¿Por qué la sabiduría convencional está equivocada?
El editorial de (diario español) El País del pasado 21 de julio (Situación crítica) presenta la postura que caracteriza el pensamiento dominante en el establishment español sobre la situación financiera del país. Tal editorial indica que los mercados financieros no están respondiendo a las medidas de austeridad muy marcada puestas en marcha por el gobierno español presidido por Rajoy.
Por el tono del editorial, su autor parece asumir que los mercados deberían haber tomado nota de tales medidas y recuperar su confianza en el Estado español, exigiendo unos intereses más bajos a su deuda pública, los cuales han alcanzado niveles que son inasumibles.
Este supuesto que asume que el Estado español «tiene que hacer sus deberes» (lo cual implica en el lenguaje del establishment español recortar y recortar gasto público, entre otras medidas, para reducir el déficit público) a fin de recuperar «la famosa confianza de los mercados» está justificando toda una serie de medidas que están llevando al país al desastre. Ignora, además, un hecho clave: el tamaño de la deuda pública y del déficit no es la causa de que la prima de riesgo esté ya por las nubes en España.
¿Cuál es, pues, la causa? Y la respuesta la hemos estado señalando unos pocos sin que se nos hiciera caso desde hace ya tiempo. El hecho de que España tenga una prima de riesgo tan elevada se debe a dos factores. Uno, a que España no tiene un Banco Central. Si lo tuviera, éste haría lo que hace un Banco Central digno de su nombre: imprimiría moneda y con ella compraría deuda pública, forzando la bajada de los intereses de su deuda. Esto es lo que hace el Banco Central estadounidense (The Federal Reserve Board), el Banco de Inglaterra, el Banco del Japón y un largo etcétera.
El editorialista de El País no ha captado todavía (como tampoco lo ha captado el establishment español) que los intereses de la deuda pública no los determinan los mercados financieros, sino predominantemente el Banco Central del país que genera la deuda. Al no tener un Banco Central, consecuencia de estar en la Eurozona, España no puede regular los intereses de su deuda pública. Y como consecuencia, éstos suben y suben porque es lo que le conviene a los mercados financieros, que se ceban y enriquecen a base de tales escaladas en el precio de la deuda.
El segundo hecho que explica la elevada prima de riesgo de la deuda pública española es que, además de no tener un Banco Central, el que así se llama en la Eurozona (el Banco Central Europeo (BCE)) no es un Banco Central, sino que es predominantemente un lobby de la banca alemana. El establishment español parece que no ha captado esto tampoco. Si fuera un Banco Central imprimiría dinero y compraría la deuda pública de los Estados de la Eurozona que pagan unos intereses exagerados por su deuda. Con ello, los intereses bajarían. Pero el BCE no hace esto. Dice que lo tiene prohibido (aunque lo hace muy de vez en cuando, en situaciones extremas). Lo que sí hace es imprimir dinero y se lo presta a la banca privada a unos intereses muy bajos (0,75%) y con este dinero la banca compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 7% y un 6% en el caso español e italiano). ¡Un negocio redondo!
Ahora bien, el BCE se pasó de rosca. Y ahora, la banca privada (incluyendo la alemana) está llena de bonos públicos y privados de los países periféricos y le preocupa que ahora los Estados de estos países no puedan pagar. Alemania posee la friolera cantidad de 770.000 millones de euros de deuda pública y privada de los países intervenidos (Grecia, Portugal, Irlanda y España). De ellos, 274.000 millones en España. Los dos bancos alemanes más importantes, el Deutsche Bank y el Commerzbank, tienen cada uno 14.000 millones de euros. La banca alemana tiene gran cantidad de deuda pública y privada española (que le ha proporcionado excelentes intereses, y por lo tanto, beneficios), y ahora quiere asegurarse de que España no colapse y se quede sin cobrar la deuda. De ahí la «ayuda» financiera, que en realidad es ayuda a la banca alemana. Y de ahí que el BCE esté presionando para que estos Estados paguen lo que deben a los bancos alemanes, entre otros. La famosa ayuda financiera a la banca española (100.000 millones de euros) es primordialmente una ayuda a la banca alemana (entre otros bancos) tal como indicó recientemente con toda franqueza Peter Bofinger, consejero económico del gobierno Merkel en su entrevista a Der Spiegel (14.07.12), señalando que «esta ayuda no es a estos países, sino a nuestros propios bancos, que tienen gran cantidad de la deuda privada en aquellos países» (ver mi artículo La economía alemana no es un ejemplo en www.vnavarro.org).
Una última observación. Creerse que el euro está en peligro porque la prima de riesgo española está en las nubes (como asume también el editorial de El País) es desconocer el sistema de gobierno de la Eurozona. El euro le está yendo pero que muy bien al Estado alemán y a la banca alemana. Como he detallado en otro artículo (ver artículo citado) a los mayores bancos alemanes les está yendo muy bien, y los bonos públicos del Estado alemán son los más seguros que hay en el mundo (junto con los estadounidenses). ¿Dónde está, pues, el problema del euro?
El problema para el euro y para la banca alemana sería si España se saliera del euro, que es lo último que el establishment alemán y europeo desearían, pero que España debería considerar seriamente como alternativa. El BCE no cambiará a no ser que perciba el peligro que supone para la banca alemana que España salga del euro. Y tal percepción no ocurrirá mientras el gobierno español siga dócilmente lo que le digan el BCE y la Comisión Europea, pues los intereses de éstos no son los intereses de la población española, sino los intereses financieros alemanes que dominan aquellas instituciones. Pedirle al BCE que ayude al Estado español porque éste «está haciendo sus deberes» (tal como termina el editorial de El País) es no entender quién y cómo la Eurozona está gobernada.24 jul 2012
*Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) y profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU)