Costa Rica: Clima impredecible afecta la cosecha y golpea a caficultores
Cindy Murillo es productora de café de la zona de Los Santos de Costa Rica y estima que perdió alrededor de 100 fanegas de las 450 que proyectaba recoger en la cosecha 2024-2025 que recién terminó. Murillo no está sola: en la región, las pérdidas fueron generalizadas y el cambio climático está detrás de ellas.
“Si tomamos como base que el precio a la fecha por fanega ronda los 115.000 colones (alrededor de 230 dólares) en mi familia tuvimos una reducción en los ingresos cercana a los 11,5 millones de colones (23.000 dólares), incluso podría ser más si el precio final se incrementa. Esta es una rebaja económica muy grande para el mantenimiento de la finca. Podríamos decir que este año quedamos con una ganancia mínima, pero tuvimos una falla mecánica del carro que transporta el café y la empleamos en eso”, analizó Murillo.
La fanega es la unidad tradicional utilizada en Costa Rica para medir el volumen del café cosechado, en que cada una equivale a aproximadamente 258 litros de café en cereza o 20 canastos del grano. En las dos últimas cosechas su familia no ha tenido ganancias del café, apenas han podido darle vuelta al dinero para arrancar con el cultivo del año siguiente (lo que les ha permitido sostenerse financieramente es que su esposo trabaja como asalariado). Murillo ya definió que, si en dos años la situación no mejora, tendrá que vender su finca.
Para ella están muy claras las causas de sus pérdidas: las atribuye al cambio climático, el cual incidió con fuertes lluvias en temporada seca, una característica que, asegura, no se presentaba en el pasado. Este caso es un ejemplo de las «pérdidas y daños», un término que se refiere a los impactos negativos del cambio climático que ya están ocurriendo en los territorios, y que suceden a pesar o por la falta de medidas de adaptación.
La lluvia exacerbó la presencia de enfermedades como la roya, el ojo de gallo y la antracnosis, con suelos saturados, granos que se cayeron, así como floración anticipadas y reducidas, obstaculizando el ciclo normal de la planta. Al igual que ella, una gran parte de las 35.500 personas que dependen del cultivo del café en la zona de Los Santos de Costa Rica experimentaron pérdidas cercanas a 20% de su cosecha. Los caficultores de la región producen cerca de 50% del café costarricense.
Esta problemática que impacta a unas 13.000 familias de la zona, de las cuales 90% son pequeños o medianos productores, se suma a las pérdidas económicas que han tenido en años anteriores, que han mantenido a la mayoría endeudada. La esperanza estaba en recuperar sus inversiones en un 2025 promisorio por el incremento de precios internacionales.
Elias De Melo, investigador de la Unidad de Agroforestería y Mejoramiento Genético de Café y Cacao del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), indicó que las condiciones históricas promedio del clima en los períodos secos eran muy puntuales.
Como muestran sus registros de hace 25 años, en el cultivo del café se alcanzaban tres o cuatro floraciones al año, en los últimos tres o cuatro años rondan entre las seis y ocho.
“Esto les cambió completamente el ritmo a las plantas, al manejo del café y la logística productiva, ahora corresponde estar atento a las proyecciones climáticas y ajustar las actividades. Definitivamente está relacionado con el cambio climático, con la desregulación de los climas, el aumento de la temperatura y el desequilibrio en las masas, corrientes y microclimas”, argumentó el científico.
Aunque no todos los cambios en el microclima sean causados por el cambio climático impulsado por la actividad humana, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (Ipccs) concluyó, en su último informe de síntesis, que existe una buena cobertura observacional para afirmar que «la frecuencia y la intensidad de los eventos de precipitación intensa probablemente han aumentado a escala global en la mayoría de las regiones terrestres».
Además, detalla, «la influencia humana, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero, es probablemente el principal factor responsable de la intensificación observada de la precipitación intensa a escala global».
Karina Hernández del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), por su lado, afirmó que, para poder determinar que las variaciones que ha sufrido en términos climáticos la zona de Los Santos y otras del país están vinculadas con el cambio climático, se requeriría comparar datos actuales con los de hace 30 años, pero es algo que no han podido establecer. “Lo que sí podemos afirmar es que el 2024 tuvo récords importantes de lluvias, que incluso se arrastraron a inicios del 2025; el año pasado tuvimos 147 récords de temperaturas máximas y 31 récords de mínima; además, 93 récords de lluvia, eso es correspondiente más a fenómenos climáticos”, explicó la experta.
Hernández indicó que en los últimos dos años el país ha experimentado temperaturas récord todos los meses, algo que no es normal. “No vemos diferencias de cambio climático per se. Por ejemplo, el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (Enos) – que son fluctuaciones en las temperaturas de la superficie del mar y la presión atmosférica- unos años tiene su fase cálida con El Niño y otras veces una fase fría con La Niña. A veces es neutra, eso es parte de la variabilidad climática”, dijo la especialista.
Añadió que, en cuanto a lluvias, el 2024 fue muy variable y terminó siendo muy lluvioso, con récords importantes que incluso se arrastraron en 2025, mientras en 2023 las condiciones fueron más secas, “porque estábamos inmersos en una piscina, es decir, el Caribe y el Pacífico calientes”. “En la cosecha anterior tuvimos una pérdida de 4 millones de colones (7.897 dólares), sin el ingreso extra de mi esposo, imposible. Implementamos procesos de adaptación y resiembra de bloques completos para contar con variedades más resistentes y renovando cafetales que son de 40 o 50 años. Además, hace años implementamos presupuestos muy exactos ”, indicó la caficultora Murillo.
Al visitar la finca de esta productora se percibe claramente el impacto en ciertas zonas, con secciones enteras de matas parcial o totalmente secas por el impacto de las enfermedades que se desataron por las lluvias extremas. Por lo mismo, no se podrán cosechar el próximo año. En otros lugares habían cafetos floreados, junto con granos verdes, que salieron anticipadamente.
De acuerdo con datos preliminares del Instituto del Café de Costa Rica (Icafe), que es la institución pública -no estatal- rectora del fomento de la actividad cafetalera del país, la situación climática a finales de 2024 y principios de este 2025 provocó pérdidas en unas 200.000 fanegas durante el corte final de la cosecha. Según Gustavo Jiménez, director ejecutivo de Icafe, la producción nacional cayó 16% y en Los Santos cerca de 15%. Esto implicaría un impacto económico en todo el país de unos 46 millones de dólares, tomando como base el precio de 230 dólares por fanega, que rige hasta el momento y que podría incrementarse. Como la región de Los Santos produce 50% del café de Costa Rica, las cifras de pérdida económica rondarían los 23 millones de dólares.
