Panorama Económico Latinoamericano – Del 26 de junio al 3 de julio de 2024

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El robo de CITGO perjudica a Venezuela, pero también a EU

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Werther Sandoval

Las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela caerán varios peldaños más de llegar a concretarse, como todo lo indica, la venta de la filial de Pdvsa, Citgo, cuyo saldo será realmente perjudicial para la Patria de Bolívar, pero más cruento todavía para la voraz e insaciable nación del norte.

En resumidas cuentas: al pueblo de Venezuela le serán arrebatadas tres refinerías con una capacidad de refinación de 807.000 barriles por día, 38 terminales, 6 oleoductos y 4.200 estaciones de servicios, todo valorado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.

Pero EU sumará a su prontuario otra estruendosa bofetada a la confianza de los inversionistas internacionales en ese país, por haber roto y violado el siempre respetado velo corporativo, que protege(gía) a toda empresa de ser expropiada por el impago de una deuda contraída por su dueño, es decir, otra persona, en este caso, el gobierno de Venezuela.

Y además de la trompada a la confianza de los inversionistas internacionales, de ejecutarse la venta, toda relación y acuerdo con Venezuela estarán marcados por el antecedente de haberse robado Citgo, un acto delictual que estará siempre latente, por encima y por debajo de la mesa, elevando los costos de cualquier negociación bilateral, sin menoscabo de las acciones legales que acometerá Venezuela ante los organismos jurídicos mundiales para recuperar su activo.

Un análisis hecho por Pdvsa del entramado político violatorio del orden legal del mismo EU y de la Organización Mundial del Comercio, de llegar a efectuarse la subasta de Citgo Petroleum Corporation, relata que desde 2018 el gobierno estadounidense realiza maniobras contrarias al comercio internacional con la clara intención de arrebatarle el control de la empresa Citgo al Estado venezolano.

“Estas acciones quedan de manifiesto cuando a los pocos días de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y su reconocimiento por las autoridades norteamericanas, el autoproclamado y su equipo planearon cuidadosamente todas las acciones y tramas tendentes a lograr la expropiación de las operaciones de Citgo”.

El documento apunta que estas medidas son una clara violación de las normativas y cláusulas establecidas en la Organización Mundial del Comercio, siendo ésta la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países y cuya principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertades posibles.

Explica que el partido político Voluntad Popular, en connivencia con representantes del gobierno estadounidense, instruyeron a sus partidarios de la Asamblea Nacional para nombrar una nueva junta directiva de Citgo y PDV Holding, rebasando todo el marco jurídico existente. Dicha junta fue encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos ligados al sector financiero y petrolero estadounidense.

Inmediatamente después de ste nombramiento, en marzo de 2019, Carlos Vecchio, emisario de Guaidó en los Estados Unidos, realizó una visita a la empresa Citgo para dejar por sentado que el gobierno interino tenía el control efectivo de la empresa.

En agosto de 2018 se inició la ofensiva legal de la empresa canadiense Crystallex (de la cual el abogado José Ignacio Hernández, futuro “procurador” de Guaidó, formó parte en su equipo jurídico), para conquistar una posición de fuerza en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark.

El juez, con el argumento de que el control accionario de Pdvsa sobre Citgo la convertía en un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a favorecer el reclamo de Crystallex, a pesar de que en enero de 2018 una Corte de los EU desestimaba la demanda porque la acción de Crystallex es con la República Bolivariana de Venezuela y no contra Citgo.

La disputa entre Crystallex y el Estado Venezolano se remonta a 2008, cuando el presidente Hugo Chávez Frías llevó a cabo la nacionalización que desencadenó una demanda internacional por parte de la compañía, al considerar que había sido despojada de los derechos a explotar la mina de oro Las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar.

En 2014 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dictaminó que Venezuela le debía pagar a Crystallex la suma de 1.400 millones de dólares luego del proceso de arbitraje, monto que incluía los intereses generados.

“En 2017 Crystallex introdujo una demanda contra Pdvsa para que pagara por la expropiación de 2008. En octubre de 2018 la República Bolivariana de Venezuela retomó el caso, sin aclarar el cambio de decisión y sin incluir a Pdvsa, llegó a un primer acuerdo con Crystallex para un pago de 425 millones de dólares”.

En el periódico The Wall Street Journal se mencionó que el CEO de Crystallex, Robert Fung, dijo que Venezuela pagó 500 millones de dólares en efectivo e instrumentos líquidos.

Adicionalmente, “Venezuela tiene que entregar un colateral (garantía), antes del 10 de enero de 2019, para asegurar el pago del saldo que debe”, manifestó Fung. Igualmente, se mencionó que Venezuela acordó cancelar el resto del monto adeudado en cuotas pagaderas hasta comienzos de 2021. Pero las medidas coercitivas unilaterales impedían todo tipo de pago a la República Bolivariana de Venezuela.

Es así como de acuerdo a Crystallex, el gobierno bolivariano no cumplió con esa deuda y llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc., la casa matriz de Citgo). El fallo determinó que Pdvsa funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria Citgo para satisfacer la deuda.

Pero el escenario geopolítico cambió. Crece la consolidación y el creciente reconocimiento del gobierno bolivariano por países en instancias internacionales. El 28 de agosto de 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta un documento complementario en apoyo de la declaración de interés de los Estados Unidos en el procedimiento de embargo de Crystallex.

En este documento, Estados Unidos admite que proceder hacia una venta forzosa de las acciones de PDV Holding en ese momento “podía generar un daño significativo a la política exterior de Estados Unidos”.

Aun así, en enero 2021, el juez estadounidense Leonard Stark, adscrito a un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, autorizó a Crystallex para seguir adelante con la venta de acciones de la referida filial de Pdvsa y hacer cumplir a su favor una adjudicación de 1.400 millones de dólares.

En abril de 2023, la junta ad-hoc de Citgo se preparó para apelar la decisión de embargar las acciones por deudas por parte de cinco empresas; una de ellas es la minera canadiense Crystallex por 970 millones de dólares desde 2007. Las otras cuatro empresas son O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments y Rusoro Mining, que recibieron la aprobación del tribunal tras demostrar que la petrolera estatal Pdvsa es el “alter ego”.

Recién, el medio alineado a la política de comunicación del gobierno de EU, la Voz de América, informa que un tribunal estadounidense aprobó este 14 de junio reclamos de 17 acreedores vinculados a Venezuela, incluidos Conoco Phillips, Rusoro Mining y Koch Industries, para obtener ganancias de una próxima subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum.

