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Mientras gran parte de los países sudamericanos avanzan en la democratización de la palabra, este proceso acaba de recibir un duro golpe en Paraguay. Sin dudas se trata de un lamentable retroceso para la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad y la democracia guaraní.
La Asociación de Radios Comunitarias y medios alternativos del Paraguay (VOCES Paraguay) calificó así a la reciente reforma a la ley de Telecomunicaciones 642/95, que fue aprobada por la Cámara de Senadores de Paraguay, el martes 8 de marzo.
La vigencia de la referida ley constituye un "certificado de defunción a las radios ciudadanas, educativas y comunitarias", dice el pronunciamiento público de VOCES Paraguay, que agrega que la reforma legal "apunta exclusivamente a cercenar los derechos de las comunidades, organizaciones vecinales, sociales, campesinas, indígenas, mujeres y de trabajadores, a que se expresen a través de las Radios educativas y comunitarias".
La reforma legal quedó en firme una vez que los sen adores rechazaron -con 25 votos a fav or- el veto del Poder Ejecutivo a las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, que la Cámara de Diputados ya había rechazado anteriormente. Ahora, el ejecutivo está obligado a promulgar la referida Ley.
El año pasado los diputados Vítor Bogado (ANR) y Óscar Tuma (lino-oviedista) presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley de Telecomunicaciones, justo en aquellos puntos donde habla sobre las radios comunitarias. En síntesis, ambos legisladores retocaron alrededor de 5 artículos para asfixiar aún más a las comunitarias. Principalmente para prohibir que las radios de las comunidades reciban cualquier tipo de publicidad (ni pública ni privada) y para delimitar -¡por ley¡- su potencia o alcance.
La Cámara de Diputados parobó dicho proyecto de ley, al igual que la de Senadores . Tras el veto del Poder Ejecutivo el proyecto de ley volvió a su cámara de origen, la de Diputados. Éstos rechazaron el veto y, finalmente, la Cámara de Senadores rechazó el veto. Así que el proyecto coartador entrará en vigencia.
Todo esto se dio, a pesar de la advertencia del Relator para la Libertad de Expresión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes señalaron que de aprobarse esto, sería peligroso. Asimismo, el Foro Social América manifestó su preocupación por este retroceso que sólo beneficia a los monopolios, oligopolios y empresas de la comunicación social.
La nueva normativa -con la modificación actual- viola la libertad de expresión, la cultura democrática y el derecho constitucional de todos los paraguayos y las paraguayas a contar con medios de comunicación que estén por fuera del ámbito privado y empresarial.
VOCES indica que la resolución senaytorial va en detrimento de la labor de las radios educativas y comunitarias, a quienes no se las puede condenar a la desaparición, imponiendo una potencia que no les permita llegar a la comunidad con la que trabajan, y la falta de medios para la sostenibilidad". Añade que "lejos de fortalecer nuestra democracia, la hiere profundamente con esta ley que es anticonstitucional y va en contra de todos los estándares en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación a nivel nacional e internacional".
Este retroceso coincide con el inicio de un debate para la reforma total de la Ley de Telecomujnicaciones impulsada por el diputado derechista Héctor Ocampos, por lo que las radios populares solicitaron de los parlamentarios que el proyecto "sea producto de un amplio y democrático debate con los diversos sectores de la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado y las instituciones estatales que se encargan de las políticas de comunicación".
Asimismo, se sumaron a la demanda por una nueva ley de telecomunicaciones que garantice la comunicación como un derecho de todos y todas y no como un producto del mercado. Que asegure la diversidad de voces, acceso de los sectores sociales a los medios y fuentes informativas plurales.
Una ley enmarcada en un sistema democrático que promueva el acceso a los tres sectores de la radiodifusión", porque la "libertad de expresión y la democratización de la comunicación son fundamentales para fortalecer la democracia" en el país.
Las organizaciones y gremios de la democratización de las comunicaciones analizaban desde hace tiempo presentar un recurso de inconstitucionaldad, pues uno no puede, por ley, intentar coartar la libertad de expresión y tantos otros derechos y garantías.
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