grande, entre 5,3% y el 10,9% del PIB por año, lo que representaría un aumento significativo en comparación con los niveles actuales de inversión”.
La capacidad de invertir dependerá tanto del acceso al financiamiento como del costo de éste. “Se requiere aumentar considerablemente el financiamiento concesional que permita sostener las trayectorias de la inversión en el tiempo. Estos esfuerzos deben acompañarse de políticas macroeconómicas internas que favorezcan la movilización de recursos”, afirmó Salazar-Xirinachs, quien planteó así la necesidad de créditos más favorables para los países de la región.
De esta forma, las naciones latinoamericanas cuentan con proyecciones dispares: la Argentina tendría un crecimiento negativo de -3% del PBI para 2023 -donde aquí primó el impacto de la sequía-, al tiempo que se espera una leve recuperación para 2024 que le permitiría reducir la merma a -1,6%. Chile es otro de los países que decrecerá en -0,3% en 2023, y subiría 1,8%, en 2024, según las estimaciones del organismo.
En tanto, para Brasil se estima un crecimiento de 2,5% para el período en curso y de 1,4% para el próximo año, mientras que para Uruguay se espera una suba de apenas 1% para 2023 y de 2,6% para 2024. A nivel subregional se perfilan con mejor desempeño Centroamérica y México, ya que crecerán un 3% en 2023 y el Caribe (sin incluir Guyana) un 4,2%, aunque se observa una desaceleración respecto de 2022.
Las proyecciones para 2024 indican que se mantendría el bajo dinamismo económico en la región, y se prevé que el contexto internacional continúe siendo poco favorable, con un crecimiento del PIB y el comercio mundiales muy por debajo de los promedios históricos.
Por último, “la deuda pública de los países de la región, si bien ha bajado, permanece en niveles elevados respecto al PBI, lo que, junto al aumento de las tasas de interés externas e internas y a una caída esperada de los ingresos tributarios producto del menor crecimiento, lleva a un limitado espacio fiscal para el conjunto de la región”, concluyó el informe.
La economía venezolana busca remontar la dura caída del primer semestre
La economía de Venezuela, que cayó un 7% de enero a junio -según cálculos independientes- vuelve a mostrar leves signos de mejora en algunos sectores, como el petrolero, lo que impulsará un crecimiento del 4% en el segundo semestre respecto al mismo lapso de 2022, prevén expertos, aunque advierten que este incremento no compensará la caída de la primera mitad del año.
El economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, dijo a la Agencia EFE que, para el período entre julio y diciembre, se prevé “una mejora en comparación con el primer semestre”, con “leves signos de crecimiento”, luego de que la economía entrara en un “ciclo recesivo” en los primeros seis meses.
Desde mediados de 2021, el país venía registrando un incremento de su actividad económica, tras reducirse un 80% en siete años, hasta crecer, según cifras oficiales, “por encima” del 15% en 2022.
Pero en el primer semestre de este año, la economía se contrajo un 7% respecto al mismo período de 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que señaló como causas la “caída del consumo, del crédito y del gasto público”.
Oliveros señala que la caída se produjo, en parte, por una “merma importante en la capacidad de compra de la gente”, cuyos salarios “no aumentaron en la misma proporción” que los precios.
El petróleo
Para la segunda mitad del año, el economista espera una “mayor ejecución de gasto público”, principalmente para el pago de bonificaciones de trabajadores públicos, impulsada por la mejora que -aseguró- ha habido en los ingresos petroleros, la fuente “más importante” de divisas del Estado, al representar el 80% del total.
Un 15% de los ingresos se obtienen a través de la venta de oro y otros metales, y el resto mediante la comercialización de chatarra y algunas operaciones con criptomonedas, según el experto.
Venezuela ha incrementado su producción petrolera un 10,6% en los primeros siete meses del año -de 732.000 barriles por día (bpd) en enero a una media de 810.000 bpd en julio, según datos oficiales-, un resultado que celebra el Gobierno y que expertos atribuyen a la reanudación de las operaciones de la estadounidense Chevron, que recibió una licencia en noviembre de 2022.
El director de Ecoanalítica señaló que el permiso otorgado por Estados Unidos a Chevron es un “factor importante”, pues “ha permitido un incremento de producción” de “alrededor de 50.000 barriles a niveles de casi 150.000 barriles”.
En julio y agosto, Ecoanalítica registró una “mejora moderada” en las “ventas comerciales”, empujada por una “caída de los precios en dólares” en el país, que a partir de 2019 adoptó la divisa estadounidense ante el proceso de hiperinflación que vivía entonces.
Oliveros indicó que, según cálculos de la firma, el incremento promedio de los precios en dólares fue del 52% en enero respecto al mismo mes de 2022, mientras que, en agosto, fue del 22%.
Explicó que esta disminución en el aumento se debe también a que algunas empresas “han tenido que recortar sus márgenes de ganancia” para “estimular un poco el consumo”. Estos signos de mejora, sin embargo, “no van a compensar lo que ocurrió en el primer semestre”, por lo que es probable que el país entre en una “fase de estancamiento”.
