Poderes ocultos detrás de espionaje en Guatemala
Carmen Esquivel Sarría*
El descubrimiento de una red de espionaje contra el presidente Álvaro Colom sacó a la luz un tema considerado hoy recurrente en Guatemala: la extensión de los tentáculos del crimen organizado hasta las más altas esferas estatales.
El escándalo estalló cuando el propio Colom dio a conocer a la opinión pública el hallazgo de micrófonos y cámaras ocultas en su despacho, su residencia, e incluso, en las oficinas de la primera dama, Sandra Torres.
Los sofisticados dispositivos, controlados por antenas, estaban colocados en lámparas, ventanas y hasta en la computadora donde trabajaba el mandatario.
“Este es un hecho verdaderamente grave”, dijo el presidente, quien no descartó la posibilidad de que también hayan sido instalados aparatos de escucha y video en otras dependencias estatales, como juzgados, Corte Suprema de Justicia o el Congreso.
El gobierno responsabilizó directamente a las mafias de estar detrás de esta red de espionaje. “Hay una capacidad del crimen organizado impresionante”, dijo Colom, y aseguró que este es el primer gobierno al que no le imponen a un solo ministro.
Iduvina Hernández, directora de la organización Seguridad en Democracia, coincide con el mandatario en que este hecho es una muestra del poder de los grupos paralelos enquistados desde hace muchos años en las instituciones guatemaltecas.
El espionaje contra el presidente de turno no es nuevo en Guatemala. Varios mandatarios se quejaron de que estaban siendo vigilados y algunos cuando querían revelar una información delicada preferían salir al jardín.
Pero hasta ahora no se había descubierto un sistema tan amplio para escuchar las conversaciones y controlar los movimientos del presidente que incluyera su despacho, oficinas privadas y hasta la propia residencia.
Seguridad en Democracia considera necesario una revisión de todas las dependencias oficiales, la investigación de las empresas privadas de seguridad que operan legal o ilegalmente en el país y el procesamiento de toda persona involucrada en estos actos.
De hecho un tribunal guatemalteco dictó orden de captura contra el ex titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia Carlos Quintanilla y el ex jefe de la Secretaría de Análisis Estratégico Gustavo Solano.
Sin embargo, la decisión llegó dos días después de conocerse el escándalo, lo cual permitió la fuga de ambos ex funcionarios, a quienes se les sindica de incumplimiento de deberes, espionaje, intercepción de comunicación y revelación de secretos.
Según los fiscales, Quintanilla tenía el deber legal de garantizar la seguridad del presidente, velar por las estrategias y evitar la colocación de objetos o artefactos de espionaje.
Hasta ahora el primer mandatario ha eludido dar declaración sobre la orden de arresto porque –según dijo- no quiere entorpecer el trabajo realizado por el Ministerio Público.
Veinte responsables de la fiscalía laboran en las investigaciones para establecer cuándo y cómo fueron instalados los dispositivos en la Casa Presidencial y quienes están interesados en obtener información secreta o estratégica del gobierno.
*Publicado por Prensa Latina