Jiménez afirma que las familias han protegido la calidad de su grano ajustando sus calendarios y planificación de producción y usando más sombra, lo que refuerza la reputación de café resiliente y de origen diferenciado, aunque la recolección ha aumentado el café verde y otras calidades, lo que tiene un impacto importante.
“Hemos registrado una reducción a nivel nacional de productores, de 47.000 a 25.000 en la última década, aun así, cada finca genera empleo local y el grano costarricense sigue capturando primas verdes en mercados de valor, se generan más de 100.000 empleos directos e indirectos durante la cosecha que dura más ocho meses”, recordó Jiménez.
El Icafe no atribuye las pérdidas únicamente a las condiciones climáticas, sino también a la escasez de mano de obra, que podría haber incidido en que 15% del grano se quedara sin recolectar y terminara acumulado en el suelo de las fincas. Pero también la falta de mano de obra estuvo relacionada con el cambio de las lluvias, ya que los trabajadores alternan entre esta y otra cosecha y no estaban disponibles. Esto implicó traer trabajadores de forma anticipada, porque provienen desde Nicaragua y Panamá, pero como la cosecha no estaba completa había que ponerlos a realizar otras funciones que no estaban presupuestadas, como chapear o buscarles otra ocupación. Esto implica un gasto extra, porque se extiende el período que están en la finca y, si no tienen suficiente trabajo, se van a buscar en otra parte.
Ricardo Calderón, otro productor de café, tiene su microbeneficio y una cafetería. Al igual que los otros productores calcula que perdió entre 20% a 30% de su cosecha. Viene arrastrando un déficit financiero por los malos precios, el impacto del tipo de cambio y el incremento de enfermedades. En su caso, la pérdida de cosechas anteriores la enfrentó invirtiendo en mejoras productivas, algo que esperaba recuperar con la cosecha que recién finalizó, pero que el descontrol agronómico no le permitió. Dice que las pérdidas hay que enfrentarlas.
“Teníamos proyectado recoger unas 4.000 fanegas, pero se nos cayó demasiado café, en estos días hicimos un recorrido y parte del terreno estaba lleno de granos secos que habían caído. Las plagas afectaron más, la broca (insecto), la roya que impactó la parte baja y la antracnosis se dio más en las partes altas, cortamos y vamos a resembrar. Pero al tener nuestro propio beneficio y diversificación con el café, podremos salir adelante”, mencionó.
Lluvia durante 12 días seguidos, falta de sol, granos y hojas caídas
Fernando Naranjo es otro productor de café de los Santos y con 59 años se siente orgulloso de decir que representa a la cuarta generación de caficultores de su familia. Cuenta con cultivos en las comunidades de San Lorenzo y San Marcos de Tarrazú y su experiencia es exactamente la misma. Culpa a diferentes factores de las pérdidas del sector, al cambio climático, a la deforestación, al mal uso del suelo y la poca capacitación para crear conciencia en los actores sobre el manejo de los recursos naturales.
“Tuvimos eventos extremos de hasta 12 días de lluvia seguidos en noviembre, diciembre y enero, generando la caída de los frutos. Por lógica fueron días sin sol, los cultivos lo necesitan para hacer su proceso de fotosíntesis, se cayeron las hojas y el cafeto requiere 1,5 hojas por grano para ponerse maduros. Además, proliferan las enfermedades, en nuestro caso el ojo de gallo (hongo) y sobre todo la antracnosis (bacteria) atacaron los cultivos con una caída de 20%”, explicó Naranjo.
De hecho, análisis desarrollados por Icafe señalan que llueve cuando no tiene que llover y las temperaturas hacen que en las diferentes altitudes de la zona, madure el café de una forma pareja, cuando lo usual era que madurara por partes y así diera tiempo de ir recolectando. Además, el hongo ojo de gallo, la roya y la bacteria antracnosis, que, aunque son enfermedades usuales en los cafetos, este año fueron más intensas en las plantas, provocando en muchos casos una caída estimada de un 20% de la cosecha.
Por ejemplo, el ojo de gallo se produce por el exceso de humedad y pocas horas de sol. De esa manera, el hongo afecta la hoja y cuando es muy severo se traslada al grano, haciendo que caiga la hoja. Aunque avanza rápidamente, si se detecta a tiempo se puede tratar. La roya funciona de manera opuesta, también es un hongo, pero empieza de adentro hacia afuera de la hoja y cuando se manifiesta no queda más que tratar de salvar la cosecha. Esta enfermedad prospera con las lluvias, seguidas de dos o tres días de sol intenso, antes de que vuelva a llover.
La antracnosis es la que más impacta, porque es una bacteria que seca la planta por dentro. A diferencia del ojo de gallo y la roya, donde la planta se mantiene viva y puede tratarse, con esta otra plaga el cafeto muere y debe cortarse por completo. Melo agregó que la antracnosis se aprovecha del agotamiento de los suelos, lo que afecta la capacidad de la planta de asimilar los nutrientes, sumado a que los cafetales pueden ser muy viejos.Para ello se debe establecer un buen diseño de sombra y restaurar las plantas, combinado con podas en los momentos adecuados, sin depender de insumos externos. De esta forma se minimizan las enfermedades.
Más allá de las pérdidas económicas
John Mata, en medio de su cafetal ubicado en San Lorenzo de Tarrazú, pasa días de incertidumbre y angustia, luego de haber perdido una tercera parte de la producción de su finca por caída del grano. Este año se sumó a otros de crisis, y aunque había estimado recoger unas 350 fanegas, solamente pudo rescatar la mitad. En el pasado ya había perdido parte de su finca por no lograr enfrentar las deudas, una situación que lo dejó en una depresión que casi lo llevó a la muerte. En un esfuerzo por recuperarse, esperaba que esta cosecha le diera un respiro.
Reconoce que el clima en Nápoles de Tarrazú (donde su ubica su finca) ha cambiado radicalmente, la neblina antes era más espesa que en la actualidad, con el agravante de que llueve más fuerte y frecuente. “Los días de verano en que llovía no podía dormir, pensando en que lo que había trabajado durante diez meses se caía en horas”, detalló.
“Nos deja sin recursos para pagar las deudas, la asistencia e incluso limitarnos en pago de mano de obra, de hecho, en este momento yo estoy solo en la finca. Me he visto impactado en lo económico, lo emocional y en especial mi familia, que nota que uno está estresado y toca restringir las cosas en la casa”, reconoció el caficultor.
Jiménez indicó que el café sigue siendo el centro de la identidad local; ferias, escuelas y cooperativas mantienen viva la cultura del grano, y que el reto climático ha fortalecido la solidaridad regional y la transición hacia prácticas regenerativas.