La lista, que redujo el alcance de las reclamaciones a 20.800 millones de dólares de los 24.000 millones de dólares solicitados por los acreedores, se produce después de que un funcionario judicial excluyó laudos arbitrales y fallos judiciales que no habían cumplido a tiempo los requisitos del tribunal.

“Los acreedores han acudido en masa a un tribunal estadounidense en Delaware para presentar reclamaciones que casi duplican el valor de Citgo entre 11.000 y 13.000 millones de dólares”, dice.

Las primeras ofertas por las acciones vencen el lunes 17 de junio y una segunda ronda de ofertas tendrá lugar a finales de este año. Aún faltan meses para una decisión final sobre los ganadores y las adjudicaciones requieren la aprobación del Departamento del Tesoro de EU, que ha protegido a Citgo de los acreedores desde 2019.

La subasta, que podría dar lugar a una de las mayores ventas judiciales en la historia de Estados Unidos, fue lanzada en octubre de 2023 por el juez estadounidense Leonard Stark tras recibir luz verde del Tesoro.

Después de que la Corte Suprema de EU rechazó en enero la petición de apelación de Venezuela, Stark permitió que más acreedores se unieran a la subasta. La mayoría de ellos, incluidos Contrarian Capital Management y los fondos Pharo Gaia y Gramercy, fueron autorizados a participar por el tribunal el viernes.

La Voz de América dice que una venta para compensar a los acreedores enfrenta una feroz oposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha descrito la acción judicial como un robo, y de la oposición venezolana, que luchó contra el fallo de que Citgo es responsable de las deudas de Venezuela hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

“La posible pérdida de Citgo también podría verse como un revés para Washington, que ha tratado de mejorar las relaciones con Venezuela para fomentar elecciones justas en el país”, dice el medio.

El tribunal contrató al banco de inversión Evercore Group para tasar las acciones y ejecutar el proceso de comercialización, que recibió autorización previa del Tesoro de Estados Unidos. Evercore no ha revelado públicamente detalles de la valoración y el proceso de licitación podría permanecer en gran medida confidencial.

 

 

Cuba: La bancarización es inexorable

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Manuel de Jesús Singh Castillo

Contribuir a la implementación correcta del proceso de inserción financiera o bancarización de la población cubana con la preparación de los dirigentes sindicales y los trabajadores sobre las ventajas del servicio para utilizarlo, es una prioridad para la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Así lo afirma el miembro del Secretariado Nacional de la organización obrera José Antonio Pérez Pérez, en una entrevista para el multimedio «Trabajadores».

– Al ser una prioridad para el movimiento Sindical cubano ¿cómo se involucra además la CTC en ese proceso que el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez califica como estrategia necesaria, moderna y que beneficia a la población?

– «Al movimiento obrero le corresponde exigir también el cumplimiento de las normas establecidas en ese sentido por las resoluciones 111 del Banco Central de Cuba y 93 del Ministerio de Comercio Interior, ambas emitidas el pasado año.

La primera norma, la bancarización de las operaciones, a través de los canales electrónicos de pago, establece las acciones que aseguren su implementación y viabilicen los procesos de cobros y pagos, incluyendo a todos los actores económicos y su relación con la población.

La segunda establece como requisito para los establecimientos comerciales poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios.

Eso refuerza los derechos de los consumidores cuando concurran a alguna de las unidades del sector y de subordinación local con pago electrónico en el país, o de todo actor económico estatal y no estatal que realizan las actividades rectoradas por ese ministerio».

– No obstante las disposiciones adoptadas por el Gobierno revolucionario para la bancarización, el pueblo y los trabajadores mantienen como principal servicio el de los cajeros automáticos. ¿Cómo cambiar esa visión hacia el aprovechamiento de los beneficios de la bancarización?

–  Ante todo con la preparación de los trabajadores sobre las ventajas en el uso de las pasarelas de pago electrónico, lo cual es una responsabilidad compartida entre los sindicatos y las administraciones.

No puede haber desconocimiento sobre plataformas electrónicas como Transfermóvil o EnZona y sus ventajas para hacer trámites bancarios o pagos, en medio de una compleja situación socioeconómica, en donde es cotidiana la escasez de efectivo.

Que conozcan asimismo que permite una mayor transparencia en las operaciones de las Formas de Gestión No Estatal y evitar de esa manera la evasión de impuestos que son ingresos necesarios para el presupuesto estatal, recordando que en Cuba ya hay más de 11 mil micro y pequeñas empresas privadas.

Ése debe y tiene que ser un tema recurrente en las asambleas de afiliados y trabajadores, así como también de preocupación y ocupación de las estructuras sindicales, en los diferentes niveles, para acompañar el proceso y evaluar sus resultados.

– Una precisión, por favor, ¿la bancarización es sinónimo de renunciar paulatinamente al uso del efectivo?

– No, la bancarización es ofrecerle a la población y a los trabajadores el uso de tarjetas magnéticas y el pago o transferencias electrónicas como otra opción junto al dinero en efectivo, aunque hay datos que señalan que la tendencia mundial es a dejar de emplearlo.

Tampoco olvidamos las circunstancias en que se desarrolla el proceso en Cuba, marcado por el tremendo obstáculo para el desarrollo que supone el bloqueo de EU que, entre otras cosas, dificulta disponer de las tecnologías más avanzadas para el servicio.

– ¿Cómo aprecia usted el futuro inmediato del proceso de bancarización en Cuba?

– Para nadie es un secreto los problemas de conectividad que suceden, la insuficiencia o carencia de la infraestructura necesaria en sitios rurales o de difícil acceso. A eso se une el hecho de que muchos municipios carecen de cajeros automáticos.

Aún en esas condiciones, es la determinación de la CTC y sus sindicatos contribuir desde los colectivos labores, con su respaldo, a avanzar en donde estén creadas las condiciones en la domiciliación de las nóminas del salario, un beneficio que ofrecen los bancos para efectuar el pago del salario mediante tarjetas de débito.

Aunque en el país hay unos siete millones de líneas móviles activas, hay que considerar que no todos los trabajadores tienen un móvil, ni tampoco todos los que cuentan con uno tienen servicio de internet.

Por eso la participación activa de la representación de la CTC y sus sindicatos en los grupos de trabajo para el control y seguimiento del proceso de bancarización, creados en provincias y municipios, como objetivo esencial tienen contribuir a crear una cultura en el uso de las pasarelas de pago, no imponerlas.

Sin duda alguna la bancarización es inexorable.