Crecimiento desigual
El crecimiento esperado en este segundo semestre “está concentrado en pocos sectores”, entre ellos alimentos, salud y comercios, y “no abarca áreas como construcción, manufactura, banca y seguros, que siguen estando muy afectadas”, de acuerdo con Oliveros.
Además, beneficia, principalmente, a la región capital, mientras que en las regiones (que están) del interior el desempeño económico “es mucho más precario”. “Es una desigualdad social, sectorial y territorial”, dijo Oliveros, quien agregó que este crecimiento es “frágil” y “difícil de sostener en el tiempo”, ante los problemas estructurales que aún enfrenta Venezuela, como la crisis de los servicios públicos y la falta de financiación, además de las sanciones internacionales.
Fedecámaras, la mayor patronal venezolana, hizo un llamado recientemente a recuperar los servicios a través del trabajo entre el Estado y el sector privado, una sinergia que -aseguró- ha funcionado en la industria petrolera en los últimos meses, al poner como ejemplo las labores conjuntas entre la estatal Pdvsa y Chevron.
La patronal también se ha sumado a la petición del Ejecutivo, analistas, opositores y varias ONG del levantamiento de las sanciones.
Brasil: La trampa del déficit cero
Jeferson Miola*
El ministro Fernando Haddad defiende obstinadamente el déficit fiscal cero. Por lo que parece, está solo en esta empresa, no en el mercado, sino dentro del gobierno. El proyecto de ley del presupuesto de 2024 fue enviado al Congreso con esta meta, a pesar de la opinión en contrario del presidente Lula da Silva y de sectores que defienden un déficit de por lo menos 0,5% del PIB.
Así se evitaría el sofocamiento fiscal del gobierno, que de lo contrario podrá ver comprometida la capacidad de de inversiones, la ejecución de políticas públicas y el funcionamiento de la máquina estatal.
No tiene el gobierno la obligación de preparar una pieza presupuestaria con déficit cero. Éste es un dogma neoliberal que ni siquiera es seguido por países del G-20 o por otra economía relevante del planeta. En el actual ciclo económico mundial, son raros los países con superávit fiscal: apenas los ricos en petróleo o paraísos fiscales. La mayoría, entretanto, presenta déficit entre 2% y 4% del PIB.
Para alcanzar el déficit cero, el gobierno dependerá de la obtención de ingresos extraordinarios que, a su vez, necesitan ser aprobados por un Congreso muy celoso de los intereses de las finanzas, de los ricos y súperricos.
De acuerdo con la ministra de Planeamiento Simone Tebet, serían necesarios ingresos adicionales de 168 mil millones de reales. A pesar de su confianza, la ministra dijo, sin embargo, que “el futuro pertenece a dios”. Si el pasado de votaciones recientes en la Cámara sirve como parámetro, esta confianza en dios para viabilizar los recursos necesarios para que el gobierno alcance el déficit cero queda seriamente alterada.
En la sesión del 30 de agosto, con mayoría de 430 votos, la Cámara aprobó exenciones de la hoja de pagos y de los municipios, que pueden representar una pérdida de 18 mil millones de reales de recaudación para el Estado.
Y Arthur Lira, ganadero, empresario y político brasileño, actual Presidente de la Cámara de Diputados, ya anuncia dificultades para que el gobierno consiga aprobar medidas esenciales para el equilibrio fiscal y presupuestario, como la tasación de los súperricos, de fondos exclusivos y de offshores, que generarían 54 mil milones de recaudación hasta 2026.
No más que 2.500 personas, de una población total de 203 millones de brasileños, serían alcanzados con la tributación de los fondos exclusivos, de aplicaciones por más de 10 millones de reales (más de dos millones de dólares). Un contingente ridículamente insignificante, pero extremamente poderoso, que tiene en sus manos el Legislativo, un poder de Estado, como guardián fiel de sus privilegios obscenos.
En caso de que no logre obtener fondos adicionales del presupuesto, el gobierno precisará reprimir los gastos públicos en pleno año electoral. Por eso el área económica mantiene en su radar la hipótesis de incumplir los pisos del Sistema Único de Salud, de la educación, de la ciencia y tecnología, ya en el ejercicio de 2023. El gobierno opera en línea con el Tribunal de Cuentas de la Unión esta posibilidad que, si es confirmada, significará un enorme retroceso.
El secretario de Presupuesto Federal del Ministerio de Planeamiento y Presupuesto, Paulo Bijos, visualiza como “margen de maniobra para [alcanzar el] déficit cero” la reducción de los gastos obligatorios. “Grandes números del Presupuesto están en los pagos obligatorios, entonces la revisión del gasto alcanza todo”, señaló, reconociendo que el corte de los gastos discrecionales tiene efecto bastante reducido, menor que el de los gastos compulsorios.
El corte, por ejemplo, de gastos nacionales con intereses y servicios de la deuda, que en razón de las tasas estratosféricas del Banco Central consumirán casi 800 mil millones del Tesoro Nacional este año, no integra el léxico de austeridad del secretario Bijos. Los pagos de la deuda, que están en el mismo nivel que los gastos previsionales también son obligatorios. Pero, por lo visto, intocables, tal vez por ser “sagrados”.