“Cada vez más jóvenes se integran a la producción cafetalera, mediante cursos de barismo, agrotecnología y emprendimientos en origen. Esto asegura nuevas ideas para un cultivo históricamente familiar. Actualmente, contamos con una política de género y estamos reforzando las acciones con jóvenes desde campeonatos de barismo, cataciones, taza de la excelencia, y estamos construyendo una política enfocada en la juventud”, agregó.
Valverde menciona que en medio de la crisis han tenido que evolucionar y ser más eficientes, aplicando prácticas novedosas como el uso de drones para las fumigaciones, lo que les permitió ahorrar 40% en insumos; también incorporar bioinsumos para mejoramiento de raíces y de la mata.“Hay que innovar, no vemos como opción salirnos de la caficultura porque en esta zona no hay muchas alternativas para incursionar en nuevas actividades productivas”, aseguró el caficultor.
“El recambio de cafetales es urgente”
El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, aseguró que los datos oficiales que tiene difieren de lo que manejan los productores, que el estimado de pérdida ronda de 1% a 5%, dependiendo de la zona. Consultado sobre el método que utilizaba el Ministerio para medir la pérdida, considerando la diferencia entre los datos de cosecha del Icafe y las declaraciones de los agricultores, el ministro respondió que: “Lo que nosotros hicimos fue una serie de visitas al campo para determinar por medio de una matriz cuánto café sí se cayó». «Son estimaciones del impacto concreto por un nexo causal y se asocia a la caída”, añadió.
Se le preguntó qué sistematización hicieron para medir lo que se cayó y respondió: “Lo vimos en campo”. Sin embargo, desde Icafe aclararon que aplican una metodología técnica y validada para la estimación de cosecha y pérdida, sus extensionistas realizan visitas a campo en puntos predefinidos, donde se toma muestra y se aplica la metodología. En sus estimaciones siempre se considera una pérdida natural de 3%, que es lo habitual.
Carjaval reconoció que la zona de Los Santos tiene cafetales muy antiguos y allí es urgente trabajar en el recambio y renovación. Además, indicó que es necesario implementar prácticas de adaptación, mitigación, captura de carbono, establecimiento de sistemas de irrigación por goteo o captura de agua y la siembra de variedades más resistentes.
“Estamos trabajando en un programa de adaptación importante denominado Nama Café, que es un modelo de iniciativa público-privada que facilita la transformación productiva, la transformación integral del sector cafetalero por medio de estrategias innovadoras que permitan producir, procesar y comercializar café bajo en emisiones de manera sostenible y resiliente”, explicó. Asimismo, dijo Carvajal, cuentan con un programa de créditos para adaptación, con financiamientos a tasas de interés máximas de 4% anual con plazos de ocho años y asistencia técnica para renovación en el 2025.
Jiménez señaló que las fincas ya adoptan una técnica agrícola, denominada fertirriego de precisión, que es más eficiente, así como la incorporación de variedades resistentes, como Obatá, Catiguá MG2 y Paraíso MG1, un manejo de sombra y de paisajes, uso y conservación de suelos, secado solar eficiente, sistema agroforestales y renovación de cafetales.
Uruguay: empleo público, otra herencia complicada
El empleo en el sector público fue un tema de campaña electoral impuesto por la coalición de derecha, en ese entonces, de gobierno. En el usual diagnóstico conservador, donde las causas de los problemas de la nación se asignan al tamaño del estado, su propuesta fue de una rebaja del empleo público de tal porte que disminuiría el déficit fiscal y aumentaría el gasto social focalizado.
Pues bien, el empleo público no disminuyó, por el contrario aumentó, poco, pero aumentó, pero con un balance entre aumentos y disminuciones que fue en contra de la eficiencia en servicios públicos esenciales como los que proporcionan las empresas públicas. Por otro lado, donde más aumentó, ASSE, ANEP y Ministerio del Interior, – el 51% del empleo se concentra en estas tres dependencias – no se vio reflejado en el despliegue de médicos, maestras y profesores, y funcionarios policiales que contribuyeran a solucionar los problemas sanitarios, educativos y de seguridad de la población uruguaya.
Vínculos con el estado en el período 2019-2024
Entre 2017 y 2024, el número promedio de vínculos laborales con el Estado uruguayo registrado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se mantuvo en el entorno de 310.558 personas. De este total, aproximadamente el 96% correspondió a funcionarios públicos, mientras que el restante 4% estuvo compuesto por funcionarios no públicos (becarios, pasantes, arrendamientos de obra, contratos a término).
Según el último reporte de la ONSC, presentado en la rendición de cuentas 2024, entre 2019 y 2024, el total de vínculos con el Estado registró un leve incremento de 0,3%. No obstante, este crecimiento moderado se explica por trayectorias divergentes según el tipo de vínculo: mientras los funcionarios públicos disminuyeron levemente (–0,19%; 561 funcionarios), los funcionarios no públicos se incrementaron (13%; 1.579 funcionarios).
Lo cual nos da un primer indicio de un cambio en la calidad del funcionariado, así como de los métodos de selección.La Administración Central, que representa alrededor del 20% del total de vínculos con el Estado, redujo en un 0,6 % su plantilla total en el período 2019-2024. Esta caída se explica por una disminución del 1,7% en los funcionarios públicos, parcialmente compensada por un aumento del 23% en los funcionarios no públicos.Al interior de la Administración Central, no obstante, la evolución fue dispar entre organismos.
El ministerio que registró la mayor contracción fue el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con una reducción del 46% en los funcionarios públicos y del 48% en los no públicos. Le siguieron, en términos de caída total, el Ministerio de Educación y Cultura (–21%), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (–17%), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (–19%) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (–17%).
En contraste, los únicos ministerios que experimentaron un aumento en el número total de vínculos con el Estado fueron el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. En estos casos, el incremento fue impulsado fundamentalmente por el crecimiento de los funcionarios no públicos.Otros organismos como la Administración Nacional de Correos, el Banco de Previsión Social (BPS), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), ANCAP y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) mostraron reducciones de entre 11% y 15% en el total de vínculos, con descensos similares en los vínculos de funcionarios públicos.
En lo que refiere a las empresas públicas, también se verificaron caídas significativas en varios organismos. El caso más marcado fue el de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), que redujo su plantilla total en casi un 60%, siendo el 61% de esa disminución explicada por la reducción de funcionarios públicos. ANTEL también registró una caída relevante, del orden del 19%, con reducciones tanto en funcionarios públicos (–19%) como en no públicos (–48%).
En la misma línea, OSE presentó una contracción del 16% en el total de vínculos, con descensos del 16% en funcionarios públicos y del 8% en no públicos.En contraposición, se destacan dos organismos que aumentaron significativamente su plantilla durante el quinquenio: la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En el caso de la UTEC, el crecimiento fue tanto de funcionarios públicos (42%) como de no públicos (56%).