* Miembro del Secretariado Nacional de la organización obrera José Antonio Pérez Pérez y de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

 

 

Argentina: El PBI cayó 5,1% y 500.000 personas perdieron su empleo

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Alfonso de Villalobos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó dos informes oficiales que dan cuenta del derrumbe de la actividad económica en Argentina en el primer trimestre de este año y su correlato en el mercado de trabajo: La desocupación escaló al 7,7%, la industria se desplomó un 13,7%, la construcción un 19,7% y la inversión retrocedió 23,4%.

 

Según el Informe de Avance de Actividad, PBI se contrajo un 5,1% con relación al primer trimestre de 2023. La caída en la actividad se produjo particularmente a partir de un retroceso del 6,7% en el consumo privado y del 5% en el consumo público. A la vez, como síntoma de la etapa y adelanto de lo que ocurrirá en los próximos meses, la inversión se contrajo un 23,4%.

La caída podría haber sido más acentuada si no se hubiera registrado una mejora en las exportaciones del 26,1% como resultado de la base comparativa del año pasado período durante el cual se empezaron a verificar los efectos de la sequía en el sector agrícola. Las importaciones, que expresan la dinámica del consumo y la demanda de insumos y bienes de capital de los sectores productivos, se contrajeron un 20,1%.

A nivel sectorial la recesión se hizo notar especialmente en el sector de la industria manufacturera que mostró una caída interanual del 13,7% y de la Construcción que, de la mano del congelamiento de la obra pública, rectrocedió un 19,7% comparado con el primer trimestre de 2023.

El retroceso consolida un proceso recesivo que ya acumula cuatro trimestre consecutivos con contracciones del 5,3% para el segundo trimestre de 2023 cuando impactó la sequía de manera sensible, -0,7% y -1,2% en los siguientes trimestre hasta el derrumbe del 5,1% de este año.

De la recesión al desempleo

De manera coherente, y tomando en cuenta la ausencia de políticas destinadas a impedir o dificultar los despidos, el desempleo escaló en apenas un cuatrimestre en dos puntos porcentuales en tanto se ubicaba en el 5,7% en el último trimestre de 2023 y llegó hasta 7,7% según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Ésta se realiza sobre una muestra representativa de los 31 conglomerados urbanos en los que viven poco más de 29,5 millones de personas. Allí poco más de un millón de personas carecen de empleo y lo buscan activamente.

 

Si el dato se proyectara al conjunto de la población, la población desocupada llega hasta 1.715.276. Así las cosas sólo en los tres meses que van de enero a marzo 416.551 personas perdieron su empleo y no pudieron reinsertarse en otra actividad. Los datos reflejan lo ocurrido en el mercado de trabajo formal e informal.

A la vez el informe da cuenta de una persistencia en una elevada tasa de actividad, que con un 48% se ubica sensiblemente por encima del promedio histórico. Se trata de la cantidad de personas que trabajan o buscan empleo sobre el total de la población. Una tasa de actividad elevada indica que un mayor número de personas se ven obligadas a incorporarse al proceso productivo por la merma en los ingresos familiares.

En la misma sintonía se registró una suba sensible de los ocupados demandantes de empleo que llegan al 16% cuando un año atrás eran el 14,8%. El indicador también refleja los problemas de ingresos que sufren los asalariados que, por ese motivo, demandan otro empleo o un ingreso adicional tomando más horas en un empleo alternativo.

El fenómeno se ha venido verificando en los últimos años pero se ha acentuado en el primer trimestre de este año. Por eso el informe destaca que la denominada “presión sobre el mercado de trabajo” aumentó “de 26,9% a 29,5% (2,1 puntos porcentuales)” entre el primer trimestre de 2023 y el de este año.

El informe de mercado de trabajo a nivel sectorial destaca un dato preocupante en tanto “en relación con la rama de actividad de la última ocupación de esta población (desocupada), se destaca un aumento de 2,2 puntos porcentuales (de 10,8% a 13,0%) en la industria manufacturera”.

La brecha de género se mantuvo relativamente estable en tanto mientras el desempleo femenino avanzó en el último año desde el 7,8% hasta el 8,4% para el caso de los varones el fenómeno avanzó desde el 6,1% del primer trimestre de 2023 hasta el actual 7%.

Otro dato relevante es el que muestra un salto sensible en la desocupación de los jefes o jefas de hogar. Mientras en el último trimestre de 2023 el fenómeno afectaba al 2,7% del total, ahora alcanza al 5%. Se trata de un indicador muy sensible en tanto abarca al principal ingreso de los hogares exponiendo a una sensible vulnerabilidad al conjunto del grupo familiar.

La caída del empleo informal que, según los datos oficiales hace un año afectaba al 36,8% del total de los asalariados ahora llega hasta el 35,6%. Pero no todo lo que brilla es oro. En un contexto de destrucción de empleos, la caída no puede ser atribuida a un proceso de registración sino, por el contrario, al hecho de que la contracción económica y los despidos impactan en primer término sobre el sector informal que no goza de red de contención alguna.

El dato desmiente los fundamentos de la reforma laboral contenida en la ley Bases que indica que la precarización del empleo y la flexibilidad para despedir resultarán en una mejora del empleo y los salarios. A priori, ocurre exactamente lo contrario.

 

 

Honduras: Políticas de desarrollo forestal de base amplia (2025-2050)

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Javier Suazo *

“Si se destruyen los bosques y las fuentes de agua, se destruye nuestra cultura y la vida misma”/Bertha Cáceres, dirigente ambientalista.

Las fuertes lluvias e impactos negativos afectan más a los que tienen menos recursos, viven en pobreza y zonas de alto riesgo. Cada año los gobiernos tienen que invertir en evacuaciones de personas, construcción de albergues y  reconstruir la infraestructura económica y social. Las lluvias traen también las compras sin licitaciones, la entrega de alimentos por políticos de turno, corrupción y mayor endeudamiento. Se le atribuye al cambio climático el factor causal más importante, pero se dice poco de la destrucción acelerada de los recursos forestales.

Honduras ha visto cómo sus bosques y áreas protegidas han venido disminuyendo, aunque se reconoce que las zonas boscosas y de reserva forestal todavía son visibles. Se apostó a una legislación forestal que recogiera las propuestas de la mayoría de actores involucrados en las actividades de producción, usufructo y protección de los recursos forestales, y estableciera reglas claras para la actuación de estos actores, incluyendo la institucionalidad pública. La Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, aprobada en 2008 mediante decreto 58-2007, da vida a un nuevo marco jurídico-institucional en materia forestal, pero se aplica parcialmente.

