Periodismo y defensa del medio ambiente, dos actividades de riesgo en América Latina
“Mientras no se presenten medidas integrales que corten los vasos comunicantes entre el crimen y las estructuras estatales, la vulnerabilidad de ciertos grupos y la violencia dirigida contra los mismos perdurará, señala la abogada peruana Katya Salazar, actualmente Directora Ejecutiva de la Due Process Law Foundation (DPLF) en Washington DC.
-El nuevo ciclo político en América Latina, que supone la alternancia en el poder, sumado a la crisis económica, que impone políticas de restricción del gasto público, instalan una nueva dinámica en la región. La alternancia puede contribuir a afianzar los logros conseguidos, pero también puede abrir las puertas a cambios regresivos. Han habido avances evidentes, por ejemplo, en relación a la independencia judicial – tema clave para la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF) ¿Ves posible la consolidación de esos avances o, por el contrario, ves una amenaza de retrocesos en esta nueva etapa?
– A pesar de los avances importantes de la última década, persiste la pobreza y la desigualdad. Grupos importantes de la po
blación han salido de estas categorías, pero otros han ingresado. Nuestras instituciones públicas se han fortalecido, pero siguen siendo instituciones débiles para responder a las nuevas realidades y retos que enfrenta la región, incluyendo el poder inmenso y en aumento de las corporaciones. Tenemos poderes judiciales más sólidos, transparentes y con mayor presupuesto que hace 20 años, pero siguen siendo ineficientes.
Salvo algunas excepciones, en muchos países de la región los sistemas de justicia están colapsados y no cuentan con la confianza ciudadana. Además, las injerencias de los poderes ejecutivos en el poder judicial persisten, aunque ahora de forma más “sofisticada” (por ejemplo, a través de la elección de los miembros de las altas cortes o la interferencia en los procesos disciplinarios). La seguridad ciudadana es uno de las preocupaciones más importantes en buena parte de países de la región. Y la impunidad – para los crímenes comunes, pero también para los crímenes más horrendos, incluyendo aquellos donde están involucrados agentes estatales – es el sello en varios de ellos.
En cuanto a fenómenos concretos, el ejercicio del periodismo y la defensa del medio ambiente se han convertido en actividades “de riesgo”. Y al parecer, ser mujer o pertenecer a la población LGBTI también. A pesar de los grandes avances, la libertad de expresión y el derecho de asociación siguen siendo temas polémicos en varios países. Finalmente… la corrupción, como «eje transversal” que cruza todo lo dicho anteriormente, debe ser motivo de una reflexión profunda desde Tierra del Fuego a Canadá.
-Otro tema que vosotros habéis trabajado mucho desde DPLF es la cuestión de la justicia transicional. Ha habido éxitos importantes en la región, sobre todo en América Central. Pero en este momento la justicia transicional parece haber sufrido un importante revés, con la victoria del NO en el plebiscito colombiano – en particular, por la oposición a la posibilidad de que las FARC puedan participar en política. ¿Cómo ves el estado de la justicia transicional ahora mismo en la región?
– Este es un tema fundamental. Varios países latinoamericanos han pasado por procesos de justicia transicional – como El Salvador, Guatemala, Perú, Chile, Argentina – con resultados diversos, logros importantes, pero también fracasos y temas pendientes. A pesar de eso, la justicia transicional sigue ofreciendo una serie de herramientas muy importantes para hacer frente a la impunidad y al legado de contextos de graves violaciones de los derechos humanos. En este momento, estos mecanismos están siendo utilizados en países donde no necesariamente se han iniciado procesos de justicia transicional en sentido estricto, como México. Esto es algo muy positivo, pues permite vincular las deudas del pasado con las problemáticas actuales.
La decisión del pueblo colombiano de optar por el No es algo sorprendente. Pero hay que reconocer que el proceso de justicia transicional en Colombia es un caso inédito, pues incorpora toda la experiencia y lecciones aprendidas de la región y del mundo. No debemos achacar el NO en el plebiscito a los mecanismos de justicia transicional. Al contrario, estos fueron la base de los 4 años de diálogo en la Habana. Sin usar este marco teórico, no se habría llegado a los acuerdos. Tengo la esperanza de que el proceso colombiano llegue a buen puerto y que los instrumentos de la justicia transicional sigan siendo empleados en situaciones actuales donde los derechos humanos son puestos en peligro, como es el caso de México, de Guatemala o de Honduras.
-Otra cuestión importante es la evolución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hemos presenciado un debilitamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicado sobre todo por las reticencias de diversos países a financiarla. Recientemente entrevisté a Emilio Álvarez, anterior secretario ejecutivo de la CIDH, quien, pese a señalar algunos aspectos positivos, estaba muy preocupado por la falta de apoyo financiero (y a veces político) de los países integrantes. ¿Cómo analizas esta cuestión?
