Políticas ambientales en Chile: de mal en peor

Existen diversos motivos para pensar que el Índice de Sustentabilidad Ambiental (ISA), que mide la gestión de 146 países y en el que Chile cayó siete lugares respecto a la última evaluación, es una herramienta perfectible que no genera consensos en la comunidad científica y ecológica. Una de las razones que se esgrime para tal desconfianza, es la falta de independencia del estudio, encargado por el Foro Económico Mundial (vinculado a las principales empresas transnacionales del orbe, varias con tejado de vidrio en materia medioambiental) y donde las grandes potencias, dada la forma en que se mide el indicador, obtienen mejores posiciones en el ranking.

¿Alguien podría creer, por ejemplo, que Estados Unidos (45) contamina menos que Nepal (85) o que Burundi (130)? Lo anterior ocurre debido a que los impactos ambientales adversos que trascienden las fronteras tienen un peso relativo muy pequeño en la construcción del índice. Uno de estos impactos es el calentamiento global, del cual Estados Unidos y los países de alto desarrollo, son inapelablemente los mayores responsables.

Pese a estas objeciones, siempre es preferible que estos esfuerzos existan a que no haya evaluación alguna. Además, aunque el ISA no sirva para comparar las políticas medioambientales entre países, sí permite evaluar lo retrocedido por Chile desde la última medición (2001).

La caída de Chile dentro del ranking se explica, entre otras cosas, por una pésima evaluación de las políticas públicas para reducir el estrés medioambiental. De este modo, la indiferencia del gobierno frente a temas como la polución del aire, la generación de basura y la contaminación del agua, arrojaron una evaluación que, si ya era baja en 2001, ahora es lisa y llanamente desastrosa. A esto se suma la inclusión de un nuevo indicador: el manejo de los recursos naturales del país, donde Chile obtiene apenas – 0.39 puntos, una de las peores ponderaciones de su perfil general.

Lo anterior es consistente con las conclusiones de estudios que organizaciones nacionales han hecho a la gestión del gobierno, en materias ambientales y de sustentabilidad. También ahí se ha demostrado que el Estado, y específicamente el presidente Ricardo Lagos tiene una deuda pendiente respecto a sus promesas de campaña y mucho que explicar sobre decisiones posteriores a su toma de mandato, especialmente en lo que se refiere a una gestión sustentable de los recursos naturales (pesca, minería y bosque nativo, por nombrar algunos).

Tampoco se ha avanzado en la necesidad de investir a la Comisión Nacional de Medioambiente, CONAMA, con atribuciones que le permitan cumplir de verdad sus funciones de protección, conservación y recuperación del patrimonio ambiental chileno. Por el contrario, la involución en las cifras del gasto público en materia medioambiental, ha ido minando su capacidad de acción y poniendo de relieve que su misma existencia obedece más a una medida cosmética, antes que a una real voluntad política por evitar la sobreexplotación de recursos y la degradación y destrucción del ecosistema.

Esta realidad, junto al deterioro de variables como el acceso a la información, la participación democrática, el ejercicio de las libertades públicas, control y fiscalización del cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía; y otros aspectos vinculados a lo que el estudio ISA llama «Gobierno Ambiental» explica por qué nuestro país cayó en más del 50 por ciento en esa categoría, respecto a lo alcanzado en 2001, cuando Lagos recién iniciaba su período.

Es claro que nuestro país, está cada vez más lejos de ser ambientalmente sustentable.

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* Director de Oceana, Oficina para América del Sur y Antártica