Las causas explicativas de estas reducciones aceleradas de bosques y áreas protegidas siguen presente. La primera es la ganadería extensiva y de baja productividad, que usa las áreas y suelos de vocación forestal como sinónimo de pastos para el ganado; es decir, deforestar para transformarlas -supuestamente- en tierras de “vocación” agrícola, aunque sea prohibido por las leyes del país.

Se agrega el extractivismo sin control, como la minería de cielo abierto, agro negocios tóxicos y la falta de un control efectivo de plagas como el gorgojo descortezador. Es vidente el problema de baja asignación de recursos a la institucionalidad forestal para que proteja el bosque y restituya áreas afectadas por deforestación y degradadas, violándose disposiciones legales.

Esta institucionalidad refiere también a la ausencia de instrumentos de planificación de desarrollo del sector forestal con una visión de largo plazo, acompañado de reformas al marco jurídico-institucional, o cumplimiento de la legislación vigente

Se han hecho esfuerzos en este campo, pero descontinuados, como la aprobación de una política forestal [1], pero sin claridad sobre las fuentes de obtención de los fondos para la ejecución de los programas y proyectos de inversión que de ella se derivan, por lo cual se desfasó en los gobiernos anteriores, pero, sobre todo, sin claridad sobre el rol de los actores involucrados.[2]

En el tema de institucionalidad publica, un problema fundamental que abarca también al sector forestal, es el debilitamiento del sistema de planificación que integra las acciones y actividades de todos los actores con una visión de largo plazo. En el Gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2013) también se institucionalizó la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022), aprobada por el Congreso Nacional, pero se debilitó en los gobiernos de Juan Orlando Hernández (2014-2021), y la iniciativa de desarrollo forestal quedó en papel.

En la medida que se pierda esa visión de largo plazo y no existan instrumentos técnico-políticos válidos, se debilitan los enfoques multisectoriales para la solución de los problemas de interés nacional, al no  permitirse construir un enfoque conjunto de intervención de base amplia con la participación de todos los actores y, especialmente, de las poblaciones afectadas o beneficiadas, muchas de las cuales viven de la protección efectiva y uso de los recursos forestales y ambientales.

A ello se debe la masificación de los problemas derivados de la falta de protección de los recursos forestales, débil institucionalidad y ausencia de instrumentos validos de planificación. Una de estas manifestaciones es la “vulgarización” del concepto de áreas protegidas y zona de reserva, al permitirse otorgar derechos de propiedad, remedidas, construir viviendas, carreteras y desarrollar una ganadería extensiva dañina para el ambiente. Otra, es la expulsión de comunidades étnicas protectoras de los recursos naturales para ejecutar proyectos extractivos con costos muy altos para la economía del país y población. Pero, también, la irrupción de un nuevo actor: El narcotráfico que, de acuerdo al ICF, ha afectado 36.000 hectáreas de tierra en la zona de la Moskitia (ICF Honduras: 18/12/2023).

Frente a ello, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), declaró una emergencia forestal denominada “Cero” Deforestación al 2029, para controlar, regular y prohibir la destrucción de los bosques de Honduras, que incluye medidas destinadas al control y decomiso de madera y drogas, destrucción de infraestructura y maquinaria, revisión y prohibición de otorgamiento de títulos de propiedad en áreas boscosas, aumento de penas por delitos forestales y prohibición de nuevas urbanizaciones, lo que representará una erogación de 19.000 millones de lempiras hasta 2029.

Ya antes, había aprobado  la ejecución de un Programa denominado “Padre” Andrés Tamayo, un reconocido ambientalista que regresó al país, expulsado por las acciones de defensa del bosque y comunidades, destinándose más de 1.600 millones de lempiras para controlar mayormente la deforestación en la Biosfera del Río Plátano.

En el Congreso de la República también se ha legislado a favor de la protección del bosque, fuentes de agua, biodiversidad y conciencia y educación ambiental, lo que incluye la protección de las principales lagunas del país [3] e incorporación de la educación ambiental desde temprano en las escuelas y colegios públicos. Se agrega, el aumento de las penas en el Código Penal para los que incendian y destruyen el bosque y fuentes de agua, y regulaciones para controlar las construcciones y desarrollo de proyectos urbanísticos en zonas boscosas y de reserva forestal. [4]

Hay varios cuestionamientos a estas decisiones y acciones. En primer lugar, la Comisión creada por la presidenta Xiomara Castro para lograr “Cero” Deforestación no integra al Instituto Nacional Agraria (INA), responsable de la entrega directa de títulos de propiedad de la tierra [5]. Igual, se inviabiliza la institucionalidad creada en el marco de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, caso de la integración del sector forestal ( no como subsector), con competencias de coordinación y planificación sectorial y multisectorial en este campo, y los consejos consultivos a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario.

En segundo lugar, en ausencia de un instrumento de planificación que integre todas estas acciones, los esfuerzos y recursos se diluyen y no resuelven los problemas de fondo ni garantizan un cumplimiento efectivo de las metas de mediano y largo plazo.

Para el caso, “Cero” Deforestación a 2029 es una meta muy ambiciosa, lo que necesita de una planificación para un periodo de mayor plazo, desagregándolas por año, región, departamento y municipio, lo que implica un involucramiento más visible de los gobiernos locales, organizaciones comunitarias y grupos ambientalistas protectores de los recursos naturales.

En tercer lugar, al invisibilizar la institucionalidad forestal en materia de coordinación y planificación del sector, es poco problema que la Mesa y Agenda Forestal Hondureña donde se integra la cooperación externa, tenga la credibilidad requerida a nivel de actores internos, cooperantes, países y empresas.  Ello es extensivo al funcionamiento del Sistema Nacional Forestal, una obligación del ICF para mantener la protección del bosque y garantizar un usufructo que reconozca ingresos suficientes para las familias dedicadas a esta labor.

Para nadie es un secreto que las comunidades son autorizadas por ICF para vender recursos forestales, pero  lo hacen recibiendo precios de “gayo” muerto, ya que el corte y comercialización la controlan empresas  privadas o intermediarios. Necesitan un programa amplio de transformación, industrialización y Comercialización de los productos derivados del bosque, más allá de la venta de madera en “royo”.

