Para resguardar el legado de Chávez, la izquierda debe desligarse de Maduro

Andrés Cañizález

 

En Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, no sólo está en juego la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, quien pretende gobernar también para el período presidencial 2025-2031. El chavismo, como movimiento político heterogéneo con referentes de izquierda, nacionalistas y militares, pero en todo caso amalgamado en torno a la figura carismática de Hugo Chávez, también está decidiendo su futuro en estos días. En dicho contexto, la izquierda internacional, y en particular el progresismo latinoamericano no puede ser ajeno a lo que ocurrió de forma previa a la elección y lo que viene ocurriendo en los días posteriores al #28J.

Las críticas y los señalamientos de autoritarismo que se hicieron por años a Hugo Chávez encontraron en la izquierda regional, de forma casi invariable, una suerte de matra como respuesta: en Venezuela hay elecciones y el pueblo le vota a Chávez. Ciertamente fue así. No sólo se combinó la capacidad comunicativa del líder, su conexión con los sectores populares y la maquinaria electoral que por años distinguió al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Existieron irregularidades, como la colocación de los llamados puntos rojos del chavismo en las puertas de los centros de votación, el uso de vehículos del Estado para acarrear votantes o la intimidación de testigos de la oposición, lo cual ratificaba la existencia de una cancha inclinada, pero en las elecciones el pueblo votaba a Chávez.

Si tuviésemos qué definir lo ocurrido el domingo 28 de julio, conectado con lo anterior, sucedió que el pueblo, donde prevalece una base chavista, o decidió no respaldar a Maduro y su plan de perpetuarse en el poder, o tomó la decisión de quedarse en casa. Este viernes 9 de agosto habían transcurrido 12 días después de los comicios y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no había difundido resultados electorales desagregados, mesa por mesa, ni tampoco el PSUV había mostrado a la sociedad venezolana copia de las actas electorales, que están en su poder como quedaron también en manos de la oposición.

Lo ocurrido en las largas horas de la noche del 28 de julio, una vez que se cerró el proceso de votación a las 18 horas de Venezuela, no sólo es un fraude, sino que representa una dura derrota política para uno de los valores centrales del chavismo, contar con el voto del pueblo. La responsabilidad recae directamente en Nicolás Maduro. El progresismo internacional, y en particular el latinoamericano, tiene ante sí la necesidad de responder a dos dilemas que provienen de sus propias filas, en relación a lo que sucede en Venezuela.

El primero lo esbozó Cristina Fernández de Kirchner al sostener en México, el 3 de agosto, la necesidad de que haya transparencia con los resultados electorales en Venezuela. En primer término, respaldó el comunicado previo de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, que justamente insisten, y lo ratificaron este 8 de agosto, en que el CNE publique resultados electorales, mesa por mesa, y que los datos de las elecciones puedan ser verificados de manera independiente.

Que, en su breve referencia al tema venezolano, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizara la noción de pueblo y la figura de Chávez, nos remite a la tesis con la que históricamente la izquierda defendió al chavismo, ante los señalamientos sobre sus tendencias autoritarias: a Chávez lo vota el pueblo, mayoritariamente. “Pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas”, exclamó. E inmediatamente enfatizó: “Es lo que tenemos que pedir, que se publiquen”.Otro detalle no menor es que lo señalado por la ex mandataria argentina haya sido en el contexto de un curso internacional promovido por el Instituto Lula y los partidos oficialistas Colombia Humana (de Gustavo Petro) y Movimiento de regeneración Nacional (Morena, de Andrés Manuel López Obrador). El sonoro aplauso del público, militancia progresista mexicana y de la región, es tal vez una señal del parte aguas que podría vivir la izquierda latinoamericana en relación con el chavismo bajo la conducción de Maduro, tras el 28 de julio.

Junto a la exigencia de datos electorales desagregados y verificados, para poder reconocer el triunfo de Maduro, quien fue rápidamente proclamado por el CNE pese a que no había (y no hay) manera de cotejar un comunicado en Instagram con cifras y nada más, la izquierda internacional también debe marcar distancia de las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido con posterioridad a las elecciones enmarcadas bajo la narrativa de que se hace frente al “golpismo” y el “fascismo”.

El histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), un aliado de Chávez desde las primeras horas en que éste optó por la ruta electoral a mediados de los ’90, marcó claramente la cancha de juego al denunciar “una política de terror en lo sectores populares del país”. El PCV, que se distanció públicamente de Maduro el año pasado y en el camino a las elecciones de 2024 apostó por una opción de izquierda “no madurista”, lo sintetizó de esta manera, tal como lo ha puesto en práctica buena parte de la izquierda democrática en la región: “Defender la Constitución (la que impulsó Chávez en 1999) y el estado de derecho no es fascismo”. Las banderas del respeto a un marco constitucional, producto de una asamblea constituyente, y al Estado de derecho, no son incompatibles con las banderas de justicia social. De acuerdo con la ONG Foro Penal, en las 1.229 detenciones postelectorales (hasta el 8 de agosto), el 90 por ciento habían ocurrido en barriadas populares. Esto no debería ser normalizado o aceptado. Los gobiernos progresistas lo resaltaron, con el tono diplomático de estos casos, pero dejaron asentado en su segundo comunicado lo siguiente: “El respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia”. Este, me parece, debe ser el mantra para leer e interpretar a la Venezuela de estos días.

 

El seísmo del 28 de julio y la revisión del chavismo

 

Varias instancias, incluido el Centro Carter, reconocido por el propio CNE y el gobierno de Maduro como un observador internacional calificado e imparcial, han verificado las actas que la oposición recopiló, contabilizó, escaneó y puso a disposición de la sociedad venezolana. No son las actas de la oposición. Son constancia en papel que emiten las máquinas electrónicas de votación en cada mesa electoral, y constituyen un comprobante impreso que en este caso quedaron tanto en manos de la oposición como del PSUV. Como hemos dicho, el partido gubernamental no ha mostrado sus respectivas copias, y tal como señalan las cancillerías de México, Colombia y Brasil sería necesaria la verificación independiente de éstas para darle reconocimiento al triunfo de Maduro.

Las actas, en tanto convertidas ahora en documento público, y susceptibles de analizar, muestran algunas tendencias sobre las cuales debería generarse una discusión, si efectivamente el chavismo apuesta por su revisión a fondo, desde un punto de vista de su influencia y alcance político. Eso, hasta ahora, no ha sucedido. Quienes están hoy en capacidad de responder por el legado de Chávez parecen enfocados en una lógica represiva y de negación de la realidad.

Contextualizo, con los datos de las actas que hizo pública la oposición, algunos hitos del cambio político que se ha revelado con esta votación. Me apoyo en un análisis numérico que hizo el economista Omar Zambrano, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. En primer lugar, la fotografía de un país polarizado, que fue uno de los ejes del chavismo, o de una sociedad dividida en partes bastantes similares que tuvo lugar cuando Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, parece haber quedado atrás al analizar de forma detallada los resultados electorales del pasado 28 de julio.

Algo que debe desbloquear la izquierda regional es la idea de que se derechizó la sociedad venezolana en su conjunto. El principal logro estratégico de María Corina Machado, sin duda principal referente opositor, fue encausar un descontento creciente (ya en 2023 el 80 por ciento de los venezolanos quería un cambio) a través de una ruta electoral, que tuvo su primer hito en las elecciones primarias de la oposición de octubre de 2022. Esa consulta, autogestionada por la ciudadanía ante la negativa del CNE de ayudar a organizarla, le dio un triunfo muy amplio a Machado. Fue además un mensaje de irreverencia, ya que se le apoyó a esta mujer pese a que existía una inhabilitación administrativa previa y por tanto no podría competir en las elecciones presidenciales.

María Corina Machado también jugó estratégicamente al negociar con los otros factores de oposición que se inscribiera como candidato unitario un veterano ex embajador, Edmundo González Urrutia, un

perfecto desconocido a cuatro meses de las elecciones para el gran público. Esto le permitió a Machado endosarle, muy rápidamente, el respaldo creciente. El rechazo a Maduro en estas elecciones fue una suerte de bola de nieve que creció muy rápidamente en cuestión de semanas, pero que quienes estaban en la cúpula del poder, al haberse desligado del pueblo, no pudieron dar respuesta a la notable demanda social de un cambio. Otro detalle no menor, junto al deseo de cambio, entre los venezolanos late la necesidad de vivir sin conflictividad política, lo que ha ocurrido post #28J podría ser un bumerán político contra Maduro, que posiblemente impacte negativamente entre quienes le apoyaron en las urnas.

Según los datos procesados a partir del 83,5% de las actas en manos de la oposición, por primera vez en 25 años, no parece existir una segmentación del voto en términos socioeconómicos. La candidatura de Edmundo González Urrutia se hizo mayoría en todos los segmentos socioeconómicos del país, incluso en las zonas de mayor vulnerabilidad social e incidencia de pobreza multidimensional, donde la oposición no había ganado nunca desde 1998. Este es un dato no menor.

