Después de que uno de los dos reservistas acabara asesinado presuntamente por Rahamanullah Lakanwal, un joven afgano que había colaborado con la CIA en Afganistán, el presidente estadounidense subió aún más el tono contra la llegada de migrantes. En una publicación en Truth Social el jueves por la noche, poco después de que se supiera que la soldado Sarah Beckstrom había fallecido en el hospital, Trump parecía cargar incluso contra los migrantes legales que ya son ciudadanos.

“Desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o incompatible con la civilización occidental”, escribía el presidente estadounidense, sin detallar cómo y en base a qué criterios lo hará. También anunciaba que pausará “permanentemente” la inmigración del “Tercer Mundo” y que pondría fin a todos los migrantes legalizados bajo la administración de Joe Biden.

“Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar nuestro país”.

Desde que se sucedió el ataque, Trump ya había anunciado otras medidas como la de parar la inmigración proveniente de Afganistán. Algo que en principio ya estaba prohibido desde junio, cuando hizo la travel ban para los 19 países. Un veto que resultaba paradójico, porque desde que Estados Unidos se retiró de Afganistán en 2021, el gran grueso de afganos que han llegado al país ha sido bajo el estatus de refugiado.

Este viernes, el gobierno estadounidenses «ha detenido todas las decisiones de asilo», según ha anunciado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tras la orden del Trump de «frenar» la migración de «los países del tercer mundo».

El ataque justo coincide en un momento en el que la administración ha anunciado que quiere limitar a 7.500 el máximo de refugiados que va a recibir el año que viene y que pretende priorizar a las personas blancas de Sudáfrica. La medida, que se dio a conocer antes del tiroteo contra los dos Guardias Nacionales, era un claro guiño al supremacismo blanco estadounidense y forma parte de las campañas de presiones contra el Gobierno sudafricano, acusándolo de permitir un “genocidio” contra los blancos.

Así se lo dijo el mismo Trump al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, cuando lo recibió en mayo en el Despacho Oval.