Problema de etiqueta
En medio de una serie de reformas timidorras, minoradas, menguadas, atenuadas y finalmente abortadas, apareció como una suerte de ‘madre de las batallas’ el anuncio presidencial relativo a la adopción de una nueva Constitución. “Nacida en democracia”, como lo puso Bachelet. Justamente: la democracia. Todo un programa.
Se cuenta que Richard Nixon, al encontrarse con Chou en Lai en Beijing (1972), le preguntó qué pensaba de la Revolución Francesa. Chou contestó: “Aún es demasiado pronto para tener una opinión definitiva”. Chas Freeman, diplomático estadounidense que presenció la escena contó más tarde que Chou había confundido la Revolución de 1789 con Mayo de 1968. Fue demasiado sabroso, dijo Freeman, como para corregir el error.
En efecto, se suele decir que los chinos piensan en el largo plazo – los milenios – sin acordarle una importancia desmesurada a las peripecias inmediatas. Como quiera que sea, si tomamos como punto de partida la Revolución Americana (1775) y la Revolución Francesa (1789), a la fecha disponemos de una experiencia de más de dos siglos en materia de democracia representativa, o más bien de “capitalo-parlamentarismo” como escribe Frédéric Lordon para “recordar de quién el parlamentarismo es el sirviente”.
La soberanía popular, consagrada por dos hechos históricos mayores, comenzó a diluirse no bien se disiparon los humos de los fusiles y los cañones que la habían logrado. La Convención de Filadelfia en los EEUU, el Consulado y luego el Imperio y la Restauración en Francia, lograron imponer una democracia representativa que favoreció el poder de la naciente burguesía, y garantizó la irrestricta protección de sus intereses.
El sorteo, modo de designación de los magistrados que caracterizó la democracia desde la antigüedad y hasta fines del siglo XIX , le cedió el paso a la fórmula preferida de la aristocracia: la elección. Aún así, podía darse que las mayorías expresadas a través de una elección no le conviniesen al poder establecido. De ahí que ya en el año 446 de nuestra era el Papa León I resolviese la cuestión gracias un método expeditivo llamado a perdurar a lo largo de siglos: el dedazo.
En una carta dirigida al Obispo Anastasio de Tesalónica, León I le instruyó que si el sínodo metropolitano no lograba ponerse de acuerdo, era el metropolita – o sea él mismo – quién debía elegir al candidato que a su juicio prevalecía por mérito y doctrina. El sorteo, considerado como la manifestación de la voluntad divina y utilizado por la Iglesia hasta el siglo XIII en algunas nominaciones eclesiásticas e incluso en las designaciones episcopales, fue definitivamente vetado por el Papa Honorio III mediante la decretal “Ecclesia Vestra”.
Gradualmente, a lo largo de siglos, la democracia representativa desplazó la democracia directa, aquella que era ejercida por la ciudadanía toda. Ahora bien, el resultado transformó a los Estados, como lucidamente señaló Adam Smith, en estructuras de dominación al servicio de la clase dominante:
“El gobierno civil, en cuanto tiene por objetivo la seguridad de la propiedad, es instituido en realidad para defender a los ricos contra los pobres, o bien aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna.”
La forma de tal dominación, es decir la forma que adquiere el Estado – o gobierno civil como lo llamaba Adam Smith –, cambia según el lugar y la época histórica. Formalmente, los ciudadanos le entregan el poder al Estado, y lo erigen en garante del interés y la voluntad generales. Teóricamente, la ciudadanía debiese ser el único beneficiario de las políticas impulsadas y plasmadas en la realidad por el Estado. Sin embargo, como queda dicho, un sector de la ciudadanía, la oligarquía, secuestra el Estado para hacer de él un simple instrumento de su propia dominación.
En la presente modernidad, los Estados nacionales terminaron por abdicar de su propia soberanía mediante algunos expedientes tan sencillos como decretar la independencia de sus Bancos Centrales, la desregulación financiera y el monopolio de la financiación de la deuda pública por los mercados financieros. Ya volveremos sobre el tema.