En el caso de ASSE, el aumento del 15% se concentró exclusivamente en funcionarios públicos, dado que los vínculos con funcionarios no públicos prácticamente desaparecieron, con una caída del 99%. Finalmente, también se registra una reducción significativa en el Poder Legislativo, que disminuyó su plantilla de funcionarios públicos en un 11,89%. Este dato complementa la tendencia general de contracción del empleo público, observada en varios organismos durante el período.
Por último, en lo que refiere a los gobiernos departamentales, también se observa una dinámica heterogénea en la evolución de los vínculos laborales. Algunas intendencias registraron caídas pronunciadas, tanto en funcionarios públicos como no públicos. Tal es el caso de la Intendencia de Paysandú, que redujo su plantilla total en 25%, con una baja del 22% en funcionarios públicos y del 50% en no públicos.
En el departamento de Durazno, la disminución total fue del 16%, con una reducción del 15% en funcionarios públicos y la eliminación total de vínculos no públicos durante el quinquenio. Por su parte, la Intendencia de Río Negro registró una reducción del 7,2% en el total de vínculos, producto de una caída del 16% en funcionarios públicos, parcialmente compensada por un aumento extraordinario en el número de funcionarios no públicos, que se multiplicó por casi seis en comparación con 2019.
En el otro extremo, varias intendencias incrementaron su número total de vínculos entre 2019 y 2024. Entre ellas destaca la Intendencia de San José, con un crecimiento del 14%, impulsado por aumentos tanto en funcionarios públicos (11%) como no públicos (90%). Le siguen Cerro Largo (10%), Maldonado (6%) y Soriano (6%), todas con alzas concentradas en el componente público. Montevideo también amplió su plantilla total en 7%, con un alza marginal en funcionarios públicos (0,2%) y un mayor incremento del 71,2% en funcionarios no públicos.
En los casos de Artigas y Salto, el aumento total fue cercano al 5%, mientras que Rivera mostró una disminución de 4%, a pesar del incremento del 5,5% en funcionarios públicos, debido a una fuerte caída en el componente no público (–79%).Estos movimientos evidencian que, al igual que en el resto del aparato estatal, las intendencias han experimentado transformaciones importantes en la conformación de su fuerza laboral, con tendencias diversas que combinan reducciones, contrataciones selectivas y cambios en las modalidades de vínculo, según el departamento.
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política, dirigido por el Economista Héctor Tajam.
Trinidad y Tobago pide a EU que autorice importar gas venezolano
El gobierno de Trinidad y Tobago está pidiendo a Estados Unidos que autorice un plan para importar gas venezolano con el fin de reiniciar un tren de licuefacción inactivo en el país caribeño, dijeron cuatro fuentes cercanas a las conversaciones.
Bajo las sanciones de Estados Unidos, empresas y gobiernos deben obtener autorización del Departamento del Tesoro para hacer negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Llamados anteriores de Trinidad para obtener la aprobación de Estados Unidos no recibieron respuesta, pero la disposición del Gobierno del presidente Joe Biden de aliviar algunas sanciones a Venezuela, si el presidente Nicolás Maduro y la oposición avanzan en conversaciones para una elección presidencial, podría brindar una nueva oportunidad.
El gas provendría principalmente del campo Dragón de Venezuela frente a la costa oriental del país, donde PDVSA ha estimado reservas de 4,2 billones de pies cúbicos (TCF). El proyecto se encaminaba a la producción temprana hace casi una década, pero se estancó por falta de capital, socios y sanciones.
Si se concede la autorización, el gas venezolano serviría para reiniciar un tren de licuefacción inactivo con una capacidad de 500 millones de pies cúbicos por día (cf/d) en el proyecto insignia de Trinidad, Atlantic LNG. En la instalación participan principalmente Shell, BP y la estatal Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC). «Todo lo que necesitamos es acceso a más suministro de gas natural, justo al lado, a recursos inmediatos comprobados de gas en Venezuela», dijo el mes pasado el ministro de Energía de Trinidad, Stuart Young.
Trinidad es el mayor exportador de gas natural licuado (GNL) de América Latina, con una capacidad instalada para convertir 4.200 millones de pies cúbicos diarios en GNL, petroquímicos y electricidad. Pero su producción de gas está por debajo de los 3.000 millones de pies cúbicos diarios.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no quiso hacer comentarios. Shell y NGC remitieron las preguntas al Ministerio de Energía del país, que no respondió a una solicitud. BP no contestó de inmediato.La movida de Europa para reducir el gas ruso ha llevado a Washington a instar a productores globales de GNL a aumentar los suministros a Europa, donde los altos precios y una capacidad limitada para manejar importaciones de gas licuado están golpeando a los consumidores.
Incluso si Washington autoriza a Trinidad, se requerirían años de inversión y desarrollo para despachar el gas venezolano a Trinidad y abastecer con GNL a Europa. «No ven la solución de Trinidad como lo suficientemente inmediata para Europa», dijo una de las personas familiarizadas con el asunto. Se prevé que iniciar el campo Dragón requerirá un trabajo intensivo de ingeniería e inspecciones submarinas para verificar la integridad de los cabezales de pozo, que no se han realizado en años, dijeron los expertos.
Un gasoducto originalmente destinado al transporte desde Dragón está siendo utilizado por el proyecto costa afuera Colibrí entre Shell y la estatal trinitariaHeritage Petroleum Co., que inauguró producción temprana en marzo. El proyecto se ejecutó tras la modificación de un contrato de producción compartida para el campo de gas Manatee en Trinidad, que se extiende al campo Loran de Venezuela.
Pese a esfuerzos de años para llegar a un acuerdo de unificación para desarrollar conjuntamente los yacimientos de gas, los campos del lado venezolano, correspondientes al proyecto Plataforma Deltana, permanecen completamente inactivos, sin infraestructura instalada. Maduro en 2020 dio luz verde a Trinidad para comenzar la producción de gas de su lado.
También hay un plan para recuperar una porción de los 2.400 millones de pies cúbicos de gas venezolano que se ventean a diario, pero se prevé que el proyecto requerirá aun más esfuerzo y tiempo que desarrollar Dragón. «El ministro Young está trabajando muy duro en ello», dijo el ministro de Finanzas de Trinidad, Colm Imbert, durante una reunión de negocios la semana pasada. «Él ha sido el enlace entre Estados Unidos y Venezuela todo en un esfuerzo por desarrollar ese proyecto y lograr que Estados Unidos esté de acuerdo con que Venezuela nos envíe gas».