El gobierno creó una paradoja. En caso de que no consiga obtener recursos extraordinarios, el austericidio será la única salida para no ser penalizado por un dogma neoliberal que se autoimpuso como penitencia.
Eso significa un esfuerzo de contención de las inversiones y gastos sociales en 2024, año de la elección municipal más importante de las últimas décadas, porque es central en la lucha para derrotar a la extrema derecha y al fascismo.
*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Argentina, sin déficit energético, prevé ingresos por U$S 3.700 millones
Roberto Bellato
El déficit energético argentino por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles líquidos, compras en el exterior que se realizan todos los años fundamentalmente para la generación de energía, fue un dolor de cabeza para las cuentas nacionales, sobre todo en la última década. El energético es el sector que más dólares demanda, en una economía con serios problemas por la falta de divisas. Pero la ecuación comenzó a revertirse gracias al desarrollo de Vaca Muerta, que permitirá alcanzar el superávit energético en 2024.
En el Gobierno tienen la esperanza puesta en las obras de infraestructura que permiten la ampliación de la capacidad de transporte de gas natural y tener más fluido disponible para el consumo residencial y hacer más competitiva a la industria. La construcción del gasoducto troncal Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte estarán terminadas en 2024. Se trata de obras que cambiarán el panorama energético del país.
Del déficit al superávit
La Argentina pasará de un déficit de la balanza energética, que en 2022 fue de 4.400 millones de dólares, a un leve superávit de 100 millones este año. Pero el impacto real se observará el próximo año, ya que el país tendrá un superávit de 3.700 millones de dólares en 2024, según afirmó la secretaria de Energía, Flavia Royon durante su participación en el Summit Energy del diario El Cronista.
El impacto se sentirá por los avances en infraestructura clave que viene realizando este gobierno. La obra central es el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, que ya está operativo con una capacidad de transporte de 11 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d). Pero el ducto permitirá transportar más gas natural con las plantas compresoras de Tratayén (Neuquén) y Saturno-Salliqueló (Buenos Aires).
“Con el primer tramo no vamos a necesitar hacer grandes compras de GNL, en octubre y noviembre ya van a estar terminadas las plantas compresoras”, afirmó Royon. De este modo, el ducto permitirá transportar 21 MMm3/d a partir de diciembre.
Anuncio para el segundo tramo
El segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Salliqueló con San Jerónimo (sur de Santa Fe) permitirá ampliar la capacidad de transporte de gas de Vaca Muerta hasta los 39 MMm3/d, una cantidad significativa ya que el país produjo en junio 138 MMm3/d y en invierno tiene un pico de consumo de alrededor de 180 MMm3/d.
El gobierno ya lanzó la primera licitación para el nuevo tramo del GNK. Se trata de la compulsa para la adquisición de la chapa y los caños de 36 pulgadas para cubrir 484 kilómetros de extensión que tendrá la etapa dos. Royon anticipó que “el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, si todo avanza como está previsto, junto a la reversión del Gasoducto Norte, podría estar terminado en el segundo semestre de 2024 y la Argentina ya va a estar prácticamente en autoabastecimiento”.
Autoabastecimiento
La titular de la cartera energética destacó que para 2025 “vamos a estar en un escenario de autoabastecimiento”. Para esto, Royon cuenta con el GNK con las dos etapas completas y operativas y la reversión del Gasoducto Norte concluida (permite que el gas de Vaca Muerta llegue a las provincias de norte).
“Ya no vamos a necesitar importar GNL ni el gas de Bolivia”, subrayó. Además, añadió que “vamos a tener ahorro de divisas y subsidios y esto va a generar una matriz energética más competitiva. También vamos a generar exportaciones (norte de Chile, Uruguay y Brasil, por ejemplo)”, a partir de la mayor disponibilidad de gas de Vaca Muerta en los gasoductos troncales del país.
Royon aclaró que llegar al autoabastecimiento “no es una definición matemática, no quiere decir que no se va a comprar ningún barco más porque claramente la compra de combustibles depende de numerosas variables como el clima, la cantidad de agua que hay para la generación de energía eléctrica, los precios relativos entre el gasoil, fueloil y el GNL, entre otros. Pero podemos afirmar que la Argentina no va a hacer más grandes compras de GNL, quizá se necesite algún barco puntual para algún pico de consumo de invierno, nada más”.
América Latina tiene diferentes versiones de transición energética
Fermín Koop
El economista y exministro de Energía de Chile, Andrés Rebolledo Smitmans, actual secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), habla de la transición energética y el rol del gas en la región.
La transición energética está ganando fuerza en América Latina, pero con características diversas. La región cuenta con planes ambiciosos para incrementar la energía solar y eólica en el corto plazo y se posiciona como un proveedor global de minerales críticos, pero al mismo tiempo continúa en ciertos países con la expansión de los hidrocarburos.
Es por ello que Rebolledo Smitmans, quien desde marzo de este año está al frente de la Secretaría Ejecutiva de OLADE, un organismo de cooperación que brinda asistencia a 27 países de la región en materia energética, habla de “diferentes versiones” de la transición de América Latina, con mayor o menor ambición de acuerdo a necesidades sociales y económicas.