La Ley Forestal crea dos fondos ( artículo 35) para Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones con 1% del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos de la República, y el Fondo para Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre con recursos iniciales equivalentes a 60 millones de lempiras conformado por el Gobierno. Hay evidencia que estos recursos no se han trasladado al ICF en el monto requerido, asignándose cuotas limitadas. Se espera que, en el marco de las acciones que ejecuta el Gobierno para alcanzar la meta de “Cero” deforestación en 2029, los recursos de ICF aumenten, sobre todo los consignados en estos fondos. [6]

El Gobierno debe aprender de experiencias pasadas, buenas y malas, y  definir políticas de consenso y con mayor impacto. Un ejemplo es  la Evaluación Nacional Forestal de Honduras realizada por el Proyecto de Modernización de Sector Forestal denominado Euro For MOSEF, apoyado por la Unión Europea por un monto de 23,1 millones de euros, la que constituye un instrumento para formular y evaluar políticas públicos sobre el uso de los recursos del territorio, conociendo en forma científica el estado de los bosques de Honduras, la biodiversidad y la captura de carbono. (Informe  MOSEF, 21 de marzo de 2017). [7]

De acuerdo a cifras del MOSEF, “para el año 2015 el porcentaje de bosques en el país era de 47,72 por ciento que equivale aproximadamente a 5,4 millones de hectáreas de bosques distribuidos principalmente en bosque latifoliado (24,68%) y bosque de pino (15,27%). Las áreas fuera de bosque son destinadas principalmente a la ganadería (9,15%), cultivos anuales sin árboles (5,74%) y sistemas agroforestales (5,23%), estos últimos incluyen el cultivo de café”.[8] Implica un monitoreo constante y registro de la información por departamento y municipio, lo cual se ha perdido.

Estas cifras han sido cuestionadas por autoridades de ICF, ya que consideran que en 2022 el área cubierta de bosque era de 56,06% del territorio nacional, siendo mayoritario el bosque latifoliado. (Ver Anuario Estadístico Forestal 2022, ICF, pág. 46).

Ello demanda una revisión de la metodología del cálculo y cifras, ya que hay evidencia de aumento de incendios y presencia del gorgojo descortezador, además de las actividades extractivas.  En 2015, se perdieron por la presencia del gorgojo de pino, más de 389.000 has. de bosque y en 2016 otras 105.000 has. de bosque (Anuario Estadístico, ICF, pág. 68).

El subsector silvícola ha venido disminuyendo su participación del PIB Nacional,  de 5%/PIB en 2000 a 2,96%/PIB en 2022. Se cree falsamente que el sector forestal solo tiene que ver con la silvicultura, por lo que urge una nueva metodología para estimar la contribución total del sector al PIB, que ya había iniciado MOSEF. Se desconoce  la contribución del sector a la industria farmacéutica, ya que muchas de las plantas son utilizadas para producir nuevos medicamentos, sin que haya un reconocimiento y “compensaciones” monetarias  al país por patentes.

En 2022,  Honduras exportó más de 53 millones de pies tablares de madera aserrada de conífera, donde el 81,4% se destinó al mercado centroamericano, le sigue el mercado del caribe y en menor grado Europa y USA. Las importaciones de madera sumaron más de 3,6 millones de pies tablares, proveniente de USA y del mercado Centroamericano y Suramérica. En este rubro de madera aserrada conífera,  Honduras tiene una balanza comercial superavitaria, pero todavía no se han calculado los efectos e impactos negativos de ello.

No obstante, hay déficit comercial en madera aserrada /latifoliada, carretas, tarimas, cajas, muebles de madera, molduras, piezas de construcción, resinas, tableros, etc. En general, la balanza comercial de Honduras de productos forestales es positiva en más de 7 millones de dólares, pero puede ser mucho mayor, al producirse internamente varios de los productos y subproductos que incorporan más valor agregado. (Anuario Estadístico, ICF, pág. 93).

Ya está en marcha el Acuerdo Voluntario de Asociación entre Honduras y la Unión Europea (AVA-FLEGT) para fortalecer el comercio de madera legal, cuyas negociaciones iniciaron en 2013.  “El AVA-FLEGT enfatiza el cumplimiento de las leyes hondureñas, especialmente las relacionadas con aspectos forestales, ambientales y fiscales, así como las relacionadas con los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores del sector y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Todo ello, con especial incidencia en lo referente a la Consulta Libre y Previamente Informada, cuando se realicen actividades de aprovechamiento en territorios de estos pueblos” (Delegación de la Unión Europea en Honduras, 29-6-2021).

Se espera que, además del control de la producción y comercialización de la madera con destino a la Ue (¿y al resto del mundo?), se institucionalice un proceso de trabajo conjunto entre cooperantes, Gobierno, empresa privada, campesinos, ganaderos y pueblos étnicos, al crearse el  Comité del Acuerdo integrado por ICF, sector privado y sociedad civil, los pueblos étnicos y afrodescendientes y la Ue. De nuevo el INA está ausente, aunque debe  prohibirse exportar madera legal a la Ue con títulos de dominio ilegales. Igual sucede con los gobiernos locales, cuya participación es poco visible, sobre otro en la creación de espacios fiscales sostenibles para la conservación de los bosques.

Hay interés de los actores por conformar una Alianza Forestal de mayor alcance que un periodo de Gobierno de cuatro años, por lo que Honduras y la Ue “firmaron un acuerdo de cooperación por un monto de 23,5 millones de euros para impulsar acciones estratégicas vinculadas a la Alianza Forestal, Negocios Verdes y el AVA FLEGT.

Adicionalmente, a través del Programa Global de Gobernanza Forestal y Cadenas de Valor implementado por la FAO, se busca apoyar los países que cuentan con una Alianza Forestal con la Ue, incluyendo a Honduras”. (Delegación de la Unión Europea en Honduras, 31-05–2024).

La experiencia demuestra que programas de reforma del sector forestal necesitan de una visión de mayor plazo avalada por todos los actores involucrados (incluyendo la academia), o por lo menos de la mayoría que considera al bosque como un patrimonio nacional no como negocio. Ya nadie se acuerda de programas de reforma anteriores,  y de los estudios realizados e información generada, así como de los procesos metodológicos de gestión ambiental y modelos de atención comunitaria operativizados.

Hay mucha información en poder de la(s) agencia(s) cooperante,  pero no son de conocimiento público y gobierno. El Gobierno y el país en general necesitan contar con una política forestal de largo plazo y de base amplia, o sea que participen activamente todos los actores involucrados y la población que cuida el bosque y las fuentes de agua.

Esta política se constituye, por ser el principal instrumento contentivo de planes, programas, proyectos, agendas, acciones y decisiones, en el marco orientador del desarrollo del sector. Las acciones aisladas y fragmentadas por sectores e instituciones no permiten que se alcance el impacto previsto, generando ”falsas“ expectativas en la población y conflictos, además de una pérdida creciente de recursos financieros, en su mayor parte provistos por el Gobierno.

