Ago 1 2005
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Ambiente

Papeleras: la migración de las industrias tóxicas

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Según Bruno y Greer, la migración de industrias tóxicas cumplía las siguientes etapas:

1a.) desarrollo en el Norte industrializado;

2a.) propagación hacia el Sur menos industrializado;

3a.) decadencia en el Norte, en virtud de factores ambientales, sanitarios y económicos, y

4a.) permanencia en el Sur, donde, debido a la falta de reglamentación o al incumplimiento de las normas vigentes, provocan todavía más daños que en el Norte.

El cloro se encuentra en la base de algunos de los productos más tóxicos, persistentes y acumulativos en los organismos vivos. La química del cloro combina el elemento cloro con hidrocarbonos para formar una gran variedad de compuestos químicos organoclorados. El gas de cloro fue uno de los primeros tóxicos de los gases que atacan al sistema nervioso del ser humano utilizado en las guerras (p.ej. Segunda Guerra Mundial).

Los plaguicidas DDT y pentaclorofenol, los PCBs, los CFCs que agotan el ozono, el Agente Naranja, una variedad de disolventes tóxicos como el tetracloroetileno y percloroetileno, subproductos como las dioxinas y los furanos, pertenecen a los organoclorados. Sus efectos abarcan el cáncer, malformaciones de nacimiento, problemas reproductivos, de desarrollo y neurológicos, falta de inmunidad y daños a la piel, hígado, riñones y otros órganos.

UN VIAJE MORTAL PARA HACER
DEL PAPEL UN ASESINO EN SERIE

La migración de la industria del cloro se encuentra hoy en América Latina entre el final de la tercera y la consolidación de la cuarta etapa de expansión. En cuanto a la producción de celulosa y papel, mientras las tecnologías en Europa y Estados Unidos ya prescinden casi totalmente del cloro, en el Sur se han instalado y siguen instalándose plantas de ‘alta tecnología’ con procesos de blanqueo basados en compuestos de cloro (p.ej. el ECF).

Frente a las economías sedientas de América Latina, la industria de la celulosa se presenta, con gran despliegue publicitario, como portadora de grandes inversiones y las tecnologías más avanzadas, que aseguran crecimiento y desarrollo social, además de preocupación por el medio ambiente. Los gobiernos locales, inscriptos en la camisa de fuerza del modelo neoliberal, acogen alegremente la inversión y hablan de ‘control’.

Inclusive en países como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, en donde la derecha tradicional ha sido desplazada por partidos o coaliciones de centro-izquierda, los nuevos gobiernos no muestran intenciones de aplicar un modelo económico alternativo y llegan a disputarse los megaproyectos de las industrias forestales y de celulosa. En medio de ‘accidentes’ e intentos no convincentes de exigencia, las poblaciones afectadas resisten.

EN CHILE, EL «JUEGO DE LA MOSQUETA»

Las autoridades chilenas permitieron la reapertura de la planta de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), ubicada en la provincia de Valdivia, a unos 790 km al sur de Santiago. La fábrica fue clausurada el 18 de enero pasado, al constatarse numerosas irregularidades y en medio de crecientes protestas ciudadanas por la mortandad masiva de cisnes de cuello negro en el santuario del Río Cruces, 15 km. aguas abajo del vertedero de Celco.

La planta comenzó a operar en febrero de 2004 y, poco después, ambientalistas y vecinos de la zona empezaron a denunciar que cientos de habitantes de las poblaciones cercanas de San José de la Mariquina, Rucaco, Rayula y Ciruelos, padecían problemas respiratorios, irritaciones en los ojos y dolores de cabeza, entre otras afecciones, atribuidas a emisiones de gases tóxicos de la planta, ya que ésta es el único elemento nuevo en la zona.

