Paraguay: Tras la reforma del Estado y reducción de la pobreza
Dionisio Borda, futuro ministro de Hacienda, dice –en su primera entrevista, concedida al periódico ABC Color*– que apurará la reforma del Estado con una revisión general de cargos y funciones del personal, la eliminación de entidades innecesarias como las secretarías de la Presidencia, una definición del futuro inmediato de las empresas estatales y una reorientación de los recursos a programas de reducción de la pobreza y generación de empleos.
Anunció que la nueva administración del Ejecutivo priorizará la reforma del Estado mediante una reestructuración total del personal público, la fusión o eliminación de dependencias públicas y una definición del futuro inmediato de las empresas de servicios y de los entes reguladores.
Pidió paciencia a los trabajadores del Estado, porque adelantó que no se podrán realizar ajustes de salario en la primera fase, ya que todos los recursos disponibles se destinarán a planes de urgencia para atender la pobreza extrema y el desempleo.
Se transcribe la conversación.
–¿Habrá, finalmente, una reforma del Estado?
–Lo primero y urgente es la modernización del sector público y, fundamentalmente, la profesionalización del servicio civil. Este cambio de signo político es una gran oportunidad. No será en el presupuesto 2009, pero sí en el siguiente.
"Tenemos que ordenar el sistema salarial, que es un verdadero caos y está hecho para alentar actos de corrupción, antes que para incentivar el buen desempeño del funcionario. Esta es una tarea de ordenamiento del servicio civil".
–¿Qué van a hacer con todos estos contratos colectivos de trabajo suscritos en instituciones o empresas públicas?
–Muchos no están resueltos y espero que la Secretaría de la Función Pública tenga el suficiente criterio de darle mayor margen de libertad al nuevo gobierno, dejando que sea este el que los defina. El contrato colectivo es un derecho que no se puede negar, pero debe estar encuadrado en una estrategia y una política de recursos humanos, que es lo que requiere el país con urgencia.
"En todo el servicio público hay una dispersión salarial, una dispersión de incentivos, una superpoblación con cargos innecesarios, con prebendas y contratos extorsivos".
–¿Necesitarán una ley para todo eso?
–La Ley 1.626 (del funcionario público) está inmovilizada por acciones de inconstitucionalidad y creo que hay que revisarla, pero, más que la ley, necesitamos revisar toda la escala salarial y de responsabilidad de las diferentes funciones. Y, paralelamente, revisar por completo el ordenamiento institucional del Estado.
–¿Eso qué significa?
–Que existen tantos ministerios como secretarías dependientes de la Presidencia de la República. Ninguna organización puede gobernar teniendo una plataforma de comunicación tan grande con el mando gerencial del Estado, que es el presidente.
"Tenemos que hacer muchas fusiones, en algunos casos separaciones, y en otras sencillamente eliminar entidades innecesarias. Nunca entendí, por ejemplo, por qué la política social tiene que separarse en seis o siete instituciones: Secretaría de Acción Social, Secretaría para la Niñez, Dibén, etc."
–¿Necesitarán otra ley para eso?
–O una cuestión administrativa. Tengo gente trabajando en el tema.
–¿Qué pasa con las empresas públicas?
–El segundo caso que hay que tocar son las empresas públicas y las agencias de regulación.
"No podemos seguir 19 años hablando de lo mismo y no haciendo nada. Y el servicio empeora, los costos financieros aumentan y los aplazos parece que no se castigan (se refiere a la calificación de empresas que hizo recientemente el Consejo Supervisor de Empresas del Estado). Veo que todas se aplazan y, sin embargo, siguen y con la misma gente".
–¿Qué piensan hacer al respecto?
–Esta es una dificultad enorme para el país. No podemos ganar competitividad sin servicios básicos en regla. Es un desafío que no se va a resolver de la noche a la mañana, hay que ser claros, pero necesitamos una agencia de regulación seria y empresas que funcionen.
"No se trata tampoco de abrir al capital privado sin tener todo ordenado primero; hay que ordenarlo mínimamente y rápidamente".
–¿Cómo evitarán que esas empresas sigan siendo más de los mismo?
–Un punto clave en el proceso de modernización del Estado es el control. Hay una auditoría interna que jamás detectó un fato. Tampoco la Auditoría General de la Nación que tiene la potestad de intervenir en cualquier momento, pero que nunca realizó alguna tarea trascendente. Tenemos que apuntar al autocontrol del Estado, más allá de la Contraloría.
"Desde Hacienda quisimos hacer el control de gestión por resultados. La cuestión es revisar cada tres meses si las metas se están cumpliendo, cuál es la ejecución presupuestaria y qué se logró.
"Si hoy tomamos salud, por ejemplo, veremos que en los cinco años se ha duplicado su asignación de recursos; sin embargo, los indicadores de salud no han mejorado. Esto prueba que no es solo cuestión de dar plata, sino de controlar los resultados.
"Hay otra área de cambios. Creo que es importante hacer políticas proactivas y focalizadas en ciertas áreas. Y proactivas para mí sería fundamentalmente poner en el centro de esta política la generación de empleo".
–¿Qué quiere decir con eso?
–Que tendremos que revisar en cada política pública si como resultado de su aplicación se generan empleos o no. De qué nos sirven títulos rimbombantes y abultados informes si no conseguimos el objetivo primario, que es la generación de más y mejores puestos de trabajo para la gente.
–La mayoría de los empleos se generan en microempresas o en el campo.
–Justamente, tenemos que ver no solo proyectos de cooperación técnica y financiera; hay que ver qué hacer con las pymes y con la agricultura familiar campesina, cómo hacer de ellos más competitivos, cómo ganar economía de escala con políticas integradas, que no venga por acá una institución que da créditos, otra que presta asistencia técnica, y una tercera con alguna cosa más, pero sin ninguna relación entre ellas.
"Si no logramos que se encadenen al mercado de comercialización y venta final, todo el trabajo será en vano. Esa es una acción en la que deben tomar parte el Estado y parte el sector privado".
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