May 14 2023
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Pol铆tica

Piratas a茅reos: El secuestro del avi贸n venezolano prolonga la saga iniciada por el fiscal Nisman

La 煤ltima semana la C谩mara Federal de La Plata confirm贸 los sobreseimientos y faltas de m茅rito para el conjunto de venezolanos e iran铆es detenidos en junio del a帽o pasado, luego de que la aeronave de EMTRASUR aterrizara en Ezeiza. La Justicia desestim贸 adem谩s las medidas dispuestas contra el avi贸n y advirti贸 que el juez federal Federico Villena ya no tiene competencia en el caso.

El juez Federico Villena le se帽ala el camino al precandidato a la gobernaci贸n bonaerense, Cristian Ritondo.

Antes de ser apartado de la causa, ante la obvia imposibilidad de probar las infundadas imputaciones de terrorismo, el magistrado instruy贸 de forma absolutamente irregular una causa paralela, con el objetivo de congraciarse con las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Dicha causa busc贸 obtener el premio consuelo para los denunciantes, la Delegaci贸n de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y sus socios, el conglomerado de actores pol铆ticos obstinados en demonizar todo lo que provenga de Venezuela o de Ir谩n.

La causa paralela tramitada por Villena se articul贸 de forma coordinada con la solicitud realizada por el Departamento de Justicia 鈥揳 trav茅s de tres oficios鈥 y la rogatoria del juez Randolph Moss, enviada el 煤ltimo 3 de mayo. En dicho pedido, el magistrado del distrito de Columbia solicita la confiscaci贸n del Boeing 747-300 con n煤mero de cola YV-3.531 y n煤mero de serie del fabricante 23.413 por 鈥渧iolaci贸n de las regulaciones del Departamento que rigen la exportaci贸n y re-exportaci贸n de productos de origen estadounidense, enmarcadas en la Ley 4.820 del a帽o 2018.

En esa regulaci贸n se estipula que las ventas de los aviones fabricados por Estados Unidos 鈥揷omo el caso del Boeing 747-300鈥 deben aprobarse y registrarse en un padr贸n administrado por el Departamento de Comercio, antes de que los aviones sean vendidos a terceros. En el caso espec铆fico, la titularidad del Boeing fue transferida inicialmente a Francia y luego a la Federaci贸n Rusa, sin que esa transacci贸n fuese registrada en el padr贸n exigido por las autoridades estadounidenses.

La posterior venta de Mosc煤 a Teher谩n y su comercializaci贸n final a Caracas tampoco cumpli贸 con la desp贸tica ley 4.820. En las tres 煤ltimas transacciones, el Departamento de Estado no invoc贸 su regulaci贸n interna para secuestrar el avi贸n. Solo decidi贸 efectivizarla cuando la DAIA se dispuso a convertirse en mascar贸n de proa de una fantasmagor铆a terrorista apta para el apalancamiento medi谩tico local, que sigue utilizando los atentados de 1992 y 1994 como dispositivos de blindaje simb贸lico.

En diciembre de 2022, Villena permiti贸 la intromisi贸n de una agencia de seguridad estadounidense, la U.S. Marshal, en la aeronave secuestrada en Ezeiza, sin solicitar la aprobaci贸n formal a las autoridades competentes. El pretexto para otorgar dicha prerrogativa de inspecci贸n se sustent贸 en la necesidad de realizar ejercicios de mantenimiento de la aeronave. Sin embargo, la funci贸n de la U.S. Marshal, dependiente del Departamento de Justicia, no tiene relaci贸n con la asistencia t茅cnica a aeronaves sino con la 鈥渋dentificaci贸n y evaluaci贸n de activos que provienen del producto del delito (鈥) para lograr la comercializaci贸n de los bienes incautados y decomisados鈥.

La oficina espec铆fica que tramita esas tareas de incautaci贸n tiene sede en Arlington, Virginia, y en sus dependencias se asienta la Divisi贸n de Confiscaci贸n de Bienes, donde 鈥渟e eval煤a y se tramita la venta de activos recuperados del delito鈥.