Ecuador: la descomposición y la desesperanza de una nación
Rommel Aquieta Núñez *
La mañana del viernes 13 de junio en Durán, la segunda urbe más grande y poblada de la provincia del Guayas en Ecuador, hacía calor. Las nubes estaban aisladas y la temperatura aumentaba invitando a las y los pobladores a buscar un lugar refrescante para descansar. El cielo parecía un lienzo en el cual, de manera inesperada, un helicóptero de las Fuerzas Armadas comenzaba a dibujar líneas en movimiento ante la mirada curiosa de la población.
El sobrevuelo de la nave recorrió diversos sectores periféricos de Durán. Su objetivo fue lanzar panfletos en forma de billetes falsos con información alusiva al Plan de Recompensa 131. Este plan es una iniciativa del denominado Bloque de Seguridad que busca poner al servicio de la gente una herramienta para que se proporcione información que permita capturar a traficantes de droga y delincuentes. Según las autoridades oficiales, el propósito de esta estrategia de difusión es convertir a la ciudadanía en un actor clave dentro de la lucha por la seguridad. El lanzamiento de los billetes falsos representa para el gobierno una parte esencial de un “operativo psicológico” implementado en Durán, una de las ciudades más violentas de Ecuador.
El operativo aéreo, trajo más preguntas que respuestas entre la población nacional. Parece que desde el aire el horror y la oscuridad en tierra no se sienten. Resulta fácil entonces pedirle a la ciudadanía que haga algo que podría costarle la vida. La tasa de homicidios en Durán durante 2024, superó a la de Puerto Príncipe en Haití, la ciudad más violenta del mundo. Para 2025, la violencia aumentó en un 71% dentro del cantón ecuatoriano que hoy es territorio de disputa de diversas facciones de bandas criminales.
Lastimosamente para los planes del gobierno ecuatoriano el golpe psicológico recibido desde la violencia y la criminalidad impactó más a la población. La gente todavía no olvida a los cuerpos colgando de un puente en la carretera principal de Durán, o la serie de ataques con granadas y armas de fuego contra oficinas municipales, gasolineras y comisarías de policía.
¿Qué impacto deja todo ese horror en la sociedad? Tal parece que las autoridades no terminan de comprender cómo sus acciones estériles ya no caben entre el terror y el miedo cotidiano que vivió y sigue experimentando la población civil en todo el país. Hoy en el “Nuevo Ecuador”, el gobierno no tiene tiempo de responder ninguna pregunta. Tampoco se detiene a repensar sus acciones o cambiar sus estrategias. Lo mediático manda, posicionarse en las redes sociales es prioridad, posicionar el relato único es lo que importa y la realidad poco o nada necesita ser entendida, estudiada y analizada cuando hay un plan político que está más interesado en delinear una agenda con temas que sí representan los verdaderos intereses del presidente y su gobierno.
Dos días antes del lanzamiento de los billetes falsos en Durán, entró en vigencia la Ley Orgánica de Inteligencia en Ecuador. Una norma cargada de polémicas a través de la cual el Gobierno de este país permite a sus organismos de inteligencia interceptar y examinar comunicaciones obligando a las operadoras de telefonía y empresas de telecomunicaciones a entregar información y localización de las y los ciudadanos sin la necesidad de contar con una autorización judicial.
La nueva ley consiente además en que los agentes de inteligencia operen bajo identidades encubiertas o ficticias sin que su identidad real sea revelada jamás. En este sentido es claro que aquellos servidores que participen de este tipo de operaciones estarán exentos de cualquier responsabilidad al no poder iniciarse ninguna acción penal en su contra por el ocultamiento de su identidad.
Por si eso no fuera suficiente, la nueva ley delinea adicionalmente el financiamiento del sistema de inteligencia en Ecuador a través de una partida presupuestaria para “gastos especiales” con carácter secreto, exento de impuestos y normas de la legislación tributaria. Bajo esta lógica, los registros, asignaciones o transferencias bancarias tendrán un manejo de información clasificada, es decir, prácticamente confidencial, a tal punto que luego de tres meses y tras una revisión de la Contraloría General será incinerada para preservar su reserva.
En 1984, una novela que para muchos predijo el futuro, el escritor y periodista británico George Orwell, escribió: “Pero, desde luego, podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir -y en esto el hábito se convertía en un instinto- con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados”.
En Ecuador, lo que parecía una ficción se convirtió en realidad. Los votos de 77 asambleístas le dieron la bienvenida al “Gran Hermano” sobre el que Orwell escribió. Lo que en otros países del planeta provocaría consternación y alarma, en la nación latinoamericana se minimizó con una frase superficial repetida cientos de veces hasta calar profundo en su población, “el que nada debe, nada teme”.
EL GRAN HERMANO TE VIGILA, pero en Ecuador también te persigue, te intercepta, te puede secuestrar, desaparecer, incinerar, aniquilar, lanzarte panfletos desde el aire en un día soleado o perseguirte en una calle antes de que llegue el anochecer al verte regresar a casa junto a tus amigos luego de jugar un partido de fútbol.
Ecuador se ha convertido en una nación donde el abuso de poder construye leyes con delicados puntos que ponen en riesgo los más elementales derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado y la declaración del “conflicto armado interno” han permitido que se genere una especie de retroceso normativo constitucional. Hoy la sociedad ecuatoriana debe comprender que el “bien de la nación” tiene un precio. Uno que seguramente lo pagarán todas y todos aquellos que no son parte del gobierno.
Mientras sigan lloviendo billetes falsos y se construyan leyes que consoliden poder, silencio, impunidad y control, la violencia y la crisis nunca terminarán. Mientras los planes del gobierno persigan intereses particulares para sostener proyectos políticos lejanos de la búsqueda del bienestar común, nada cambiará.
El filósofo italiano Antonio Gramsci, encarcelado por el régimen fascista de Mussolini, en sus Cuadernos de la cárcel, escribió: “La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. El país del sol recto está en crisis. Una profunda y aguda crisis no solo de seguridad. En Ecuador lo viejo no muere, sino que muta. Se transforma y regresa con más vitalidad reforzando la esencia de lo que fue el terror ayer. Lo nuevo no nace, no puede. Muere cada día asfixiado por la violencia y el miedo. En esa transición y discontinuidad de tiempo es donde se aniquila la paz y la estabilidad.
En el Ecuador actual el futuro es incierto y se descompone ante la crudeza de su realidad. Dentro del país ya no existen más respuestas a la crisis interna que el militarismo, la confrontación, el aniquilamiento del enemigo y la guerra. El gobierno ha iniciado su mayor ofensiva, ha creado leyes para sostener su conflicto armado y desarrollado operativos para conseguir “orden y paz” a cualquier costo. Es deber de toda la sociedad asegurarse que su patriotismo exacerbado y la exaltación de su valentía nacionalista no terminen convirtiéndolo en el monstruo que lleve a todos a la aniquilación.