Frédéric Lordon escribe: “el poder es un asunto de arreglos institucionales”. En efecto, afirma, “El poder no es como una sustancia o una ‘dotación’ a compartir; el poder es un efecto, y su ‘distribución’ siempre es determinada por la configuración de las estructuras.”
Chile, país que ostenta el dudoso privilegio de mantener en vigor la Constitución impuesta por una dictadura 25 años después del regreso formal a la democracia, es un bello ejemplo que viene a confirmar la afirmación de Lordon. Cronológicamente, la soberanía popular fue confiscada por un sector minoritario, cuyos intereses prevalecen por sobre el interés general. Es la llamada oligarquía, sistema caracterizado por ser el gobierno de unos pocos “generalmente pertenecientes a una misma clase social”.
En cuanto al método, Montesquieu, como muchos otros filósofos, ya había comprendido – en el siglo XVIII – que “El sufragio por sorteo es la naturaleza de la democracia; el sufragio por elección es la naturaleza de la aristocracia.” El poder legislativo surgido del sufragio – censitario primero, universal más tarde – es funcional a los intereses de la oligarquía en el poder. Jean-Jacques Rousseau lo tenía claro cuando escribió allá por el siglo XVIII: “Las leyes siempre son útiles para los poseedores, y dañinas para quienes nada tienen”.
Más tarde, Tocqueville lo puso aún más claro cuando, refiriéndose a la masa de electores que va periódicamente a las urnas a escoger a sus patronos, afirmó: “Se consuelan de estar tutelados imaginando que eligieron a sus tutores”.
La novedad en los tiempos de nuestra tan cacareada modernidad reside en la muerte de la democracia formal, en la confiscación de hasta la semblanza de soberanía que supone ejercer el electorado, en el secuestro del poder por estructuras auto erigidas en dictador supremo y auto calificadas de omniscientes. Una verdadera revolución que no necesitó disparar ni un tiro, ni siquiera reprimir a nadie. Al respecto Frédéric Lordon escribe:
“Es a la sociología política a la que habría que pedirle rendir cuenta de este hecho probablemente inaudito en la historia política reciente: Estados soberanos, por sí mismos, organizan libre y deliberadamente el ordenamiento institucional que los amputa de su propia soberanía. Porque se trata aquí de la creación voluntaria, contingente, de una situación que organiza (su) dependencia de los mercados de capitales (al desregularlos, pero también cerrando todos los otros medios de financiación de los déficits) y que somete las políticas económicas a su juicio director, puesto que los mercados son instituidos deliberadamente como instancia de vigilancia y de normalización… ”
De ahora en adelante, “las políticas económicas se hacen bajo la dirección de los mercados financieros ”. Desde luego hay que agregar, “y en su favor”. Los mercados financieros ejercen además el papel de cancerbero, de fiscalizador de las políticas económicas y financieras puestas en práctica por gobiernos dóciles. Una de sus armas más visibles, a la vez voluble instrumento de medición y cruel herramienta de castigo, es el índice de riesgo país, sometido al juicio exclusivo de las agencias de calificación de deuda.
Obtener o conservar una Triple A constituye, en vez del bienestar ciudadano, el objetivo principal de las decisiones gubernamentales.
Cotidianamente la prensa nos dispensa noticias en las cuales es cuestión de la reacción de los mercados a la nominación de tal o cual ministro de Finanzas o a tal o cual medida adoptada por ellos y, ya sea la confianza que le genera a los mercados financieros, ya sea la “incertidumbre” que supuestamente traen consigo, determinan la vida o la muerte del ministro y/o de la medida en cuestión .
Retomemos ahora la iniciativa presidencial relativa al cambio constitucional en Chile. ¿Cómo, cuándo y dónde recupera el pueblo de Chile la soberanía perdida el 11 de septiembre de 1973? ¿Cómo es posible imaginar que estructuras surgidas y representantes elegidos conformemente a procedimientos, reglas y leyes que son el producto de la mente enfermizamente autoritaria y dogmática de un puñado de neofascistas pudiesen servir de cuna y parteros al nacimiento de una democracia verdadera?
Por otra parte, si los países de la Unión Europea sucumbieron por propia iniciativa a la autoridad – o más bien al autoritarismo – de los mercados financieros, Chile no les fue a la zaga. Comenzando por las disposiciones constitucionales que definen un Estado subsidiario, o sea inútil como no sea para transferirle recursos al sector privado, las más de las veces sin contrapartida visible.