Relaciones carnales

Jorge Knoblovits fue reelecto como presidente de la DAIA - LA NACION

Luego de los sobreseimientos de los 19 pilotos y t茅cnicos, el avi贸n debi贸 ser devuelto a sus propietarios venezolanos. No se efectiviz贸 dicha restituci贸n porque el juez Villena, la DAIA y las autoridades estadounidenses se complotaron para obtener un premio consuelo apto para disimular la procacidad de sus acusaciones relativas al v铆nculo de los iran铆es y los venezolanos con acciones terroristas. El secuestro del avi贸n Boeing 747-300 es la prolongaci贸n de la saga iniciada con la denuncia por parte de Natalio Alberto Nisman del memor谩ndum de entendimiento con Ir谩n 鈥揹elito desestimado por la Justicia鈥 y la metamorfosis de su suicidio, reconvertido en un homicidio sin incriminados.

La subrepticia connivencia entre el magistrado de Lomas de Zamora y los funcionarios estadounidenses fue acompa帽ada por tres oficios enviados por el Departamento de Justicia, enmarcados en el Tratado de Asistencia Jur铆dica Mutua en Asuntos Penales, promulgado por ley 24.034 en diciembre de 1991, en plena etapa de relaciones carnales patrocinadas por el menemismo. La normativa prev茅 la colaboraci贸n en 鈥渟olicitudes de registro, embargo y secuestro; la inmovilizaci贸n de activos鈥, pero en su art铆culo tercero advierte que no podr谩n ejecutarse dichas interdicciones si 鈥渟e refiere a un delito pol铆tico鈥, como queda claro en el caso de la acusaci贸n realizada contra la empresa venezolana Emtrasur.

En ese mismo apartado se consigna que la asistencia queda limitada si 鈥渆l cumplimiento de la solicitud puede perjudicar la seguridad u otros intereses esenciales similares del Estado requerido鈥: en el caso del pedido de decomiso realizado por el juez Moss y el Departamento de Justicia, aparece como indudable que la confiscaci贸n supondr铆a poner en riesgo las relaciones diplom谩ticas con Caracas, inter茅s esencial para quien pretende impulsar la integraci贸n regional, el respeto por la soberan铆a y la participaci贸n en los BRICS, conglomerado de pa铆ses que mantienen fuertes v铆nculos con Caracas.

De hecho, el tercer p谩rrafo del mismo art铆culo prev茅 la potencial denegatoria de la asistencia, dando a 鈥渃onocer a la autoridad central del Estado requirente las razones鈥.

En el art铆culo 14 de dicho tratado se especifica, adem谩s, que los embargos o secuestros solo podr谩n realizarse 鈥渟iempre que la solicitud lleve la informaci贸n que justifique dicha acci贸n seg煤n las leyes del Estado requerido鈥, es decir 鈥揺n este caso鈥 la normativa argentina, que carece de cualquier disposici贸n que justifique el hurto de un avi贸n por razones geopol铆ticas.

Alberto Nisman: Ni una sola prueba de homicidio en ocho a帽os | Una causa que solo sirve para operar pol铆ticamente. | P谩gina12
Alberto Nisman

La ley 24.034 salvaguarda, tambi茅n en su art铆culo 14, 鈥渓os intereses de terceras partes鈥, en este caso los de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela, que se encuentra amparada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos incorporado a la Constituci贸n en 1994, que advierte de forma taxativa que 鈥渢odos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales (鈥) En ning煤n caso podr谩 privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia鈥. Dicho Pacto tiene, para la arquitectura legal argentina, una jerarqu铆a superior a la ley 24.034.