Igual, acciones unilaterales no se aplican y más bien conducen a una falta de credibilidad por la autoridad constituida. En la destrucción de los bosques todos somos responsables, pero también en la búsqueda de soluciones.

Teniendo como objetivo estratégico la protección y uso racional de los recursos naturales, sobre todos de los bosques, la política forestal de base amplia debe servir de guía orientadora para las demás políticas, programas y proyectos agropecuarios y de uso de energías alternativas, igual para control de los proyectos mineros y contaminantes.

Hay que estructurar iniciativas para enfrentar el cambio climático, partiendo de la protección y uso de estos recursos, acompañado de una estrategia conjunta de participación de la población. Las reformas al marco institucional deben incluir las penas no solo por la quema de bosques, títulos de propiedad «chuecos” y deterioro por ganadería extensiva y actividades de narcotráfico, sino también para visibilizar y aumentar pagos por servicios ambientales que el cuidado de los bosques de Honduras aporta al mundo.

La presidenta Xiomara Castro debe ordenar al ICF e instituciones y organizaciones conexas a la conformación de dicha política, como un aporte a la institucionalidad y desarrollo futuro del sector, siendo apoyada por la cooperación externa y demás gobiernos de la región en el marco de los procesos de integración ambiental centroamericana.

Notas:

[1] En el Gobierno de Porfirio “Lobo” Sosa se aprobó la Política Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (2013-2022), pero fue descontinuada en los gobiernos de Juan Orlando Hernández(2014-2021). En realidad, JOH no creía en la planificación, acusándose a su Gobierno  por vender madera sin control, mucha de la cual se extraía de zonas afectadas por el gorgojo del pino.

[2] Una de las funciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF), es la de diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Artículo 18). Esta función no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente, supeditándose las acciones forestales a lo que dicte la Secretaria de Medio Ambiente.

[3] Hay denuncias que en las áreas de tierras cerca del Lago de Yojoa, uno de los principales atractivos turísticos del país, se ha permitido  el otorgamiento de títulos de propiedad y la cría de ganado y búfalos, que acelera la deforestación y contaminación de las aguas.

[4] Mediante Decreto N.54-2023 del 30 de octubre de 2023, se aprobó una Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática, cuyo “objetivo es establecer las normas jurídicas, administrativas, técnicas y financieras para el aprovechamiento y distribución de los beneficios ambientales, sociales y económicos generados a partir de la gestión sostenible de sumideros forestales de carbono basados en resultados”. La Ley define el Bono de Carbono como: Compensación financiera por las reducciones o remociones de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera por la aplicación de políticas e iniciativas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

[5] Se ha denunciado que grupos irregulares se adueñaron de tierras en zonas protegidas, muchas de las cuáles son tierras de vocación forestal e históricamente viene siendo reclamadas por comunidades étnicas como parte de su hábitat natural y humano.

[6] Los recursos presupuestarios del ICF han aumentado, ya que para 2024 superan los 521 millones de lempiras, de los cuales la mayor parte son fondos del tesoro nacional, y solo 82 millones se consideran fondos externos, siendo insuficientes aún para cumplir con las competencias asignadas.

[7] Este proyecto se enmarcó en el  “Programa de Apoyo Europeo al Sector Forestal (EuroFor)” de octubre de 2013, por un monto de 47 millones de euros, de los cuales unos 21 millones de euros fueron donados para adaptación del cambio climático ( con 2,1 millones de dólares de contraparte nacional), el resto, unos 26 millones de euros, destinados al Programa de Apoyo Presupuestario al Sector Forestal (PAPSFOR), condicionado al cumplimiento de indicadores, que todavía sigue vigente y, al parecer, se ha fortalecido.

 

* Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.

 

 

Bolivia cuenta con un saldo exportable de 35.000 toneladas de carne

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Bolivia tiene un saldo exportable de 35.000 toneladas de carne y apunta a ampliarla para llegar a más mercados del mundo, reveló la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “Actualmente hay un saldo exportable de aproximadamente 35 mil toneladas de carne, sobre las cuales hemos decidido también trabajar con relación a esta oferta exportable y seguir ampliándola”, indicó.

Con ese fin, hace unos días Prada se reunió con representantes de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni).

Las acciones público-privadas no solo apuntan a incrementar la producción del sector, sino a superar las exportaciones de carne de Bolivia, que ya en 2023 marcaron un récord histórico con US$ 136 millones.

“El año 2019 eran 24,5 millones de dólares en exportación de carne bovina, (ahora) hemos pasado a 136 millones de dólares (en 2023)”, destacó la ministra.

De acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), durante el período 2014 y 2023, las exportaciones de carne bovina y sus derivados acumularon más de 641 millones de dólares, impulsadas por las ventas externas de derivados de carne bovina.

El boom exportador de la carne bovina y sus derivados inició en la pandemia, en 2020. Ese año, el país reportó ventas por US$ 70 millones, el 2021 US$ 98 millones y el 2022 fueron US$ 128 millones.

Durante el 2023, el principal destino para las exportaciones de carne bovina y sus derivados, fueron China y Hong Kong.

“Lo que nosotros justamente apuntamos es a seguir creciendo en este sentido, porque están las condiciones, está toda la voluntad por parte del sector ganadero, como lo habíamos señalado, de trabajar de manera conjunta de apostar por el desarrollo del sector”, afirmó la ministra.

Para trabajar en la apertura de mercados, se conformó una mesa de trabajo que está integrada por el sector privado, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio de Desarrollo Rural y la Cancillería, ésta última que cuenta con la carpeta de la oferta exportable del país.

 

 

Ecuador: Eliminar el subsidio a la riqueza, más alto que el de los combustibles

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Jonathan Báez Valencia *

Nuevo Ecuador, Viejas recetas. La eliminación de los subsidios a los combustibles nuevamente es la única medida de política económica, no para solventar las escuetas finanzas públicas (mermadas por auto emboscadas de los propios gobiernos, dirigidas en especial a recortar impuestos a la riqueza o eximirles de ellos) y sí para trasladar el dinero del bolsillo de las personas de las clases vulnerables y medias a las clases ricas del país, hoy sentadas en el Estado.

En este contexto, el debate trata de direccionarse hacia los impactos del retiro de los subsidios a las gasolinas, sus efectos, sus implicaciones, sus afectados y sus beneficiarios. Cuando lo pertinente es preguntarse por los subsidios a la riqueza, que son más altos que los de los combustibles.