Sucesivas reformas al mercado de capitales (los conocidos MK), amén de la consagrada independencia del Banco Central y la gestión de los dineros públicos entregada a la banca privada, amputaron al Estado de toda autonomía y de toda soberanía en materia financiera.
El Consenso de Washington ya había impuesto el dogma de la independencia del Banco Central para sustraerlo a la influencia de las decisiones políticas. Joseph Stiglitz comenta: “Creer posible la separación de la economía de la política y, en un sentido más general, de la sociedad, es, en sí, una prueba de estrechez de miras”.
La independencia del Banco Central, asociada a la imposibilidad del Estado de recurrir a una financiación directa por parte de su Banco Central, le obliga a pasar por los llamados mercados financieros – la banca privada – que se financia, ella, ante el Banco Central. Ese circuito no parece tener otro objetivo que el de generarle un negocio a los mercados financieros, negocio financiado por un Banco Central que hasta no hace mucho era una institución dependiente del… Estado.
¿Qué fue de la soberanía ejercida por el Estado en nombre de la ciudadanía? Como queda dicho, fue cedida a los mercados financieros.
Ante los reclamos ciudadanos que exigían instaurar algunos impuestos, tasas y/o royalties a la gran minería del cobre, Ricardo Lagos llegó a proferir una enormidad cuyos alcances fueron silenciados por la prensa: “No se pueden cambiar las reglas del juego”, afirmó.
Si hay una competencia irrenunciable en materia de ejercicio de la soberanía del Estado es precisamente la que toca el régimen impositivo y, en un sentido más general, la determinación de los presupuestos del Estado. El Estado somete cada año a la aprobación del Parlamento – depositario de la representación ciudadana – la Ley de Presupuestos. En ella se define por una parte el gasto público, y por la otra los recursos que lo financian.
Afirmar que el Estado no puede “cambiar las reglas del juego” equivale a decir que el Estado y el Parlamento son impotentes. Que tal impotencia se haya transformado en una característica de no pocos Estados modernos por dimisión voluntaria, no es una razón que legitime el despojo de su soberanía.
El aumento del gasto público es mal visto por los mercados financieros: el fiscalizador – o sea el mercado – arruga el entrecejo y mandatarios dóciles y obedientes como Ricardo Lagos obtemperan.
El aumento de los recursos del Estado vía régimen impositivo también es mal visto por los mercados financieros. La reacción del mercado es la misma: no conviene potenciar la capacidad financiera pública, eso genera “incertidumbre”, y por consiguiente los mandatarios dóciles y obedientes acatan.
Justo después se decreta que como no hay plata hay que concesionarle los servicios públicos al sector privado. Hay que “concesionar todo lo concesionable”, expectoró el hombre que parece haberle encontrado una nueva función a su famoso dedo acusador.
“No hay plata” es el mantra de quienes, como Ricardo Lagos y Enrique Correa buscan ampliar el ámbito posible de los negocios privados. La afirmación “No hay plata” no explica porqué no la hay en un país que por lo demás se complacen en presentar como un ejemplo de éxito planetario.
“No hay plata” es una afirmación que hay que discutir a la luz de los astronómicos beneficios de la gran minería que durante décadas partieron al extranjero sin pagar un dólar de impuestos. Andrés Velasco se alegra, y exclama orgulloso que Chile es un país exportador de capitales” (sic).
“No hay plata” es una excusa, un pretexto para no modificar un régimen impositivo que hace de Chile un verdadero paraíso fiscal para las multinacionales y las grandes fortunas. Es sabido que el promedio de la carga impositiva en los países de la OCDE oscila entre 33% y 50% de los respectivos PIB, mientras en Chile llega apenas a un 20%. ¿No hay plata?
Sería oportuno inquietarse del destino de más de 250 mil millones de dólares acumulados por los trabajadores asalariados en sus planes de pensión mal administrados por las AFP. ¿No hay plata?