Afirma que todos los países están comprometidos con reducir las emisiones de su sector energético. Además, apoya el rol del gas natural como combustible de transición y considera que América Latina está ante una oportunidad única.
– ¿Cómo se coordinan posiciones en América Latina frente a la gran diversidad de los países en sus matrices energéticas?
– La diversidad es la característica central de América Latina en materia energética. Somos una región rica en recursos. Es diversa y eso la hace complementaria. Por ello hay un gran potencial para avanzar en integración. Los países están haciendo esfuerzos para transformar su sector energético. Todos están comprometidos con ir a un modelo más sostenible, independientemente del recurso que tengan. Lo que hay son diferentes versiones de la transición, con ritmos y objetivos diferentes.
– ¿Cómo está hoy la integración energética en América Latina?
– La región tiene grados interesantes de integración en el mercado eléctrico, especialmente a nivel subregional. Tenemos una diferencia grande con otros continentes más integrados como Europa pero si hay subregiones con avances. Hay que ir a una integración más regional pero eso supone voluntad política. Donde hay un espacio interesante para avanzar es en el gas.
Es un combustible de transición necesario y va a estar presente muchos años, incluso cuando los países sean carbono neutrales. Tenemos países con gran oferta de gas y otros que no tienen, por lo que se pueden integrar a partir de la infraestructura que ya existe.
– ¿Por qué considera al gas como un combustible de transición necesario?
– Mientras no se resuelva de manera masiva la respuesta a la penetración [la cantidad de electricidad generada como porcentaje del consumo anual] de las renovables variables por la vía del almacenamiento, se requiere energía que sea con menos huella y garantice la seguridad energética. Hay varias soluciones como las baterías y el hidrógeno verde. El problema es que está todo en desarrollo. Mientras tanto, tenemos que dar seguridad a nuestras poblaciones y sistemas productivos y el gas juega un rol para responder a eso.
– ¿Puede la renta obtenida de la expansión del gas ser un recurso que impulse el financiamiento para las renovables?
– Desde el financiamiento la respuesta es múltiple y va más allá de lo que podamos hacer con la renta del gas. Es un desafío en sí mismo. América Latina necesita millones de dólares de inversión para alcanzar la denominada carbono neutralidad en 2050 y los fondos públicos compiten con otras necesidades sociales evidentes. La renta del gas puede ayudar pero no va a resolver el problema. El financiamiento responde a la regulación y las señales que se den a la inversión. Para ello, hace falta planificación y visiones de estado que trasciendan gobiernos.
– La necesidad de financiamiento para la transición es tan alta en parte por la cantidad de infraestructura importada. ¿Es posible que América Latina sume mayor valor agregado?
– Es una pregunta recurrente en la región que va más allá de su sector energético y tiene que ver con su perfil productivo. América Latina tiene que buscar espacios donde seamos competitivos a partir de nuestras ventajas comparativas.
Es posible lograr avances pero con pragmatismo. En los minerales críticos, los países tienen que probablemente imaginarse estar en la primera etapa de la cadena de valor y proveer de ahí al resto. Donde también hay valor agregado es en el sector de servicios de la energía renovable, como la construcción y el mantenimiento.
– ¿Qué rol tiene la “transición justa” en el marco del cambio de matriz de la región?
– Los hidrocarburos todavía tienen peso en la economía de un grupo de países en América Latina, que de todos modos están comprometidos a cambiar y sumar renovables en base a los ritmos de su economía política. Son fuentes de energía que van a estar todavía unos años más en nuestras matrices pero mientras tanto hay que pensar el impacto que puede tener la transición en la gente, su empleo y su territorio. La transición justa tiene que ser un elemento central para los tomadores de decisión. Los países ya lo están incorporando. Eso permite transiciones más sostenibles y viables.
– Desde Colombia, con parques eólicos, a Uruguay con el hidrógeno verde, la transición ya está generando tensiones con comunidades. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para evitar estos riesgos?
– Lo fundamental es la transparencia. Las empresas tienen que compartir la información del impacto que puede tener su proyecto [en las comunidades], considerando que todo proyecto productivo tiene un impacto. Hace falta la participación de todos los involucrados de manera sistemática y estructurada. Ya existen dispositivos legales para ello. Si las empresas no lo hacen así los proyectos dejan de ser viables. Las comunidades también pueden ser parte del negocio, para que este deje resultados concretos para sus habitantes.
– ¿Qué papel puede tener América Latina en el desarrollo del hidrógeno verde?
– Es una oportunidad importante para que la región desarrolle un nuevo sector productivo de escala global. El potencial surge gracias a la gran penetración de las renovables en América Latina, más que en cualquier otra parte del mundo. Los países ya incorporaron el tema y tienen estrategias y hojas de ruta. Incluso ya algunos tienen los primeros pilotos en marcha. Hay dos cosas de la industria que todavía no se resolvieron. Por un lado, todavía no es costo eficiente, por lo que no se puede masificar. Por otro lado, no está claro de dónde surgirá la demanda, si de la minería, la electromovilidad o de otros sectores.
Existe un interés creciente de China, Unión Europea y Estados Unidos hacia América Latina en hidrógeno verde y en minerales críticos. ¿Qué posicionamiento puede tener la región ante ello?
