¿Por qué desembarcan los marines en Costa Rica?

Atilio A. Borón*
Con los votos del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), el Movimiento Libertario y el diputado evangélico del partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, el pasado 1 de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines.

Si bien la multiplicidad de versiones encontradas no permiten ver con claridad el origen de esta decisión, la escasa evidencia disponible parece señalar que fue Washington quien solicitó la internación de las tropas. Es sumamente llamativo el silencio de la prensa de Estados Unidos sobre el tema y la ausencia de cualquier referencia explícita a esta autorización en los boletines de prensa diarios de los departamentos de Estado y de Defensa, todo lo cual alimenta la sospecha de que fue la Casa Blanca la que tomó la iniciativa favorablemente acogida por el Congreso costarricense y para la cual exigió la mayor discreción.

Lo que se comunicó al país centroamericano fue que la situación imperante en México había forzado a los cárteles de la droga a modificar sus rutas tradicionales de aproximación e ingreso a Estados Unidos y que para desbaratar esa maniobra era preciso garantizar el despliegue de un sólido contingente de fuerzas militares en el istmo centroamericano, condición sine qua non para librar una efectiva batalla en contra del narcotráfico. Como era previsible, el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla – estrechamente vinculada a lo largo de muchos años con la USAID, nada menos- brindó todo su apoyo y el de sus parlamentarios para responder obedientemente a la requisitoria de Washington.

A nadie sorprende la apelación al pretexto del narcotráfico pues es el que corrientemente utiliza Washington -a falta de otros, como los que brindara el terremoto en… Haití- para justificar la intrusión del personal militar estadounidense en los países de Nuestra América. No obstante, conspira contra la credibilidad de este argumento el hecho que sean precisamente los países caracterizados por una fuerte presencia militar de Estados Unidos quienes sobresalen por su producción y comercialización de narcóticos.

Tal como quedó demostrado en El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos, fuentes inobjetables de las Naciones Unidas (la UNODOC, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen) demuestran con estadísticas abrumadoras que desde que las tropas de Estados Unidos se instalaron en Afganistán se produjeron grandes avances en la producción y exportación de opio y la fabricación de heroína, a la vez que en Colombia la presencia estadounidense no fue óbice (sino todo lo contrario) para que se registrase una notable expansión de los cultivos de coca. [1]

Todo esto no debería causar sorpresa alguna, por varias razones. Una de ellas es que el país que se arroga el derecho a combatir el narcotráfico en todo el mundo demuestra una incapacidad tan asombrosa como sospechosa para hacer lo propio dentro de sus fronteras, desde desmontar las redes que vinculan a las mafias del narco con las autoridades, las policías y los jueces locales y estatales que hacen posible el negocio de la droga hasta implementar una campaña mínimamente significativa para contener la adicción y recuperar a los adictos. Nada sorprendente, insistimos, por cuanto el narcotráfico mueve una cifra que se empina por encima de los 400.000 millones de dólares, anuales, que luego son convenientemente “lavados” en los numerosos paraísos fiscales que los principales países capitalistas han establecido a lo largo y a lo ancho del planeta (comenzando por Estados Unidos y Europa) para ser luego introducidos al sistema bancario oficial y, de ese modo, fortalecer los negocios del capital financiero.

Por otra parte, la debilidad e inconsistencia de este pretexto, el de la “lucha contra el narcotráfico”, se tornan más evidentes cuando se aprende que Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana, lo que según un estudio de la Fundación Drug Science, reporta a ese país una suma superior a los 35.000 millones de dólares, cifra que supera el valor combinado de la producción de trigo y maíz. [2] Tercero y último, ¿cómo subestimar la importancia que tienen el control y la administración del negocio de los narcóticos para sostener la dominación imperialista en las provincias exteriores del imperio?

¿No fue acaso Gran Bretaña quien reintrodujo el opio en China (droga que había sido prohibida por el emperador Yongzheng debido a los perjuicios que ocasionaba a su población) cuyo consumo masivo promovido por los británicos sirvió para equilibrar sus déficits de balanza comercial con el celeste imperio?

Para impulsar esa adicción entre los chinos, británicos y portugueses libraron dos guerras, entre 1839 y 1842 y 1856 y 1860, a resultas de las cuales establecieron dos cabeceras de playa para organizar el tráfico del opio en toda la China: una en Hong Kong, bajo control inglés, y otra en Macao, dominada por los portugueses. ¿Por qué tendríamos hoy que pensar que Estados Unidos, hijo putativo del imperio británico, habría de ser movido por otros intereses cuando declara, de la boca para afuera, la guerra al narcotráfico? ¿No resulta acaso funcional a sus intereses tener una América Latina caracterizada por la proliferación de “estados fallidos” -carcomidos por la corrupción que genera el tráfico de estupefacientes y sus secuelas: desintegración social, mafias, paramilitares, etcétera- e incapaces por eso mismo de ofrecer la menor resistencia a los designios imperiales?

Cf. El Lado Oscuro, op. Cit. , p. 72.