En el santuario, que hasta octubre pasado habitaban unos 6.000 cisnes de cuello negro, la mayor población de ellos en América del Sur, hoy quedan menos de mil. Un estudio de la Universidad Austral concluyó que la muerte de 120 cisnes y la emigración de otros 4.000 se debe a los vertidos de Celco, que provocaron la muerte de un microorganismo que les sirve de alimento y el alto índice de hierro y parásitos encontrado en sus organismos.

La Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) condicionó la reapertura al cierre de un caño que extraía agua de pozos no autorizados, a la ejecución de un plan para no superar los valores de producción permitidos, al control en línea de diversos parámetros operativos, y a la contratación de auditorias nacionales y extranjeras. Al mismo tiempo, fijó un plazo de dos años para estudiar y construir una salida al mar alternativa al actual vertedero.

Celco deberá pagar una multa irrisoria de 10.000 dólares por dos de siete incumplimientos entre octubre y diciembre de 2004. La Corema aceptó sus descargos en los otros cinco.

Cuatro de las cinco exigencias de la Corema son acciones de mediano y largo plazo. «Los impactos ambientales quedarán en evidencia en forma tardía, cuando resulten irreversibles”, aseguró la Fundación Terram. Por otra parte, la decisión de llevar la salida del vertedero al océano significa volver al proyecto original de Celco, que debió ser descartado entre 1996 y 1998 debido a la firme resistencia y movilizaciones de los pobladores de la costa.

«Si en 10 meses ocurrieron cambios significativos, qué esperamos que suceda en 24 meses más», declaró el doctor Eduardo Jaramillo, coordinador del estudio de la Universidad Austral. Mientras tanto, desde Chile se informa que ha corrido nuevamente el alerta en el Lafquen Mapu (territorio Mapuche de la costa) y sus comunidades, ya que ha trascendido que Celco proyecta instalar el vertedero en los límites costeros de la novena y décima región.

«La empresa cumplió las sugerencias y ordenanzas de la Corema regional”, fue la escueta declaración del entonces ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal –actual ministro del Interior–. Fuentes locales indicaron que la decisión de la Corema permite que Celco ‘deje de perder’ un millón de dólares en ventas y US$ 250.000 de utilidades por día inactivo. No hace falta mucha imaginación para suponer cuál fue el factor que pesó en la decisión de reapertura (posteriormente la empresa cerró la planta por propia voluntad, probablemente para decidir una nueva forma dedesprenderse de sus efluentes).

URUGUAY, UN NUEVO SOCIO EN EL CLUB

La implantación de dos grandes proyectos de fabricación de celulosa en Uruguay, uno de la empresa española Ence y otro de la finlandesa Botnia, se inscribe en la política neocolonial de los últimos gobiernos de los partidos blanco y colorado, que como antecedente lógico incluyó una ley forestal que, a fuerza de subsidios y exenciones de impuestos, abrió el país a la inversión extranjera en plantaciones masivas de árboles para pulpa de papel.

En el proyecto de Botnia, anunciado como la mayor inversión en la historia del Uruguay, se ha demostrado que, de unos 1100 millones de dólares, se gastará en el país sólo un 20%, que la concesión adicional de una zona franca y puerto libre implica que el Estado no tendrá otros ingresos regulares y que los 300 puestos prometidos no compensan los 2000 empleos del turismo, pesca, apicultura y otras actividades que serán afectados por la planta.

Esto sin contar los muy probables perjuicios de las plantas sobre el medio ambiente de la región circundante, situada en el tramo medio del fronterizo Río Uruguay, y que abarca las poblaciones vecinas del lado uruguayo y el argentino, en particular las ciudades de Fray Bentos (23000 hab.) y Gualeguaychú (65700 hab.). Hay que agregar también los impactos propios de la forestación, que será incrementada por la proximidad de las plantas.

Si quisiera prever el futuro, el caso uruguayo se podría mirar en el chileno. La tecnología de producción de celulosa es la misma (ECF), aunque Botnia-Uruguay pretende producir el doble de Celco. El ecosistema del Río Cruces, sin el santuario, se asemeja bastante al del Río Uruguay, por su rica y no menos frágil biodiversidad. Hasta un ejecutivo de la poco creíble Celco, Ronald Beare, ha pasado a ser Gerente General de Botnia-Uruguay.

En contra del Uruguay corre, además, la menor experiencia y capacidad de control frente a emprendimientos industriales de este tamaño, si se lo compara con Chile, Argentina o Brasil. El análisis hecho por la Dinama uruguaya del Informe Ambiental Resumen (IAR) de Botnia llevó menos de un año, contra seis años del estudio de la Conama chilena, y la autorización tiene numerosas carencias, ya denunciadas por técnicos independientes locales.

El doctor e ingeniero químico Ignacio Stolkin, eminencia académica y científica internacional, y otros colegas uruguayos analizaron el IAR de Botnia y concluyeron que carece de rigor y seriedad científica, es vago en sus afirmaciones, tiene contradicciones internas y no expone fuentes bibliográficas que permitan verificar sus afirmaciones. Y recusaron más tarde la autorización de la Dinama, que mal podía pretender controlar algo con esa base.

Botnia dice, por ejemplo, que dioxinas y furanos no son detectables en efluentes de plantas de ECF y no propone medirlos. La Dinama no aceptó esa afirmación y exigió un límite de emisión anual, que los recusantes estiman igual «altamente peligroso». Para estos técnicos es imposible, asimismo, que una firma como Botnia ignore la presencia de dioxinas en los 14 millones de metros cúbicos diarios de gases de invernadero que emitirá la planta.

Sorprendentemente, el gobierno de izquierda presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, instalado el 1º de marzo pasado, asumió como suyas las decisiones de su predecesor y ha pasado a defender el proyecto con argumentaciones similares a las utilizadas cincuenta años atrás y que, en particular, contribuyeron a destruir el medio ambiente en Europa, razón por la cual en esos países no se permiten hoy las tecnologías del cloro y sus derivados.

«MARKETING VERDE» Y OPINIÓN PÚBLICA

Desde el primer paso en el país, las industrias forestal y de celulosa realizan un despliegue de relaciones públicas y publicidad sumamente agresivo y eficiente. Aparte de las típicas tretas de seducción, como los regalos a la comunidad (‘cuentas de colores’) y los viajes para mostrar cómo hacen las cosas en la metrópoli (‘espejitos’), si se cree el discurso oficial no hay nadie más avanzado tecnológica, social y ambientalmente que ellas.

En Chile, la agrupación Acción por los Cisnes denunció una «campaña de desinformación» de Celco. La empresa reparte volantes, realiza visitas puerta a puerta y llama por teléfono a los vecinos para decir que ellos cumplen las normas, que las dioxinas no son una amenaza para la salud y que la planta genera más de 10 mil empleos. «Datos y argumentos que faltan seriamente a la verdad», afirmó Claudia Sepúlveda, en nombre del grupo cívico.

En Uruguay, la ofensiva publicitaria no ha sido menor. Y al anunciar, en la última semana de mayo, el comienzo de la fase de construcción de la planta en Fray Bentos, Botnia reveló que ha contratado los servicios de Research Uruguay, una empresa de encuestas de opinión. A la hora de tener que hacer valer su punto de vista sobre la población, no les faltan recursos económicos ni aportes ‘científicos’, incluso de técnicos y profesionales locales.

Tan sistemáticamente planificada la campaña por las empresas, con respaldo del gobierno y de la prensa, puede llevarles años a las comunidades afectadas y grupos ecologistas para hacerse oír. En su sección financiera, el diario El Mercurio de Chile los define como la «traba medioambiental» a la inversión. Mientras la traba no traba… las ganancias son enormes. Al final, la gente puede lograr echarlos, pero el daño hecho suele ser irreversible.

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* Publicado en el periódico Mapuexpress (www.mapuexpress.net); se cita como fuente a la organización Biodioversidad en América Latina (www.biodiversidadla.org).

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