América Latina está en una posición expectante del desarrollo energético global. Podemos tener un rol que nos permita aprovechar esa oportunidad. Si lo vamos a lograr o no depende de nosotros mismos. Todos los actores globales están en conversación con países de la región. Va a haber mucha más demanda de minerales críticos que oferta y no deberíamos estar compitiendo entre nosotros, hay espacio para colaborar y atender la demanda colectiva con algunos espacios de desarrollo industrial.
– Las emisiones del sector energético continúan en aumento a pesar de la expansión de las renovables. ¿Cuán avanzada está la transición a nivel global y en América Latina?
– La transición avanza progresivamente pero tiene momentos con intensidades distintas. La trayectoria se puede ver afectada en ciertos momentos por temas de seguridad energética. La Agencia Internacional de Energía ahora habla del resurgimiento del carbón en el último año por la coyuntura actual [la crisis global de energía]. La transición es inevitable pero va a haber momentos divergentes en el camino y a América Latina le va a pasar lo mismo.
Existe una meta de 15 países de lograr 70 % de renovables [en la combinación energética a nivel regional] al 2030. Estamos trabajando para subir la ambición y sumar a más países antes de la COP28.
Perú: La meta del 3% de inflación del BCRP es arbitraria
Alejandro Narváez Liceras*
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) está empeñado en que la inflación vuelva a su meta del 3%. Si bien el 3% puede considerarse una especie de “punto óptimo” para la inflación, ni tan alto que las empresas y hogares tengan dificultades para hacerle frente, ni tan bajo que enfrié o sofoqué la actividad económica del país, no obstante, dicha tasa es arbitraria y tiene efectos perversos para la economía y el empleo. Veamos.
Algunos antecedentes
Antes de la década de 1990, los bancos centrales no tenían un objetivo de inflación numérico establecido a-priori. Por ejemplo, para el Banco Central de los EU (FED, por siglas en inglés), el objetivo fue durante mucho tiempo la estabilidad de precios, junto con un bajo desempleo. Cuando la FED luchó contra el gran episodio de inflación a fines de los años 70 y 80, elevando su tasa de referencia más del 19%, no tenía un objetivo de inflación numérico declarado públicamente.
El régimen de “metas de inflación” ampliamente adoptado por los bancos centrales de occidente se originó en Nueva Zelanda (1989) que atravesaba por un periodo de alta inflación. Sorprendentemente, tal decisión no fue fruto de ningún estudio académico o de investigación previo, sino, como dicen sus críticos surgió de la “casualidad”. A partir de entonces los bancos centrales se sumaron a la corriente de fijar metas de inflación con honrosas excepciones como el caso del Banco Popular de China.
A pesar de las alarmantes tasas de desempleo y subempleo existentes principalmente en los países en vías de desarrollo, muchos bancos centrales no consideran la creación de empleo parte de su mandato. Es decir, la política monetaria en curso se limita a restringir la inflación a cifras de un dígito bajo. Actualmente, las autoridades monetarias están obsesionadas con la inflación y para alcanzar su meta prevista (hasta ahora sin lograrlo) han subido las tasas de política monetaria a nivel inusuales a costa de otros indicadores económicos como el empleo y el crecimiento económico. Pregunto: ¿Es posible apagar la inflación sin afectar el mercado laboral? ¿Necesitamos una recesión económica para bajar la inflación?
El BCRP y su meta
Como era de esperar, el BCRP se ha sumado al esquema de metas explícitas de inflación desde el año 2002. Bajo este nuevo esquema, el banco contempla un rango entre 1% y 3%, para la tasa de inflación, medida como la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC) anual y calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Si la inflación se sitúa por encima de la meta, el banco puede elevar su tasa de política monetaria a corto plazo y también influir en las tasas a más largo plazo para que a los hogares y a las empresas les sea más caro endeudarse. El mayor costo del crédito significa que a la gente le resulta más oneroso gastar. Esto reduce la demanda y, por ende, crece menos la inflación y descienden las expectativas de aumento de precios.
La meta de inflación es arbitraria
La evidencia empírica sugiere que la meta de inflación del 2% o 3% o como actualmente tiene Brasil del 4,75% es, de hecho, arbitraria. Brigitte Granville, profesora de Economía Internacional en la Universidad Queen Mary de Londres, en una reciente entrevista (julio 2023) hace referencia a su libro “Recordando la Inflación “(2013), donde menciona entre otras cosas, que las variaciones en la tasa de inflación en torno del 5% no tienen ningún efecto material, ni positivo ni negativo, en las tasas de crecimiento económico real, especialmente si la tasa de inflación no es muy volátil. Desde entonces, no hay ninguna nueva investigación que arroje dudas sobre esta conclusión, añade.
Los monetaristas creen que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, y para lograr la estabilidad de precios es necesario controlar la cantidad de dinero en circulación y por ello la política monetaria es el instrumento natural para controlar la inflación. Por tanto, los bancos centrales serían las instituciones encargadas de lograr ese objetivo de estabilidad de precios.