Como no es algo nuevo, en el año 2020 un análisis sobre los subsidios a la riqueza permite mostrar que estos se dan, entre otros, con la parte tributaria o de impuestos. De esa forma, no controlar la evasión del impuesto a la renta -tanto de sociedades (empresas) como personas naturales- le cuesta al Estado 2.300 millones de dólares, según el último disponible en la CEPAL en 2004.[1]

Una cifra lejana pero que ilustra esta especie de subsidio que el Estado le da a la élite empresarial, pues no todo el sector privado utiliza estas artimañas para no cumplir con su parte, pues el costo de realizarlo no podrá ser solventado por un micro, o pequeño empresario. Una cifra más actual, presenta el gasto tributario que representan todos los impuestos a la renta que el Estado deja de percibir y que beneficia a los más ricos.

En efecto, el informe del año 2022 sobre gasto tributario[2] muestra que las personas que ganan más de 32 mil dólares al año y hasta 39 millones de dólares al año no pagan 372 millones de dólares. Por otro lado, las empresas dedicadas al sector financiero y de comercio, suman otros 359 millones de dólares en impuestos perdidos. Si sumamos ambos impuestos no pagados, el Estado pierde 731 millones de dólares; una cifra superior al subsidio a los combustibles que, según la viceministra de economía asciende a 644 millones de dólares.[3]

Como no existe una desagregación por los tamaños de empresas, se puede financiar todo el subsidio a los combustibles y dejar 87 millones de dólares para mantener el gasto tributario de las empresas en los sectores antes mencionados que correspondan a los micro, pequeños e incluso medianas empresas.

Una operación que es muy poco probable que haga el gobierno actual, considerando que el conjunto de las decisiones públicas está tomado por aquellos que quieren fomentar un traslado de dinero de los más vulnerables y la clase media hacia los más ricos y no lo contrario.

La eliminación de los subsidios a los combustibles es un capítulo más de este proceso, al que se suma la eliminación de los impuestos a la riqueza con la primera ley tributaria del presidente Noboa en la que hizo una serie de exenciones del pago de impuestos por zonas francas, a las que micro y pequeños empresarios no van a lograr acceder, solo la élite. Y si este grupo deja de pagar, alguien lo debe hacer. De esa forma, la segunda ley tributaria no aumentó el IVA, lo que afecta a las grandes mayorías.

Desde esta perspectiva, aún más improbable es un impuesto a los más ricos del país. Un grupo que, por cierto, paga bajísimos impuestos. Un análisis de la CEPAL muestra que del total de sus ingresos la élite paga el 3,4%, cuando el promedio de América Latina es el 4,8% y el de la Unión Europea es del 21%.[4] Queremos ser un país “desarrollado”, hay que desarrollar impuestos a los más ricos, hay que quitarles sus subsidios, los subsidios a la riqueza.

Notas

[1] ¿Y el subsidio a los ricos? – UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE COYUNTURA (wordpress.com)

[2] Anexo-3.-Gasto-Tributario.pdf (finanzas.gob.ec)

[3] Wambra Medio Comunitario | URGENTE|El gobierno de Daniel #Noboa anunció la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. El incremento será de 0.26… | Instagram

[4] ¿Cuánto pagan por impuestos las élites económicas en Ecuador? – UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE COYUNTURA (wordpress.com)

 

* Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, Universidad Central del Ecuador.

 

 

Panorama internacional

 

Petrodólar, golpe contra el billete verde

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Hedelberto López Blanch *

Dos recientes noticias han sido demoledoras para el debilitamiento del dólar como moneda de reserva mundial: la cesación por parte de Arabia Saudita del acuerdo sobre petrodólar y el impulso de los miembros del BRICS para realizar transacciones con monedas nacionales sin utilizar el billete verde.

Los medios hegemónicos de comunicación de Estados Unidos y de Europa Occidental no han destacado estas informaciones porque van dirigidas fundamentalmente a golpear el uso del dólar como moneda omnipotente en el sistema cambiario internacional mediante el cual Washington se ha beneficiado durante años, y a la par amenaza y controla económicamente a muchos países del orbe.

El pasado 9 de junio Arabia Saudita decidió no renovar el acuerdo del petrodólar, vigente desde hace 50 años y por medio del cual las exportaciones de petróleo de esa nación árabe se pagarían solo con el billete verde.

A partir de ahora, Riad podrá ofertar el petróleo y sus derivados en diferentes monedas como el yuan, yen, euro y posiblemente en monedas digitales como el bitcoin.

Washington para mantener su hegemonía mundial junto a su poderío militar, se basó en el control ejercido sobre el sistema financiero, después que el dólar se impuso como moneda de reserva internacional a finales de la segunda guerra mundial, tras la reunión de Bretton Woods, en julio de 1944 en la que participaron 44 países.

La medida consistía en que las monedas extranjeras podrían cambiarse en dólares a tasas fijas y que, a su vez, estaría garantizado que los billetes verdes podrían convertirse en oro a una tasa de 35 dólares por onza del preciado mineral lo cual impulsó la recuperación económica de los países de Europa y Japón.

En la década de 1970 mientras Japón y Europa disfrutaban de un auge económico, Washington estaba en apuros por el costo de la guerra en Vietnam y la inflación. Además, tenía un gran déficit en la balanza comercial y la cantidad de dólares fuera de Estados Unidos se estimaba en 50.000 millones, por lo que superaba las reservas de oro del país que eran de unos 10.000 millones.

Era necesario entonces abandonar los acuerdos de Bretton Woods y el presidente Richard Nixon, ordenó en agosto de 1971, eliminar los cambios de dólares por oro, lo que convirtió al billete verde en una moneda fiat (no esta respaldada por un producto físico, oro o plata y no cuenta con valor intrínseco). Al mismo tiempo los bancos centrales comenzaron a mantener reservas monetarias en títulos del Tesoro estadounidense.

Cuando los precios del petróleo se elevaron en 1973 por la guerra árabe-israelí, Washington impuso un sistema de señoreaje del dólar a través de los beneficios del petróleo saudita y consiguió que esa nación árabe aceptara vender los hidrocarburos solo en dólares y que invirtiera los beneficios obtenidos en bonos y letras de cambio del Tesoro estadounidense, mientras le garantizaba las ventas de armamentos y la seguridad en caso de guerra.

Para 1974 la relevancia de esa moneda creció al acordar los entonces 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vender su crudo únicamente en dólares mientras los importadores debieron acumular sus excedentes comerciales en esa divisa con el fin de comprar el combustible. Nacía el denominado petrodólar.