Adem谩s, el tratado de marras ha sido desconocido por Estados Unidos en diferentes ocasiones en que fue solicitado por las autoridades argentinas: en 2015, luego del suicidio del fiscal Nisman, se solicit贸 a las autoridades del Departamento de Justicia la informaci贸n y confiscaci贸n de las cuentas ilegales que estaban a nombre de su madre y hermana en el banco Merrill Lynch de Nueva York. Dichos pedidos fueron denegados apelando a disposiciones burocr谩ticas. En un caso m谩s reciente, los funcionarios estadounidenses no le dieron tr谩mite al pedido argentino de obtener informaci贸n virtual sobre los intercambios digitales de los integrantes del grupo que intent贸 asesinar a Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

En la perspectiva de Washington, la 煤nica soberan铆a respetable es la que impone reglas del juego propias al resto del mundo. Eso es lo que propone la extraterritorialidad de sus normas jur铆dicas, que deben ser aplicadas como forma de vasallaje a sus sanciones unilaterales.

Salsa Wolff de terrorismo

Un mes despu茅s de la detenci贸n de los pilotos de la aeronave, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, se帽al贸 que 鈥渁lgunos sectores del gobierno [argentino] son c贸mplices del terrorismo internacional鈥, en obvia referencia al kirchnerismo. En el escrito presentado por la DAIA a la Justicia se asevera que 鈥渁l permitir el ingreso del avi贸n, se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro pa铆s sino la de Am茅rica del Sur鈥. En otro p谩rrafo del mismo escrito se consigna que 鈥渁l no haber indagado a la tripulaci贸n y corroborado sus intenciones, se habr铆a impedido la oportunidad de combatir al terrorismo internacional, afectando peligrosamente el futuro de nuestro pa铆s鈥.

Noticias 鈥 DAIAEn la misma l铆nea, el actual funcionario de la ciudad de Buenos Aires Waldo Wolff comparti贸 un twit en el que aseguraba que 鈥渦n avi贸n iran铆 vol贸 con tripulantes de la brigada que depende de un acusado del atentado a la AMIA sin que nuestras autoridades hagan nada鈥.

Las respuestas a sus falacias fueron respondidas en el propio expediente de la causa: la aeronave no era persa sino venezolana, los tripulantes no pertenec铆an a ninguna brigada militar y las autoridades hicieron lo que sus propios referentes 鈥搑adicados en Jerusal茅n y Washington鈥 aplaudieron. Sin embargo, el p谩nico sembrado por la DAIA y sus ac贸litos de la propaganda juntista logr贸 parcialmente su objetivo al vincular al juez Villena con las autoridades estadounidenses comprometidas en devastar la econom铆a de Venezuela.

La etapa m谩s brutal del bloqueo se inici贸 en 2015, cuando una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos catalog贸 a Venezuela como 鈥渦na amenaza inusual y extraordinaria para los intereses y la seguridad de los Estados Unidos鈥. A partir de ese momento se sucedieron 928 sanciones que llevaron a la supresi贸n del 99% de los ingresos por exportaciones, generando p茅rdidas, hasta el a帽o 2022, de 308.000 millones de d贸lares. Adem谩s se confiscaron bienes por un valor cercano a los 20.000 millones de d贸lares, entre ellos la empresa hidrocarbur铆fera CITGO, cuyo valor asciende a los 11.000 millones de d贸lares. El ex asesor de Barack Obama, Richard Nephew, public贸 su libro El arte de las sanciones, donde defiende el mecanismo de las medidas unilaterales y coercitivas 鈥損rohibidas por el derecho internacional鈥 destinadas a 鈥渋r adonde m谩s duelan, adonde m谩s dolor causen a la poblaci贸n鈥.

La decisi贸n de entregar el avi贸n a sus verdaderos due帽os, o legitimar la patente de corso de Washington, est谩 en manos del ministro de Justicia, Mart铆n Ignacio Soria. Villena ya cumpli贸 con su diligencia de congraciarse con el establishment, que espera que lo proteja ante un futuro juicio pol铆tico motivado por sus negociados, denunciados por la PROCELAC.

De Soria depende ahora darle viabilidad a un convenio que Estados Unidos no honra o, por el contrario, dar muestras de una soberan铆a que la integraci贸n latinoamericana requiere para reconfigurarse y solidificarse. Las encrucijadas son buenas para saber de qu茅 lado de la vida se transita.

*Soci贸logo, doctor en Ciencias Econ贸micas, analista senior del Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

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