En cambio, otros investigadores como John Cochrane (2023) de la Universidad de Stanford, autor del libro “Teoría fiscal del nivel de precios”, sostienen que la inflación no está causada simplemente por un aumento de la oferta monetaria, como dicen los monetaristas, en su opinión, el dinero no es más que otra forma de deuda pública. Los bancos centrales por sí solos no pueden detener la inflación. Las tasas de interés elevadas no solo son incapaces de detener la inflación, sino que empeoran el problema. Esta conclusión contradice abiertamente la sabiduría convencional que viene desde los años de Milton Friedman.
El mundo cambia, las economías evolucionan, nada permanece igual, las teorías y los modelos económicos también cambian.
Cada periodo de inflación es diferente. La inflación de la década de 2020 está siendo diferente de aquella de los años 70 y 80. Diferentes crisis de inflación requieren diferentes soluciones o respuestas. Elevar tasas 775 puntos básicos (7.75%) en 12 meses como lo hizo el BCRP, es un enfoque contundente y dañino. El banco puede y debe desarrollar herramientas que sean más quirúrgicas y menos destructivas.
El objetivo de inflación actual de 3% del BCRP está vigente más de dos décadas. El problema: es un número inventado sin sentido y sin evidencia empírica que lo respalde. Como dijo Roger Ferguson (junio, 2023), exvicepresidente de la FED, al referirse a la tasa meta de los EU (2%) se trata de un número aleatorio. Recomienda a los bancos centrales elevar los objetivos de inflación al 4% y tendría poco costo para los países y evitaría futuras recesiones.
Por otro lado, sostiene que las encuestas de expectativas de inflación direccionadas son inútiles. El mundo es más complejo, aleatorio y global que nunca. La multiplicación de incógnitas ha hecho que la previsión económica sea aún más difícil. Pero para predicciones hilarantemente erróneos, nada mejor que encuestar a personas al azar sobre donde creen que estará la inflación en 12 meses o 2 años.
Preguntas necesarias
Por lo dicho antes, una evaluación exhaustiva del “punto óptimo” requeriría al menos responder a las siguientes preguntas. Una sería: ¿Qué tan precisas son las medidas de inflación del INEI? Hay quienes creen que las tasas de inflación públicamente disponibles no se ajustan a la realidad, tienen errores de recopilación de datos y, con frecuencia, conducen a conclusiones erróneas. En segundo lugar, debemos preguntarnos ¿Existe una tasa de inflación óptima? de ser afirmativa la respuesta ¿Cuál es, esa tasa: 3% o quizás 4%?
Una tercera pregunta sería: ¿es preferible una tasa de inflación estable a una que varíe significativamente, al menos dentro de un rango razonable? Si es así, debemos preguntarnos si el BCRP puede, de manera realista, mantener relativamente estable una tasa de inflación por encima del 3%. Dado que el Banco Central se ha irrogado el derecho de contralar la inflación, mi última pregunta es: ¿Qué hace el gobierno y dónde queda su política fiscal?
*Profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.
Panorama internacional
1.- Trece millones de personas con deficiencias visuales relacionadas con su trabajo
Eduardo Camín*
Según el informe Eye Health and the World of Work (La salud ocular y el mundo del trabajo) 13 millones de personas sufren deficiencias visuales relacionadas con el trabajo, y se calcula que cada año se producen 3,5 millones de lesiones oculares en el lugar laboral, lo que representa el 1% de todos los accidentes laborales no mortales.
Es necesario hacer más para proteger la salud ocular de los trabajadores, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB por sus siglas en inglés), que sostiene que la salud ocular tiene un impacto significativo en el mercado laboral: los trabajadores con discapacidad visual tienen un 30% menos de probabilidades de estar empleados, comparados con los que no presentan esta discapacidad.
El desarrollo económico desempeña un papel importante en la prevalencia de la discapacidad visual, ya que en regiones de renta baja y media se dan cuatro veces más casos que en las de renta alta.
El estudio subraya que más del 90% de los casos de discapacidad visual pueden prevenirse o tratarse mediante intervenciones existentes y muy asequibles. Esto subraya la necesidad de coordinar las iniciativas mundiales, nacionales y en el lugar de trabajo para proteger el bienestar de los trabajadores, ya que la salud ocular es parte integral de su salud.
Los programas de seguridad y salud en el trabajo (SST) para proteger la visión de los trabajadores deben diseñarse con tres objetivos en mente, señala el estudio: prevenir la exposición a peligros específicos en cada lugar de trabajo; preservar la salud visual actual de los trabajadores; y disponer de un sistema para incluir la pérdida natural de visión de los trabajadores en la evaluación de riesgos. Los trabajadores deben ser informados de los peligros que pueden afectar su salud visual y también deben ser consultados sobre los programas y las intervenciones de salud ocular en el lugar de trabajo.
“La OIT subraya la importancia de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, incluidos sus ojos. Al dar prioridad a la sensibilización sobre la salud ocular y a su aplicación efectiva, podemos garantizar que los trabajadores tengan acceso a un entorno de trabajo seguro y saludable. Esto garantiza su bienestar general, reduce las desigualdades y propicia un aumento de la productividad”, declaró Joaquim Pintado Nunes, jefe del Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Este informe demuestra a todo el mundo la importancia vital de cuidar nuestros ojos, al mismo tiempo que ofrece consejos y recomendaciones extremadamente útiles sobre cómo proteger y promover la salud ocular en el lugar de trabajo”, afirmó Caroline Casey, Presidenta de la IAPB.