La última actualización de resultados del comando opositor, difundidos el 6 de agosto, le otorgaba 67% de votos a favor de González Urrutia y 30% a favor de Maduro. El CNE, en tanto, ha sostenido que Maduro fue reelecto para el período 2025-2031 con 51,95% de los votos frente a 43,18% del candidato opositor. De esta forma, González Urrutia obtendría una diferencia de 37,15 puntos porcentuales, si los datos de estas elecciones se llegan a verificar, estaríamos ante la brecha electoral más grande de la historia de las elecciones presidenciales de Venezuela desde el regreso a la democracia en 1958, sin incluir las elecciones presidenciales de 2018, en las que no participó la oposición.

Entre las rupturas de la polarización, sobre las que se sustentó la hegemonía chavista por años, un dato importante es que ya no hay estados (provincias) en las que haya triunfado Maduro, ya que el triunfo opositor -según las actas publicadas- ocurrió en todas las regiones del país.

El voto mayoritario por el cambio, entre los venezolanos, no distinguió entre personas del campo o de la ciudad, ni entre Caracas y el resto del país. Tal como ya lo señalaban varios estudios confiables de opinión, previos al #28J, y me remito en particular a los que presentó Delphos, encargados por la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela existe un deseo de cambio “que es uniforme y transversal a todos los ámbitos, territorios y clases sociales del país”.

Esto, más allá de lo que termine ocurriendo en la cúpula del poder, genera una nueva realidad en Venezuela.

Última oportunidad de resguardar al chavismo y apostar por su refundación democrática

Estamos ante este crudo escenario en la Venezuela postelectoral: intervenciones continuas de Nicolás Maduro en televisión, censura a las redes sociales, rupturas tajantes de relaciones diplomáticas y expulsión de periodistas extranjeros, represión en barriadas populares y, a fin de cuentas, el gran telón de fondo que es su evasión, el no reconocer su derrota. Una victoria opositora que no se reconoce, pero que se apuntala incluso por la propia ausencia de datos oficiales emanados del CNE, que sean desagregados y verificables.

La izquierda internacional, y en particular el progresismo latinoamericano, debe deslindarse de esto, presionar como ha hecho en público Cristina Fernández de Kirchner, para que haya transparencia con el resultado y abocarse a tratar de preservar el legado de Chávez. Esto último, en el contexto de una severa derrota en las urnas, debería dar paso dentro del PSUV a profundas reflexiones y toma de decisiones internas.

Además del gobernante Nicolás Maduro, responsables de la campaña como Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, y el propio jefe de campaña, Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional, deberían poner sus cargos a la orden en la estructura partidista y abrir paso a una revisión sensata y apegada a los hechos. Hace largo años que dentro del partido de gobierno no se realizan elecciones internas para nombrar su directiva nacional. Es, prácticamente, la que dejó Chávez como herencia hace 12 años, cuando fue candidato por última vez. Un legado con el que sí debe romper un eventual chavismo renovado, es con la fusión estado-partido, propio de regímenes no democráticos como Cuba y China. En materia de mensajes y propuestas, la falta de renovación fue notoria en esta campaña, en la que incluso se apeló a jingles y eslóganes electorales de los años en los que Chávez estaba vivo. No tuvo el liderazgo capacidad de resignificar el legado y construir nuevos mensajes que conectaran, positivamente, con quien fundó el movimiento.

Si termina por imponerse la deriva represiva, fielmente documentada por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet en sus contundentes informes en su paso por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, dando cuenta de los excesos y violaciones en el marco de los que fueron dos oleadas de protestas en 2014 y 2017, el chavismo perderá su oportunidad de convertirse en referente de la izquierda democrática de la región. Este es un asunto en el que ha insistido Lula da Silva a Maduro, según las propias declaraciones del tres veces presidente brasileño y una figura respetada en toda América Latina. Se trata de la noción liberada e incorporada a las tesis democráticas contemporáneas: la alternancia en el poder. Quién pierde acepta la derrota y se prepara para unas nuevas elecciones. Para el chavismo, una buena noticia en este sentido es que, pese a la nefasta gestión de Maduro en lo social y económico, tres de cada 10 votantes siguen respaldando a los hijos políticos de Chávez, si nos guiamos por los datos recabados por la oposición.

El chavismo tendrá futuro político sólo sí opta por la ruta que les muestra Lula da Silva. Si, finalmente decide lo contrario, es casi seguro que Maduro seguirá gobernando, pero esto será fruto del poder militar, teniendo a una mayoría de venezolanos, del pueblo, en contra. Y además enfrentaría un escenario inédito, ser paria de la izquierda regional e internacional. Obviamente si el progresismo también asume el 28 de julio como un punto de inflexión, para desligarse de un proyecto político que en sus orígenes efectivamente respondió a las demandas de cambio del pueblo, pero que hoy hace todo lo posible por acallarlas.

 

* Periodista e investigador venezolano, doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar, Caracas. Publicado en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, con el título “Los dilemas del progresismo latinoamericano frente a Venezuela”