La historia reciente de Israel no puede entenderse sin la figura de Benjamín Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha gobernado el estado judío. Durante sus casi 18 años de gobierno, «Bibi», como es conocido popularmente, ha radicalizado a la sociedad israelí y ha llevado hasta extremos nunca antes vistos la política de ocupación y limpieza étnica sobre Palestina.
Lo ha hecho sin que la justicia —ni nacional ni internacional— haya logrado frenarlo. Netanyahu enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad en Gaza. En otros países, como España, los tribunales han abierto investigaciones preliminares bajo el principio de justicia universal. Pero ninguno de estos procesos ha avanzado hasta ahora.
Bibi parece inmune. El respaldo incondicional de EU y la indiferencia israelí hacia la CPI han reducido la orden de detención internacional a un simple símbolo sin efecto real. ¿Y dónde está la justicia israelí? Lo cierto es que el poder judicial no solo muestra pasividad, sino que en muchos casos se alinea con las políticas expansionistas y represivas del gobierno.
Paradójicamente, Netanyahu mantiene un enfrentamiento total con un poder judicial israelí que no interfiere en sus planes respecto a Gaza. El primer ministro –imputado en tres casos diferentes por soborno, fraude y abuso de confianza– ha tratado de reformar la judicatura e incluso destituir a la Fiscal General, Gali Baharav-Miara. Este choque, sin embargo, no afecta a Palestina, donde el poder judicial ha evitado inmiscuirse.
La justicia israelí, ciega ante el genocidio
Israel se niega a colaborar en los procedimientos de justicia internacional abiertos en su contra asegurando que se trata de un «juicio antisemita». Netanyahu respondió al procedimiento abierto en su contra afirmando que «Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa».
A pesar de la creciente presión internacional contra Netanyahu, su gabinete y el ejército, Israel —que no reconoce la jurisdicción de la CPI al no ser parte del Estatuto de Roma— justifica su negativa a colaborar con la CPI asegurando que cuenta con mecanismos jurídicos internos capaces de investigar y procesar cualquier crimen. Las cada vez más habituales acusaciones de genocidio en Gaza son respondidas por las autoridades israelíes asegurando que operan de acuerdo con las leyes de guerra, incluyendo la obligación de investigar sospechas de crímenes de guerra.Pero lo cierto es que los mecanismos de rendición de cuentas de Israel se han demostrado lentos, ineficientes y conniventes con el exterminio. Por ejemplo, el Mecanismo de Búsqueda de Hechos y Evaluación (FFAM), que tiene la tarea de llevar a cabo investigaciones preliminares rápidas sobre presuntas violaciones de las leyes de la guerra y decidir si inicia o no una investigación criminal, recibió 664 denuncias entre 2014 y 2021 –periodo en el que Israel lanzó tres grandes ofensivas contra Gaza-. De ese medio millar de denuncias solo 41 incidentes (poco más del 6%) supusieron la apertura de una investigación penal y solo una de ellas se había concretado en una acusación formal (el 0,17%). Algunas de las investigaciones habían tardado en ser resultas más de ocho años.
Para la organización israelí de Derechos Humanos Yesh Din, que recopiló y publicó esta información, la FFAM, lejos de ser un organismo que investigue y depure responsabilidades dentro del ejército, es un «mecanismo de blanqueo» de los crímenes de guerra israelíes.
Según Yesh Din, el organismo encargado de fiscalizar la actuación del ejército israelí «se abstiene de investigar a los responsables políticos de alto rango» y «extiende la inmunidad casi completa a los comandantes y soldados que atacan a los palestinos», con una tasa de acusaciones cercana a cero y quienes, cuando raramente llegan a ser juzgados, «reciben sentencias ridículamente indulgentes en comparación con la gravedad del delito».
Los resultados de estas investigaciones internas reflejan esta ineficacia. De acuerdo con un análisis de The Economist: «En el primer año de la guerra, solo unos 15 soldados fueron acusados de crímenes en el campo de batalla». Del total de estos casos, la mayoría fue por saqueos o robos menores. Los castigos son a menudo leves y simbólicos, por ejemplo, «un brigadier general que ordenó la destrucción de un edificio universitario sin autorización solo recibió una reprimenda menor y fue ascendido» con posterioridad. Mientras tanto, un comandante de división que ordenó la destrucción del único hospital de cáncer de Gaza sin autorización se mantuvo en su puesto.
Las condenas son escasas. En febrero de este año, un soldado israelí fue condenado a siete meses de prisión por torturar a presos palestinos en la cárcel israelí de Sde Teiman. En la misma prisión, cinco soldados fueron acusados de sodomizar a un prisionero palestino. «El escrito de acusación imputa a los acusados por haber actuado contra el detenido con grave violencia, incluyendo el apuñalamiento en el trasero con un objeto punzante, que llegó a penetrar cerca del recto», informó el Ejército en un comunicado. De la decena de investigados inicialmente solo cinco pasaron a arresto domiciliario.
Desde que Benjamín Netanyahu retomó el poder en diciembre de 2022, una de las batallas más encarnizadas de su tercer mandato ha sido contra el sistema judicial israelí. La propuesta de reforma judicial impulsada por su gobierno buscó limitar el poder del Tribunal Supremo para anular leyes, influir en la designación de jueces y reducir la independencia de la Fiscalía General.
El enfrentamiento entre Benjamín Netanyahu y la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, ha sido una de las sagas políticas más intensas de los últimos años en Israel. Desde que asumió el cargo, Baharav-Miara se ha opuesto firmemente a las controvertidas reformas judiciales del primer ministro, lo que le valió el intento de de
stitución por parte del gobierno israelí en agosto de 2024.
Su enfrentamiento con Netanyahu y su fama de ser una mujer «firme en sus convicciones» la convirtió en la principal defensora del sistema legal israelí frente a los intentos del gobierno de socavar su independencia. No obstante, esta misma figura, considerada dentro de la opinión pública israelí como uno de los principales enemigos de Netanyahu, ha guardado un llamativo silencio sobre las operaciones militares en Gaza.
La pasividad de Baharav-Miara es particularmente sorprendente dada su crucial posición. Como Fiscal General, su rol no se limita a investigar crímenes, sino que también es responsable de supervisar la legalidad de las decisiones del gobierno y, potencialmente, de interponerse en el camino de políticas que puedan constituir crímenes de guerra.
Su inacción se ha manifestado en una falta absoluta de investigaciones formales sobre las acusaciones de crímenes de guerra y en su silencio ante las declaraciones de miembros del gabinete de Netanyahu que han defendido abiertamente el desplazamiento forzoso de la población palestina de Gaza. Mientras se enfrentaba a Netanyahu por su reforma judicial, la Fiscal General ha guardado silencio sobre sus políticas en Gaza y Cisjordania.
La pasividad de la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, y la ineficacia del Mecanismo de Búsqueda de Hechos y Evaluación (FFAM) para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de guerra desmontan por completo el relato israelí de que disponen de “mecanismos internos capaces de impartir justicia”.
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