El estudio se publica un mes antes del Día Mundial de la Visión, (jueves 12 de octubre de 2023) que este año se centra en la importancia de la salud ocular en el lugar de trabajo bajo el lema “Ama tus ojos en el trabajo”. En él se hace un llamado a los empleadores de todo el mundo para que hagan de la salud ocular de su personal una prioridad.
La “miopía” de los informes… viene de lejos
Una vez más, el gran ausente del debate sigue siendo el sistema capitalista, cuya esencia está impregnada de estas injusticias. Bastaría apenas con recordar que ya en 1919, al negociarse la Constitución de la OIT, se aludió específicamente a la seguridad y la salud en el trabajo como un principio fundamental de los derechos humanos.
En su preámbulo, la OIT destacaba: “Es urgente mejorar dichas condiciones (de trabajo) como por ejemplo… la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales y contra los accidentes de trabajo”. Y sus primeras “recomendaciones” fueron sobre la Prevención del Carbunco, 1919 (número 3) Saturnismo (mujeres y niños) (número 4) y la Recomendación sobre el fósforo blanco, 1919 (número 6).
Tal vez existe un orden utópico en la mente del hombre, tras cuya consecución, las etapas políticas enunciativas cobran un significativo perfectivo, en la eterna meta de una convivencia más feliz para los hombres. En realidad, en esta manipulación de las vigencias todos tendemos a crear expectativas y cuando éstas no se cumplen debido a sucesos “imprevistos” nos cuesta aceptarlo y renunciar a lo planeado. Pero ocultas las contradicciones del cambio social, la economía se manifiesta asimilando la doctrina del neoliberalismo, sometiéndose a las reglas del crecimiento económico.
Esta visión económico-tecnocrática del mundo en lo social y los proyectos que se derivan de ésta, son referentes sobre los cuales se elaboran las actuales políticas y normativas en materia de derechos laborales. Sin dudas, el conocimiento de los distintos factores de riesgo dentro de los ambientes laborales es sumamente importante, para poder actuar en función de eliminar y/o minimizar los efectos a la salud y de prevenir dichos efectos. No obstante, en la difusión de los informes no se equilibran responsabilidades.
Este nuevo análisis de la seguridad y salud de la clase trabajadora deja al descubierto el funcionamiento del nefasto sistema capitalista y cómo este nos hunde en paupérrimos ambientes laborales, dejando en evidencia que, la enfermedad, los accidentes y la muerte están mal repartidas.
La salud no se distribuye de forma equitativa, las grandes mayorías desposeídas padecen una discriminación social múltiple, se dispone de menos recursos socioeconómicos, de una peor atención sanitaria, y se está más expuestos a los factores y/o agentes de riesgo que empeoran la salud de millones de personas, ya sean de tipo personal, social, ambiental y laboral.
Entender esto es entender que todas nuestras desgracias son generadas por un sistema económico, social y cultural en decadencia, como lo es el capitalista, que a su vez se rige por el control del poder político y económico. En este sentido, se debe buscar las verdaderas causas y dejar de echarle la culpa a las víctimas, generando respuestas que nos alejen del conformismo, propiciando soluciones que permitan plantearnos acciones efectivas.
El capitalismo, históricamente por su esencia y naturaleza, actúa en función de aumentar el capital, por lo tanto, su principal objetivo es producir más a menor costo reduciendo su inversión y obteniendo más ganancia. Con esta lógica se manejan las empresas y todo lo que dentro y fuera de ella le sea útil para el aumento de dicha ganancia.
Y no se puede ignorar que en su afán de lucro y de depredación voraz, el sistema capitalista acaba con la vida de todo, pero de manera más directa acaba con la salud y la vida de los trabajadores que es la que se encuentra sumergida en el proceso productivo y en contacto directo con los factores y/o agentes de riesgo, que deterioran y dañan la salud física, mental, social, ambiental.
Mas allá de las estadísticas ¿cuales son las soluciones?
Los números pueden ayudar a mirar mejor, a tener una idea más clara y cabal de tal o cual problema a comprender, pero también los números nos embriagan, enturbian la vista en su sentido más literal, pero a la vez tienen la capacidad de fascinarnos y hacernos creer en ellos sin pensar en su origen o en su validez. Está claro que los datos pueden ser muy relevantes y ayudarnos a dilucidar muchas cuestiones de interés, Sin embargo, los números no siempre cuentan la verdad.
Los datos también tienen limitaciones, son manipulables para falsear la realidad: ni las fuentes de información son necesariamente objetivas, ni el uso de los datos es siempre el más apropiado, ni su interpretación es necesariamente clara. Muy en especial los científicos saben que es posible tanto “fabricar” como “destruir” datos.
Incluso cuando usamos números fiables o análisis adecuados, solo obtenemos una visión limitada de la realidad, no de su conjunto. Las cifras miden con frialdad rasgos de individuos sin rostro, que homogeneizan, que reducen dramas personales muy diferentes y aún más importante, los números con frecuencia distraen nuestra atención, tienden a alejarnos de la realidad concreta.