De esa forma, los países están obligados a tener dólares para adquirir petróleo y por tanto deben poseer grandes reservas en esa moneda, o sea, que si no cuentan con  billetes verdes, les sería difícil obtener crudo en alguna nación o mercado financiero. Esto facilita la demanda de dólares en la adquisición de otros bienes, mientras permite a Washington financiar su enorme déficit presupuestario que sobrepasa los 24 billones (millones de millones).

La reciente decisión saudita, impulsada desde hace meses por China para que le venda el crudo en yuanes, ha puesto en jaque al dólar como moneda de reserva mundial. El otro gran golpe ha sido la posición de las 10 naciones integrantes del grupo BRICS de intercambiar gran parte de sus transacciones en sus monedas nacionales.

El Ministerio de Finanzas de Rusia anunció planes para lanzar el BRICS Bridge, una plataforma que permite realizar pagos transfronterizos entre los Estados miembros. La idea es utilizar Activos Financieros Digitales (AFD) emitidos por los bancos centrales de los miembros de los BRICS cuyos activos estarían vinculados a las monedas nacionales de los Estados miembros, lo que permitirá al Grupo efectuar pagos casi instantáneamente, con costos mínimos, y con  independencia de las restricciones de terceras partes.

Desde hace meses varios países emergentes realizan una parte de sus intercambios comerciales en monedas nacionales como China, India, Rusia, Turquía, Irán, Irak, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, entre otros.

La desaparición de los petrodólares unida a las medidas que adoptan los miembros del BRICS se enmarca en un proceso de desdolarización de la economía mundial, que ha cobrado fuerza frente a la política de sanciones aplicada por Estados Unidos y sus aliados occidentales.

Como atestiguó Gal Luft, codirector del Instituto para el Análisis de la Seguridad Global, al The Wall Street Journal: “el mercado del petróleo, y por extensión todo el mercado mundial de materias primas, es la póliza de seguro del estatus del dólar como moneda de reserva. Si se quita ese bloque del muro, este empezará a derrumbarse”.

El poderío del imperio estadounidense se tambalea.

*Periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional.

 

 

Autos eléctricos, comercio e inversiones, ¿cómo entender a China en 2024?

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Enrique Dussel Peters *

La República Popular China (en lo que sigue China) está de moda en la actualidad: en múltiples medios de comunicación, empresariales, académicos y hasta en el sector público es complejo no encontrar alguna referencia cotidiana. En algunos casos nos quedamos en la China de Mao Zedong de los años 60 y 70, en otras, China es un país más que participa en la globalización de las últimas décadas; en algunas, el país es incluso un caso neoliberal, aunque en su Constitución, en su capítulo 1, indica que es un estado socialista gobernado por la dictadura democrática popular. ¿Cómo comprender entonces en 2024 a China? ¿Es un país del Sur, un país desarrollado o…?

Según el Fondo Monetario Internacional, desde 2016 China es la principal economía mundial, desplazando a Estados Unidos (midiendo el PIB según la paridad de poder adquisitivo; aunque en precios corrientes y constantes su PIB pudiera requerir hasta una década para ser la mayor economía mundial).

En 2020 prácticamente erradicó la pobreza absoluta, aunque ha incrementado sus desigualdades domésticas. En la actualidad se ha convertido en un líder en la innovación global, y compite con Estados Unidos y la Unión Europea desde hace más de una década en múltiples cadenas globales de valor (CGV): en la CGV hilo-textil-confección (HTC) es el líder desde hace más de dos décadas, en la actualidad con un práctico monopolio en la maquinaria para la producción de la confección; procesos semejantes se han percibido en la electrónica, telecomunicaciones y en autopartes-automotriz.

En la cadena autopartes-automotriz –una CGV tan emblemática y debatida en América del Norte– China produjo menos del uno por ciento de los autos para pasajeros y vehículos ligeros en 2000 y 32,24 por ciento en 2023, comparado con 11,34 por ciento de EU y 4,3 por ciento de México en 2023, es decir, casi uno de tres autos a nivel global se produce en China. En los autos eléctricos, China fabrica hoy más del 60 por ciento de vehículos para pasajeros y camiones ligeros, con un enorme liderazgo tecnológico ¿Cómo entender estos cambios tectónicos en la economía política de China y con impactos globales (y en ALC y en México)?

Un concepto fundamental, con base en décadas de debates en el Centro de Estudios China-México (Cechimex) y de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China), es el del sector público en China. A diferencia de ALC y en México, donde el sector público pareciera estar estrictamente vinculado al gobierno federal y a empresas estatales –por ejemplo Pemex y la CFE en México, y a debate incluso en cuanto a su justificación– la situación en China es diferente; se trata de una institución única. Se trata de la suma de la propiedad del gobierno central, de provincias, ciudades y municipios, con un altísimo nivel de competencia entre sí, bajo la coordinación del Partido Comunista de China.

Esta institución, que no existe en el Oeste, en ALC y en México, cuenta con la propiedad de más del 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) de China en la actualidad. Si bien en la rama manufacturera el sector público cuenta con una participación menor –alrededor de 25,98 por ciento a nivel nacional en 2022– es muy superior en el área agrícola y particularmente en servicios: empresas de propiedad híbrida en la actualidad han logrado que el sector público controle a las respectivas empresas con activos minoritarios.

Los temas arriba señalados son de la mayor relevancia desde múltiples perspectivas.

Primero. Desde una perspectiva conceptual, la propiedad para el caso de China es un aspecto crítico de su economía política. Bajo esquemas de altísima competencia y coordinación ha logrado avances dramáticos en su economía política, a escala global y doméstica. Lo cual invita a una actualizada discusión desde Marx a Hayek y en la política económica de ALC y de México: el generalizado paradigma de las últimas décadas –la propiedad pública es ineficiente y la privada es competitiva– claramente no es válida para la mayor economía del mundo.

Segundo. La socioeconomía china actual no es comprensible sin comprender su omnipresencia. Veremos en futuras colaboraciones la relevancia del sector público en China y en su relación con ALC y en México en múltiples aspectos.

Tercero. La experiencia China no se trata de cortar y pegar, invita a replantear el sector público en ALC y en México: si la principal economía global depende de su sector público, ¿podemos en México sólo depender de un sector público con base en dos empresas, como en el caso de México? ¿O, en otros casos de ALC, de plano eliminar al sector público? China nos invita a una reflexión de política económica diferente.

En ALC y en México, empresas, organismos empresariales, partidos políticos y funcionarios debieran comprender otros casos internacionales y ser menos tímidos ante las experiencias de desarrollo de China. ¿Será?

 

* Profesor del Posgrado en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM

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