Recientemente la prensa de Santiago, obediente y dócil como ninguna y poco sospechosa de desear contrariar los intereses de sus propietarios, anunciaba que la deuda global de las empresas chilenas alcanza el 121% del PIB, esto es una suma superior a 365 mil millones de dólares. ¿No hay plata?
¿De dónde sale tal generosidad para financiar un puñado de multinacionales? Lo digo porque esa masa de crédito no ha sido ofrecida ni a la pequeña ni a la mediana empresa. ¿No hay plata? Sabemos quién pagará la cuenta en caso de morosidad: los mismos que pagaron la quiebra del sistema financiero chileno en el año 1982, o sea el pueblo de Chile.
La misma fuente (el Banco central en su Informe de Estabilidad Financiera) señala que el endeudamiento de los hogares supera el 61% de su ingreso disponible anual. El endeudamiento de los hogares creció, en el curso del año 2015, a una tasa del 7%. Deuda que se suma a la deuda, deuda que se interrelaciona con la otra deuda – la de las empresas – y que constituye un peligro latente.
La estabilidad exigida por los mercados financieros tiene que ver con la posibilidad de recuperar esos créditos, prioridad primera y absoluta. Prioridad que determina las políticas económicas desde fuera del gobierno y del Estado. ¿Soberanía?
Hagamos una vez más la pregunta que molesta: ¿Cómo, cuándo y dónde recupera el pueblo de Chile la soberanía perdida el 11 de septiembre de 1973? Y agreguémosle una cuestión suplementaria: ¿Qué soberanía?
En el microcosmos que se agita exigiendo una nueva Constitución, por vía de una Asamblea Constituyente en el caso de los más lúcidos, no se advierte una reflexión de fondo en torno a estas cuestiones.
Hace ya algún tiempo tuve la ocasión de escribir que, una vez determinada la estructura institucional que elimina hasta las más mínimas expresiones de la soberanía ciudadana, da igual quién sea el presidente de lo que no me atrevo a calificar de República.
Lo mismo ocurre con un Parlamento de opereta, constituido por parlamentarios demasiado frecuentemente venales, que aceptaron dócilmente las reglas del juego impuestas en la Constitución que les permite ser cooptados (en este caso no conviene hablar de elección) mediante el sistema binominal.
Como sostiene Frédéric Lordon, las decisiones que importan, – aquellas que tocan a la economía, a la distribución (más bien a la concentración) de la riqueza creada y a la (in)existencia de controles y regulaciones financieras –, son tomadas fuera de los circuitos gubernamentales y a menudo fuera del ámbito nacional.
No en vano Samuel Huntington, el aburrido ideólogo de un imaginario choque de civilizaciones, refiriéndose a las elites que manejan las finanzas, o sea el poder a escala planetaria, asimilándoles a quienes frecuentan Davos, afirmó que “no se preocupa(n) de lealtad nacional, ve(n) las fronteras nacionales como obstáculos que afortunadamente están desapareciendo, y los gobiernos nacionales como residuos del pasado cuya única función consiste en facilitar las operaciones de la elite global”.
Huntington, en este caso, sabe de qué habla: de los gobiernos impotentes y serviles que he descrito en estas páginas.
¿Cómo podría un gobierno asimilado a un residuo del pasado cuya única función consiste en facilitar las operaciones de la elite global, – gobierno que dimitió de sus prerrogativas más elementales –, organizar el (re)ordenamiento institucional que le devolviese la soberanía al pueblo ciudadano?
Es lo que me llevó a titular esta nota “Problema de etiqueta”. La formulación de la iniciativa presidencial no corresponde ni a la intención ni a las posibilidades de un gobierno que mal aglomera fuerzas políticas disímiles, cuya única fuerza centrípeta es la conservación del poder y los privilegios que lo acompañan.
Una vez más el Ejecutivo, con su presidente a la cabeza, intenta vender un contenido que no corresponde a lo que declara la etiqueta del contenedor.
La permanente y vana agitación de este y otros gobiernos pasablemente inútiles, su incesante cacareo que no es el pregón de ningún huevo, me hacen recordar una frase de una escritora polaca, Barbara Skarga, que en su texto “Penser après le Goulag”, hacía la siguiente reflexión: “…porque mientras más débil es una autoridad, más le hace falta manifestarse para afirmarse.”