* Comunicador social, periodista e investigador independiente en temas de memoria política. Magíster en comunicación con mención en visualidad y diversidades. Colaborador del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro.
El costo invisible de Petroperú: pérdidas y una promesa latente
Un informe de PwC confirma que el Estado mantiene su disposición a rescatar a Petroperú, pese a millonarias pérdidas y señales de inviabilidad financiera.
Recientemente, Petroperú capitalizó dos apoyos financieros otorgados por el Estado. El primero fue el llamado “Apoyo Financiero Transitorio” por US$ 750 millones (2022), que de transitorio no tuvo nada. El segundo, un préstamo de US$ 800 millones del Banco de la Nación (2024), destinado a capital de trabajo. En conjunto, la deuda que la empresa, ahora casi quebrada, no pudo pagar y que el Estado terminó convirtiendo en aporte de capital sumó 6.100 millones de Soles. Dicho de otro modo: Petroperú nos hizo ‘perro muerto’ por ese monto.
La administración Trump enviará cartas a cerca de 100 países advirtiendo que, si no logran pactos comerciales antes del 9 de julio, sus productos volverán a enfrentar tarifas elevadas, en algunos casos de hasta 70%.
A pesar de ello y de las reiteradas negativas por parte de diversos ministros de Economía, incluido Raúl Pérez Reyes, de seguir inyectando recursos a la petrolera estatal, el Estado ha vuelto a comprometerse a brindar apoyo financiero a Petroperú en caso de que lo requiera, según revela el informe de auditoría elaborado por PwC.
“Con la finalidad de continuar la reducción del nivel de endeudamiento, la Compañía viene realizando los siguientes planes de acción: (…) En Junta General de Accionistas de fecha 26 de junio de 2025, se aprobó que, a través de Petroperú, se manifieste el apoyo financiero que los accionistas brindarían a la Compañía en caso este fuera necesario”, señala el informe.
El ministro Pérez Reyes reconoció que lo indicado por el informe es verdadero. Precisó que PwC, “dado los resultados de Petroperú”, planteó a la Junta de Accionistas de la petrolera (donde el Estado actúa como único accionista) validar si estaba dispuesta a responder y resolver los problemas de Petroperú en caso de que la empresa enfrentara dificultades aún mayores. Y la respuesta fue afirmativa: “Sí, efectivamente, si (Petroperú) tuviese algún problema, el Estado tendría que ver cómo lo resuelve”, manifestó al programa Mesa de prensa, de Canal N.
Se enreda
El ministro intentó mantener su posición de que dicho respaldo no implica la entrega directa de recursos a la petrolera, pero reconoció que el compromiso adoptado corresponde, como señala PwC, a un “apoyo financiero”.
“Bueno, si ocurriese, veríamos el tema de apoyo financiero, lo cual no significa darle recursos”, afirmó.
El planteamiento de la auditora sobre el respaldo del Estado a Petroperú obedece a la existencia de varios factores que afectan la sostenibilidad de la empresa, según advierte el informe. Entre ellos, la reducción de ingresos por ventas en el mercado local, atribuida a las restricciones en los volúmenes de producción de la Nueva Refinería de Talara durante su periodo de estabilización.
A ello se suma la caída de los precios internacionales del crudo y sus derivados, lo que ha afectado los márgenes operativos y la valorización de los inventarios. Estos elementos, según PwC, configuran una “incertidumbre material que puede causar duda significativa sobre la capacidad de la compañía de continuar como empresa en marcha”.
Para el exviceministro de Energía Arturo Vásquez, el informe revela un riesgo real sobre la continuidad operativa de la petrolera estatal. “Si hay dudas sobre su capacidad de seguir operando, estaríamos frente a una crisis grave”, advirtió.
El informe de auditoría también reporta que Petroperú registró pérdidas por más de US$ 770 millones en 2024. Según el expresidente de la empresa, Carlos Paredes, estas se suman a las pérdidas del año anterior, acumulando un total cercano a los US$ 2.000 millones.
El año pasado, el MEF realizó el pago correspondiente al segundo semestre de 2024 por las deudas que Petroperú mantiene con la aseguradora CESCE, por un monto de US$ 168,36 millones. Lo anterior plantea estas preguntas inevitables: en una situación de quiebra de la compañía, ¿el MEF volverá a capitalizar los pagos que realiza por Petroperú? ¿Es eso, en el fondo, lo que implica la reestructuración anunciada por el ministro Pérez Reyes?
PwC también menciona irregularidades y presunto favoritismo en contrataciones, lo que genera “aún más preocupación sobre la gestión de proveedores”, advirtió el exviceministro de Energía Arturo Vásquez.
¿Aumentó la pobreza en Chile?
Si estuviste atento a las noticias durante la semana pasada, seguramente leíste o escuchaste hablar sobre una nueva cifra que sitúa en un 22,3% la pobreza en Chile.
A simple vista, esto puede sonar muy alarmante, sobre todo cuando se tenía en cuenta que la última encuesta Casen (de 2022) la situaba en el 6,5%. ¿Acaso hubo un aumento drástico de la pobreza? No exactamente. Lo cierto es que ese 22,3% también es sobre la base de esa misma encuesta de 2022. La diferencia, es que esta nueva cifra obedece a un cambio en la forma de medirla: una metodología más estricta y nuevas dimensiones para calcularla.
En pocas palabras, lo que recomendó la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para Actualización de la Medición de la Pobreza es observarla con un enfoque distinto. De hecho, si extendemos la nueva metodología a los escenarios de las Casen de 2017 (8,7%) y 2020 (10,8%), estas se actualizan a un 24,2% y 32,2%, respectivamente. ¿En qué consiste la nueva metodología y qué elementos considera?
Es importante mencionar que las actualizaciones de las mediciones de pobreza a menudo resultan en alzas de las respectivas cifras. Asímismo, cabe señalar que estas recomendaciones no son vinculantes y no corresponden a la cifra oficial de pobreza en Chile. Aquello dependerá de las opciones que elijan los organismos estatales para sus propias mediciones.
En el caso de la Canasta de Alimentos, para la medición de la pobreza se suele considerar el requerimiento normativo de 2.000 calorías diarias por persona. No obstante, de acuerdo con la comisión, este parámetro se queda corto. Más allá de la cantidad de calorías que se consumen, en nuestro país es especialmente relevante tener en cuenta la ingesta de alimentos de mala calidad nutricional. En pocas palabras: no da lo mismo con qué alimentos alcances tu ingesta calórica.