Sin negar la importancia de los datos, estos deben servir para actuar sobre la realidad y estos deben ser elaborados con contenido, sin frialdad, no debemos hacer los cálculos sin sentir ya que serían estadísticas muertas. Aun así, algunos datos que no se pueden ocultar nos manifiestan la realidad por la que atraviesa los trabajadores en su conjunto y el resto de la población.
Con la concentración de capital a nivel mundial, lo que está en juego es la salud de la clase trabajadora, el bienestar de las personas, así como la de nuestro planeta. El poder desigual daña desigualmente la salud. Entre un 10% y un 20% de la población vive con niveles materiales muy elevados, explotando y protegiéndose de quienes no tienen o tienen muy poco.
Ética y moralmente, el capitalismo no tiene límites y no posee objetivos específicos en materia de derechos laborales, más allá de la explotación y la generación de su plusvalía. El empeño en explotar más intensamente no es simplemente el producto de la codicia, ni siquiera de una obsesión ideológica neoliberal, sino la dinámica inherente al propio sistema.
En este sistema, en su fase actual, el factor humano no tiene peso para cuestionar o imponer límites a su marcha. Las normativas existen, la “comunidad internacional” ha definido a través de sus instrumentos y organismos internacionales su aplicación, pero a pesar de los enfervorizados discursos en la Conferencia Internacional del Trabajo y las maravillosas virtudes del diálogo social tripartito, las cuestiones esenciales para los derechos de los trabajadores siguen en las penumbras de la incertidumbre.
Tal vez debemos recordar al Principito en que lo esencial es invisible para los ojos.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
2.-EU y la Unión Europea quieren su propia ruta de la seda
Isabella Arria*
Estados Unidos, la Unión Europea (Ue), la India, Arabia Saudí y otros países anunciaron este viernes en los márgenes del Grupo de los 20 un megaproyecto de ferrocariles, puertos y conexiones energéticas que pretende ser una alternativa a la Ruta de la Seda de China.
La idea del megaproyecto es establecer ferrocarriles y rutas marítimas que conecten a la India con Europa a través de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Israel, detalló Sullivan. De esa forma, el nuevo corredor busca reconfigurar el comercio entre los países de Europa, el Golfo Pérsico y el sur de Asia, reduciendo significativamente el tiempo para transportar mercancías entre estas naciones.
“Hoy estoy orgulloso de anunciar que hemos terminado un acuerdo histórico para crear un Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa“, dijo el presidente de EU, Joe Biden. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que el proyecto es “histórico”, mientras que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, lo calificó de “importante” y el primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó que “no tiene precedentes”.
Este es un proyecto que llevaban negociando desde hace meses en secreto y se hizo realidad con la firma el de un memorando de entendimiento para establecer el “Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa” por parte de los países implicados. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan,señaló que también participarán en el proyecto Jordania e Israel, este último sin relaciones diplomáticas con Arabia Saudí.
El proyecto, argumentó Sullivan, contribuirá a lograr una “mayor integración en Oriente Medio” en un momento en el que Estados Unidos está intentando que Israel y Arabia Saudí normalicen relaciones, lo que podría abrir la puerta a algún tipo de solución al conflicto palestino-israelí y revolucionaría el tablero de juego en la región.
Además, pretende incrementar la cooperación energética entre los países firmantes y mejorar sus conexiones a internet. Para ello, se creará una tubería por la que circule hidrógeno verde, se construirán infraestructuras que permitan conectar redes eléctricas de distintas naciones y se instalarán cables submarinos y terrestres que faciliten el rápido intercambio de datos, detalló Sullivan.
Pero los participantes se abstuvieron de dar detalles sobre cómo se financiará este ambicioso del proyecto: el memorándo de entendimiento se limita a delinear sus objetivos. Ahora los países firmantes deberán crear grupos de trabajo en 60 días para que puedan identificarse las áreas en las que hace falta inversión y establecer un cronograma realista para su ejecución, explicó Amos Hochstein, asesor principal de Biden para infraestructuras.
La experiencia muestra que los grandes proyectos de infraestructuras en Oriente Medio suelen ser lentos. Un ejemplo es el proyecto ferroviario de más de 2.100 kilómetros que busca conectar a los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar) y que solo ha podido construirse parcialmente una década después de su lanzamiento.
El anuncio del “Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa” tiene un gran significado político y supone una demostración de fuerza del gobierno de Biden, que se ha marcado como objetivo contrarrestar la influencia de la Ruta de la Seda de China. Una década atrás, el presidente chino, Xi Jinping, lanzó la iniciativa, cuyo legado ya incluye proyectos de infraestructura multimillonarios, préstamos a países en desarrollo y la expansión del poder geopolítico y económico de China.
China ha aumentado su influencia no solo en Asia-Pacífico, sino también Oriente Medio durante los últimos años. Actuó como intermediario en el acuerdo que suscribieron en marzo Arabia Saudí e Irán para reestablecer relaciones diplomáticas.
El presidente chino, Xi Jinping, tiene previsto recibir en Pekín en octubre a líderes de todo el mundo, incluido su homólogo ruso, Vladimir Putin, para un foro sobre la Ruta de la Seda.
*Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)