El presidente del Congreso de la República del Perú, José Jerí, asumió como mandatario interino hasta las elecciones de abril y le declaró la guerra a la delincuencia. Es el séptimo presidente de Perú desde 2018. El Congreso de Perú destituyó la noche del lunes a la presidenta de facto, Dina Boluarte, por “permanente incapacidad moral”, luego de que los partidos políticos que la protegían en el Parlamento le quitaron durante la jornada su apoyo en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad.
Tras juramentar el titular del Legislativo, José Jerí, del democristiano partido Somos Perú, como nuevo jefe del Ejecutivo, declaró la “guerra a la delincuencia”, para la que “tenemos a nuestra policía nacional, a nuestras fuerzas armadas”, y llamó a la colaboración del Poder Judicial y la fiscalía. Jerí tiene un historial de denuncias de soborno y ataque sexual a una joven. De ambas causas fue exonerado por falta de pruebas.
Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 luego que los militares depusieran al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Ese día Castillo intentó disolver el Parlamento, pero el Legislativo contratacó y lo destituyó por “incapacidad moral”. Castillo está detenido de forma provisional mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por corrupción, en lo que el ex mandatario acusó de golpe de Estado.
Fuerza Popular, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, del también ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, anunciaron que apoyarían las mociones para la vacancia. Ambos partidos la protegieron desde el inicio el mandato de Boluarte. Entonces, por la noche se aprobaron cuatro pedidos para votar su remoción.
Creyéndose invulnerable políticamente, gracias a su sinuoso sistema de alianzas con las fuerzas dominantes en el Congreso –donde se le hacía el favor de enterrar su larga sucesión de desatinos– la presidenta, Dina Boluarte, llegó al último paradero de su accidentado mandato. El abaleamiento en un centro de esparcimiento de las familias de los militares donde se presentaba un grupo peruano tan querido e icónico como Agua Marina fue el detonante de una reacción en cadena que se inició con la moción de vacancia que presentó el partido Renovación Popular en el Parlamento.
Ciertamente, un gesto de calculado impacto en una coyuntura electoral que movilizó también, a las pocas horas, a Fuerza Popular. Y cuando la bancada naranja recibió la directiva de sumarse a la moción y así lo hizo público, en Palacio supieron que la suerte de la mandataria estaba echada. Ahora sí los votos alcanzaban para vacarla.
Boluarte, de 63 años, fue apartada del cargo que ejercía desde diciembre de 2022. Esta decisión la convierte en la séptima presidenta que pasa por el cargo desde 2016, un reflejo de la inestabilidad política que vive Perú, con dos mandatarios destituidos, dos que renunciaron y uno que completó su mandato interino antes de la actual situación. Mea culpa de las fuerzas políticas en el Congreso. Y un respaldo de parte de sus mejores actores para conformar un gabinete capaz de tomar decisiones sensatas para que la lucha contra el crimen sea eficaz, la economía no se vea afectada y el cronograma electoral se ejecute escrupulosamente.
Según los medios locales, lo mejor para el Perú depende de poder encontrar un gabinete fiable, ajeno a la mediocridad que ha marcado estos tiempos y que sea capaz de mantener el rumbo del país hasta los próximos comicios presidenciales. Toca a los partidos políticos, a las instituciones de la sociedad civil, a los poderes del Estado, evaluar los hechos y las posibilidades con ecuanimidad. Es la hora de los acuerdos en beneficio del bien común y no de los intereses particulares. Es la hora en la que el patriotismo debe prevalecer sobre la política menuda, señala Perú21.
La historia política reciente del Perú ha estado marcada por inestabilidad institucional. En diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo de inmediato con el respaldo de los legisladores. Sin embargo, varios países de la región —entre ellos México, Colombia, Bolivia y Argentina— interpretaron el hecho como un golpe de Estado disfrazado de legalidad, lo que tensó las relaciones diplomáticas.
Ahora, la propia Boluarte enfrenta el mismo destino: el Congreso peruano votó por unanimidad su destitución, acusándola de corrupción y abuso de poder. Para Sheinbaum, el desenlace confirma el carácter “cíclico y político” de la crisis institucional en Perú.
Golpe a la golpista
Boluarte es Investigada por la fiscalía por la represión de protestas que dejaron medio centenar de muertos tras asumir en 2022. También fue señalada en el Rolexgate, escándalo en 2024 cuando apareció con joyas de lujo no declaradas. Con su destitución, Boluarte perderá el fuero y podrá ser enjuiciada y condenada. José Jerí asumirá de manera interina, mientras Perú tiene programadas elecciones generales para abril de 2026.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo abordó la crisis política que atraviesa Perú tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso peruano. Sin rodeos, recordó que la mandataria llegó al poder luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, un hecho que —según la postura de México— fue en realidad un golpe de Estado parlamentario. “Desde el inicio, consideramos que la salida de Castillo no fue democrática. Lo que ocurrió fue una ruptura del orden constitucional”, señaló Sheinbaum desde el Palacio Nacional. La presidenta mexicana reiteró su solidaridad con Castillo, quien permanece detenido desde 2022, y reafirmó que México mantendrá su postura diplomática de no intervención, pero con defensa de la soberanía y los derechos democráticos.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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