Al respecto, se propone adoptar el concepto de “alimentación saludable”, variante del método de la Cepal, reduciendo en la mitad las cantidades de alimentos ultraprocesados “sin que se redistribuya ese gasto en otros productos de la canasta”.
Otro ítem clave que cambiaría drásticamente el entendimiento de la pobreza en Chile es reajustar lo que actualmente se conoce como alquiler imputado. En palabras simples, es una forma de contar como ingreso el “beneficio” de vivir en una vivienda cuando no se paga arriendo o dividendo. Al recabar los datos de la Encuesta Casen, este se considera dentro de la renta mensual, aunque no recibas ese dinero realmente.
De acuerdo con la comisión, 24 mil hogares no calificaban en situación de pobreza a pesar de no haber registrado ingresos, únicamente por concepto de alquiler imputado. Otro ítem clave que cambiaría drásticamente el entendimiento de la pobreza en Chile es reajustar lo que actualmente se conoce como alquiler imputado.
En palabras simples, es una forma de contar como ingreso el “beneficio” de vivir en una vivienda cuando no se paga arriendo o dividendo. Al recabar los datos de la Encuesta Casen, este se considera dentro de la renta mensual, aunque no recibas ese dinero realmente.De acuerdo con la comisión, 24 mil hogares no calificaban en situación de pobreza a pesar de no haber registrado ingresos, únicamente por concepto de alquiler imputado.
La principal recomendación de la Comisión es “no considerar el alquiler imputado en los ingresos ni en la línea de la pobreza, y en su lugar, operar con dos líneas de pobreza, una para hogares que pagan arriendo y otra para los que no pagan”.
Deuda externa mexicana creció 17,4% en medio de incertidumbre global
La deuda externa de México escaló en 826 mil 516,4 millones de pesos durante un año, para alcanzar el equivalente a 4 billones 487 mil 559,5 millones de pesos este mayo. El incremento de 17,4 por ciento real en estas obligaciones públicas se dio en parte por la depreciación en el tipo de cambio, que se ha recrudecido por la incertidumbre a escala global.
Los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a mayo muestran que, contrario a lo que venía sucediendo en el lustro pasado, la deuda externa creció más que la justa interna en un periodo de alta volatilidad en los mercados internacionales, sólo registrada de manera similar en 2020, cuando la crisis por la pandemia de coronavirus.
En el acumulado de enero a mayo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda– aumentó anualmente en 2 billones 87 mil 818,8 millones de pesos, para alcanzar 17 billones 673 mil 629,4 millones, un incremento de 8,6 por ciento en términos reales.
De manera desagregada, ese incremento en el SHRFSP se compone de un aumento de un billón 261 mil 302,4 millones de pesos en la deuda interna, que se explica por la contratación de nuevas obligaciones y el efecto de las altas tasas de interés, mientras la externa sumó 826 mil 516,4 millones a su saldo, también afectada por la depreciación del tipo de cambio.
En suma, la deuda externa de todo el sector público creció en un año 17,4 por ciento, para alcanzar 4 billones 487 mil 559,5 de pesos. Mientras, la interna avanzó 5,9 por ciento, también en términos reales, para finalizar mayo de 2025 con un saldo de 13 billones 186 mil 69,9 millones de pesos.
Justo en 2020, cuando también para mayo la deuda externa ya se había disparado 19,1 por ciento en medio de los choques en los mercados financieros, la SHCP optó por deshacerse de obligaciones en monedas extranjeras, para evitar ese golpe en las finanzas públicas por la depreciación del tipo de cambio.
Un cuello de botella
La dependencia informó que se optaría por poner más deuda en el mercado local, pero la espiral inflacionaria producto de los cuellos de botella que generó la pandemia llevó al Banco de México (BdeM) a subir la tasa de interés a un nivel sin precedente de 11,25 por ciento, lo que tuvo efecto inmediato en la cartera de deuda interna que se refinanció.
Desde 2021 y hasta el año pasado, el crecimiento de la deuda pública estuvo recargado en el incremento de las obligaciones internas. Ahora es distinto.
Al cierre de mayo, el peso se había depreciado 14,5 por ciento frente al dólar en un año y 14,92 por ciento respecto al euro, lo que en automático hace que se dispare el costo en pesos de la deuda externa.
Hacienda se endeuda más
El miércoles, la SHCP informó que utilizó el remanente del BdeM para recomprar deuda externa programada para vencer este 2026. Sin embargo, sólo en el último año las obligaciones directas del gobierno federal se dispararon 16,9 por ciento en términos reales, que equivalen a 470 mil 947,52 millones de pesos.
En total, la deuda del gobierno federal –que no incluye las obligaciones de organismos y empresas estatales, como sí lo hace el SHRFSP– aumentó en 2 billones 93 mil 212,52 millones de pesos entre mayo de este año y el mismo mes de 2024, muestran los informes oficiales que la dependencia manda al Congreso.
Este incremento en las obligaciones sólo del gobierno federal supera al aumento de 2 billones 87 mil 818,86 millones de pesos que hubo en el SHRFSP debido a que, de acuerdo con los mismos informes de la SHCP, la dependencia está contratando más deuda mientras se libera espacio fiscal para las empresas estatales, como Petróleos Mexicanos.
Panorama internacional
1.-Lula en BRICS: no hay vuelta atrás en la desdolarización
En una conferencia de prensa posterior a la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro el lunes (7), el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiteró su postura de que la desdolarización del comercio internacional, especialmente entre los países miembros del grupo, es «invertible». Según él, la sustitución del dólar por monedas locales ocurrirá gradualmente, hasta convertirse en una realidad, según informa el periódico Valor Económico.
La iniciativa, ya articulada por los países BRICS, cobra fuerza gracias al apoyo público del presidente brasileño. Lula argumenta que es necesario cuestionar la hegemonía del dólar, históricamente construida a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Destacó que, si bien el bloque representa aproximadamente la mitad del PIB mundial, solo posee el 18% de los votos en el FMI, una «inconsistencia» que refuerza la necesidad de reformas en las estructuras financieras internacionales. El presidente brasileño también resaltó que el bloque está abierto a la expansión.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado tensión en el entorno económico y político internacional al amenazar con imponer un arancel del 10% a los países que se alineen con la agenda de los BRICS. Sin embargo, Lula restó importancia a sus comentarios, afirmando que el tema «no era relevante» en las discusiones de la reunión.
El presidente ruso, Vladimir Putin, también participante de la cumbre —vía videoconferencia—, respaldó la propuesta de Lula, defendiendo el uso de monedas locales en las transacciones intrabloque.
La transición a monedas locales y la creación de un sistema alternativo a SWIFT forman parte de un plan a medio y largo plazo.
