Para Human Rights el Gobierno colombiano obstaculiza la justicia
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El Gobierno de Álvaro Uribe ha obstaculizado a la justicia para investigar y castigar los crímenes de los paramilitares de ultraderecha y de sus aliados políticos, denunció la organización internacional Human Rights Watch.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el grupo acusó a Uribe de haberse constituido en un obstáculo para el progreso de la justicia por sus frecuentes ataques a la Corte Suprema, encargada de investigar y juzgar a los congresistas por nexos con los “paras”.
El informe presentado por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights, hace mención a los reiterados intentos del Gobierno por reformar a la justicia y cortar poderes de investigación al tribunal. “El Gobierno del presidente Uribe continúa tomando acciones inéditas que podrían sabotear estas investigaciones”, afirmó Vivanco.
“Aquí ha existido una especie de campaña integral por parte del Gobierno del presidente Uribe para deslegitimar, para desacreditar a la Suprema Corte y también ocasionalmente a la Fiscalía cuando investiga temas que le son sensibles”, resaltó el director de Human Rights.
La justicia colombiana investiga a más de 60 congresistas (la mayoría de ellos aliados de Uribe) acusados de tener vínculos con los paramilitares. Por ello, Human Rights pidió a Uribe oponerse a “cualquier proyecto de ley que pueda permitir la reducción de penas o, directamente, la impunidad por colaborar con los paramilitares”.
Acerca de los lazos entre paramilitares y políticos, en uno de sus párrafos destacados, el informe de HRW indica que “hasta febrero de 2008, la Unidad Nacional de la Fiscalía para Justicia y Paz había brindado información a otros fiscales para iniciar investigaciones sobre el vicepresidente, un miembro del gabinete, once senadores, ocho congresistas, un ex congresista, cuatro gobernadores, veintisiete alcaldes, un concejal, un diputado, diez “líderes políticos”, diez funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, treinta y nueve miembros del Ejército, cincuenta y dos miembros de la Policía, cincuenta y seis civiles y dos miembros del Servicio de Inteligencia Colombiano”.
Por último, el Gobierno cuestionó el informe y aseguró que contiene informaciones que no son ciertas. En ese sentido, destacó las extradiciones en mayo de 2008 de 14 jefes paramilitares. Para Human Rights, esas extradiciones se dieron en momentos en que los acusados comenzaban a confesar sus crímenes y sus relaciones con políticos, militares y empresarios. Por ello, frustraron las investigaciones y la posibilidad de un castigo.
Finalmente, la organización advirtió que los crímenes de los paramilitares y sus cómplices serían de la competencia de la Corte Penal Internacional si la justicia colombiana no garantiza una investigación y un castigo.