El presidente colombiano Gustavo Petro, firmó el decreto que convoca a la consulta popular por la reforma laboral, que «solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes». Petro notificó el envío del documento a la Corte Constitucional para su validación.
La consulta popular convocada este miércoles mediante decreto por el presidente colombiano, Gustavo Petro, se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, día en que el mandatario entra en el último de sus cuatro años de Gobierno.
El mandatario presentó el pasado 1° de mayo, Día del Trabajador, las 12 preguntas que componen la consulta y que abordan temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros.
Sin embargo, la posibilidad de hacer una consulta popular también la negó en mayo el pleno del Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría. Petro no aceptó esa decisión, la calificó de «fraude» y acusó a los legisladores de haber «hecho trampa».
En el decreto, Petro señala que no puede aplicar «por inconstitucional el acto mediante el cual el Senado de la República, en sesión del 14 de mayo de 2025, decidió dar concepto desfavorable frente a la consulta popular del orden nacional, solicitada por el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, el 1° de mayo de 2025».
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que el Gobierno derogará el decreto si el Senado de la República aprueba la reforma laboral. El titular aseguró que la orden ejecutiva se enmarca en el plazo de la ley, que debe concluir a las 00H001 (hora local) de este jueves. «El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar por restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora», remarcó Benedetti.
La noticia trascendió en medio de la Jornada Nacional de movilizaciones del miércoles 11 de junio. Distintos sectores sociales marcharon a favor de consulta popular impulsada por el Gobierno para modificar la legislación laboral y de salud.
El pasado 14 de mayo, el Senado colombiano votó de forma negativa la consulta popular. Este proceso fue calificado de fraudulento, incluso por senadores que no pudieron ejercer su derecho. Tal fue el caso de María José Pizarro, quien interpuso una demanda, porque el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se negó a abrir la votación nuevamente luego de solicitada la apelación.
La más reciente versión de la consulta popular que radicó el Gobierno en el Congreso consta de 16 preguntas, que incluyen no solo los temas laborales, sino también incorpora puntos de la reforma de salud. La conquista de las reformas Laboral y de Salud, de corte democrático y progresista, centran este proceso. Para su validación es necesario que 13.654.457 ciudadanos participen, y que, al menos, 6.827.229 deben votar afirmativamente en cada cuestionamiento.
El anuncio de convocar la consulta mediante decreto presidencial ha recibido fuertes críticas en los últimos días por parte de varios sectores políticos, incluidos expresidentes y exministros de Petro, que consideran que se trata de una ruptura institucional porque la convocatoria es competencia del Congreso.
La disputa entre Gobierno y oposición por la reforma laboral y la consulta popular ha calentado los ánimos de las partes, que se recriminan mutuamente en un ambiente creciente de polarización por el inicio del proceso para las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo.
El clima se enrareció más desde que el pasado sábado el senador Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial del
partido uribista Centro Democrático, resultó herido de gravedad en un atentado perpetrado por un sicario menor de edad, y se debate entre la vida y la muerte.
«Este acto de violencia es un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia», dijo el presidente Gustavo Petro, haciendo mención al origen de la familia materna del congresista de 39 años, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala.
“‘Ay’ Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre. Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia», indicó el presidente.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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