– La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mientras la Corte emite decisiones judiciales, normalmente sobre hechos que ocurrieron hace diez, quince o veinte años, la Comisión es el primer filtro –la que recibe las denuncias y peticiones y la que se pronuncia en relación a hechos que están ocurriendo o que ocurrieron hace poco tiempo. Por esa razón –necesaria y única-, la CIDH es de alguna manera la piedra en el zapato de los Estados, pues es la que les recuerda sus errores a través de pronunciamientos, comunicados, medidas cautelares, visitas y audiencias públicas. Este es uno de los motivos que explica la antipatía de muchos Estados hacia la Comisión: aunque lo nieguen, no se sienten cómodos con el escrutinio internacional.
Por otro lado, también es cierto que la CIDH tiene sus vaivenes y, como toda institución, puede mejorar sus prácticas y políticas. En este sentido, hay algunas críticas que son razonables y hay que atenderlas, como por ejemplo el retraso procesal, la definición de prioridades, la trasparencia en la administración y gestión de sus recursos, etc. Pero debe quedar claro que la Comisión es un órgano imprescindible, con un rol totalmente diferente al de la Corte, pues conoce de los hechos y actúa “en tiempo real”, como lo hizo en el caso de Ayotzinapa, en México. El hecho de tener que reaccionar frente a hechos que están ocurriendo en estos momentos muchas veces incomoda a los gobiernos de turno, por lo que debemos tomar con prudencia las críticas que los Estados le hacen.
-Otro asunto que preocupa es la cuestión de las violaciones de los derechos humanos. Impera una cierta impunidad, como vimos con el asesinato de Berta Cáceres y, muy poco más tarde, y a pesar del escándalo global, con el asesinato de algunos de sus compañeros, todos ellos activistas medioambientales. En Brasil, también son comunes los ataques contra los activistas, mientras que en México las víctimas tienden a ser los propios periodistas. ¿Cómo podemos hacer frente a estos ataques a la libertad de expresión en la región? ¿Cómo podemos limitar la impunidad en América Latina?
-Durante la última década, América Latina experimentó un aumento explosivo de la inversión privada para la extracción de recursos naturales y, alrededor de este fenómeno, un aumento de la conflictividad social relacionada con estos proyectos. Mientras que los estados se han beneficiado económicamente, las comunidades aledañas no necesariamente coinciden con esta lectura, porque simplemente no sienten los efectos de este beneficio económico. En otros casos, a pesar del beneficio económico, no están de acuerdo con el proyecto por los impactos que este puede tener en la vida cotidiana, la salud y las formas de vida de sus integrantes. Esto se ha expresado en un patrón de resistencia contra la explotación desordenada de los recursos naturales, que en muchos casos ha derivado en violencia. En muchos países de la región, la defensa de la tierra y el territorio y la indiferencia de los estados y de las empresas ha creado el cóctel perfecto para la violencia y la impunidad. Los estados deben reconocer la tensión que estos proyectos generan y la situación de inequidad en la que las comunidades afectadas se encuentran. Estado, empresas y comunidades afectadas no son actores que se sientan en la mesa en igualdad de condiciones para resolver estos conflictos.
Otro grupo especialmente vulnerable son los periodistas, sobre todo en México. Son víctimas no solo de violencia física, sino también de violencia económica y simbólica. Ser periodista en las zonas más violentas de la región es un oficio de riesgo, muy mal remunerado y sujeto de estigmatización social. Es necesario que los estados den respuestas mas drásticas frente a este fenómeno.
-Para terminar, ¿cómo explicarías el caso de México? Con un PIB per cápita importante, un rol internacional prestigioso, una situación diplomática sólida… ¿A qué se debe el inadmisiblemente elevado número de muertes violentas? ¿Cuál es la clave para que en México la protección de los derechos humanos y de las libertades básicas no acabe de funcionar?
-México es una paradoja. Como bien dices, es un país rico no solo en lo económico sino también en lo cultural. Pero también es un país herido y en cuidados intensivos…. Creo que en primer lugar el Estado mexicano debería aceptar la gravedad de la situación por la que está pasando. Hasta el momento, esto no ha ocurrido y si se ha dado, ha sido responsabilizando por esto a los grupos criminales. Lamentablemente, la violencia que se vive en México no es solo producto de las acciones de grupos criminales, sino de una combinación entre éstas y otras acciones realizadas por actores estatales. México debe reconocer que el problema real es esta combinación fatal, y afrontarlo desde esta perspectiva.
La solución no será fácil. No se trata solo de aprobar nuevas leyes y crear más comisiones, pero de ir a las causas estructurales de los problemas. México debe reformar su sistema político. Debe atacar de frente el clientelismo a todos los niveles, y fortalecer la independencia entre los poderes del Estado. Debe crear mecanismos de elección de altos funcionarios basados en sus méritos, y no en cuotas. Debe implementar mecanismos de rendición de cuentas serios y obligatorios. Los poderes judiciales estatales deben dejar de ser apéndices de los poderes ejecutivos y la Procuraduría General de la República (PGR) del Presidente de la República. Solo de esta forma se atacará el problema de frente. Si se quiere cortar la espiral de violencia e impunidad, no hay otra salida.