La reintroducción de la desdolarización como prioridad en la agenda de los BRICS, con el apoyo directo de Lula, marca un paso decisivo en el intento de rediseñar las relaciones financieras globales. Si bien el proceso es gradual, la señal de que «no hay vuelta atrás» señala el inicio de un movimiento que podría cambiar el rol del dólar y fortalecer las monedas regionales en los pactos comerciales estratégicos
Durante su intervención ante el Nuevo Banco de Desarrollo, Lula propuso debatir la creación de una moneda comercial alternativa y nuevas estrategias de financiación para los países del Sur Global. Subrayó la urgencia de avanzar en estas iniciativas para evitar que el siglo XXI repita las desigualdades estructurales y económicas que marcaron el siglo XX.
Lula instó a que el banco actúe como una plataforma para impulsar un modelo de desarrollo más justo frente al avance del proteccionismo, el unilateralismo y la crisis climática que afectan con especial fuerza a las economías emergentes. “Nuestro banco no es solo una herramienta financiera para los países en desarrollo; es la prueba de que una nueva arquitectura financiera es posible”, afirmó.
2.-Especuladores petroleros hicieron negocios con el fracaso de Trump e Israel
Werther Sandoval
Mientras EU, el Reino Unido e Israel hacían y hacen uso de las maniobras de la denominada flota oscura para poder transitar sus tanqueros por el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico sin ser detectados por Irán y Yemen, los inversionistas sesudos en análisis de inteligencia y en el manejo de información privilegiada se aprovecharon del “echarse para atrás”, de los “reculeos” de Trump y los sionistas para sacarle ganancias al petróleo en Wall Street.
Como cualquier país víctima de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales inventadas y aplicadas por ellos mismos, tanto EU, Reino Unido e Israel están empleando las tácticas usadas por los corsarios de la creciente flota de más de 1.200 tanqueros que transportan petróleo de Venezuela, Irán, Rusia sin coberturas de aseguradoras, ocultando sus identidades, burlando los sistemas satelitales de localización y mudando crudos de un buque a otro en medio de los océanos.
El pasado 28 de junio, la agencia RT informó que, en el estrecho de Ormuz, las embarcaciones petroleras se están haciendo pasar por barcos rusos y chinos con el propósito de evitar ataques, mientras persisten las dudas sobre el alto el fuego entre Israel e Irán.
“La percepción entre los dueños de las embarcaciones es que, debido a la naturaleza compleja de la navegación, es difícil conocer o determinar con claridad las nacionalidades de los barcos que podrían verse más amenazados, a saber, los de Reino Unido, Estados Unidos e Israel”, opina Ami Daniel, director ejecutivo de la firma de análisis de riesgo marítimo Windward.
RT relata que del 12 al 24 de junio unos 55 barcos que transitaron por el estrecho y el mar Rojo enviaron 101 señales atípicas, llegando inclusive a afirmar que transportaban petróleo ruso o eran de propiedad china, ya que dichos países tienen menos probabilidades de ser atacados. Algunas tripulaciones incluso llegaron a sintonizar transmisiones de radio chinas para desviar la atención, como lo hizo un portacontenedores con la bandera de Panamá.
La agencia destaca que el estrecho de Ormuz es la ruta de tránsito más importante del mundo para el petróleo y el gas procedentes de los principales países exportadores. La costa sureña del estrecho pertenece a EAU y Omán, mientras que la norteña es controlada por Irán.
En 2024, el flujo de petróleo a través del estrecho promedió 20 millones de barriles por día, o el equivalente a alrededor del 20% del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo, según datos de la Administración de Información Energética de EU. Debido a este gran volumen de tráfico y a su regularidad, cualquier interrupción amenazaría con sacudir el mercado mundial de la energía y tener un fuerte impacto en la economía global.
Ante tamaña importancia de este estratégico canal, una decisión como la tomada por la Asamblea Iraní de proponer al Presidente y al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de ese país cerrar el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo en los mercados de futuros de las materias primeras debieron haberse disparado.
Pero no. Ocurrió lo contrario. Para nada perdieron la tendencia a la baja que arrastraban desde el 21 de junio, cuando Israel continuaba su agresión en contra de Irán y este país mostraba una fuerte e inesperada respuesta y resistencia a la arremetida bélica de EU y los sionistas.
Y es precisamente la resiliencia iraní uno de los factores de mayor significación que pudo haber influido para que los inversionistas se mostraran renuentes a tomar posiciones que empujaran los precios al alza.
La debilidad mostrada por la llamada Cúpula de Hierro creada para proteger a Israel de ataques con misiles, unida al rechazo a otra guerra por parte del pueblo consciente de EU, con el consecuente deterioro de la imagen pública de Trump, alimentó entre los inversionistas la tesis de que Irán no tendría necesidad de cerrar Ormuz ni habría daños significativos a la industria petrolera persa.
Pero, además, el filtraje de información de inteligencia de que el bombardeo estadounidense a los centros subterráneos de enriquecimiento Uranio no había logrado su cometido mostró la debilidad bélica de Trump y reforzó la percepción de una mayor capacidad de residencia de Irán.
Con tal caudal informativo, muchos inversionistas adictos a las ganancias rápidas con las manipulaciones especulativas del mercado de futuros optaron por irse corto, una vieja y riesgosa estrategia que consiste en pedir prestada una acción o commodities, contratos de petróleo a futuro, con la promesa de pagar un interés y regresarlo en un plazo determinado.
El contrato es vendido por el especulador al precio alto que se encuentra, en nuestro caso, el barril de petróleo, impulsado por el alevoso ataque de Israel a Irán; pero tan pronto y haciendo uso de la información de inteligencia que demuestra la fragilidad de la arremetida de Trump y los sionistas, cuando el barril de crudo cae, lo recompra, lo regresa a su dueño y se queda con la ganancia definida por el diferencial de precios.
El 13 de junio, por efecto de la agresión de Israel a Irán, el crudo Brent escaló 13% hasta 75,15 dólares, pero tan pronto los especuladores percibieron que la agresión militar no lograba sus objetivos, los precios asumieron una tendencia a la baja. El pasado viernes borró la ganancia obtenida y cerró en 67,77 dólares. La cesta venezolana se ubicó en 52,60 dólares después de haber escalado a 62.
En otras palabras, una variable clave que aportó, en su momento, más indicios que los misiles sobre el curso de la guerra, fue el movimiento de los precios de los mercados a futuros; en este caso, el barril de petróleo, en Wall Street. “… los inversionistas (…) se aprovecharon del ‘echarse para atrás’, de los ‘reculeos’, de Trump y los sionistas para sacarle ganancias al petróleo en Wall Street”.
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